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Jueves, 24 Mayo 2018

¿Qué necesita Fajardo para construir 10 mil aulas?

Por Sofía Pérez

El candidato, que le apuesta a la educación, prometió reducir a la mitad el déficit de infraestructura educativa en Colombia en tan solo cuatro años. Analizamos qué tan viable es la propuesta.

El Plan Nacional de Infraestructura Educativa – PNIE, estableció como meta para el segundo periodo de gobierno de Juan Manuel Santos la construcción de 30.369 aulas de clase con el propósito de reducir el déficit de infraestructura educativa nacional en un 60%. Según el Informe de Gestión 2017 del Ministerio de Educación, hasta el año pasado se lograron 18.447 aulas entregadas y en ejecución, y se proyecta que para el final del mandato sean construidas otras 6.682, lo que dejará el déficit en 26.000 aulas para el candidato que se posesione en el próximo 7 de agosto, si es que quiere cubrir la totalidad de aulas necesarias para alcanzar el 100% de la jornada única.

Como parte de su programa de gobierno, el candidato por Coalición Colombia, Sergio Fajardo, cuya campaña se fundamenta en la educación como motor de transformación para el país, ha propuesto reducir este déficit a cerca de la mitad con la construcción y adecuación de 10.000 aulas para el año 2022.

 

 

Consultamos con varios expertos para saber si será posible cumplir esta propuesta y si el resultado podría mantenerse en el tiempo.

Financiación

La propuesta no tiene aún un presupuesto fijo, ni se han llevado a cabo los estudios de costo oficiales, pues este proceso se haría solo una vez Fajardo fuera elegido presidente. Sin embargo, de acuerdo con su equipo programático, el dinero se obtendría de los recursos actuales del FFIE (Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa), complementado con un aumento al presupuesto actual de educación, pero el monto exacto va a depender del estado de los proyectos que entregue el gobierno saliente.

Al realizar un estimado, teniendo en cuenta los precios y normativas para construir en 2018, según el arquitecto Carlos Lacoste, experto en urbanismo de la Universidad Pontificia Bolivariana y quien trabaja con la misma en arquitectura institucional, el proyecto costaría alrededor de unos 6 billones de pesos en total. Este valor tiene en cuenta los costos de mantenimiento: contratación inicial de maestros, energía, conectividad y agua potable.

Por otro lado, en el Conpes 3831 de 2015, el costo por aula construida es de 146,6 millones de pesos, lo que representa un total para la meta de Fajardo de 1,5 billones de pesos, sin incluir la compra de los lotes, pues el cálculo se realizó teniendo en cuenta los costos presentados en proyectos para los últimos cinco años e incluye baterías sanitarias, laboratorios, circulaciones e interventoría, entre otros; pero no el costo del lote.

Para financiar su propuesta educativa, Fajardo ha hablado de aumentar el gasto del gobierno para educación en un 10% anual, lo que, según él, representaría ingresos anuales cercanos a los 4 billones de pesos. De acuerdo con el Boletín Nº.151 del Ministerio de Hacienda Nacional, el presupuesto total para educación en 2018 se fijó en 35,4 billones de pesos, por lo que el 10% del aumento para el primer año sería de 3,4 billones de pesos, un valor cercano al que el candidato pregona.

Adicionalmente, de acuerdo con Jheyson Leandro Martínez, quien ha formado parte su equipo como director de medios durante los últimos diez años, gran parte del dinero que se destinará a la infraestructura educativa, se obtendrá con la disminución de la corrupción, que representa una pérdida anual de 50 billones de pesos; el problema de esta promesa es que la recuperación de esas arcas y la lucha contra la corrupción tardan años en dar frutos tangibles. El resto se obtendría por medio de alianzas público privadas y convenios internacionales.

Si se ponen en contexto estos valores, no son descabellados. La ejecución del presupuesto de inversión para infraestructura educativa en el país, de acuerdo con los informes de ejecución acumulados del Ministerio de Hacienda Nacional, ha sido de 5,47 billones de pesos para el periodo de 2015 a lo que va transcurrido de 2018. Es decir, los 6 billones que le costarían las obras a Fajardo no están tan alejados del presupuesto que se maneja actualmente para infraestructura de educación.

Así mismo, según expertos de la Subdirección de Acceso del Ministerio de Educación Nacional (MEN) consultados por Colombiacheck, si se revisan los históricos del Ministerio, en los que se han llegado a construir cerca de 5.000 y 6.000 aulas en periodos de 4 años, y casi 10.000 con el Plan Nacional de Infraestructura, la propuesta es técnicamente viable. De hecho, Santos lleva más de 18 mil intervenidas en los últimos tres años.

En cuanto al porcentaje de aulas a construir, versus el porcentaje a adecuar, el equipo programático de Fajardo aseguró que este dependerá de la situación que reciban del gobierno actual, “sobre todo en términos de cuántas aulas de las cerca de 30.000 que se comprometieron entregarán y qué recursos futuros ya están comprometidos en la construcción de las aulas”

El proyecto a largo plazo

Otro aspecto preocupante de esta propuesta, es el mantenimiento a largo plazo de las aulas. De nada sirve invertir dinero en 10.000 salones, si en cuatro años que llegue un nuevo presidente no se les hace mantenimiento. Esta es la situación que viven actualmente los 80 Parques Educativos que prometió construir Fajardo en Antioquia y que ha sido un proyecto referente para su campaña presidencial.

De acuerdo con información otorgada por Omar Arango Jiménez, fiscal de la Asociación de Institutores de Antioquia (Adida), al diario El Mundo de Medellín, solo 22 de estos están funcionando bien. Algunos, como el Parque Biblioteca España, presentan fallas en la estructura y otros están cerrados o fuera de funcionamiento.

Ante esta preocupación, Martínez responde que Fajardo no tiene forma de garantizar el mantenimiento de estas aulas; depende del gobernador de cada departamento, y no del presidente, destinar una parte de su presupuesto anual al mantenimiento de los proyectos. No obstante, según su equipo programático, trabajará con las alcaldías y gobernaciones para crear un sistema de información actualizado que identifique el déficit real de aulas.

Otra solución sería convertir el proyecto en política pública. Sin embargo, hasta el momento, no se ha planteado esta propuesta dentro de la campaña. Además, para que un proyecto se convierta en política pública tiene que tener un interés general. Según Adriana Ramírez, doctora en procesos políticos contemporáneos de la Universidad de Salamanca, para conseguir el mantenimiento de las aulas, Fajardo necesitaría un instrumento político (una ley) que vaya más allá de un periodo gubernamental, de tal manera que la sostenibilidad de ese proyecto no dependa del siguiente gobierno y su partido.

Por otro lado, según los técnicos consultados en el MEN, Fajardo tendría que garantizar la sostenibilidad del proyecto, por medio de estudios previos que confirmen la demanda de las aulas, antes de ejecutarlo. Es decir, tendría que demostrar que existen niños reales que necesitan las aulas. Una vez demostrado esto, por cada niño atendido, el Ministerio gira un recurso para poder sostener el proyecto en términos de pago de servicios públicos, nómina de maestros, vigilancia, aseo y alimentación escolar, entre otros.

 

* Sofía Pérez: Estudiante de periodismo de la Universidad Eafit de Medellín. Participó en el proyecto “Laboratorio de verificación de datos”, de Colombiacheck, con el apoyo de Facebook, Deutsche Welle Akademie y la Pontificia Universidad Javeriana. Este artículo fue desarrollado con el acompañamiento y edición de Colombiacheck.

Lunes, 02 Abril 2018

Duque le hereda a Uribe su pelea con las cortes

Por José Felipe Sarmiento Abella

La polémica propuesta de acabar con las cuatro cortes para crear una sola es una vieja batalla que tiene el uribismo con la justicia colombiana.

El candidato presidencial por el Centro Democrático, Iván Duque, tomó partido y apoyó la propuesta del máximo jefe de esa colectividad, el expresidente y senador Álvaro Uribe, de fusionar las cuatro altas cortes que existen en Colombia (Suprema, Constitucional, Consejo de Estado y Consejo Superior de la Judicatura) y crear una sola con salas especializadas.

Esta iniciativa, que implicaría una reforma constitucional, no aparece en el programa del aspirante del CD. Sin embargo, encendió el debate tanto en círculos políticos como en medios de comunicación, ya que un grueso número de exfuncionarios del gobierno de Uribe (2002-2010) y personas cercanas al uribismo han sido procesadas y condenadas por la Corte Suprema, por una variedad de delitos que van desde corrupción hasta parapolítica y homicidio, lo que ha sido calificado por ese partido como una persecución política.

El mismo Uribe tiene investigaciones pendientes en la Corte Suprema. La más reciente, abierta por supuestamente haber manipulado testigos en un proceso de pérdida de investidura contra el senador Iván Cepeda, del Polo Democrático. Además, está el expediente por su presunta responsabilidad en dos masacres ocurridas en Ituango (Antioquia) cuando era gobernador.

También hay una investigación estancada en la Comisión de Acusaciones por las interceptaciones ilegales realizadas en su gobierno contra periodistas, políticos de oposición y la misma Corte Suprema, conocidas como las “chuzadas”. Por este escándalo fueron condenados en este tribunal dos de sus directores del DAS, María del Pilar Hurtado y Jorge Noguera (quien también fue encontrado culpable de homicidio y paramilitarismo) y su secretario general Bernardo Moreno.

En esa misma corte se dieron otras condenas, por ejemplo, contra su primo Mario Uribe, exsenador parapolítico; su ministro Andrés Felipe Arias, por desviar subsidios del programa Agro Ingreso Seguro; Sabas Pretelt y Diego Palacio, también exministros, y su secretario Alberto Velásquez, por ofrecer dádivas a congresistas para conseguir la aprobación de la reelección presidencial por primera vez (la ‘yidispolítica’). La Constitucional, por su parte, ‘tumbó’ el referendo que le hubiera permitido postularse a un tercer mandato consecutivo.

 

 

 

 

 

Lo que dijo Uribe

A sabiendas de estos antecedentes, Uribe sugirió hace seis meses, en declaraciones a los medios que luego publicó en Twitter, la creación de “una sola corte de magistrados visibles, bien conocidos, (…) con una gran trayectoria”.

 

 

Chequeamos y la propuesta no está entre las que expone el candidato uribista en su página de internet. Lo más cercano que dice el folleto es la unificación de “lineamientos y criterios para la jurisprudencia de las Altas Cortes” -no de las instituciones en sí- para simplificar procesos, generar seguridad jurídica y aumentar la confianza en el sistema judicial.

Según su equipo de campaña, lo que pasa es que ese programa fue elaborado hace más de un año. “No hay un documento completo con sus propuestas actualizadas. Se está construyendo”, explicó su jefe de prensa, Jorge Quintero.

Lo único que hay al respecto en el portal, previo al debate en Estados Unidos, es una columna del congresista en el diario Portafolio del 14 de septiembre de 2017, dos semanas después del tuit de Uribe. Allí concluyó que “una reforma seria a la justicia requiere (…) que avancemos hacia una corte única, con distintas salas y un menor número de magistrados, concentrados en definir los precedentes y los lineamientos de interpretación e implementación”.

En el video del trino, el expresidente defendía su iniciativa asegurando que tuvo “dificultades con un sector de la Corte” y que fue él quien presentó denuncias por corrupción “cuando estaba en el Gobierno y esas denuncias son parte de la causa de que haya compañeros en la cárcel”. Esto, en referencia a la cercanía de algunos magistrados con el empresario italiano Giorgio Sale, acusado entonces de tener vínculos con las Auc y la mafia de su país.

 

 

 

 

 

¿Cómo se les ocurre?

La fusión de las Cortes planteada por el Centro Democrático, generó múltiples rechazos por parte de otros candidatos, como el del partido Liberal, Humberto de la Calle, quien tildó de retroceso la iniciativa y un golpe a los derechos de la gente. El candidato dijo que de prosperar esta reforma se pondría bajo amenaza la acción de tutela, uno de los principales logros de la constitución de 1991.

 

 

 

 

A pesar de la avalancha de críticas, Duque defendió la propuesta de unificación de las Cortes, señalando que esta ya había sido propuesta por una comisión de expertos que precisamente fue conformada en 2009 por el entonces presidente Álvaro Uribe.

“No se trata de imponer el criterio de un presidente, sino de abrir un debate. Hay que recordar una cosa: primero, esa es una propuesta que viene desde la Comisión Bonivento; la Corporación Excelencia en la Justicia ha hablado muchas veces de ella y muchos países de América Latina tienen corte única, es más, muchos países del mundo también la tienen”, dijo.

Al revisar el informe final de la Comisión de Expertos de Reforma a la Justicia, que encabezó el exmagistrado José Alejandro Bonivento con otros reconocidos juristas, además de Excelencia en la Justicia, en ninguna parte del documento se recomendaba unificar los tribunales. Por el contrario, lo que planteaba era que las Cortes debían trabajar de forma complementaria para que sus posiciones fueran más uniformes y evitar los “choques de trenes”.

La Comisión sugirió una estructura en la que se mantuvieran tres de las cuatro altas cortes: la Suprema, la Constitucional y el Consejo de Estado. Pero proponía reemplazar el Superior de la Judicatura por un órgano de gobierno unificado de la rama (lo que se intentó hacer con la fallida Reforma de Equilibrio de Poderes del gobierno Santos, que se cayó casi toda en el examen de constitucionalidad).

La Corporación Excelencia en la Justicia, en su cuenta de Twitter, le ha quitado piso a algunas de las críticas y ha reconocido virtudes de la propuesta. Pero también advirtió que un cambio de este tipo requeriría la convocatoria de una asamblea constituyente y señaló que, por la necesidad de crear salas especializadas por temas, no reduciría el número de magistrados ni su burocracia.

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuál es el modelo?

Transformar el sistema de justicia colombiano a una corte única tiene sus precedentes y dificultades. En una columna publicada en Ámbito Jurídico en 2017, la hoy decana de Derecho de la Universidad de los Andes, Catalina Botero Marino, explicaba los inconvenientes de pasar a un modelo de ese tipo.

La abogada constitucionalista sostenía que había dos sistemas extranjeros de corte única: el estadounidense, que es un tribunal con pocos magistrados, y el venezolano, que cuenta con salas especializadas y es el más parecido a la propuesta que lanzó el candidato del CD.

El estadounidense, según explicaba Botero, está basado en una justicia federal en la que cada estado cuenta con su propio sistema judicial, en el que se resuelven la mayor parte de los casos. Ese es el caso, explicó en otro trino la semana pasada, de la mayoría de países del mundo con corte única.

 

 

En cuanto a los países vecinos, la investigadora Carolina Villadiego Burbano, directora del área de sistema judicial del tanque de pensamiento DeJusticia, en el libro de 2016 ‘La reforma a la justicia en América Latina’, explicó que “las reformas al gobierno judicial en la región usualmente implicaron la adopción de consejos de la judicatura/magistratura encargados de distintas funciones”.

De modo que, aunque no siempre se consideren cortes, en muchos países sí existen entidades como el Consejo Superior o la todavía naciente Comisión de Disciplina de Colombia.

También señala que “las reformas encaminadas a generar un tribunal (constitucional) independiente y diferenciado de los demás sectores judiciales han sido distintas en la región” por el número de magistrados y las funciones que ejercen. Entre 16 países, siete tienen una corte especializada en esta jurisdicción como acá; nueve, no. Pero de estos últimos, cuatro son federados como Estados Unidos: Argentina, Brasil, México y Venezuela.

Así, la propuesta de Duque, de la que falta conocer más detalles, resulta basada en una recomendación que nunca existió y acomoda otros argumentos para dar el debate en defensa de la idea original de su jefe político, el expresidente Uribe.