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Miércoles, 23 Junio 2021

'Personas no localizadas', el eufemismo que usan Defensoría y Fiscalía para desestimar desapariciones

Por Nicolás Sánchez - Periodista de Especiales en PACIFISTA!

Cientos de posibles desaparecidos en Colombia fueron ‘rebautizados’ en el marco del Paro Nacional como “personas no localizadas”. El cambio de término no es un mero asunto nominal, detrás de él hay un efecto que parece conveniente para dos entidades estatales encargadas de reportar e investigar ese delito, y que pone en riesgo la protección de sus eventuales víctimas.

La Defensoría del Pueblo y la Fiscalía evitan hablar de desapariciones forzadas. En los documentos que envían a los medios de comunicación describen como “no localizadas” a las personas cuyo rastro se perdió durante el paro nacional. El término ha generado molestias en la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), y en las organizaciones de la sociedad civil que recopilan datos sobre este problema. Detrás del ‘rebautizo’, que podría entenderse solo como un asunto nominal, existe una estrategia que conviene a las entidades estatales, pero pone en riesgo la protección de las víctimas.

El uso del término hace que las cifras de desaparición confirmadas por la Fiscalía y la Defensoría sean menores que las registradas por las organizaciones sociales. El pasado 31 de mayo estas entidades reportaron 111 “personas no localizadas”, y solo cuatro denuncias por desaparición forzada: dos en Antioquia (Zaragoza y Caldas) y una en el Valle del Cauca (Yumbo). Para ambas instituciones sólo existe desaparición forzada cuando los casos cuentan con una denuncia penal por ese delito.

Las cifras de las organizaciones sociales son muy superiores. El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) reveló un listado de 346 personas que estarían desaparecidas; y la Mesa de Trabajo sobre Desaparición Forzada de la Coordinación Colombia, Europa, Estados Unidos, que integra a 23 organizaciones defensoras de derechos humanos, registró a 327 personas reportadas como desaparecidas.

El cambio de términos para referirse a las personas sin rastro conocido explica, en parte, las diferencias entre los reportes oficiales y los otros. Esta brecha ha despertado críticas en otras entidades del Estado.

El pasado 28 de mayo la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) pidió en un comunicado “no utilizar eufemismos en relación a la desaparición de personas, como por ejemplo la expresión ‘persona no localizada’”. “Una persona sobre la cual se desconoce su suerte y paradero es una desaparecida, de acuerdo al estándar internacional. No pueden denominarse 'personas no ubicadas' porque eso distrae la protección del Estado. Tampoco puede negarse lo que está pasando”, dijo Luz Marina Monzón, directora de esa entidad.

Para ella esta categoría puede tener consecuencias en las actuaciones que tomen las entidades estatales frente a las posibles desapariciones. “No sé con qué propósito lo hacen, pero sí tiene un efecto negacionista o relativista de la situación. Al decir que una persona “no está localizada” lo que se está diciendo es que todavía no se sabe dónde está, pero que está bien”, dijo Monzón. Ella explicó que cuando alguien denuncia la desaparición de un familiar, está pidiendo ayuda y protección. 

Las organizaciones sociales también se han pronunciado contra la ambigüedad del término. Entre ellas Alberto Yepes, coordinador del observatorio de derechos humanos de la Coordinación Colombia, Europa, Estados Unidos. “Es una declinación de las obligaciones de investigar, procesar y sancionar los casos de desaparición forzada. Le quieren quitar la connotación de delito a una conducta en la que se ha detenido a personas, se las ha puesto fuera del amparo de la ley y se ha negado información”, dijo.

Adriana Arboleda, coordinadora de atención a víctimas de la Corporación Jurídica Libertad, coincidió. “Es un eufemismo que busca ocultar el hecho de que esta grave violación a los derechos humanos se está dando en el marco del paro nacional”, dijo. 

El propio sindicato de defensoras y defensores de derechos humanos de Defensoría del Pueblo rechazó también la intención que esconde el término. “Es un eufemismo para desviar una tipificación en el marco de los ámbitos internacionales de derechos humanos, frente a lo que es la desaparición forzada”, dijo William Salazar, el presidente.

Una organización fantasma citada por la Defensoría

PACIFISTA! le preguntó a la Defensoría por qué habla de “personas no localizadas” en sus reportes oficiales. “Las personas que solicitan que se active el Mecanismo de Búsqueda Urgente no son consideradas como desaparecidas porque ese mecanismo, de carácter preventivo, está dirigido a que una persona de la que no se conoce su ubicación sea buscada urgentemente para evitar que pueda ser víctima de desaparición”, respondió la institución.

Esta interpretación es refutada por la directora de la UBPD. “Eso no es cierto. El Mecanismo de Búsqueda Urgente no es para buscar personas perdidas o no localizadas, es para buscar personas que pueden ser desaparecidas forzadamente”, dijo Monzón. Según ella, una cosa es no prejuzgar el delito y otra cosa es obstaculizar el alcance de un mecanismo de protección. Monzón propuso que la Fiscalía y la Defensoría podrían, si fuese necesario, utilizar palabras como “presunto”, en vez de cambiar los términos que tipifican este crimen dentro y fuera del país.

La oficina de prensa de la Defensoría aseguró que el término “persona no localizada” es una calificación de la Red de Defensorías del Pueblo en Latinoamérica. Pero en internet esta alianza no encontró ninguna referencia a esa organización. William Salazar, del sindicato de la entidad, tampoco conoce esa instancia. Un funcionario que desempeñó durante varios años un alto cargo de la Defensoría, quien pidió no ser mencionado, dijo que es la primera vez que escucha de esa organización.

Pedimos a la Defensoría el documento del cual extrajeron el concepto, pero no obtuvimos respuesta. Existen algunas organizaciones que agrupan defensorías del pueblo, pero ninguna con un nombre similar. La más grande es la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, y existen otras como la Federación Iberoamericana del Ombudsman. Buscamos también una respuesta de la Fiscalía, que también ha adoptado el término, pero tampoco hubo respuesta.

EL CASO MEXICANO: En México, el Estado también acogió el término “persona no localizada”, a pesar de la oposición de las organizaciones de la sociedad civil. “No localizada” en ese país es una persona de quien no se conoce su paradero y no se tienen indicios sobre por qué no volvió. “Desaparecido”, en cambio, es alguien de quien se tienen indicios de que su extravío fue consecuencia de un delito.

¿A quién le conviene el cambio de término?

Otro factor llamativo de este ‘rebautizo’ es que el Estado colombiano ya había acogido oficialmente otras definiciones. La Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra la Desaparición Forzada entró en vigor en Colombia desde el 10 de agosto de 2012. Este documento, por ejemplo, en ningún aparte hace referencia a “personas no localizadas”.

Incluso, la Convención define la desaparición forzada como: “el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley”. Una práctica que, según han denunciado organizaciones de la sociedad civil con cifras en mano, se estaría dando en el marco del paro nacional.

En últimas, la Defensoría y la Fiscalía decidieron acoger una categoría que no está contemplada en los documentos suscritos por el Estado colombiano y cuyo origen sigue siendo una incógnita.

Hay un precedente similar para la Fiscalía, que a finales de 2020 y comienzos de 2021 adoptó sistemáticamente en sus comunicaciones el término “homicidios colectivos” u “homicidios múltiples” para referirse a masacres, un cambio nominal que tampoco cayó nada bien organizaciones de la sociedad civil y defensores de derechos humanos. “Al utilizar el término ‘homicidios colectivos’ en lugar de ‘masacres’, el gobierno nacional no solamente opaca la medición y realidad de los hechos, sino que pareciera como si quisiera fracturar la memoria sobre la violencia en Colombia y desligarse del terrible pasado y del terrible presente””, dijo en su momento para el portal Verdad Abierta el investigador Michael Monclou, de la organización Dejusticia

Mientras las cifras oficiales no van al compás de las extraoficiales, del otro lado están las familias que, además de buscar a sus seres queridos, quedaron en medio de lo que parece ser una estrategia discursiva de la Defensoría y la Fiscalía para desestimar la gravedad de la desaparición. Son entidades que deberían estar liderando la búsqueda en su espectro más amplio en lugar de restarle alcance. 

Ante un crimen que está lejos de ser inusual en Colombia, cambiar arbitrariamente los términos puede incluso promover la comisión e impunidad del delito, o entorpecer las investigaciones. No sobra recordar informes como ‘Hasta encontrarlos’, del Centro Nacional de Memoria Histórica, que en el 2016 reveló que entre 1970 y 2015 se registró la desaparición forzada de 60.630 personas, cifra que se elevó con una nueva investigación en el 2018 hasta las 80.000. En su momento, miles de ellas habrían sido “personas no localizadas” si se hubiera acogido esta nueva terminología, pero el desenlace de sus historias demuestra el peligro de desestimar las denuncias de desaparición.

Jueves, 29 Abril 2021

Un carrusel de impunidad somete a Buenaventura

Por La Liga Contra el Silencio

Tras el anuncio de una nueva intervención y las recientes capturas por otro pico de violencia en el principal puerto sobre el Pacífico, analizamos la información disponible sobre arrestos en circunstancias similares durante los últimos años. La falta de sanciones incluye detención domiciliaria y penas mínimas en casos graves.

En Buenaventura la violencia sube y baja como la marea. Los homicidios, las desapariciones forzadas, las amenazas y los enfrentamientos entre grupos armados ocurren de forma cíclica y mantienen bajo zozobra a la población. Cada tanto las autoridades anuncian una nueva intervención, con militares y policías que se toman la ciudad en operativos que se volvieron rutina. Las balaceras entonces se atenúan por un tiempo, pero vuelven después en un nuevo pico de violencia cruda.

Entre diciembre y febrero pasado se produjo el alza más reciente, y la comunidad de Buenaventura lanzó un grito de ayuda. En los tres primeros meses de 2021 hubo 41 homicidios, 13 desapariciones y unos 8.000 desplazados, según la ONU. La respuesta oficial fue la de siempre: consejos de seguridad locales y una nueva intervención.

“Las balaceras nos despertaban. Una noche nos tocó meternos debajo de la cama porque se estaban enfrentando muy cerca de mi casa”, cuenta una habitante del barrio La Nueva Ciudadela. Allí ocurrió uno de los seis asesinatos registrados entre el 30 y el 31 de diciembre en las comunas 5, 6, 9 y 12 de la ciudad.

La Liga visitó barrios donde la banda La Local, hoy dividida entre Los Shotas y Los Espartanos, se disputa el territorio. Varios habitantes coincidieron en su diagnóstico. “Aquí las bandas cambian de nombre, pero son siempre los mismos. Esto se calienta de nuevo porque un jefe sale de la cárcel y quiere recuperar lo suyo”, dice uno.

Made with Flourish

En el puerto suelen escuchar promesas de intervenciones y capturas de los “jefes” criminales. En los últimos años han sido constantes: ofertas de enviar más policías, consejos de seguridad y recompensas por información. En 2006, cuando los homicidios anuales llegaron a 416 (la cifra más alta en los últimos veinte años), enviaron grupos especiales de la Policía y la Armada a patrullar juntos. 

En 2014, cuando se denunciaron las “casas de pique”, donde desmembraban a las víctimas, se anunció otra intervención luego de una marcha multitudinaria de la comunidad. En 2017, después del paro cívico, llegaron más policías y militares. Dos años más tarde, en una nueva alza de homicidios, la gobernadora de entonces, Dilian Francisca Toro, lanzó otra intervención. La violencia estructural de Buenaventura se enfrenta cada año con la misma estrategia, como un paño de agua tibia que trata una fiebre recurrente.

Pero la furia no cede. Un informe de la Comisión de la Verdad recoge las causas de este conflicto interno. Según la directora de la Cámara de Comercio, Angélica Mayolo; y Adriel Ruiz Galván, coordinador de la Casa Social - Cultural y de Memoria en Buenaventura, la violencia es fruto de la pobreza, los incumplimientos de los gobiernos y la ubicación del puerto, estratégica para el narcotráfico, la extorsión y la minería ilegal.

A esto se suma la impunidad. La Liga revisó las historias judiciales de 34 personas, jefes de de distintas bandas en los últimos años. La justicia en Buenaventura funciona como un carrusel de prisiones domiciliarias, penas mínimas y preacuerdos con supuestos responsables de homicidios, desapariciones forzadas y secuestros. 

El crimen organizado y los picos de violencia tienen en el puerto un nombre común: los Bustamante. Diez fuentes consultadas, entre líderes sociales, policías e investigadores del CTI, dicen que las rutas del narcotráfico, las extorsiones y el control sobre las pequeñas bandas pertenece a ese clan. Un grupo que ha sobrevivido a las intervenciones y a las guerras con adversarios que les han disputado el poder. 

Los Bustamante son varios hermanos; algunos delinquieron con las Farc, luego pasaron al Bloque Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), y tras su desmovilización crearon una banda llamada La Empresa. De allí se separaron para crear La Local, que inicialmente se asoció con Los Urabeños, también conocidos como el Clan Úsuga o Clan del Golfo. Un extenso linaje criminal.

Pero las penas no se corresponden con los delitos. La mayoría de los Bustamente está hoy en libertad. De nueve detenidos por las “casas de pique”, siete estuvieron en prisión domiciliaria o pagaron condenas solo por concierto para delinquir. En la lista de los 12 más buscados en febrero de este año, seis tenían antecedentes penales y tres habían recibido el beneficio de casa por cárcel por ser padres cabeza de familia.

Entre los 34 miembros de todas estas bandas, en la rama judicial consta que a seis les dieron prisión domiciliaria como padres cabeza de familia. Un abogado que prefirió no revelar su nombre explicó que este beneficio solo puede otorgarse cuando el menor dependa exclusivamente del padre. “Esto debe pasar por un proceso con visitas de trabajadores sociales y psicólogos, y debe cumplir otros requisitos. Hoy en día ese derecho es muy difícil que se otorgue”, dice. 

El artículo 314 del Código Penal indica que este beneficio opera cuando “la imputada o acusada fuere madre cabeza de familia de hijo menor o que sufriere incapacidad permanente, siempre y cuando haya estado bajo su cuidado. En ausencia de ella, el padre que haga sus veces tendrá el mismo beneficio”.

En los procesos de la rama judicial se detalla que, antes de otorgar la prisión domiciliaria, en varios casos hubo visitas de Bienestar Familiar. Pero llama la atención que justo esta sea una de las razones para que los miembros de estas bandas no estén recluidos en las cárceles, ya que en Buenaventura en su mayoría las mujeres son las cabeza de familia o se encargan de criar a los hijos.

“Es común ver que un hombre tenga varios fogones (parejas), pero quien está presente es la mujer. Por eso muchas de las iniciativas de cooperación internacional y del gobierno se han enfocado en las madres cabeza de familia”, explica una defensora de derechos humanos que ha trabajado por décadas en el Pacífico.

Un vecino del barrio Lleras, donde ha habido enfrentamientos entre las bandas, resumió el procedimiento acostumbrado. “Uno ve en las noticias que capturaron a fulanito, pero al poco tiempo lo ve en la calle. Si pasa un tiempo preso, los segundos al mando quedan encargados. Cuando sale y no le quieren entregar, se arma el problema”, dice.

Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), mencionó las causas de la violencia cíclica. “Vemos una desconexión entre la Policía, que anuncia capturas, y la justicia. Cuando detienen a alguien lo sindican de muchos delitos, pero por falta de pruebas, por miedo de los testigos y la misma corrupción, terminan haciendo preacuerdos con penas bajas o son acusados por delitos menores”, explica.

Un documento de Pares coincide. “Los logros dentro del Plan de Intervención resultan limitados si se observa el grado de control del puerto por parte de los grupos criminales. (...) Las denuncias de la comunidad bonaverense frente a diferentes situaciones de despojo, desplazamientos, homicidios y amenazas son casi diarias y existe todavía un largo camino para poder hablar de desmantelamiento de las principales estructuras”, dice el informe.

El clan Bustamante

En las últimas décadas los hilos del crimen organizado en Buenaventura han estado en manos de los Bustamante. De 15 hermanos, siete han tenido líos judiciales. Cuatro de ellos —Fabio, Édgar, Éver y Lugo— fueron detenidos en 2013 y extraditados a Estados Unidos por narcotráfico. En 2016 Édgar fue sentenciado a 87 meses de presidio; Lugo a  37; y Éver y Fabio a cinco años cada uno. Todos pagaron condenas y volvieron al país. En Colombia los hermanos Fabio, Éver, Lugo y Carlos Alberto tienen otras sentencias, según la rama judicial. Pero sus casos generan interrogantes, como muestra esta infografía sobre los 11 de los miembros del clan. 

En el portal de la rama judicial de los jueces de ejecución de penas de Buga y Bogotá figuran dos procesos contra Lugo Bustamante (1 y 2), pero en uno de ellos falta un número de la cédula. Es una sentencia de diciembre de 2013, con tres años de prisión por concierto para delinquir en un caso ocurrido en 2004. El fallo es anterior a su extradición.

La segunda condena, de junio de 2014, es también por concierto para delinquir, pero no informa los años de la sentencia. En este proceso, donde también aparece su hermano Fabio junto a Gustavo Adolfo Vargas y Julio César Alegría, integrantes de la banda, un juez les otorgó la suspensión condicional de la ejecución de la pena en noviembre de 2015. Esto quiere decir que suspenden la pena de cárcel. 

Lugo ya estaba detenido en Estados Unidos, pero quedó libre cuando volvió al país.  En el proceso no aparece la fecha de su regreso ni hay noticias de su deportación. En el 2019 lo arrestaron de nuevo, señalado de robar 5.000 millones de pesos a un funcionario de la Dian, según un boletín de la Fiscalía

En cuanto a su hermano Fabio, alias ‘La F’, en el momento de sus detenciones en 2014 y 2019, fue señalado como autor de la masacre de diez personas en Potedó, zona rural de Buenaventura, pero no ha sido acusado ni condenado.

Quien sigue preso en Colombia es Diego Fernando Bustamante, alias ‘Diego Optra’, que asumió el control de su organización y fue detenido en Antioquia en 2019. En este caso el comandante de la Policía del Valle, coronel Jorge Urquijo, pidió al Inpec el traslado de cárcel porque el detenido en Cómbita seguía controlando su banda, según contó el oficial a La Liga.

Tras la captura de ‘Diego Optra’ surgieron divisiones en La Local, que provocaron en diciembre pasado este pico de violencia, recibido por una nueva intervención. La mecha se encendió con un atentado contra Fidel Olaya Grueso, alias ‘Fidel’, jefe de Los Espartanos, quien resultó herido. El ataque de hombres armados ocurrió en plena calle en Buenaventura.

“Él viajaba en su carro por el barrio Matia Mulumba. Iba a su casa en Bellavista cuando lo cerró un camión y desde motos le dispararon. Después se armó la guerra más horrible con homicidios y desapariciones. Volvimos a escuchar que estaban picando gente y a ver hombres armados con fusiles recorriendo los barrios”, recuerda un líder social que prefirió no ser identificado.

Olaya Grueso, desmovilizado de las AUC, tiene también varias entradas y salidas de la cárcel. En 2011 la Policía anunció su recaptura por el asesinato de una mujer en Buenaventura. Nunca fue condenado por ese delito. En 2014 fue arrestado de nuevo en un operativo junto a 10 integrantes, señalados de pertenecer a La Empresa. Tras esa captura lo condenaron a seis años de cárcel por concierto para delinquir.

En el mismo proceso fueron condenados Yonny Caicedo y Jhon Fernando Bustamante. A los tres les dieron la casa por cárcel como padres cabeza de familia. ‘Fidel’ incluso ha recibido permisos para asistir a la iglesia los domingos, para atender citas médicas en Palmira y uno para ir a otra iglesia en el municipio de Ginebra, a casi tres horas de camino desde Buenaventura.

Los más buscados

El atentado contra Fidel desató una retaliación contra sus agresores. “Esas noches en WhatsApp nos advertían de las balaceras. La mayoría ocurrieron en el Gaitán (comuna 10) y Juan XXIII (comuna 7), por la calle Buenos Aires y la San Francisco”, recuerda un taxista. Juan XXIII es un barrio de bajamar ubicado en la comuna 20, en la zona continental. Un lugar estratégico que da acceso a las rutas por donde sale la droga y las armas. “Esos barrios se los ha peleado la guerrilla, luego los paras y después todas las bandas que llegan”, dice un periodista de la ciudad.

El miedo también ha golpeado a los reporteros que cubren la violencia. Otro periodista dijo que los cubrimientos por las noches están prohibidos. “Toda Buenaventura cumple el toque de queda; pero no por el covid, sino por el miedo a una bala”, cuenta. Ante el panorama de violencia, en febrero pasado el gobierno realizó un consejo de seguridad en la ciudad. 

Entre las medidas anunciadas el 7 de febrero pasado por la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán; y el ministro del Interior, Daniel Palacios, figura una recompensa de 200 millones de pesos por “Los más buscados”. Se trata de 12 integrantes de Los Shotas y Los Espartanos, todos con órdenes de captura.

El pasado 24 de marzo el fiscal Francisco Barbosa elogió la intervención. “La comunidad tiene que estar tranquila. Nuestros funcionarios están trabajando en el esclarecimiento de los homicidios (...). Hemos hecho 159 capturas. Golpeamos las estructuras de los Bustamante y La Local con la captura de sus dos cabecillas”, dijo.

Eloy Candelo Cuero, alias ‘Pepo’, era uno de los más buscados; junto a Gabriel Alejandro Parra Bustamante, ‘Puma’, otro miembro del clan Bustamante. El reporte de la Fiscalía dice que a ‘Pepo’ le imputaron los delitos de concierto para delinquir, extorsión, hurto y secuestro, entre otros. 

Hace una década ‘Pepo’ ya figuraba entre los más buscados de Buenaventura. Fue detenido en mayo de 2010 y, según las declaraciones de la Policía, era requerido por desaparición forzada, tortura, tráfico de armas, porte ilegal y hurto agravado. “Es una persona que colocándola en el lugar que le corresponde va a generar mucha tranquilidad y paz a esta región”, aseguró entonces el coronel Héctor Triviño, en ese momento comandante de la Policía de Buenaventura. Pero ‘Pepo’ fue liberado y en 2013 fue recapturado, según la Policía, por matar al conductor de una buseta. En la rama judicial no figuran condenas contra él por este caso.

En el portal de antecedentes de la Procuraduría sí aparece una condena del Juzgado Segundo Penal del Circuito de Buenaventura por los delitos de homicidio agravado y porte de armas. ‘Pepo’ volvió a salir, aunque la Fiscalía lo describe como “el encargado de promover extorsiones e intimidaciones a comerciantes y habitantes de los barrios Juan XXIII, Alberto Lleras, Pueblo Nuevo y Rockefeller”.

Por su lado, alias ‘Puma’ fue detenido por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y concierto para delinquir, pero ya tenía antecedentes. En 2014 la Fiscalía reportó su captura y lo señaló como jefe de La Empresa. Aunque en el reporte aseguraron que ‘Puma’ y los otros 12 detenidos estaban detrás de extorsiones y homicidios, solo les imputaron concierto para delinquir. Por ese delito fue condenado a cuatro años de cárcel. En el expediente aparece que en marzo de 2016 le otorgaron el beneficio de detención domiciliaria como cabeza de hogar. 

Del  listado de los 12 más buscados, seis tenían antecedentes penales. Tres de ellos fueron beneficiados por jueces con la casa por cárcel como padres cabeza de familia.

En Buenaventura, dice el comandante de la Policía del Valle, coronel Jorge Urquijo, hay aproximadamente 700 detenciones domiciliarias. Según cifras encontradas en el portal del Inpec hasta abril, en la cárcel del puerto hay 651 procesos con detención domiciliaria, y solo uno tiene el brazalete electrónico. El mayor número de personas con ese beneficio han sido sindicadas o condenadas por tráfico de estupefacientes (227 casos) y porte o tráfico de armas (192). En la lista figuran 41 personas sindicadas o condenadas por homicidio también con casa por cárcel.

En la ciudad hay más detenciones domiciliarias que presos en la cárcel, donde están recluidos 407 internos. Después de las cárceles de Cali y Jamundí, el penal de Buenaventura es el que más detenciones domiciliarias tiene en el Valle del Cauca.

Las “casas de pique”

En los ciclos de violencia que ha sufrido Buenaventura uno de sus momentos más violentos ocurrió entre 2012 y 2015, cuando una nueva disputa territorial originó una serie de asesinatos y desmembramientos.

Un informe de Human Rights Watch indicaba en 2015 que allí se habían encontrado los restos desmembrados de 32 personas: 12 en 2013, 14 en 2014 y 6 en 2015, según datos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. “De los 20 cuerpos desmembrados hallados en 2014 y 2015, incluidos los restos de varias mujeres y niños, 16 fueron encontrados luego de que el presidente (Juan Manuel) Santos anunciara la intervención” de 2014, dice el texto.

Por las llamadas “casas de pique”, denunciadas por monseñor Héctor Epalza, obispo de la ciudad, la Fiscalía anunció en 2014 varias capturas. “Se han obtenido 27 órdenes de captura, 16 de las cuales ya fueron materializadas (cuatro a menores de edad). En la actualidad, todos los capturados se encuentran privados de la libertad”, indicaba el informe de gestión 2014-2015. La Liga creó un listado con nueve personas detenidas en relación a las “casas de pique”, basada en boletines de prensa de la Fiscalía y reportes de prensa.

Ocho de los capturados están libres o tienen detención domiciliaria. Al revisar los procesos penales se encontró que solo uno de ellos, Freiman Valencia Mosquera, fue condenado por los casos de desmembramiento. Sin embargo, esta condena de  2017 es de 11 años por homicidio, hurto, concierto para delinquir y secuestro. En otro proceso lo sentenciaron a 11 años por desplazamiento forzado. En los expedientes de los jueces de ejecución de penas está pendiente una apelación para pedir su libertad.

El carrusel de la impunidad en Buenaventura, donde las capturas se anuncian con bombos y platillos, incluye casos como estos y muchos otros. Las cárceles funcionan con puertas giratorias, con múltiples entradas y salidas para los jefes de las estructuras criminales. Los ciudadanos, mientras tanto, sobreviven con miedo, porque saben que en cualquier momento pueden caer como víctimas de una violencia sobre la cual ningún efecto perdurable ha conseguido el sistema de justicia.