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Miércoles, 25 Abril 2018

Ser pilo no paga para la educación pública

Por Carlos González

La polémica desatada por la intención de la mayoría de los candidatos de acabar con uno de los programas estrella del gobierno Santos, deja al descubierto que las grandes favorecidas son las universidades privadas.

En las dos últimas semanas y en diferentes escenarios, ha sorprendido a los colombianos que la mayoría de candidatos a la presidencia, con excepción de Iván Duque del Centro Democrático, hayan propuesto acabar o transformar el programa Ser Pilo Paga, por ineficiente y excluyente y que, además, le quita recursos a las universidades públicas, para dárselos a las instituciones privadas, que han sido las más beneficiadas con el programa.

Este ha sido uno de los programas insignia del gobierno de Juan Manuel Santos y todos los candidatos le reconocen que gracias a esta iniciativa muchos jóvenes sin recursos económicos han podido acceder a las mejores universidades privadas del país. Sin embargo, hay varios reparos.

El primero que lanzó la propuesta de acabarlo fue Sergio Fajardo, quien aseguró que el programa solo beneficia al 2% del total de bachilleres graduados. Al poco tiempo, Petro, de La Calle y Vargas Lleras se sumaron a la idea de terminar el programa por inequitativo.

El exgobernador de Antioquia aclaró que de ser elegido, quienes están en el programa terminarán sus estudios siguiendo las reglas que ya están definidas. “Pero le vamos a apostar a un nuevo programa de reconocimiento de talentos que arranque con estudiante, maestra, colegio, municipio, gobierno departamental y voy a convocar al sector privado a que generemos un gran fondo para apoyar a toda esa cantidad de pilos que hay en Colombia”, dijo en una entrevista con Semana.

La propuesta de Fajardo incluye aumentar en un 10% los recursos anuales del Gobierno Nacional para la educación y sumarle cada peso que se le quite a la corrupción, lo cual podría llegar a ser cerca de $9 billones. Se suma, reemplazar Ser Pilo Paga por una política que premie a los jóvenes que se destaquen por su talento con becas y subsidios de sostenimiento y transporte. Estudiarían en la universidad que escojan, pero bajo el principio de que las universidades que se beneficien tengan corresponsabilidad con el Estado.

Para Fajardo, si se elimina el programa de Santos el Estado deberá aumentar los subsidios para la educación superior de los jóvenes de escasos recursos. Su aspiración es que en cuatro años Colombia llegue al 65% de cobertura en educación superior (hoy rodea el 50%), según información publicada en Portafolio.

Petro, por su parte, promete que implementará un sistema basado en la gratuidad, eliminará el Icetex y condonará las deudas de los estudiantes. Mientras que Vargas le apuntará a fortalecer la educación a temprana edad y destinará los recursos de Ser pilo paga a la población de 0 a 5 años. De La Calle espera impulsar la educación superior con becas, eliminando el programa.

Solo Duque lo mantendría como está, aunque ampliando la gratuidad educativa en cerca de 300.000 cupos para personas de estratos 1 y 2.

Privada vs. Pública

Colombiacheck.com revisó las estadísticas oficiales(presupuesto nacional de la Nación e Icetex) y hasta finales de 2017 más de 40.000 estudiantes con excelentes resultados académicos y escasos recursos se habían beneficiado de Ser Pilo Paga.

Uno de los aspectos que la mayoría de los candidatos rescata de este programa es que ha permitido la integración de los estudiantes. Entre esta población se encuentran jóvenes de más de 900 municipios de todo el país, desplazados, víctimas del conflicto y de minorías étnicas, en los cuales se hace una inversión cercana a los $700.000 millones anualmente, es decir, que cada uno de ellos le cuesta al Estado $17,5 millones.

Sin embargo, las grandes beneficiarias son la universidades privadas. De acuerdo con una columna publicada en la Revista Dinero por Ángel Pérez Martínez, experto en temas educativos, la mayoría de los “pilos”, más del 83%, eligen estudiar en universidades privadas, principalmente, la Javeriana (8%), la Salle (6%) y los Andes (6%); mientras que tan solo el 15,6% se deciden por instituciones públicas, lo cual deja en evidencia que el Estado financia parte de la educación superior privada del país.

Hay que tener en cuenta que para atender a los 800.000 estudiantes que hacen parte de las universidades estatales, el Gobierno destina $3,7 billones al año, lo cual equivale a $4,6 millones por estudiante, sólo un 26% de lo que se lleva un pilo.

Si se destinaran esos $700.000 millones para la educación superior pública de Ser Pilo Paga, se podrían atender, con ese presupuesto de $4,6 millones, a más de 180.000 estudiantes.

Martes, 22 Mayo 2018

La expropiación en Colombia no es un mito de Petro

Por Luisa Fernanda Gómez Cruz

Al candidato de la Colombia Humana lo persigue el fantasma “castrochavista” de la expropiación. Pero hasta en los gobiernos de derecha se expropian viviendas.

Han pasado varias semanas y a Gustavo Petro no se le perdona haber dicho que sería bonito que Ardila Lulle vendiera su hacienda de Incauca al Estado, para que este “la entregue al pueblo campesino y al pequeño productor agrario para producir alimentos”. Para muchos esa afirmación es la prueba fehaciente de que su presidencia estaría plagada de expropiaciones al mejor estilo de Hugo Chávez.

En los últimos días el tema volvió a sonar cuando en entrevista con Blu Radio el candidato dijo que de llegar a la Presidencia no va a quitar la propiedad privada ni va a expropiar. Y señaló que durante su tiempo como alcalde de Bogotá "no se expropió a nadie". "Usamos la negociación con las personas si había que hacer una obra pública o algo similar", afirmó en la entrevista.

La figura de la expropiación hace parte del entramado judicial de Colombia desde hace mucho tiempo. Para empezar, el Artículo 58 de la Constitución Política legitima esta figura al afirmar que: “Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública o interés social, resultaren en conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público o social”. En otras palabras, que si un predio se necesita para una obra de infraestructura que va a beneficiar a muchos, como una carretera, el propietario está obligado a cederla al Estado. Posterior al pago de una indemnización.

Pero también se cuentan las leyes 9 de 1989, “por la cual se dictan normas sobre planes de desarrollo municipal, compraventa y expropiación de bienes y se dictan otras disposiciones”, que en su artículo 10 explica las causales para expropiar. La 388 de 1997, o ley de desarrollo territorial, en la cual la palabra ‘expropiación’ aparece 47 veces. Y la 1682 de 2014, que en su capítulo 1º autoriza “la expropiación administrativa o judicial de los bienes e inmuebles urbanos y rurales que se requieran..., de conformidad con el artículo 58 de la Constitución Política”.

“Pero cuando se hace un proceso de expropiación no se está irrespetando la propiedad privada, porque entre otras tiene una función social”, dijo a Colombiacheck.com Jairo David Gamboa, abogado asociado a Infraestructura Legal.

La expropiación es el último de los recursos, en todo caso. Antes el Estado debe intentar el proceso de enajenación voluntaria del predio; es decir, conseguir que el propietario venda “por las buenas”.

El encargado de hacer la gestión predial (el IDU, la ANI, la empresa Metro de Bogotá, por ejemplo) envía una oferta al dueño del inmueble que está fundamentada en un avalúo comercial. El propietario decide si la acepta o no. Si la acepta, el predio pasa a ser de la nación. “Si no, la entidad procede a una forzosa necesidad de adelantar el proceso de expropiación para la cual existen dos vías: por medio de acto administrativo o ante un juez”, cuenta Gamboa.

Con el acto administrativo la entidad Estatal que necesite el predio expide una resolución ordenando la expropiación y el monto que se pagará como indemnización. Con el otro, se acude ante un juez para que este sentencie la entrega del predio.

En el marco del programa de vías de cuarta generación (4G), son necesarios 5.458,32 kilómetros en materia de predios, de los cuales ya están disponibles 3.740,71 kilómetros (68,53%), según la Agencia Nacional de infraestructura (ANI). A la fecha se han adquirido 1.005 predios para estas obras, de los cuales “solo 2 predios cuentan con sentencias de expropiación judicial de los proyectos de infraestructura de transporte de la Nación del programa de 4G”, sostiene un comunicado de la ANI enviado a Colombiacheck.com.

Es decir que aún con la herramienta, no siempre es necesario usarla. Esto porque, de acuerdo con un funcionario del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), las entidades optan por entregar el avalúo mayor del inmueble realizado por el Agustín Codazzi, cifra que prácticamente en todos los casos es aceptada. Como lo ha sido hasta ahora para el proyecto del Transmilenio por la séptima, para el cual ya se han hecho 133 ofertas de compra y 37 han sido aceptadas.

Lo que hay detrás de la frase

Colombiacheck.com consultó la opinión de expertos en temas de tierras en el Cauca, quienes sostuvieron que lo que hay detrás del la afirmación de Gustavo Petro de “comprar” las tierras de Incauca no es una amenaza de expropiación, sino un guiño para las comunidades indígenas.

El norte del Cauca ha estado inmerso en múltiples batallas entre indígenas y terratenientes por la propiedad del suelo. Esta lucha siempre ha existido, pero se intensificó con la Constitución de 1991 “cuando se le concede autonomía a las comunidades indígenas y estas comienzan a reclamar las tierras que consideran ancestrales, como territorios religiososo para ellos”, afirma un docente de la Universidad del Cauca que no quiso dar su nombre por miedo a recibir amenazas.

Petro conoce muy bien el territorio porque esta era una de las zonas de mayor influencia del M-19 durante su accionar subversivo, sabe que el problema de las comunidades indígenas de los Nasa “y lo que busca es reivindicación de los derechos que exige el pueblo Nasa”, agrega el docente.

La campaña por la Colombia Humana ya cuenta con el apoyo del Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS) y voceros de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) y del Consejo Regional de Indígenas del Cauca (CRIC) hicieron público su apoyo a Gustavo Petro, como se puede ver en este artículo de La Silla Vacía y en este video.

Sin embargo, en opinión de Sonia Godoy, periodista del Cauca, las comunidades indígenas del Cauca no tienen un voto unificado: una cosa es lo que dicen los voceros y otra lo que hagan las bases. Con un elemento adicional, y es que los votos en el Cauca se mueven por las maquinarias tradicionales.

De modo que más allá de si Gustavo Petro va a expropiar la propiedad privada o no cuando llegue a la Presidencia, como lo ha hecho el gobierno de Juan Manuel Santos para las 4G, lo que está detrás es conseguir el voto de una comunidad que busca recuperar lo que ancestralmente les pertenece.

Fuentes consultadas:

Jairo David Gamboa, socio de la firma Infraestructura Legal.

Constitución Política de Colombia.

Ley 9 de 1989.

Ley 388 de 1997.

Ley 1682 de 2014.

Agencia Nacional de Infraestructura.

Instituto de Desarrollo Urbano.

Sonia Godoy, periodista en el Cauca.

La Silla Vacía.