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Jueves, 24 Mayo 2018

¿Qué necesita Fajardo para construir 10 mil aulas?

Por Sofía Pérez

El candidato, que le apuesta a la educación, prometió reducir a la mitad el déficit de infraestructura educativa en Colombia en tan solo cuatro años. Analizamos qué tan viable es la propuesta.

El Plan Nacional de Infraestructura Educativa – PNIE, estableció como meta para el segundo periodo de gobierno de Juan Manuel Santos la construcción de 30.369 aulas de clase con el propósito de reducir el déficit de infraestructura educativa nacional en un 60%. Según el Informe de Gestión 2017 del Ministerio de Educación, hasta el año pasado se lograron 18.447 aulas entregadas y en ejecución, y se proyecta que para el final del mandato sean construidas otras 6.682, lo que dejará el déficit en 26.000 aulas para el candidato que se posesione en el próximo 7 de agosto, si es que quiere cubrir la totalidad de aulas necesarias para alcanzar el 100% de la jornada única.

Como parte de su programa de gobierno, el candidato por Coalición Colombia, Sergio Fajardo, cuya campaña se fundamenta en la educación como motor de transformación para el país, ha propuesto reducir este déficit a cerca de la mitad con la construcción y adecuación de 10.000 aulas para el año 2022.

 

 

Consultamos con varios expertos para saber si será posible cumplir esta propuesta y si el resultado podría mantenerse en el tiempo.

Financiación

La propuesta no tiene aún un presupuesto fijo, ni se han llevado a cabo los estudios de costo oficiales, pues este proceso se haría solo una vez Fajardo fuera elegido presidente. Sin embargo, de acuerdo con su equipo programático, el dinero se obtendría de los recursos actuales del FFIE (Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa), complementado con un aumento al presupuesto actual de educación, pero el monto exacto va a depender del estado de los proyectos que entregue el gobierno saliente.

Al realizar un estimado, teniendo en cuenta los precios y normativas para construir en 2018, según el arquitecto Carlos Lacoste, experto en urbanismo de la Universidad Pontificia Bolivariana y quien trabaja con la misma en arquitectura institucional, el proyecto costaría alrededor de unos 6 billones de pesos en total. Este valor tiene en cuenta los costos de mantenimiento: contratación inicial de maestros, energía, conectividad y agua potable.

Por otro lado, en el Conpes 3831 de 2015, el costo por aula construida es de 146,6 millones de pesos, lo que representa un total para la meta de Fajardo de 1,5 billones de pesos, sin incluir la compra de los lotes, pues el cálculo se realizó teniendo en cuenta los costos presentados en proyectos para los últimos cinco años e incluye baterías sanitarias, laboratorios, circulaciones e interventoría, entre otros; pero no el costo del lote.

Para financiar su propuesta educativa, Fajardo ha hablado de aumentar el gasto del gobierno para educación en un 10% anual, lo que, según él, representaría ingresos anuales cercanos a los 4 billones de pesos. De acuerdo con el Boletín Nº.151 del Ministerio de Hacienda Nacional, el presupuesto total para educación en 2018 se fijó en 35,4 billones de pesos, por lo que el 10% del aumento para el primer año sería de 3,4 billones de pesos, un valor cercano al que el candidato pregona.

Adicionalmente, de acuerdo con Jheyson Leandro Martínez, quien ha formado parte su equipo como director de medios durante los últimos diez años, gran parte del dinero que se destinará a la infraestructura educativa, se obtendrá con la disminución de la corrupción, que representa una pérdida anual de 50 billones de pesos; el problema de esta promesa es que la recuperación de esas arcas y la lucha contra la corrupción tardan años en dar frutos tangibles. El resto se obtendría por medio de alianzas público privadas y convenios internacionales.

Si se ponen en contexto estos valores, no son descabellados. La ejecución del presupuesto de inversión para infraestructura educativa en el país, de acuerdo con los informes de ejecución acumulados del Ministerio de Hacienda Nacional, ha sido de 5,47 billones de pesos para el periodo de 2015 a lo que va transcurrido de 2018. Es decir, los 6 billones que le costarían las obras a Fajardo no están tan alejados del presupuesto que se maneja actualmente para infraestructura de educación.

Así mismo, según expertos de la Subdirección de Acceso del Ministerio de Educación Nacional (MEN) consultados por Colombiacheck, si se revisan los históricos del Ministerio, en los que se han llegado a construir cerca de 5.000 y 6.000 aulas en periodos de 4 años, y casi 10.000 con el Plan Nacional de Infraestructura, la propuesta es técnicamente viable. De hecho, Santos lleva más de 18 mil intervenidas en los últimos tres años.

En cuanto al porcentaje de aulas a construir, versus el porcentaje a adecuar, el equipo programático de Fajardo aseguró que este dependerá de la situación que reciban del gobierno actual, “sobre todo en términos de cuántas aulas de las cerca de 30.000 que se comprometieron entregarán y qué recursos futuros ya están comprometidos en la construcción de las aulas”

El proyecto a largo plazo

Otro aspecto preocupante de esta propuesta, es el mantenimiento a largo plazo de las aulas. De nada sirve invertir dinero en 10.000 salones, si en cuatro años que llegue un nuevo presidente no se les hace mantenimiento. Esta es la situación que viven actualmente los 80 Parques Educativos que prometió construir Fajardo en Antioquia y que ha sido un proyecto referente para su campaña presidencial.

De acuerdo con información otorgada por Omar Arango Jiménez, fiscal de la Asociación de Institutores de Antioquia (Adida), al diario El Mundo de Medellín, solo 22 de estos están funcionando bien. Algunos, como el Parque Biblioteca España, presentan fallas en la estructura y otros están cerrados o fuera de funcionamiento.

Ante esta preocupación, Martínez responde que Fajardo no tiene forma de garantizar el mantenimiento de estas aulas; depende del gobernador de cada departamento, y no del presidente, destinar una parte de su presupuesto anual al mantenimiento de los proyectos. No obstante, según su equipo programático, trabajará con las alcaldías y gobernaciones para crear un sistema de información actualizado que identifique el déficit real de aulas.

Otra solución sería convertir el proyecto en política pública. Sin embargo, hasta el momento, no se ha planteado esta propuesta dentro de la campaña. Además, para que un proyecto se convierta en política pública tiene que tener un interés general. Según Adriana Ramírez, doctora en procesos políticos contemporáneos de la Universidad de Salamanca, para conseguir el mantenimiento de las aulas, Fajardo necesitaría un instrumento político (una ley) que vaya más allá de un periodo gubernamental, de tal manera que la sostenibilidad de ese proyecto no dependa del siguiente gobierno y su partido.

Por otro lado, según los técnicos consultados en el MEN, Fajardo tendría que garantizar la sostenibilidad del proyecto, por medio de estudios previos que confirmen la demanda de las aulas, antes de ejecutarlo. Es decir, tendría que demostrar que existen niños reales que necesitan las aulas. Una vez demostrado esto, por cada niño atendido, el Ministerio gira un recurso para poder sostener el proyecto en términos de pago de servicios públicos, nómina de maestros, vigilancia, aseo y alimentación escolar, entre otros.

 

* Sofía Pérez: Estudiante de periodismo de la Universidad Eafit de Medellín. Participó en el proyecto “Laboratorio de verificación de datos”, de Colombiacheck, con el apoyo de Facebook, Deutsche Welle Akademie y la Pontificia Universidad Javeriana. Este artículo fue desarrollado con el acompañamiento y edición de Colombiacheck.

Miércoles, 25 Abril 2018

Ser pilo no paga para la educación pública

Por Carlos González

La polémica desatada por la intención de la mayoría de los candidatos de acabar con uno de los programas estrella del gobierno Santos, deja al descubierto que las grandes favorecidas son las universidades privadas.

En las dos últimas semanas y en diferentes escenarios, ha sorprendido a los colombianos que la mayoría de candidatos a la presidencia, con excepción de Iván Duque del Centro Democrático, hayan propuesto acabar o transformar el programa Ser Pilo Paga, por ineficiente y excluyente y que, además, le quita recursos a las universidades públicas, para dárselos a las instituciones privadas, que han sido las más beneficiadas con el programa.

Este ha sido uno de los programas insignia del gobierno de Juan Manuel Santos y todos los candidatos le reconocen que gracias a esta iniciativa muchos jóvenes sin recursos económicos han podido acceder a las mejores universidades privadas del país. Sin embargo, hay varios reparos.

El primero que lanzó la propuesta de acabarlo fue Sergio Fajardo, quien aseguró que el programa solo beneficia al 2% del total de bachilleres graduados. Al poco tiempo, Petro, de La Calle y Vargas Lleras se sumaron a la idea de terminar el programa por inequitativo.

El exgobernador de Antioquia aclaró que de ser elegido, quienes están en el programa terminarán sus estudios siguiendo las reglas que ya están definidas. “Pero le vamos a apostar a un nuevo programa de reconocimiento de talentos que arranque con estudiante, maestra, colegio, municipio, gobierno departamental y voy a convocar al sector privado a que generemos un gran fondo para apoyar a toda esa cantidad de pilos que hay en Colombia”, dijo en una entrevista con Semana.

La propuesta de Fajardo incluye aumentar en un 10% los recursos anuales del Gobierno Nacional para la educación y sumarle cada peso que se le quite a la corrupción, lo cual podría llegar a ser cerca de $9 billones. Se suma, reemplazar Ser Pilo Paga por una política que premie a los jóvenes que se destaquen por su talento con becas y subsidios de sostenimiento y transporte. Estudiarían en la universidad que escojan, pero bajo el principio de que las universidades que se beneficien tengan corresponsabilidad con el Estado.

Para Fajardo, si se elimina el programa de Santos el Estado deberá aumentar los subsidios para la educación superior de los jóvenes de escasos recursos. Su aspiración es que en cuatro años Colombia llegue al 65% de cobertura en educación superior (hoy rodea el 50%), según información publicada en Portafolio.

Petro, por su parte, promete que implementará un sistema basado en la gratuidad, eliminará el Icetex y condonará las deudas de los estudiantes. Mientras que Vargas le apuntará a fortalecer la educación a temprana edad y destinará los recursos de Ser pilo paga a la población de 0 a 5 años. De La Calle espera impulsar la educación superior con becas, eliminando el programa.

Solo Duque lo mantendría como está, aunque ampliando la gratuidad educativa en cerca de 300.000 cupos para personas de estratos 1 y 2.

Privada vs. Pública

Colombiacheck.com revisó las estadísticas oficiales(presupuesto nacional de la Nación e Icetex) y hasta finales de 2017 más de 40.000 estudiantes con excelentes resultados académicos y escasos recursos se habían beneficiado de Ser Pilo Paga.

Uno de los aspectos que la mayoría de los candidatos rescata de este programa es que ha permitido la integración de los estudiantes. Entre esta población se encuentran jóvenes de más de 900 municipios de todo el país, desplazados, víctimas del conflicto y de minorías étnicas, en los cuales se hace una inversión cercana a los $700.000 millones anualmente, es decir, que cada uno de ellos le cuesta al Estado $17,5 millones.

Sin embargo, las grandes beneficiarias son la universidades privadas. De acuerdo con una columna publicada en la Revista Dinero por Ángel Pérez Martínez, experto en temas educativos, la mayoría de los “pilos”, más del 83%, eligen estudiar en universidades privadas, principalmente, la Javeriana (8%), la Salle (6%) y los Andes (6%); mientras que tan solo el 15,6% se deciden por instituciones públicas, lo cual deja en evidencia que el Estado financia parte de la educación superior privada del país.

Hay que tener en cuenta que para atender a los 800.000 estudiantes que hacen parte de las universidades estatales, el Gobierno destina $3,7 billones al año, lo cual equivale a $4,6 millones por estudiante, sólo un 26% de lo que se lleva un pilo.

Si se destinaran esos $700.000 millones para la educación superior pública de Ser Pilo Paga, se podrían atender, con ese presupuesto de $4,6 millones, a más de 180.000 estudiantes.