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Sábado, 28 Octubre 2017

Ciudadela Bolonia: un experimento de reintegración en Bogotá azotado por la violencia

Por Tomás Mantilla

Víctimas, antiguos miembros de las guerrillas, los paramilitares y el Ejército habitan un aislado conjunto residencial de Usme, en medio del microtráfico, los grupos armados y una convivencia cada vez más álgida.

Cuando Rodrigo Villabón, representante de la Mesa de Víctimas de Usme, discutía con varios vecinos del conjunto residencial Ciudadela Bolonia algunas estrategias para frenar el microtráfico, un hombre con gorra y saco de capucha salió de los edificios que los rodeaban y caminó justo a su lado. Cuando se alejó, Rodrigo dijo en voz baja: “Él… es uno de los que me amenazó”.

Al igual que Rodrigo, su esposa y otros líderes de la comunidad han recibido amenazas por denunciar las estructuras de microtráfico que operan en Ciudadela Bolonia, un proyecto de vivienda de interés social en Usme, al suroriente de Bogotá. Allí, la violencia ha surgido en medio de la convivencia de excombatientes de grupos armados, víctimas, personas reubicadas que habitaban en zonas de alto riesgo y militares retirados y heridos en combate.

A pesar de que se respiraba tensión, el grupo de vecinos siguió hablando frente a los cientos de ventanas de las torres de apartamentos. Como muchos, ya se han acostumbrado al desasosiego que se vive día a día en el conjunto.

“El microtráfico y el Estado que no llega son nuestros problemas, nos dejaron a la buena de Dios”, asegura una de las personas que hablaba con Rodrigo y que pide que no publiquen su nombre. En Ciudad Bolonia no hay puestos de salud ni escuelas y las viviendas han tenido problemas desde que fueron entregadas, como reportó la revista Semana el 7 de mayo de 2015 y el 13 de mayo del mismo año.

Esto a pesar de que en la ciudadela hay 3.600 apartamentos. Para ello, la zona rural de los cultivos de arveja, moras y papa fue reemplazada por cemento y torres de vivienda multifamiliar que siguen apareciendo por doquier, en gran parte debido a la llegada de miles de desplazados a la localidad, 12.112 para 2013 según la Unidad para las Víctimas. Ellos viven con varios de los 260 desmovilizados de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Farc; las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC; y del Ejército de Liberación Nacional, ELN que han llegado en los últimos años a Usme como parte del programa de reinserción que implementa la Agencia Nacional de Reincorporación, ARN, según las cifras de Catalina Arciniegas, coordinadora en Bogotá de dicha institución.

La convivencia entre víctimas y excombatientes que pasaron por el proceso de Justicia y Paz hace de Ciudadela Bolonia un laboratorio en tiempo real de cómo es la reinserción. Sin embargo, no todos creen que este laboratorio sea totalmente exitoso. Un funcionario que trabaja en la zona y que pidió la reserva de su nombre, asegura que algunos de los reinsertados volvieron a tomar las armas para unirse a grupos de microtráfico y explica que se debió a la falta de acompañamiento.

“No los capacitaron para trabajar, simplemente ellos iban mensualmente a una visita con un psicólogo, tenían que estudiar en un colegio o en una fundación y eso les generaba una entrada económica. Tenían una cantidad de tiempo en el que no eran productivos y no tenían nada qué hacer, entonces empezaron a configurar esas mismas dinámicas del territorio de conflicto en Bolonia”, afirma.

A la falta de institucionalidad, se sumó el aislamiento de la ciudadela. Para llegar al conjunto residencial, que está en la cima del cerro Juan Rey, hay que tomar la vía al páramo por donde a duras penas logran subir los destartalados Chevettes ochenteros que prestan el servicio de transporte desde el Usme urbano hasta los apartamentos.

En las mañanas, decenas de estudiantes bajan la loma del cerro Juan Rey para ir a los colegios de la zona urbana de Usme. Foto: Tomás Mantilla.

Así las condiciones fueron las apropiadas para que el conjunto residencial ser convirtiera en un caldo de cultivo para las redes del microtráfico. Tanto en Ciudadela Bolonia y en Compostela 3, el barrio de invasión contiguo, grupos organizados manejan los expendios de droga que funcionan en las casas y apartamentos.

El poder de los grupos ilegales es tanto que a la entrada de Compostela 3 hay una pancarta con la foto del difunto líder de la banda, Wilfredy Gómez, alias ‘El Paisa’, empuñando dos revólveres.

Foto: Tomás Mantilla.

Al otro lado de la montaña, la banda que controla Compostela 3 se ha tomado también el control del territorio, venden lotes sin títulos de propiedad a población desplazada y maneja el expendio con aún más tranquilidad según varios miembros de la comunidad y el funcionario que pidió la reserva de su nombre.

“De allá sale la droga. Lo cierto si es que está comprobado que ahí las gentes mantienen armadas, que cuando la Policía entra se da bala con ellos”, afirma Villabón. Cuando denunció esto, y que frente a su casa operaba una ‘olla’, lo amenazaron de muerte.

Al igual que el funcionario, desmovilizados afirman que parte de los miembros de las bandas de Compostela y Ciudadela son algunos excombatientes de las AUC y reintegrados en este barrio de Bogotá.

Un reinsertado de las AUC sostiene que en la unidad residencial Rincones de Bolonia, un exparamilitar “estaba tratando de ubicar a todos los que (operan) expendios de droga y empezarlos a caciquear para que le respondan a él. Están en el proceso de organizarse, hay fichas de arriba que también las mueven para que apoyen con logística y armamento. Están buscando alianzas para hacer el grupo fuerte”.

“Hay tres exparamilitares que manejan las cosas en el barrio y andan con mini uzi. Ellos tienen más poder que los de Bolonia”, señala un excombatiente de las Farc refiriéndose al grupo armado que opera en Compostela 3.

Ante el problema de este barrio, el alcalde local de Usme, Jorge Eliécer Peña, dijo que están “coordinando unas mesas de servicios para esta población porque debe ser reubicada de este sitio. Se han venido haciendo operativos arrojando capturas masivas. En eso está trabajando la administración”.

La situación es tan delicada que en marzo de este año varios líderes fueron amenazados y los habitantes del sector ya hablaban de una recomposición de las bandas de narcotráfico, como lo reportó Pacifista.

Pero los temores vienes desde antes. La Defensoría del Pueblo ha advertido desde 2013, a través de cuatro informes de riesgo y cinco notas de seguimiento del Sistema de Alertas Tempranas SAT, que los grupos surgidos de la desmovilización de las AUC están en las localidades de Usme, San Cristóbal, Rafael Uribe y Ciudad Bolívar.

“El grupo armado identificado como Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC o Clan del Golfo) ha ampliado el control territorial en la ciudad, particularmente en aquellas zonas de la periferia urbana donde controlan los circuitos asociados al tráfico de sustancias psicoactivas”, dice la nota de seguimiento 002 de abril de 2017. Agrega que ha localizado “el accionar de las autodenominadas Águilas Negras ‘Bloque Capital’ en las tres localidades y no se desestima que tengan acuerdos con las AGC”.

Por eso, el Ministerio Público advirtió que más de la mitad de la localidad de Usme es una zona de riesgo y menciona puntualmente a Bolonia y Compostela como dos de los barrios más afectados, según la nota de seguimiento de abril de este año.

El funcionario explica que los grupos descendientes de las AUC que operan en Ciudadela Bolonia perdieron su antigua estructura “Son tercereados por grupos más grandes que los utilizan no sólo para economías ilegales sino también para ejercer control territorial e impedir que otros se apropien del territorio”, sostiene.

Para la Defensoría del Pueblo la situación de riesgo en Bogotá es tan grave, que en julio de este año el defensor del pueblo, Carlos Negret, le escribió al ministro del Interior, Guillermo Rivera, informándole que planeaba convocar la Comisión Intersectorial de Alertas Tempranas. Además, le remitía el Informe de riesgo 030 de julio de 2017, que estima que 50.000 civiles están en situación de riesgo en la capital y agrega que “todo lo que ocurre en Bogotá tiene trascendencia nacional”.

La comisión finalmente sí se convocó pero no emitió ninguna alerta. Esta debe recomendar al ministro si emitir o no alertas tempranas y está conformada, entre otros, por el ministro del Interior, el comandante general de las Fuerzas Militares y el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, quien a comienzos de este año causó revuelo cuando afirmó que “en Colombia no hay paramilitarismo”.

Un funcionario estatal que pidió la reserva porque no está autorizado a hablar del tema señala que “el Ministerio del Interior no quiere que se emita una alerta temprana en Bogotá, si se emitiera les tocaría aceptar el lenguaje de la Defensoría, que en Bogotá sí hay grupos posdesmovilización de los paramilitares”.

El temor de la convivencia diaria

Una pareja sube con su hijo hacia la ciudadela Bolonia. Foto: Tomás Mantilla.

El lema con el que se promovió la construcción de la urbanización Rincones Bolonia, ‘Le da un nuevo nivel a tu vida’, parece que nunca se cumplió. Las discusiones entre vecinos surgen cuando alguien cocina con leña dentro de uno de los apartamentos, al no saber cómo encender la estufa, o cuando uno de los habitantes usa su apartamento para reciclar.

Además, entre víctimas y exmiembros de grupos armados, los habitantes prefieren no hablar de quiénes eran ni de dónde vienen. Ni siquiera los reintegrados se conocen entre sí, más allá de las caras familiares que recuerdan de sus épocas de guerra.

“Si dos personas aquí saben que fui ‘guerrillo’, es mucho”, cuenta un exinsurgente que teme que los exparamilitares rearmados lo asesinen por haber pertenecido a las Farc. Hay quienes opinan que está bien que sea así. Para ellos no tiene sentido decir quiénes son pues podrían llamar la atención de viejos enemigos o victimarios.

El muro de la sala de una víctima de desplazamiento que vive en los apartamentos de Rincones de Bolonia. Foto: Tomás Mantilla.

Otros prefieren utilizar su pasado para amedrentar a la gente. Miembros de la comunidad afirman que varias familias han dejado sus apartamentos tras tener discusiones con vecinos que responden “yo soy ‘paraco’”, “usted no sabe quién soy yo” o “yo mato y como del muerto”

Muchas veces, los problemas de convivencia se mezclan con la inseguridad que ha producido el microtráfico en la zona. Así le sucedió al primer administrador de uno de los edificios de Rincones de Bolonia y a dos mujeres miembros del consejo. Huyeron del barrio luego de que alguien les escribiera en las puertas de sus apartamentos ‘Muerte para los del consejo, ratas hijueputas’.

“Cuando pasó, una de ellas, me llamó preocupada. Le dejaron sangre regada frente a la puerta”, dice Yudirlandes Palechor, líder social del pueblo indígena Nasa y uno de los más de setenta indígenas que viven en la ciudadela.

Hace pocas semanas mataron a dos hombres que estaban consumiendo sustancias psicoactivas en una de las lomas de la parte trasera del conjunto. Sus familias y algunos de sus amigos se desplazaron después de los hechos.

La amenaza es tan latente que muchas veces la comunidad ni siquiera se atreve a hablar del tema, como sucedió en la última reunión entre habitantes de Ciudadela Bolonia, organismos distritales y el alcalde local. “¿Por qué cree que nadie mencionó el tema de las drogas? Porque estamos muertos del miedo con todo lo que ha pasado”, dice un líder comunitario.

‘Limpieza social’ a manos de particulares y exmilitares

Efrén Ramos, un exmilitar del Ejército Nacional cuenta que alrededor de seis militares retirados que también viven en el barrio han estado pensando en la posibilidad de crear un “comité de seguridad”.

Ellos viven en Mirador del Parque, una etapa de la ciudadela que el Ejército compró para darles vivienda a soldados heridos y retirados. Algunos de ellos fueron dados de baja de las Fuerzas Militares por problemas psicológicos.

“Dijeron que (había que) andar armados; que al que se encontrara ‘soplando’, darle piso”, cuenta Ramos. Su justificación era que no soportaban que se consumiera droga en los escasos espacios comunes del conjunto y que los expendedores se tomaran las escaleras de los edificios para vender la droga.

“En un momento, se hizo reunión con unos delegados de la Policía y ellos también decían lo mismo, ‘si ustedes quieren, háganlo. Si a nosotros nos llaman no nos aparecemos”, asegura Ramos. Incluso a él lo invitaron a hacer parte de este comité cuando era administrador de Mirador del Parque, pero se negó.

En cambio, les advirtió de la ‘limpieza’ a los jóvenes del barrio y a quienes iban a Bolonia a consumir droga. Como no volvieron a aparecer, el comité nunca se creó.


El árbol, que está frente a Rincones de Bolonia, más conocido como La Casa es uno de los “metederos” donde los jóvenes se reúnen a consumir. Foto: Tomás Mantilla.

Frente a esto el acalde local de Usme respondió que su despacho no ha recibido denuncias concretas frente al tema. Sin embargo, dijo que sí se han hecho comentarios al respecto. “La Alcaldía siempre auspicia el tratamiento del tema de la seguridad a través de la institucionalidad. Es evidente que la administración está actuando para solucionar primero los temas de convivencia y calidad de vida de esta población”, asegura Peña.

Los militares no han sido los únicos. “Si recoge 500 pesos por apartamento, le hacemos la limpieza del barrio”. Así le han dicho algunos grupos a Yasbleidi Molano, exadministradora de Rincones de Bolonia y esposa de Rodrigo. A otros líderes les dijeron que la cuota era de 200 pesos.

En medio de las ofertas, aparecieron también los panfletos amenazantes. Uno de ellos, firmado como Águilas Negras, dice “Ahora le toca el turno a los mal p… basuqueros y sidosas, vendedores de droga, ladrones, callejeros y apartamenteros, jaladores de carros, secuestradores y jóvenes consumidores… Ya los tenemos identificados”, (sic).

Es por eso que Villabón asegura que a pesar de que algunas instituciones están llegando a la zona, la situación “les cogió ventaja desde un principio”.

“Esto es una bomba de tiempo”, dice el exintegrante de las AUC. Lo repite varias veces con resignación y a la vez con la seguridad de alguien que sabe de lo que está hablando. Según él, las cosas empeorarán pronto porque han llegado más exparamilitares a Colores de Bolonia.

A veces considera unirse con los grupos que le han hecho ofertas. “Ya estoy aburrido, me quiero ir de acá”, dice y explica que desde que llegó a Bolonia ha tenido problemas para encontrar trabajo, no se acogió al programa Justicia y Paz como varios del barrio y ahora no tiene empleo ni con qué sostener a su familia. Para él, todo sería diferente en Ciudad Bolonia si el Estado le enseñara a la gente desplazada del campo a vivir en la ciudad.

Con tono frustrado, reitera que su barrio está a punto de estallar “pero es porque el Estado cree que con dar una casa es todo, y así no es. A la gente tampoco es que se les dé el pescado, pero hay que enseñarles a pescar”.

Además de ser un laboratorio vivo de cómo es la reinserción, la ciudadela es un ejemplo de las dificultades a las que se pueden enfrentar los desmovilizados de las Farc una vez se reintegren a la vida civil. Y es que, con el tiempo, este conjunto residencial se ha convertido en un reflejo de lo que vive el país. En los lugares donde hay vacíos de poder la recomposición de los grupos armados, el microtráfico y la ardua reconciliación entre víctimas, exparamilitares y exguerrilleros, son pan de cada día.

 

Investigación realizada bajo el proyecto “CdRLab Justicia Transicional” de la organización Consejo de Redacción, con el apoyo de la AGEH y la DW.

Martes, 12 Julio 2016

Formalizar todo el campo, un acuerdo con muchos pendientes

Por Miriam Forero

El director de la Agencia Nacional de Tierras, que ejecutará los acuerdos de La Habana con respecto al agro, anunció como una gran novedad la estrategia para formalizar la propiedad de las tierras de campesinos; sin embargo, el método lleva cuatro años de uso en el Ministerio de Agricultura y sólo ha mostrado una efectividad del 4,8%.


El 26 de mayo de 2013 el gobierno y las Farc anunciaron el primer acuerdo parcial al que llegaron, en el marco de los diálogos que adelantan en La Habana, en el que abordaron el primer punto de la agenda: el de una reforma rural integral. De lo acordado, lo que más llamó la atención fue la creación de un Fondo de Tierras que le asignará predios a los campesinos que no tienen donde trabajar; pero el documento incluye también un compromiso muy importante para el gobierno: “titular progresivamente la totalidad de los predios que ocupan o poseen los campesinos en Colombia”.

El problema es que ni siquiera hay claridad sobre la dimensión de la informalidad de la tierra en Colombia. El propio Ministerio de Agricultura, que lidera el actual Programa Nacional de Formalización de la Propiedad Rural Privada, reconoce que “no existe en el país una estadística oficial que permita establecer la magnitud de este fenómeno”.

El tamaño del problema

Las estimaciones que existen no son alentadoras, ni recientes. Un informe del Instituto Agustín Codazzi en 2005, calculó que el 28% de los 12 millones de predios inscritos en el catastro -tanto rurales, como urbanos- estaban ocupados sin que existiera un título de propiedad.

Pero si se hace un acercamiento para ver sólo el caso de los terrenos rurales, la situación es más preocupante. En 2010, el entonces ministro de Agricultura Juan Camilo Restrepo, lanzó el libro “Política Integral de Tierras: un viraje trascendental en la restitución y formalización de la propiedad agraria”, con los lineamientos que se convirtieron en el eje de su propuesta de reforma agraria. Según las cuentas de Restrepo, ese año el 40% de los predios rurales, aproximadamente 1,2 millones de los 3 millones de predios rurales que, según cifras del ministro Restrepo, existían en ese momento en Colombia, se encontraba en la informalidad.

La Oficina del Alto Comisionado para la Paz, que maneja los detalles de lo acordado en la mesa de conversaciones, indica que “el gobierno carece de información oportuna, confiable y suficiente [al respecto]. Los cálculos que se han hecho sugieren que la informalidad oscila entre el 20% y el 45% de los predios rurales, [pero] este es un rango muy grande”.

Para el Programa de Formalización de Propiedad Rural de Minagricultura, la cifra es un poco más alta. Según este proyecto, aproximadamente el 55% de los 3.691.205 predios rurales inscritos en el Catastro Nacional no tiene títulos registrados.

De esas propiedades en el campo, el Programa de Formalización se encarga de las que pertenecen a particulares y el Incoder, de las que son del Estado (tierras baldías). En este último caso, el grado de informalidad es alarmante; pues según dicha entidad, sólo el 12% de los predios rurales que ha asignado desde 2009 tiene las matrículas correspondientes. Es decir, el 88% de los beneficiarios de terrenos baldíos ha recibido su tierra pero no ha hecho la legalización en las oficinas de registro de instrumentos públicos.

Esto es problemático para el desarrollo y estabilidad rural, pues cuando un campesino no cuenta con los títulos de propiedad de la tierra que posee u ocupa, queda por fuera de múltiples programas sociales del Estado, del acceso a créditos agropecuarios, de los sistemas de tecnificación y, en general, de los recursos asignados para el campo. Además, la informalidad hace que la planeación agraria del país y el mercado de tierras no se puedan basar en datos reales de propiedad, amén de los problemas que surgen por disputas entre dueños legales e invasores.

Facilitar los procesos de formalización ayudaría, además, a combatir la concentración de la tierra. Según el último censo agropecuario, que el Dane dio a conocer el año pasado, luego de 45 años sin que se diagnosticara el sector, indica que el 76% del área rural del país está concentrada en una mínima cantidad de productores agrícolas (sólo el 0,4%), con predios superiores a 500 hectáreas; mientras que un pequeño 2% del área rural está fraccionado en múltiples unidades productoras de menos de 5 hectáreas.

Los retos

1. Un Catastro Nacional inconsistente

Pero el vacío que buscan llenar el gobierno y las Farc con este acuerdo tiene una raíz más profunda: la falta de un inventario completo de tierras. Según el Atlas de Tierra Rural que elaboraron en 2012 el IGAC y la Universidad de los Andes, a esa fecha la mitad de los predios rurales estaba desactualizada en el Catastro Nacional.

Por eso, la abogada y consultora independiente Yamile Salinas celebró, en conversación con Colombiacheck, el hecho de que el primer acuerdo de La Habana tenga como gran apuesta la elaboración de un catastro multipropósito que permita saber cuáles tierras son privadas, cuáles públicas y en qué situación están.

Salinas recomienda, además, que en ese rastreo se haga un cruce de terrenos baldíos con territorios de propiedad colectiva ancestral, resguardos indígenas, zonas de reserva forestal, etc.; pues en procesos previos de formalización o de adjudicaciones de baldíos, la ausencia de un catastro completo y actualizado ha llevado a que se deban revocar muchos títulos porque se traslapan terrenos que no deben ser entregados.

Para tener una idea de las dimensiones de esta primera labor, que es absolutamente necesaria si se quiere hacer realidad tanto el tema de formalización, como el Fondo de Tierras, basta ver el caso de los baldíos. En 2014, la Corte Constitucional le ordenó al Incoder adoptar un plan para clasificar todos los bienes baldíos de la nación y según Anamaría Escobar, gerente de esa entidad, el plan ya fue diseñado y están en manos de la Contraloría, la Procuraduría, la Corte y la Presidencia para su revisión.

Una vez tenga la aprobación de las entidades de control, el siguiente paso será empezar a ejecutarlo para, finalmente, saber cuáles son los predios baldíos que podrán ser adjudicados a víctimas, campesinos o ser destinados a la creación de Zonas de Interés de Desarrollo Rural Económico y Social - Zidres. Si ese es el proceso para inventariar sólo los predios baldíos, ¿cuánto tardará actualizar la totalidad del Catastro Nacional para poder empezar a implementar los acuerdos del punto agrario?

2. Un proceso que hasta ahora no ha sido efectivo

El mencionado informe de 2005 del Igac explica por qué es tan difícil lograr una claridad total sobre los títulos de bienes inmuebles: no hay una descripción legal única de cada propiedad. Por un lado, en las notarías –donde se hace el registro– se identifican los predios según sus linderos históricos; pero en el IGAC –encargado del Catastro– se identifican por sus linderos físicos. Esta dualidad lleva a casos en los que varios lotes tienen diferentes números prediales asignados en una visita catastral, pero están registrados ante la Oficina de Registro Público con una misma matrícula, o viceversa.

Al respecto, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz aclara que el método que va a utilizar la recién creada Agencia Nacional de Tierras –ANT– será el de barrido predial, que permite la simultaneidad. Es decir, un equipo de expertos va a visitar todos los predios del país para levantar información física, económica y jurídica de cada predio y, al mismo tiempo, irá formalizando los títulos y resolviendo los conflictos que haya. De este modo, esperan reducir tiempos, costos, trámites e informaciones ambiguas.

“Con actas de colindancia podrían resolverse muchos casos que hoy tienen que tramitarse en procesos administrativos y judiciales muy engorrosos. El acuerdo propone emplear mecanismos alternativos de solución de conflictos para resolver la mayor cantidad de casos posibles localmente y llevar a instancias administrativas y judiciales los casos difíciles o que tengan oposición”, explicaron a Colombiacheck asesores del Alto Comisionado en temas del agro.

Según contó El Espectador, el director de la ANT, Miguel Samper Strouss, anunció la estrategia como una gran novedad que se empezará a aplicar con doce pruebas piloto a partir de agosto de 2016. Sin embargo, ese mismo método de barrido predial es el que ha venido usando desde 2012 el Programa de Formalización de Propiedad Rural del Ministerio de Agricultura, en el que los resultados en cuanto a títulos de propiedad son muy escasos. Las únicas diferencias son la prioridad que, según Samper Strouss, se le dará a las mujeres solicitantes y parejas del mismo sexo, además de un acuerdo con la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) para favorecer a las familias que sustituyan cultivos ilícitos. Pero en esencia, la metodología es la misma.

El problema es que, según datos del Ministerio con corte a marzo de 2016, que Colombiacheck depuró y analizó, su programa ha recibido más de 54 mil solicitudes de legalización de tierras, pero sólo ha entregado 2.618 títulos en Antioquia, Boyacá, Caldas, Cauca, Cundinamarca, Huila, Nariño, Risaralda y Valle del Cauca, lo que representa el 4,8% de efectividad

De los 88 municipios que han sido declarados Zona de Formalización Masiva (ZFM), 65 han tenido visitas de campo por parte de los expertos del Ministerio, pero sólo en 28 se han logrado casos efectivos de titulación de predios, sea por el registro de escrituras públicas o a través de procesos judiciales que resuelven jueces locales. Además, existen cinco municipios en los que no se han hecho gestiones aún. Estas son las cifras del programa:

 


El proceso de formalización masiva por barrido predial comprende doce pasos, que incluyen alianzas con las autoridades de los municipios seleccionados. Después, se instala una oficina local que suele durar 18 meses operando en cada municipio. En jornadas comunitarias, los habitantes hacen las solicitudes de las tierras que necesitan legalizar, luego los expertos se dedican a analizar cada caso, hacen visitas y elaboran informes técnicos y jurídicos. Esos documentos son los que se llevan ante jueces o entidades administrativas para que resuelvan cada situación. El grupo de formalización debe acompañar a los ciudadanos hasta el momento en que finalmente logran registrar sus predios ante notarías u oficinas de instrumentos públicos.

Las dificultades que se presentan en todo el proceso y que suelen alargarlo tienen que ver, según Ana Mónica Vargas, quien hasta marzo dirigió el programa en el Ministerio de Agricultura, con aspectos de toda índole. Financieras, pues considera que los recursos destinados a esa labor son escasos; sociales, porque en ocasiones se hace difícil convencer a los campesinos de la importancia de legalizar la propiedad de terrenos que han tenido invadidos por 30 o hasta 40 años; externas, como el paro de la rama judicial o la desactualización del catastro; y judiciales, pues en muchos casos se presentan demandas porque los predios a formalizar se cruzan con zonas de reserva, de alto riesgo o con otras vocaciones para la tierra definidas en los Planes de Ordenamiento Territorial del municipio.

3. Los fantasmas: Corrupción y desconfianza institucional

Son varias las razones por las que muchos campesino hoy en día no tienen legalizada la propiedad sobre la tierra que ocupan. Algunos llevan años trabajando tierras que son de la nación o que heredaron de sus padres, pero no han tramitado documentos formales en ninguno de los dos casos.

Otros tienen papeles –como una escritura pública, una sentencia de un juez o una adjudicación del Incora o el Incoder– pero no los han registrado en una notaría u oficina de registro; y otros se encuentran inmersos en la llamada “falsa tradición”, es decir, les vendieron o transfirieron tierras que en realidad no pertenecían al vendedor por no tener títulos en regla o porque eran terrenos ajenos.

Por la diversidad de situaciones que se presentan, varias entidades deben intervenir en un proceso masivo de formalización de tierras: el Incoder (baldíos), la Unidad de Restitución de Tierras Despojadas (casos de víctimas), la Superintendencia de Notariado y Registro, la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi –Igac– (catastro), el Ministerio de Agricultura y las autoridades territoriales.

A esto se suma la nueva ANT, que tendrá un consejo directivo conformado por los ministros de Agricultura, Interior, Justicia y Ambiente, un delegado de Presidencia, el director de Planeación Nacional, el director del Igac, un delegado de las comunidades indígenas, uno de las comunidades negras, uno de las campesinas y otro de los gremios agropecuarios, según contó El Espectador.

Esa articulación necesaria entre múltiples entidades, que históricamente ha demostrado ser uno de los causantes de la informalidad, el difícil acceso y los conflictos por la posesión de la tierra, es un reto clave que deberá asumir la ANT.

Precisamente, la debilidad institucional ha permitido que en el pasado la corrupción le arrebate a los campesinos el derecho que tienen a gozar de tierras aptas para el ganado o la agricultura, y lo ha depositado en manos de políticos, empresarios, grupos armados o personas que no cumplen con los requisitos para acceder gratuitamente a la tierra.

Así sucedió durante años con la asignación de baldíos. Una investigación de la revista Semana reveló, en 2012, que una tercera parte de los 2,5 millones de hectáreas de tierras públicas asignadas por el Estado en una década, fue adjudicada de manera irregular a personas adineradas, empresarios, políticos o profesionales, y no a campesinos sin otro medio de subsistencia, como indica la ley. “Las irregularidades no se habrían presentado sin la complicidad de empleados de las oficinas de Registro y del Incoder”, indica el informe.

Esa misma complicidad de funcionarios estatales denunció la Superintendencia de Notariado y Registro en 2013, al estudiar los archivos de 20 años de asignación de baldíos. La entidad encontró 65 mecanismos de trampas jurídicas, acoso, falsedad y suplantación con las que un millón de baldíos han sido robados.

“¿Qué confianza podemos tener?”, pregunta Jorge Orlando Rondón, director de la Unidad Nacional Agropecuaria, Pesquera y Minera –UNA–, quien recuerda, además, los múltiples incumplimientos que ha denunciado su sector, luego de que los gobiernos olviden las promesas que hacen tras un paro agrario.

Rondón se pregunta cómo el gobierno podrá evitar nuevos desfalcos y cómo costeará un propósito tan ambicioso como el formalizar la totalidad de la tierra rural, teniendo en cuenta que el Ministerio de Agricultura está sufriendo reducciones de presupuesto como muchas otras entidades del Ejecutivo por cuenta del déficit financiero que afronta el país.

De esa misma confianza habla Salinas cuando recuerda que en la antigua Dirección Nacional de Estupefacientes y en la Sociedad de Activos Especiales, ambas encargadas de manejar bienes incautados al narcotráfico, el desorden y la pérdida de información han dificultado el esclarecimiento de la verdad en investigaciones judiciales y han causado millonarias pérdidas de dinero público. Por eso solicita a la Procuraduría embargar a entidades como el Incoder antes de cerrarlas, para evitar la pérdida de expedientes valiosos.

La gran pregunta es, entonces, ¿cómo podrá la ANT hacer que se vuelva eficaz un proceso de formalización de tierras rurales que ya el Ministerio de Agricultura ha probado durante cuatro años sin mayores resultados, cómo enfrentará los riesgos de corrupción y cómo logrará articular las múltiples entidades involucradas para que Colombia tenga, por fin, un inventario de tierras completo y actualizado, que permita dar verdadero acceso y desarrollo del campo a quienes lo necesitan?