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Sábado, 28 Octubre 2017

Ciudadela Bolonia: un experimento de reintegración en Bogotá azotado por la violencia

Por Tomás Mantilla

Víctimas, antiguos miembros de las guerrillas, los paramilitares y el Ejército habitan un aislado conjunto residencial de Usme, en medio del microtráfico, los grupos armados y una convivencia cada vez más álgida.

Cuando Rodrigo Villabón, representante de la Mesa de Víctimas de Usme, discutía con varios vecinos del conjunto residencial Ciudadela Bolonia algunas estrategias para frenar el microtráfico, un hombre con gorra y saco de capucha salió de los edificios que los rodeaban y caminó justo a su lado. Cuando se alejó, Rodrigo dijo en voz baja: “Él… es uno de los que me amenazó”.

Al igual que Rodrigo, su esposa y otros líderes de la comunidad han recibido amenazas por denunciar las estructuras de microtráfico que operan en Ciudadela Bolonia, un proyecto de vivienda de interés social en Usme, al suroriente de Bogotá. Allí, la violencia ha surgido en medio de la convivencia de excombatientes de grupos armados, víctimas, personas reubicadas que habitaban en zonas de alto riesgo y militares retirados y heridos en combate.

A pesar de que se respiraba tensión, el grupo de vecinos siguió hablando frente a los cientos de ventanas de las torres de apartamentos. Como muchos, ya se han acostumbrado al desasosiego que se vive día a día en el conjunto.

“El microtráfico y el Estado que no llega son nuestros problemas, nos dejaron a la buena de Dios”, asegura una de las personas que hablaba con Rodrigo y que pide que no publiquen su nombre. En Ciudad Bolonia no hay puestos de salud ni escuelas y las viviendas han tenido problemas desde que fueron entregadas, como reportó la revista Semana el 7 de mayo de 2015 y el 13 de mayo del mismo año.

Esto a pesar de que en la ciudadela hay 3.600 apartamentos. Para ello, la zona rural de los cultivos de arveja, moras y papa fue reemplazada por cemento y torres de vivienda multifamiliar que siguen apareciendo por doquier, en gran parte debido a la llegada de miles de desplazados a la localidad, 12.112 para 2013 según la Unidad para las Víctimas. Ellos viven con varios de los 260 desmovilizados de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Farc; las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC; y del Ejército de Liberación Nacional, ELN que han llegado en los últimos años a Usme como parte del programa de reinserción que implementa la Agencia Nacional de Reincorporación, ARN, según las cifras de Catalina Arciniegas, coordinadora en Bogotá de dicha institución.

La convivencia entre víctimas y excombatientes que pasaron por el proceso de Justicia y Paz hace de Ciudadela Bolonia un laboratorio en tiempo real de cómo es la reinserción. Sin embargo, no todos creen que este laboratorio sea totalmente exitoso. Un funcionario que trabaja en la zona y que pidió la reserva de su nombre, asegura que algunos de los reinsertados volvieron a tomar las armas para unirse a grupos de microtráfico y explica que se debió a la falta de acompañamiento.

“No los capacitaron para trabajar, simplemente ellos iban mensualmente a una visita con un psicólogo, tenían que estudiar en un colegio o en una fundación y eso les generaba una entrada económica. Tenían una cantidad de tiempo en el que no eran productivos y no tenían nada qué hacer, entonces empezaron a configurar esas mismas dinámicas del territorio de conflicto en Bolonia”, afirma.

A la falta de institucionalidad, se sumó el aislamiento de la ciudadela. Para llegar al conjunto residencial, que está en la cima del cerro Juan Rey, hay que tomar la vía al páramo por donde a duras penas logran subir los destartalados Chevettes ochenteros que prestan el servicio de transporte desde el Usme urbano hasta los apartamentos.

En las mañanas, decenas de estudiantes bajan la loma del cerro Juan Rey para ir a los colegios de la zona urbana de Usme. Foto: Tomás Mantilla.

Así las condiciones fueron las apropiadas para que el conjunto residencial ser convirtiera en un caldo de cultivo para las redes del microtráfico. Tanto en Ciudadela Bolonia y en Compostela 3, el barrio de invasión contiguo, grupos organizados manejan los expendios de droga que funcionan en las casas y apartamentos.

El poder de los grupos ilegales es tanto que a la entrada de Compostela 3 hay una pancarta con la foto del difunto líder de la banda, Wilfredy Gómez, alias ‘El Paisa’, empuñando dos revólveres.

Foto: Tomás Mantilla.

Al otro lado de la montaña, la banda que controla Compostela 3 se ha tomado también el control del territorio, venden lotes sin títulos de propiedad a población desplazada y maneja el expendio con aún más tranquilidad según varios miembros de la comunidad y el funcionario que pidió la reserva de su nombre.

“De allá sale la droga. Lo cierto si es que está comprobado que ahí las gentes mantienen armadas, que cuando la Policía entra se da bala con ellos”, afirma Villabón. Cuando denunció esto, y que frente a su casa operaba una ‘olla’, lo amenazaron de muerte.

Al igual que el funcionario, desmovilizados afirman que parte de los miembros de las bandas de Compostela y Ciudadela son algunos excombatientes de las AUC y reintegrados en este barrio de Bogotá.

Un reinsertado de las AUC sostiene que en la unidad residencial Rincones de Bolonia, un exparamilitar “estaba tratando de ubicar a todos los que (operan) expendios de droga y empezarlos a caciquear para que le respondan a él. Están en el proceso de organizarse, hay fichas de arriba que también las mueven para que apoyen con logística y armamento. Están buscando alianzas para hacer el grupo fuerte”.

“Hay tres exparamilitares que manejan las cosas en el barrio y andan con mini uzi. Ellos tienen más poder que los de Bolonia”, señala un excombatiente de las Farc refiriéndose al grupo armado que opera en Compostela 3.

Ante el problema de este barrio, el alcalde local de Usme, Jorge Eliécer Peña, dijo que están “coordinando unas mesas de servicios para esta población porque debe ser reubicada de este sitio. Se han venido haciendo operativos arrojando capturas masivas. En eso está trabajando la administración”.

La situación es tan delicada que en marzo de este año varios líderes fueron amenazados y los habitantes del sector ya hablaban de una recomposición de las bandas de narcotráfico, como lo reportó Pacifista.

Pero los temores vienes desde antes. La Defensoría del Pueblo ha advertido desde 2013, a través de cuatro informes de riesgo y cinco notas de seguimiento del Sistema de Alertas Tempranas SAT, que los grupos surgidos de la desmovilización de las AUC están en las localidades de Usme, San Cristóbal, Rafael Uribe y Ciudad Bolívar.

“El grupo armado identificado como Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC o Clan del Golfo) ha ampliado el control territorial en la ciudad, particularmente en aquellas zonas de la periferia urbana donde controlan los circuitos asociados al tráfico de sustancias psicoactivas”, dice la nota de seguimiento 002 de abril de 2017. Agrega que ha localizado “el accionar de las autodenominadas Águilas Negras ‘Bloque Capital’ en las tres localidades y no se desestima que tengan acuerdos con las AGC”.

Por eso, el Ministerio Público advirtió que más de la mitad de la localidad de Usme es una zona de riesgo y menciona puntualmente a Bolonia y Compostela como dos de los barrios más afectados, según la nota de seguimiento de abril de este año.

El funcionario explica que los grupos descendientes de las AUC que operan en Ciudadela Bolonia perdieron su antigua estructura “Son tercereados por grupos más grandes que los utilizan no sólo para economías ilegales sino también para ejercer control territorial e impedir que otros se apropien del territorio”, sostiene.

Para la Defensoría del Pueblo la situación de riesgo en Bogotá es tan grave, que en julio de este año el defensor del pueblo, Carlos Negret, le escribió al ministro del Interior, Guillermo Rivera, informándole que planeaba convocar la Comisión Intersectorial de Alertas Tempranas. Además, le remitía el Informe de riesgo 030 de julio de 2017, que estima que 50.000 civiles están en situación de riesgo en la capital y agrega que “todo lo que ocurre en Bogotá tiene trascendencia nacional”.

La comisión finalmente sí se convocó pero no emitió ninguna alerta. Esta debe recomendar al ministro si emitir o no alertas tempranas y está conformada, entre otros, por el ministro del Interior, el comandante general de las Fuerzas Militares y el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, quien a comienzos de este año causó revuelo cuando afirmó que “en Colombia no hay paramilitarismo”.

Un funcionario estatal que pidió la reserva porque no está autorizado a hablar del tema señala que “el Ministerio del Interior no quiere que se emita una alerta temprana en Bogotá, si se emitiera les tocaría aceptar el lenguaje de la Defensoría, que en Bogotá sí hay grupos posdesmovilización de los paramilitares”.

El temor de la convivencia diaria

Una pareja sube con su hijo hacia la ciudadela Bolonia. Foto: Tomás Mantilla.

El lema con el que se promovió la construcción de la urbanización Rincones Bolonia, ‘Le da un nuevo nivel a tu vida’, parece que nunca se cumplió. Las discusiones entre vecinos surgen cuando alguien cocina con leña dentro de uno de los apartamentos, al no saber cómo encender la estufa, o cuando uno de los habitantes usa su apartamento para reciclar.

Además, entre víctimas y exmiembros de grupos armados, los habitantes prefieren no hablar de quiénes eran ni de dónde vienen. Ni siquiera los reintegrados se conocen entre sí, más allá de las caras familiares que recuerdan de sus épocas de guerra.

“Si dos personas aquí saben que fui ‘guerrillo’, es mucho”, cuenta un exinsurgente que teme que los exparamilitares rearmados lo asesinen por haber pertenecido a las Farc. Hay quienes opinan que está bien que sea así. Para ellos no tiene sentido decir quiénes son pues podrían llamar la atención de viejos enemigos o victimarios.

El muro de la sala de una víctima de desplazamiento que vive en los apartamentos de Rincones de Bolonia. Foto: Tomás Mantilla.

Otros prefieren utilizar su pasado para amedrentar a la gente. Miembros de la comunidad afirman que varias familias han dejado sus apartamentos tras tener discusiones con vecinos que responden “yo soy ‘paraco’”, “usted no sabe quién soy yo” o “yo mato y como del muerto”

Muchas veces, los problemas de convivencia se mezclan con la inseguridad que ha producido el microtráfico en la zona. Así le sucedió al primer administrador de uno de los edificios de Rincones de Bolonia y a dos mujeres miembros del consejo. Huyeron del barrio luego de que alguien les escribiera en las puertas de sus apartamentos ‘Muerte para los del consejo, ratas hijueputas’.

“Cuando pasó, una de ellas, me llamó preocupada. Le dejaron sangre regada frente a la puerta”, dice Yudirlandes Palechor, líder social del pueblo indígena Nasa y uno de los más de setenta indígenas que viven en la ciudadela.

Hace pocas semanas mataron a dos hombres que estaban consumiendo sustancias psicoactivas en una de las lomas de la parte trasera del conjunto. Sus familias y algunos de sus amigos se desplazaron después de los hechos.

La amenaza es tan latente que muchas veces la comunidad ni siquiera se atreve a hablar del tema, como sucedió en la última reunión entre habitantes de Ciudadela Bolonia, organismos distritales y el alcalde local. “¿Por qué cree que nadie mencionó el tema de las drogas? Porque estamos muertos del miedo con todo lo que ha pasado”, dice un líder comunitario.

‘Limpieza social’ a manos de particulares y exmilitares

Efrén Ramos, un exmilitar del Ejército Nacional cuenta que alrededor de seis militares retirados que también viven en el barrio han estado pensando en la posibilidad de crear un “comité de seguridad”.

Ellos viven en Mirador del Parque, una etapa de la ciudadela que el Ejército compró para darles vivienda a soldados heridos y retirados. Algunos de ellos fueron dados de baja de las Fuerzas Militares por problemas psicológicos.

“Dijeron que (había que) andar armados; que al que se encontrara ‘soplando’, darle piso”, cuenta Ramos. Su justificación era que no soportaban que se consumiera droga en los escasos espacios comunes del conjunto y que los expendedores se tomaran las escaleras de los edificios para vender la droga.

“En un momento, se hizo reunión con unos delegados de la Policía y ellos también decían lo mismo, ‘si ustedes quieren, háganlo. Si a nosotros nos llaman no nos aparecemos”, asegura Ramos. Incluso a él lo invitaron a hacer parte de este comité cuando era administrador de Mirador del Parque, pero se negó.

En cambio, les advirtió de la ‘limpieza’ a los jóvenes del barrio y a quienes iban a Bolonia a consumir droga. Como no volvieron a aparecer, el comité nunca se creó.


El árbol, que está frente a Rincones de Bolonia, más conocido como La Casa es uno de los “metederos” donde los jóvenes se reúnen a consumir. Foto: Tomás Mantilla.

Frente a esto el acalde local de Usme respondió que su despacho no ha recibido denuncias concretas frente al tema. Sin embargo, dijo que sí se han hecho comentarios al respecto. “La Alcaldía siempre auspicia el tratamiento del tema de la seguridad a través de la institucionalidad. Es evidente que la administración está actuando para solucionar primero los temas de convivencia y calidad de vida de esta población”, asegura Peña.

Los militares no han sido los únicos. “Si recoge 500 pesos por apartamento, le hacemos la limpieza del barrio”. Así le han dicho algunos grupos a Yasbleidi Molano, exadministradora de Rincones de Bolonia y esposa de Rodrigo. A otros líderes les dijeron que la cuota era de 200 pesos.

En medio de las ofertas, aparecieron también los panfletos amenazantes. Uno de ellos, firmado como Águilas Negras, dice “Ahora le toca el turno a los mal p… basuqueros y sidosas, vendedores de droga, ladrones, callejeros y apartamenteros, jaladores de carros, secuestradores y jóvenes consumidores… Ya los tenemos identificados”, (sic).

Es por eso que Villabón asegura que a pesar de que algunas instituciones están llegando a la zona, la situación “les cogió ventaja desde un principio”.

“Esto es una bomba de tiempo”, dice el exintegrante de las AUC. Lo repite varias veces con resignación y a la vez con la seguridad de alguien que sabe de lo que está hablando. Según él, las cosas empeorarán pronto porque han llegado más exparamilitares a Colores de Bolonia.

A veces considera unirse con los grupos que le han hecho ofertas. “Ya estoy aburrido, me quiero ir de acá”, dice y explica que desde que llegó a Bolonia ha tenido problemas para encontrar trabajo, no se acogió al programa Justicia y Paz como varios del barrio y ahora no tiene empleo ni con qué sostener a su familia. Para él, todo sería diferente en Ciudad Bolonia si el Estado le enseñara a la gente desplazada del campo a vivir en la ciudad.

Con tono frustrado, reitera que su barrio está a punto de estallar “pero es porque el Estado cree que con dar una casa es todo, y así no es. A la gente tampoco es que se les dé el pescado, pero hay que enseñarles a pescar”.

Además de ser un laboratorio vivo de cómo es la reinserción, la ciudadela es un ejemplo de las dificultades a las que se pueden enfrentar los desmovilizados de las Farc una vez se reintegren a la vida civil. Y es que, con el tiempo, este conjunto residencial se ha convertido en un reflejo de lo que vive el país. En los lugares donde hay vacíos de poder la recomposición de los grupos armados, el microtráfico y la ardua reconciliación entre víctimas, exparamilitares y exguerrilleros, son pan de cada día.

 

Investigación realizada bajo el proyecto “CdRLab Justicia Transicional” de la organización Consejo de Redacción, con el apoyo de la AGEH

Miércoles, 03 Agosto 2016

La guerra que no vimos desde las ciudades

Por Sania Salazar

Los colombianos que viven en grandes urbes tienden a pensar que el conflicto no es con ellos. Nada más alejado de la realidad. Los centros altamente poblados son los mayores receptores de desplazados y meca del reclutamiento.

Fennys Tovar y Hugo* tienen dos cosas en común. La guerra y Bogotá. Ella, desplazada, llegó al centro del país huyendo. Él, exguerrillero, reclutado a los 15 años en el colegio donde estudiaba en la capital.

En Colombia el conflicto también se vive en las ciudades. Reciben desplazados y aportan combatientes, entre otras cosas. El 40% de las personas tratadas por la Agencia Colombiana para la Reintegración, ACR, han sido reclutados en centros urbanos. Bogotá es la ciudad que históricamente ha recibido más desplazados, según la Unidad para la Atención y Reparación de Víctimas.

Fennys y Hugo le contaron sus historias a Colombiacheck en el Centro histórico de Bogotá, la ciudad a donde más personas han llegado a declararse como desplazados (557.185), según las cifras totales de la Unidad para la Atención y Reparación de Víctimas.

De los ocho millones de víctimas que hay en el país según el Registro Único de Víctimas (RUV), 6.849.277 son desplazados. Antioquia es el primer departamento receptor de esta población con 1.282.457 declarantes. La Unidad hace esta medición por departamentos, pero las cifras de Bogotá están aparte por la magnitud de la ciudad.

“No juzgo. Bogotá es una ciudad muy grande y aquí aplica la ley de sálvese quien pueda. Desafortunadamente hay mucho ladrón y no pueden confiar ni en mí ni en usted y mucho menos si decimos que somos víctimas, no nos van a ayudar. Si usted llega de otra forma lo van a auxiliar, porque a la mayoría de ellos no les ha tocado la guerra, no tienen ni idea qué es eso, entonces piensan que si usted es víctima es por algo, debe ser que usted es mala gente, que robó, que es un pícaro, nadie va a tomar buen concepto de eso”, asegura Fennys mientras toma tinto en el Café Pasaje, de los más tradicionales de Bogotá, rodeada de abogados, oficinistas y universitarios.

Su opinión es demasiado benévola si tenemos en cuenta que la primera vez que Fennys llegó a Bogotá buscó trabajo durante cuatro meses. “No pudimos con Bogotá. No surgimos. Nos pedían recomendaciones para darnos trabajo y ¿quién nos iba a recomendar?”, recuerda.

Alejandra Cardona, Directora de pedagogía del Museo Casa de la Memoria, en Medellín, ha trabajado quince años con población desplazada y conoce la incertidumbre y el choque emocional, ese pantano en que se estancan las familias que llegan a la ciudad sin entender, completamente, por qué deben dejar su hogar.

La misma situación por la que pasó Fennys y que, en un primer momento, la dejó aturdida, como perdida, sin reacción.

También sabe las dificultades a las que se enfrentan para sostenerse, pues no están capacitados para las labores propias de la ciudad. “Ellos manifiestan lo duro que es tener que ir a comprar un huevo cuando en la finca tenían las gallinas que se los daban. Eso los golpea fuertemente porque no está acorde con sus costumbres”, cuenta Cardona.

Combatientes de las ciudades

La conversación con Hugo, quien fue guerrillero durante nueve años, terminó en la carrera 9 con calle 13, pleno centro de Bogotá, mientras cientos de funcionarios regresaban a sus oficinas luego de almorzar.

“La guerra no solamente son los combates, en la ciudad hay otro tipo de guerra. Después de hechos como los del Club El Nogal se entendió que hacer eso en las ciudades tiene un costo político muy alto. Pero la guerra sí tiene tentáculos políticos, económicos que de una u otra manera te van tocando”, asegura.

Después de reclutar jóvenes durante siete años, primero en su colegio y luego en dos universidades públicas de la capital, Hugo pasó dos años en las selvas de Colombia. Durante su militancia asegura haber conocido por lo menos a seis muchachos que dejaron Bogotá para ingresar a las filas de la guerrilla.

“El 40% de las 49.000 personas que entraron al proceso de reintegración, provenientes de las guerrillas y los paramilitares, aseguran que los reclutaron en zonas urbanas, lo que sucede en las ciudades en general, todas ponen su cuota de reclutamiento”, explica Joshua Mitrotti, Director General de la Agencia Colombiana para la Reintegración, ACR.

“Mi mamá se preocupaba por tantas madres con los hijos muertos, pero no entendió realmente lo que pasaba hasta que no se preguntó cuándo le entregarían a su hijo muerto, si era que le entregaban mi cadáver. A raíz de ese sentimiento empezó a entender las razones del conflicto y ya no lo veía lejos, en una montaña”, cuenta Hugo.

“En las ciudades son víctimas y no se dan cuenta”

Fennys anda por las calles de Bogotá sosteniendo un sobre de manila con el que protege el libro que escribió apretado entre sus brazos y su pecho. Se ríe, muestra en su teléfono inteligente fotos de las conferencias que ofrece. No se queja. No llora. Ya no se siente víctima, decidió quitarse eso de la cabeza.

En el año 2000, acosada por la falta de trabajo y con dos hijas menores de cinco años a las que debía sostener sola, aceptó ilusionada la propuesta de ir a cocinar para una de las principales distribuidoras de combustibles en el país. De Villavicencio, donde vivía, la llevaron a zona rural de Puerto López, también en el departamento del Meta.

Dos semanas después se enteró de que estaba en un campamento paramilitar. “Sentí que se me abría la tierra y que me hundía de a poquitos. Me temblaban las piernas, las manos y los labios”, rememora.

De allí escapó ocho meses después, pero no da muchos detalles porque quiere escribir otro libro donde cuente esa amarga aventura. Llegó a Bogotá con sus hijas y otros familiares. No la maltrataron físicamente, pero dice que psicológicamente la dejaron vuelta nada.

“El desplazado llega generalmente hasta la periferia del municipio o de la ciudad, es decir, a las zonas marginales, lo cual los pone en competencia de recursos, de trabajo, de bienes, con los otros desposeídos de la ciudad. Ante los ojos de los habitantes de las zonas centrales de la ciudad, de los más ‘acomodados’, el desplazado es equiparado con el incómodo indigente, con el desempleado o con el empleado informal callejero, quienes exponen también una realidad que no quiere ser vista”, esa descripción del Informe Nacional de Desplazamiento Forzado en Colombia “Una Nación desplazada”, del Centro de Memoria Histórica, refleja fielmente lo que vivió Fennys.

A veces el sufrimiento regresa. Fennys cuenta que un familiar, quien había caído con ella en la falsa oferta laboral, llegó un día alterado a la casa y le dijo que había visto a gente del campamento en el que estuvieron. Les ordenó empacar mientras conseguía un camión.

Desplazarse es desarmar la vida en un instante para volverla a armar sin muchas ganas en otra parte.

Después de recorrer varias zonas del país Fennys regresó a Bogotá. Reconoce que fue una locura, pero lo hizo para cumplir con el sueño de ser escritora. Lleva dos años en la capital y asegura que le ha ido mucho mejor porque ya no carga con el temor con el que venía la primera vez y porque ahora tenía un plan de vida, un objetivo que lograr y la ayuda económica de una de sus hijas.

Esta vez llegó a la Unidad de Víctimas con su libro Las tres orillas, en el que cuenta la historia de una mujer paramilitar que conoció en el campamento en donde estuvo. Para publicar el libro tuvo que tocar muchas puertas, pero ahora lo que le interesa es ayuda para difundirlo. “Me pareció importantísimo escribir sobre esa clase de personas que también son víctimas porque por ellos nadie habla, ¿quién va a contar sus historias?”, comenta refiriéndose a quienes, como ella, son reclutados con engaños o a la fuerza por los grupos armados.

Dice que no busca que le den dinero. Ha sido vendedora ambulante y ahora se defiende con trabajos esporádicos y vendiendo joyas, además una hija le ayuda económicamente.

Sabe que para las víctimas las ciudades son una tabla de salvación, pero que cuando no hay oportunidades de trabajar, la opción es pedir y en algunos casos, robar. “La gente en las ciudades también es víctima y no se da cuenta porque a la hora de pagar impuestos costean una guerra que tampoco les compete. Somos víctimas directas e indirectas”, reflexiona.

Reclutar, reclutar y reclutar

Un profesor del colegio fue la conexión de Hugo con las Farc. “Los encargados de esa tarea no desperdician oportunidades, ven en familiares, amigos o compañeros de estudio un posible nuevo miembro de la organización”, cuenta y agrega que “en las ciudades hay mucho miliciano que recluta. Incluso en universidades como la Javeriana y los Andes”.

Hugo empezó en la parte política y ahora sabe que no fue casualidad el momento en el que le propusieron dejar Bogotá para irse a la selva. Su mamá no tenía trabajo, él no tenía recursos para seguir pagando la matrícula de la universidad y, por su edad, era una época de rebeldía, de inconformismo.

Mitrotti y Hugo coinciden en que los reclutados son, por lo general, menores de 18 años. “Máximo de 20”, dice el excombatiente. El director de la ACR indica que suelen aprovecharse de jóvenes que viven en entornos difíciles, en familias en las que hay violencia, abuso, que no son entornos protectores. “Ahí la ilegalidad aprovecha para ofrecer oportunidades, para mostrar que con ellos sí van a encontrar un entorno que les permita desarrollarse y aprovechan estas circunstancias para engañar a los niños y los jóvenes”, asegura.

“En un momento pensé que las armas hacían posible el cambio, pero te das cuenta también que dentro de ese agente de cambio, están los mismos factores que quieres cambiar, tengas o no un arma, pero entendí que esos factores están muy relacionados con la mentalidad de las personas”, confiesa Hugo.

En la selva Hugo empezó a detectar envidias y trampas en su contra, entonces comenzó su decepción. Su salud se empezó a deteriorar y esto lo llevó a reflexionar profundamente.

“Los colombianos tenemos la mentalidad de pasar por encima del otro, de que todo lo fácil es bueno, de colarnos en la fila, esa mentalidad está en ambos lados, si no cambias esas formas de pensar vas a repetir los mismos círculos de violencia, de corrupción, de pobreza”, concluye Hugo.

Ciudades indiferentes

“Somos una sociedad absolutamente negada”, ese es el contundente diagnóstico de Alejandra Cardona, del Museo Casa de la Memoria de Medellín. “La mayoría de las personas piensa que el conflicto y la paz están muy lejos de ellos, no hay una conciencia política, ética y ciudadana para comprender la violencia y la paz como contextos que nos competen a todos. Por el contrario se ven como causas aisladas en las que, sobre todo la gente de la ciudad, no entiende bien qué pasa y por qué, ni cuáles son los actores”, explica.

Para ella, hay dos elementos fundamentales para cambiar esta situación: uno pedagógico, que no le compete solo a la escuela, sobre cómo generar reflexión y debate en torno al desplazamiento. El segundo, la educación política en cuanto a la participación, que las personas entiendan que son sujetos políticos con derechos que puedan hacer valer.

“Hay que lograr fomentar mucho la solidaridad, la compasión, la ayuda, el respeto por la diferencia. Es un cambio en la forma de relacionarse y de reconocer a los otros”, concluye Cardona.

*Aunque la política de Colombiacheck es identificar a todas las fuentes, en el caso de Hugo cambiamos su nombre por motivos de seguridad.