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Lunes, 22 Octubre 2018

¿Qué es una rectificación y cómo funciona?

Por Luisa Fernanda Gómez Cruz

Dadas las recientes discusiones que se han generado entre personajes de la política nacional y que han llevado al uso de la rectificación, en Colombiacheck decidimos resolver algunas de las preguntas que giran en torno a este tema.

Hace ya varias semanas se abrió un debate público en torno a la rectificación, debido a unas afirmaciones que hizo el senador Gustavo Petro sobre el expresidente y también senador, Álvaro Uribe Vélez.

El 24 de agosto de este año, el senador Petro fue entrevistado por Vicky Dávila en su programa de la emisora La W. Allí, el excandidato presidencial dijo, entre otras cosas, que “Uribe debió haber estado preso hace tiempos por delitos de lesa humanidad”.

Unos días más tarde, el abogado Abelardo de la Espriella, representante de Uribe, interpuso una tutela de 45 páginas contra Petro al considerar que sus declaraciones fueron "calumniosas" y que con ellas se violó el derecho al buen nombre y a la honra de su representado.

Lo que buscaba la acción de tutela era hacer rectificar al senador Petro por todas sus afirmaciones. Un juez falló a favor de Uribe y Petro, el pasado 21 de septiembre, en una nueva entrevista con W Radio, dijo que "hay hechos, indicios fuertísimos, que indican que el presidente Uribe debe ser investigado por delitos de lesa humanidad ... Lo que me parece una inexactitud es decidir de antemano qué tipo de sanción o fallo debe tener la justicia. Es decir, la justicia debe ser independiente".

Estas declaraciones dejaron inconforme a Uribe, quien presentó un recurso legal para que se declarara que Petro estaba en desacato al no haber cumplido con rectificar a cabalidad. Pero el 11 de octubre otro juzgado le dio la razón a Petro, diciendo que ya había rectificado.

Todas estas decisiones generaron varios desacuerdos y confusiones desde varios lados del espectro político. Frente a esto, en Colombiacheck decidimos resolver algunas preguntas sobre la rectificación; ¿qué es?, ¿cómo se debe rectificar?, ¿quiénes deben hacerlo? y ¿quiénes pueden solicitar una rectificación?

Aquí están algunas de esas preguntas con sus respuestas. No obstante, al igual que en artículos anteriores (vea ¿Qué es el fracking? y ¿Qué son las Águilas Negras?), la idea es que a medida que vaya leyendo, nos deje las preguntas que le sigan surgiendo o ante las cuales no siente que haya tenido una respuesta clara.

¿Qué es la rectificación?

La rectificación es un derecho fundamental, garantizado por el artículo 20 de la Constitución Política de Colombia.

“Artículo 20. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura”.

Consiste, básicamente, en corregir una información falsa, inexacta, equivocada o desactualizada para que sea más exacta.

¿Por qué hay que rectificar?

De acuerdo con el artículo ya citado de la Constitución, la información que se difunda debe ser veraz e imparcial. En ese sentido, una información que sea falsa, inexacta, equivocada o desactualizada debe ser corregida, de acuerdo con un informe publicado por la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip).

¿Cualquier persona puede pedir una rectificación?

Sí. Según Luisa Fernanda Isaza, coordinadora de defensa y atención de periodistas de la Flip, una de las garantías asociadas a la libertad de expresión es la libertad de las audiencias a recibir y acceder a información veraz.

En la práctica, cualquier persona que haya visto o escuchado información falsa, inexacta, equivocada o desactualizada en un medio de comunicación, y que considere que se viola su derecho a recibir información veraz, puede hacer una solicitud formal de rectificación, que no es más que una carta enviada a un medio en la que se le solicita que rectifique (más adelante explicaremos qué más debe contener).

Hay que tener en cuenta, que “la solicitud de rectificación, como herramienta legal, solo se les exige a los medios de comunicación”, según explica Carolina Escruceria, directora jurídica del diario El País de Cali.

¿Qué pasa si la afirmación inexacta es dicha por un personaje público, pero no a través de un medio de comunicación?

Lo que puede hacer una persona afectada por una información falsa (por ejemplo a través de una red social) es pedir al autor de la misma que se retracte de lo dicho. Y lo puede hacer a través de una acción de tutela (directamente y sin pedir solicitud de rectificación) ante la violación del derecho al buen nombre y a la honra, de acuerdo con Escruceria.

En el caso particular de lo ocurrido con Álvaro Uribe Vélez y Gustavo Petro, la rectificación del segundo se hizo a través de acción de tutela, ya que por más de que la afirmación se haya hecho en un medio de comunicación, no la hizo un periodista.

Luego de enviada la acción de tutela, el juez que la recibió decidió que Petro debía rectificar lo que dijo.

¿Qué debe tener en cuenta quien envía una solicitud de rectificación?

La solicitud de rectificación debe ser dirigida directamente al periodista o al medio de comunicación que difundió la información que el afectado considere que es falsa, inexacta, equivocada o desactualizada.

Debe ser concreta y señalar específicamente qué frases son inexactas, de acuerdo con la sentencia T-260 de 2010 de la Corte Constitucional. Pues “es imposible hacer una rectificación sin saber en específico qué información transmitida no cumple con el requisito de veracidad o imparcialidad”, dice el informe de la Flip.

Además, la solicitud debe hacerse de manera oportuna, en el menor tiempo posible después de la publicación, según la sentencia T-681 de 2007 de la Corte Constitucional.

Si se trata de una información publicada en internet, en la sentencia T-725 de 2016, la Corte Constitucional sostuvo que, cuando los medios de comunicación mantienen publicada en Internet información desactualizada de manera indefinida, se violan los derechos al buen nombre y a la honra de las personas involucradas. Esto quiere decir que la facultad de hacer solicitudes de rectificación se mantiene mientras la información continúe disponible en internet, según el informe de la Flip.

Ahora bien, si las afirmaciones publicadas son en relación a hechos concretos, de acuerdo con la jurisprudencia (sentencia T-262 de 2007 de la Corte Constitucional), quien solicita la rectificación es quien tiene que presentar las pruebas para sustentar que la información es inexacta.

“Pero si la información publicada es indefinida, es decir, si el medio de comunicación hace una afirmación genérica que no tiene un hecho concreto y que no justifica la información, es el medio quien debe probar cómo llegó a esas afirmaciones”, explica Isaza.

Esto no significa, sin embargo, que el medio de comunicación tenga que revelar sus fuentes (la reserva de la fuente es una garantía constitucional inviolable). “Lo que el medio debe hacer es señalar en su respuesta cuáles son los hechos concretos que motivan las afirmaciones indefinidas”, dice el informe de la Flip.

Ahora bien, de acuerdo con Isaza, la solicitud de rectificación es un requisito de procedibilidad cuando la información está publicada en medios de comunicación (decreto 2592 de 1991). Lo que quiere decir que se debe pedir obligatoriamente la solicitud de rectificación antes de recurrir a cualquier otro mecanismo legal.

Pero cuando se trata de información publicada por personas que no son medios de comunicación, no es necesario enviar una solicitud de rectificación previa a una acción de tutela, como ya explicamos.

¿Qué pasa si no se rectifica?

Si después de que una persona envía a un medio de comunicación una solicitud de rectificación este no rectifica, lo que puede hace el solicitante es poner una acción de tutela.

Luego de que se pone la tutela contra el medio de comunicación, o contra el personaje que dio la información inexacta, el juez decide si el medio o la persona debe rectificar, cómo hacerlo y bajo qué condiciones.

Y si definitivamente no se hace la rectificación luego de la acción de tutela, entonces el juez puede imponer medidas de “persuasión” a través de multas o arrestos. “O puede iniciar una investigación por fraude a resolución judicial”, según explica Isaza.

¿Quién decide si se debe rectificar?

En el caso de solicitudes de rectificación que lleguen a los medios, cada medio de comunicación decide qué disposición tomar frente a la solicitud.

Si surge por una tutela, bien sea porque el medio se negó a rectificar a través de la solicitud, o porque la tutela la recibe un particular (como en el caso de Petro), es el juez que falla la tutela el que decide si debe haber rectificación.

¿Cómo se hace una rectificación?

Lo que dice el informe de la Flip es que la Corte Constitucional ha establecido algunos parámetros que deben cumplirse a la hora de hacer una rectificación.

1. La rectificación debe hacerse por el mismo medio y el mismo periodista.

2. La rectificación debe tener un despliegue e importancia similar al de la publicación original.

Por ejemplo, si la nota salió en radio en un horario prime time, la rectificación deberá hacerse en el mismo horario (esto fue lo que ocurrió con el caso de Petro y Uribe). Si la nota fue portada de un periódico, la rectificación también deberá serlo en primera plana, aunque no necesariamente ocupando toda la portada. Lo importante es que la rectificación tenga el mismo impacto que tuvo la información original.

3. La rectificación debe hacerse en un término razonable a partir de la solicitud.

4. El medio o periodista debe reconocer expresamente que se equivocó.

Y según Escruceria, se debe hacer sin ningún calificativo. Por ejemplo, poner en la rectificación que se está haciendo “porque me toca” o “porque un juez me lo ordenó” no se puede hacer.

¿Las opiniones también se rectifican?

No. La Corte Constitucional en la sentencia T-213 de 2004 ha dicho que la opinión no se rectifica. “No importa qué tan ácida o harta pueda resultar, la opinión es un concepto subjetivo que no se puede rectificar porque es un sentimiento del que opina”, explica Escruceria.

“Lo que sí se puede rectificar son los hechos verificables que sustentan una opinión”, dice la coordinadora de la Flip.

 

Lunes, 10 Mayo 2021

Explicador: ¿Quién manda cuando hay asistencia militar y en qué se diferencia de la conmoción interior?

Por José Felipe Sarmiento

Son dos figuras distintas. Una se está aplicando y la otra, por ahora, no (aunque no está descartada según el gobierno). Ninguna permite remover autoridades locales de sus cargos ni matar civiles.

Ha habido mucha confusión desde que el presidente de Colombia, Iván Duque, ordenó el uso de asistencia militar para recobrar el orden público en algunas ciudades a raíz de las protestas que empezaron el 28 de abril de 2021 contra el gobierno, las cuales se han mantenido por casi dos semanas.

Algunas demostraciones han terminado en disturbios, saqueos y abusos policiales con un número de víctimas, que aún no está claro. Hasta el 8 de mayo, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) y Temblores ONG contaban 47 asesinatos (39 por violencia policial), 12 casos de violencia sexual, 936 detenciones arbitrarias, 548 desapariciones (cifra de la Defensoría del Pueblo) y 28 lesiones oculares entre al menos 1.876 hechos violentos.

Un policía fue asesinado en Soacha. Intentaron quemar vivos a otros 10 en un CAI de Bogotá. Un recién nacido murió en una ambulancia que fue atacada en Tocancipá, Cundinamarca.

En ese contexto, Duque dijo el 5 de mayo que no descarta una eventual declaratoria de conmoción interior, como se lo ha pedido su partido, el Centro Democrático. Horas después apareció en redes sociales un decreto falso que supuestamente tomaba esa medida, al mismo tiempo que circulaban cadenas que despertaron temores sobre todo entre la población del Valle del Cauca porque contenían rumores sobre decisiones que afectarían principalmente a Cali, la capital departamental.

Un audio viral en WhatsApp, por ejemplo, asegura que la gobernadora del departamento, Clara Luz Roldán, y el alcalde de la ciudad, Jorge Iván Ospina, “han sido relevados del manejo del orden público”. El mensaje afirma que el encargado en adelante sería el general Eduardo Zapateiro, comandante del Ejército.

Este mensaje tomó más fuerza luego de los hechos ocurridos en la noche del lunes 3 de mayo en Siloé, oeste de Cali, donde se denunció una respuesta desmedida por parte de la Fuerza Pública. A las 11:30 p.m., Ospina publicó un trino que generó una serie de comentarios acerca de que él no mandaba ya en la ciudad.

Otras cadenas muestran capturas de pantalla de chats en los que supuestos integrantes de la Fuerza Pública cuentan a sus familiares que les dieron órdenes “de disparar a cualquier persona” o “matar jóvenes”. El contenido de estas conversaciones, sin embargo, es imposible de verificar porque no aportan ninguna evidencia y tampoco pistas (o estas son insuficientes) sobre las personas que intervienen en ellos o a las que se refieren.

Lo que sí puede hacer Colombiacheck en este caso es responder algunas preguntas sobre las implicaciones de la asistencia militar, sus responsables, sus límites y sus diferencias con una eventual conmoción interior. Un adelanto: bajo ninguna de las dos son admisibles los asesinatos de civiles que ya se han registrado incluso en transmisiones en vivo por redes sociales en distintas ciudades.

¿Qué es la asistencia militar?

El Código Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana (Código de Policía) la define como un “instrumento legal que puede aplicarse cuando hechos de grave alteración de la seguridad y la convivencia lo exijan, o ante riesgo o peligro inminente, o para afrontar emergencia o calamidad pública”. Este consiste en “disponer, de forma temporal y excepcional de la asistencia de la fuerza militar”.

Andrés Villamizar, exsecretario de Seguridad de Cali, la describió en Twitter como “una terapia de choque para ayudar a la Policía Nacional a retomar control”. También aclaró que debe ser temporal y que el personal militar participante debe estar entrenado para operaciones urbanas, entre otros aspectos.

Otro experto en seguridad ciudadana, el investigador Alberto Sánchez Galeano, señala que “no es una receta que se tenga que hacer de una forma específica”. Destaca, por el contrario, que una de sus características es la flexibilidad en términos de las funciones que se les pueden asignar a los militares dependiendo de las necesidades y los recursos disponibles en cada caso.

La Política Marco de Convivencia y Seguridad Ciudadana que el gobierno expidió en 2019 enmarca la asistencia militar como una línea de acción ante la protesta social, aunque aclara que está reservada para “una situación excepcional”. Sánchez explica que esto no necesariamente quiere decir que serían las Fuerzas Militares las encargadas de enfrentar posibles disturbios, por ejemplo, sino que podrían asumir la protección de infraestructura (transporte público, unidades de reacción inmediata, entre otras) para apoyar a la Policía, mientras esta controla la situación.

¿Asistencia es militarización?

Para el jurista José Gregorio Hernández, exmagistrado de la Corte Constitucional, “en la práctica, es militarización de las ciudades, como se ha visto en los últimos días”. No obstante, Sánchez Galeano considera esa interpretación equivocada porque “la figura de la militarización no existe”.

El investigador considera que una verdadera militarización “implicaría romper el orden constitucional” porque implicaría que mandos militares tomaran el control de instituciones civiles. A modo de ilustración, plantea que ese sería el caso si los comandantes fueran puestos a ordenar el gasto de los entes territoriales y se les diera acceso a sus recursos, invadiendo las competencias de alcaldías y gobernaciones. “Eso no pasa”, sentencia.

¿Quién manda entonces?

En este punto hay que aclarar dos cosas: quién decide sobre el uso de asistencia y quién la ejecuta.

El Código de Policía establece que las alcaldías y gobernaciones pueden solicitar la asistencia militar. Sin embargo, lo hagan o no, la decisión de enviarla es de la Presidencia de la República, en este caso ocupada por Duque. La Política Marco de Seguridad lo reafirma y agrega que el Ministerio de Defensa debe dar un concepto que dé las bases para sustentar tal determinación.

Esto quiere decir que las administraciones locales que salieron a rechazar la asistencia, en realidad no tenían poder legal para hacerlo, y las que anunciaron que no harían la solicitud, tampoco aclararon que Duque igual podría enviarla. Los casos más sonados fueron los de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López Hernández; el de Medellín, Daniel Quintero Calle; el de Villavicencio, Felipe Herman Ortiz, y el de Jamundí (Valle), Andrés Felipe Ramírez.

No obstante, para una adecuada ejecución es necesaria la coordinación entre los diferentes actores. “En el PMU [puesto de mando unificado] se decide la estrategia y la forma en la que se va a ejecutar”, dice Sánchez Galeano. En esa instancia tienen presencia tanto militares como policías, junto con alcaldías o gobernaciones y sus gabinetes, organismos de atención de emergencias, entre otras entidades.

“La Fuerza Pública concierta los términos de la intervención. Nadie decide solo”, enfatiza el investigador. Sobre todo destaca que “nadie puede pasar sobre la autoridad civil”, lo cual está claro en las normas que regulan la figura.

¿Pueden relevar a los gobiernos territoriales?

No. Parte del no pasar sobre la autoridad civil es justamente eso. “Dependen de los alcaldes y tienen que obedecer sus órdenes, rendirles informes y cuentas por lo actuado. Ellos son las autoridades de policía y esta les debe obediencia; también los militares que la asisten. No los pueden desplazar ni sustituir. Eso sería inconstitucional”, asevera el exmagistrado Hernández Galindo.

El abogado Mario Cajas Sarria, jefe del Departamento de Estudios Jurídicos de la Universidad Icesi, pone algunos matices en el sentido de que el comandante del Ejército está por encima en jerarquía para dar ciertas órdenes. En este sentido, afirma que “las competencias siguen siendo tremendamente centralistas y la Constitución inclinó la balanza hacia el Presidente”.

A pesar de eso, el profesor también coincide con Sánchez Galeano en la importancia de la coordinación interinstitucional. “Esas relaciones son muy complejas”, asegura. Así, “el general Zapateiro no puede decretar un toque de queda; tiene que coordinar con la alcaldía o la gobernación”, agrega.

¿Cuáles son los límites?

Sánchez insiste en que la asistencia militar “no es una carta blanca” para los militares, mucho menos para cometer asesinatos de civiles. La política marco establece que su activación “está sujeta a estrictos requisitos derivados de la norma y del marco jurídico del uso de la fuerza que contempla el derecho internacional y el ordenamiento jurídico interno”.

El exmagistrado Hernández Galindo recuerda que “la Constitución, los tratados internacionales sobre derechos humanos y la jurisprudencia de la Corte Constitucional condenan el uso excesivo y abusivo de la fuerza y la violación de los derechos y libertades”. En consecuencia, esas son fronteras que ni militares ni policías deberían traspasar en ningún contexto.

El mismo Código de Convivencia es claro en que la fuerza debe ser el “último recurso físico para proteger la vida e integridad física de las personas incluida la de ellos mismos [policías]”, solo cuando sea necesaria, proporcional y racional. Su uso, por tanto, se restringe a situaciones específicas determinadas en esa misma ley.

“No se trata de operaciones de carácter ofensivo sino de restablecimiento del orden. Solo se pueden usar las armas  para defenderse o proteger la vida de los ciudadanos”, detalló Villamizar en su hilo de Twitter.

Incluso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos advirtió en esa misma red social que “los Estados deben respetar, proteger, facilitar y promover el derecho a la protesta social, y que todo uso legítimo de la fuerza debe observar principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad”. Citando esto, el jurista Rodrigo Uprimny Yepes, investigador del centro de estudios DeJusticia, señaló que “Procuraduría y Defensoría deberían estar vigilantes” ante la asistencia.

Es más, un fallo de tutela de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en septiembre de 2020 obligó al Ejecutivo a expedir el Estatuto de Reacción, Uso y Verificación de la Fuerza Legítima del Estado y Protección del Derecho a la Protesta Pacífica Ciudadana que reafirma muchos de esos límites y establece protocolos para su cumplimiento. Además, prohíbe la utilización de armas de fuego en las intervenciones policiales en protestas.

Los analistas coinciden en que esta prohibición también cobija a las Fuerzas Militares cuando actúan como apoyo para la Policía. Tanto es así que el anterior Código de Policía también lo aclaraba de forma explícita (arts. 86-95).

“No se explica por qué esa prohibición ha sido transgredida”, reclama Hernández. En su columna del 4 de mayo también escribió que “Procuraduría, Fiscalía, Defensoría del Pueblo y en el futuro los jueces, y el Congreso -en ejercicio del control político- deben verificar si todo eso se cumplió, o si el Decreto se quedó escrito y firmado, sin que se haya cumplido, con dolorosos efectos en materia de Derechos Humanos”.

DeJusticia y otras organizaciones defensoras de derechos humanos vinculadas a la citada tutela incluso le pidieron a la Corte Suprema el 6 de mayo que declare que ha habido desacato al fallo y suspenda la asistencia militar, la disolución de manifestaciones por la fuerza, el uso de armas de fuego y la actuación del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía. “Consideramos que existe un incumplimiento sistemático, masivo y flagrante de lo ordenado”, argumentaron en un comunicado.

¿Quién responde por los abusos?

Hay diferentes grados y tipos de responsabilidad. El primero es individual. “El uniformado individualmente es responsable del uso de la fuerza”, dice Sánchez, en referencia a quienes disparan contra civiles desarmados. También afirma que “hay una responsabilidad compartida” entre las instituciones presentes en los PMU por las decisiones que se coordinan desde el punto de vista estratégico, más allá de lo operativo.

“Todos ellos [mandos militares y policiales, alcaldes y gobernadores] son responsables jurídicamente en la medida de sus actos u omisiones. Además, en cuanto al Presidente y ministros, hay lugar a responsabilidad política”, asegura el exmagistrado Hernández.

¿Es igual a la conmoción interior?

No. Para decretar la conmoción interior, la Constitución exige que la perturbación del orden público sea tan grave que “atente de manera inminente contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado, o la convivencia ciudadana, y que no pueda ser conjurada mediante el uso de las atribuciones ordinarias de las autoridades de Policía”. No se trata de una herramienta de apoyo, sino de un recurso que le da poderes especiales a la Presidencia.

Esos poderes consisten en dictar decretos con fuerza de ley sin pasar por el Congreso, lo que incluso le permite suspender otras normas ya existentes, de forma parecida a como funcionan los estados de emergencia como los declarados en 2020 por la pandemia de COVID-19. Esto requiere la firma de todos sus ministros.

No quiere decir que no tenga límites. La conmoción está sujeta al control de las otras ramas del poder. La Corte Constitucional puede “tumbar” la declaratoria si encuentra que no había motivos suficientes para hacerla, como lo hizo en 2009 con una del entonces presidente, Álvaro Uribe Vélez. “Entraría a analizar si realmente lo que está pasando no puede ser conjurado por vía ordinaria”, expone el profesor Cajas.

La medida puede establecerse por un máximo de 90 días y no puede tener más de dos prórrogas iguales. La segunda debe ser autorizada por el Senado.

Pero sobre todo, ningún estado de excepción “puede suspender los derechos humanos, el Derecho Internacional Humanitario ni las ramas del poder público”, indica Hernández. “Ni siquiera en estado de conmoción interior se puede esperar que la Fuerza Pública le dispare a un civil desarmado. No lo pueden detener sin cargos ni lo pueden juzgar militares”, recalca Cajas Sarria.