“Adelante compañeros dispuestos a resistir, defender nuestros derechos, así nos toque morir. ¡Guardia! ¡Fuerza! ¡Por mi raza, por mi tierra!”. Este es el canto que quedó grabado en un video que se ha vuelto viral en los últimos días, donde se ve a decenas de miembros de una guardia indígena entonar el himno durante una formación, mientras levantan sus bastones de mando.
Sin embargo, para muchos usuarios en redes sociales –algunos de ellos, miembros relevantes de la política colombiana–, este video representa una “señal de amenaza”. Por eso, acusan a la institución tradicional de “parecerse a un grupo paramilitar”, de ser similar a los “colectivos” de Venezuela (grupos armados en defensa de los gobiernos del fallecido Hugo Chávez y su sucesor, Nicolás Maduro), de “causar bloqueos” y de comportarse como un “grupo desafiante, bajo las órdenes de Gustavo Petro”, el presidente.
A través de este explicador, les contamos cuáles han sido esas narrativas movidas en redes y quiénes las protagonizan, de dónde salió el video viral, cuál es la comunidad indígena que allí aparece y cómo funciona su guardia indígena.
Publicaciones en X que comparten este video comparan a la Guardia Indígena con “grupos paramilitares” que, supuestamente, están bajo el mando de Petro. Otros usuarios de esta red social mueven el material audiovisual para cuestionar la necesidad de la existencia de esa institución tradicional y su propósito de defensa, alegando que “los únicos que atacan a los indígenas son los criminales que los obligan a sembrar coca y a cometer otros delitos”.
Las publicaciones aseguran que esta guardia “es para hacer bloqueos y para invadir” y se cuestiona su puesta en escena y hasta su vestimenta, argumentando que “su decoración supera de lejos” a los ‘colectivos’ de Venezuela.
Otros tuiteros relacionaron el video “con una posible instrumentalización”, a propósito de las recientes declaraciones del consejero de la delegación del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en los diálogos de paz, Nicolás Rodríguez Bautista, alias ‘Gabino’, quien manifestó estar de acuerdo con la necesidad de que se realicen movilizaciones ciudadanas para exigir las reformas que adelanta el Ejecutivo.
Otras cuentas de X de oposición al gobierno señalaron a la guardia de ser “colectivos petristas pagados con los impuestos” y de ser “la milicia de Petro”. Esta narrativa está siendo usada para invitar a la anunciada marcha del 6 de marzo, asegurando que el presidente “está creando colectivos contra las instituciones y la población en general”.
Este mismo mensaje migró a otras redes sociales como TikTok y Facebook (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) entre el 17 y 18 de febrero. Allí, varios usuarios aseguraron que el video fue grabado el 15 de febrero de 2024 y corresponde, supuestamente, a “la fundación del Primer Batallón llamado Jaime Bateman Cayon de Colectivos Indígenas ancestrales” (sic), haciendo referencia al fundador y líder homónimo del M-19, la guerrilla a la que perteneció el actual mandatario en su juventud.
Al realizar una búsqueda de las palabras "Primer Batallón llamado Jaime Bateman Cayón, Colectivos Indígenas ancestrales" en la herramienta Crowdtangle encontramos que esta desinformación fue publicada en 35 cuentas (entre grupos, páginas y perfiles).
Este clip llegó a otras plataformas de mensajería instantánea, como WhatsApp, y uno de nuestros lectores nos pidió verificarlo.
Una de las primeras publicaciones en redes sociales al respecto, la hizo la cuenta de X de ‘Reacción Nacional’ (@RNacional_News) el 15 de febrero de 2024, cuando trinó: “URGENTE | El pueblo de Colombia en peligro máximo. La guardía indígena, que pareciera un grupo paramilitar, mejor conocidos como los colectivos de Petro, aseguran ir a luchar a muerte por sus ‘derechos’ = Privilegios. ¿Apoyas que la gente buena se defienda?” (sic).
El expresidente Álvaro Uribe Vélez también compartió el mismo video el 18 de febrero, a las 5:57 a.m. preguntando si el clip “¿Es muestra de arte o desafío? ¿Para atacar o defender?” (sic). En su publicación, el líder del partido opositor Centro Democrático comparte un video donde se muestran fragmentos de la grabación de la guardia indígena y otros de él diciendo que “su decoración supera de lejos a los colectivos chavistas, se parece más a los ejércitos imperiales de Napoleón”. Medios de comunicación amplificaron estas afirmaciones, en una nota de Infobae titulada “Álvaro Uribe cuestionó a las guardias indígenas: ‘Supera de lejos a los colectivos chavistas’”.
El video también fue compartido por el exsecretario de Seguridad de Bogotá Hugo Acero, quien comparó las guardias indígenas con los frentes de seguridad ganadera, insinuando que ambos tenían antecedentes armados y, por tanto, debería preocupar su conformación. El mensaje hizo referencia a la antigua guerrilla indígena Movimiento Armado Quintín Lame (MAQL) y la equiparó con estructuras paramilitares financiadas por ganaderos y con las guardias campesinas, que a diferencia de sus pares indígenas aún no tienen regulación o reconocimiento formal del Estado, como hemos explicado.
Otras personalidades de la política y de oposición al gobierno, pero desde el Movimiento Salvación Nacional, como Nicolás Gómez Arenas y su padre, Enrique Gómez Martínez, líder del partido, también compartieron este video relacionando a la minga con el ELN.
El primero trinó “Con las declaraciones del ELN preocupa que la minga esté siendo instrumentalizada. Casa de Nariño sigue sin condenar las declaraciones de Gabino, todo esto es muy preocupante. ¿En camino a una toma armada?” (sic). En respuesta, el excandidato presidencial lo citó y agregó: “Es un peligro contra Colombia lo dicho por Gabino y esperamos que @petrogustavo condene y desvirtúe la inaceptable afirmación hecha por parte del ELN” (sic).
Por su parte, otras cuentas de X, también de oposición a Petro, compartieron el mismo video, como las cuentas ‘COLOMBIA sin Censura’ (@COsincensura) y la anteriormente verificada, Misión Cumplida (@ojocolombia2026).
Todas las publicaciones de estas cuentas en X, han logrado un alto alcance llegando a los más de 330.000 reproducciones y comentarios que refuerzan el discurso estigmatizante contra la guardia indígena en Colombia. Algunos de estos son:
Para determinar el origen del video viral realizamos una búsqueda inversa de imágenes con un fragmento del audiovisual, y aunque no encontramos publicaciones que incluyeran el mismo video con información de su orígen, sí hallamos coincidencias en la ropa utilizada por la Guardia Indígena, con una publicación del 30 de noviembre de 2023, del Consejo Regional Indígena de Risaralda (CRIR). Allí aparecen miembros de la institución, utilizando el mismo uniforme de color verde con gorras y pañoletas amarillas iguales a las del clip.
Las fotografías, según el trino de la entidad, fueron tomadas los días 29 y 30 de noviembre de 2023, durante la entrega de dotación a la guardia indígena del Resguardo Unificado del Municipio de Pueblo Rico, en Risaralda.
A través de un comunicado del 20 de febrero, el CRIR confirmó que el video de redes muestra la formación de la Guardia Indígena, portando su uniforme y bastones de mando, y que sus miembros pertenecen a uno de los resguardos de indígenas embera chamí, de Mistrató, Risaralda.
Según esta institución, allí la guardia utiliza chalecos, gorras y pañoletas entregadas por el convenio interadministrativo N°690 con la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (Carder), como equipamiento necesario en la capacitación permanente de las autoridades étnicas en distintos temas.
“La renovación y aumento del número de guardias es permanente en los territorios y es considerado un símbolo de la resistencia cultural y espiritual, que lucha contra la asimilación y la pérdida de identidad cultural; por esta razón desempeñan un papel en la educación y transmisión de conocimientos dentro de las comunidades, contribuyendo a la formación de las nuevas generaciones”, señala el CRIR.
Según la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), el pueblo embera chamí, que significa “habitante de montaña" o “gente de montaña”, es una comunidad indígena que se encuentra principalmente en el río San Juan y en los municipios de Pueblo Rico y Mistrató, en el departamento de Risaralda.
Un informe de la Procuraduría General de la Nación sobre la caracterización de este pueblo, señala que representa el 2,1% del total de la población indígena del país. Sus comunidades en Risaralda, desde sus usos y costumbres, tienen sus propias estructuras de gobierno, conformadas por los cabildos menores y un cabildo mayor por cada resguardo constituido. El cabildo se conforma por: gobernador, gobernador suplente, secretario general, tesorero y la Guardia Indígena con su coordinador.
Como muchos otros pueblos indígenas del país, los embera chamí de Mistrató también han sido víctimas de violencia y desplazamiento a causa del conflicto armado colombiano. Según la investigación ‘Violencias políticas contra pueblos indígenas’, de los antropólogos William Villa y Juan Carlos Houghton, esta población fue víctima de 94 violaciones individuales de derechos humanos en Risaralda entre 1974 y 2004. La modificación de su cultura y el desplazamiento han sido consecuencia de dichas acciones.
También la ONIC ha denunciado hechos violentos y amenazas a líderes y miembros del resguardo unificado en Mistrató. Hay casos emblemáticos, como el asesinato del gobernador indígena Hugo González Bernaza, en 2008, a manos de encapuchados que lo obligaron a descender de su vehículo cuando se desplazaba entre la vereda Puerto de Oro y el sector urbano del municipio. En 2012, también fue asesinado su hermano Javier, quien entró a reemplazarlo en la gobernación y hacía parte de los procesos de formación política de las comunidades y procesos de retorno a los territorios de donde fueron desplazados.
Jorge Arce, líder indígena del resguardo y exconsejero del CRIR, cuenta Colombiacheck que este territorio, donde conviven cerca de 9.200 indígenas chamí, ha resurgido luego de décadas de violencias sistemáticas contra los pueblos y donde su Guardia Indígena ha sido clave para retomar el control del territorio que antes era amenazado por grupos armados al margen de la ley.
“Durante la presidencia de Álvaro Uribe, hubo en los resguardos de Mistrató mucha estigmatización para nuestras comunidades, mucho conflicto armado y problemas de seguridad por grupos al margen de la ley, como las FARC y el ELN, quienes se encontraban con un territorio extenso y montañoso, muy apetecido por estos grupos para poder protegerse. A veces el ejército utilizaba nuestro resguardo como campamento de paso y las guardias indígenas tenían que intervenir para que no se dieran confrontaciones entre grupos armados y la fuerza pública”, cuenta.
Según narra Arce, esto comenzó a cambiar solo hasta 2005, cuando las comunidades comenzaron a exigirle a los grupos armados que respetaran el territorio, lo que trajo consigo señalamientos, amenazas y muertes de líderes de la comunidad.
“En el momento más álgido del conflicto, los grupos armados con los que hubo mayor confrontación fueron las FARC y el ELN, pero al no manejar armas de fuego, la guardia tuvo que confrontarlos a través de nuestros derechos y hablarles de nuestras leyes de orígen. En algunos momentos quisieron tratar de enfrentar a la guardia, pero como sabían que nosotros no teníamos armas de fuego, no podían enfrentarla, así tenían que irse o atacarnos, pero sabían que estábamos en desventaja. Sabían que el territorio fue constituido para las comunidades indígenas”.
El 15 de marzo de 2002, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estableció medidas cautelares en favor de 40 indígenas Embera Chamí de los resguardos y asentamientos en Caldas, de Cañamomo-Lomaprieta, San Lorenzo, Nuestra Señora Candelaria de la Montaña, Escopetera-Pirza, Totumal, La Trina, La Albania, Cerro Tacón, La Soledad, y miembros del consejo regional indigena de Caldas (CRIDEC).
Entre los motivos de la medida cautelar, la organización internacional precisa que desde junio de 2001 estas comunidades –señaladas públicamente por agentes del Estado como colaboradores de la guerrilla— han sido objeto de amenazas y actos de hostigamiento y violencia por parte de grupos armados.
Ya en Colombiacheck habíamos explicado en detalle sobre las guardias indígenas existentes en el país, en el artículo “A propósito de la crisis en Los Pozos, así funcionan las guardias campesinas, indígenas y cimarronas en el país” en el apartado “La minga Indígena y sus mecanismos de acción”.
Ahora bien, la Guardia Indígena es un mecanismo de sus comunidades para el control interno y protección interna. Funciona como una especie de Defensa Civil, de Cruz Roja, de ejercicio de control territorial, de guardia ambiental, de guardia cultural y espiritual a nivel local, zonal y regional de los pueblos.
Tienen una estructura conformada por coordinadores locales, zonales, regionales y nacionales y funciona bajo las órdenes y mandatos de sus autoridades ancestrales. Tanto la guardia indígena de los emberá chamí, como todas las demás, están reconocidas constitucionalmente por el artículo 246 de la Jurisdicción Especial Indígena.
“Artículo 246: Las jurisdicciones de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales al interior de su ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a la Constitución y a las leyes de la República. La ley establecerá las formas de coordinación de esta jurisdicción especial con el sistema judicial nacional”.
En el marco de esa protección legal se ha desplegado una serie de prerrogativas y derechos constitucionales, como lo es el reconocimiento de la Jurisdicción Especial Indígena (JEI), permitiendo con esta validación que las comunidades indígenas puedan gobernarse y administrar su propio territorio en las formas que escojan.
Esta facultad incluye también la validación de las autoridades tradicionales legítimas, que se encargan de ejercer o aplicar justicia dentro de su territorio, conforme a sus normas y procedimientos. Estos factores dependen de las particularidades de cada pueblo, que no pueden ser generalizadas para todos los territorios indígenas en el país.
Sin embargo, aunque exista un régimen especial y diferente con respecto a la jurisdicción ordinaria, esta manifestación no va en vía contraria a la Constitución. De hecho, hace parte integral de la misma, por lo que su ejercicio no puede ser contrario a las normas y leyes de la República.
Normalmente, la guardia indígena de esta zona de Risaralda se dedica a atender asuntos de control interno dentro de las comunidades, como conflictos entre veredas por tala de árboles o por pesca o caza en zonas no permitidas. Tienen su consejo de justicia, que se encarga de las sanciones de los casos y la guardia que realiza las capturas y recorridos por el territorio, ordenados desde las guardias mayores para evaluar las novedades que hay en la zona.
En la actualidad, a los resguardos de Mistrató han retornado muchos indígenas que anteriormente fueron desplazados por el conflicto armado, y con la guardia indígena han controlado que no se presenten más casos de desplazamientos. Jorge Arce cuenta que la seguridad también ha mejorado, pues las presiones por grupos armados al margen de la ley ha disminuido en los últimos años.
Sobre su funcionamiento, financiación y mantenimiento, Luis Acosta, coordinador nacional de la Guardia Indígena, señaló que las guardias son un voluntariado. Es decir, no son pagas, y funcionan como una organización similar a la Cruz Roja, la Defensa Civil, entre otras. Ocasionalmente reciben apoyo de los cabildos en los resguardos indígenas, lo que representa un apoyo mínimo en temas logísticos, para el suministro de comidas y otras actividades de reunión.
De acuerdo con Acosta, la Unidad Nacional de Protección (UNP) dota desde hace décadas a las guardias indígenas con elementos como chalecos, indumentaria para acampar o radios, incluso en gobiernos anteriores como el de Uribe. “Este no es un aporte que corresponda al gobierno actual únicamente, sino que era y es un derecho que se tiene”, sostiene Acosta.
El Coordinador Nacional de las Guardias, además, aclara que las guardias indígenas no son un “ejército privado”, como señalan varias publicaciones virales en redes sociales, sino que son un organismo público civil defensor de derechos humanos que rechaza el porte y uso de armas de fuego.
“La Guardia indígena es una guardia milenaria, que ha nacido desde la misma fundación de sus pueblos y actúa cuidando sus territorios, las asambleas, protegen los bosques y cuidan de que no se presenten enfrentamientos o peleas entre miembros de sus comunidades. Sin embargo, las guardias como tal se fundaron en 2001, en el Cauca, donde a raíz del conflicto armado se estructuró y organizó una guardia de manera permanente como organismo humanitario y social para proteger a las comunidades que quedaban en medio del conflicto”.
Actualmente, son cerca de 90.000 los miembros de las guardias indígenas en todo el país, en los casi 1.100 resguardos que existen, donde actúan como la autoridad propia de sus pueblos.
Múltiples publicaciones en redes sociales afirman que el video viral corresponde a “la fundación del primer Batallón Jaime Bateman Cayon”, el 15 de febrero de 2024 en el departamento del Cauca y que este grupo estaría integrado por 1.200 indígenas uniformados para actuar bajo la dirección del Gobierno.
Al respecto, debemos aclarar que Jaime Bateman Cayón fue el fundador del M-19, quien murió en 1983 tras sufrir un accidente aéreo. Ahora bien, durante el periodo activo de esta guerrilla no existió ningún batallón con el nombre de su fundador.
“En el M-19 solo hubo la presencia de un Batallón y fue el único grupo considerado una unidad militar llamada ‘Batallón América’, el cual operó en el sur de Calí y norte de Cauca, con combatientes de Panamá, Venezuela, Perú, entre otros países continentales”, dijo a Colombiacheck Diego Arias, analista de conflicto armado y temas de paz y excombatiente del M-19.
El analista aclara que sí hubo un pequeño grupo del M-19 – conformado por unas 70 u 80 personas–, que no se suscribió al acuerdo de paz de 1990 y se llamó ‘Columna o Movimiento Jorge Bateman Cayon’, y ni siquiera ellos eran conocidos o autodenominados como ‘Batallón’.
El artículo ‘Un largo abril. El caso de la guerrilla Movimiento Jaime Bateman Cayón (1994 – 2002)’, de Felipe Caro Romero y Angélica Cruz Triana, explica que este fue un grupo armado insurgente que estuvo activo en la mayor parte de la década del 1990 hasta los primeros 2000 y surgió poco después de la última reunión del M-19 como grupo, en la X Conferencia entre septiembre y octubre de 1989, en Santo Domingo Cauca, en donde varios de los insurgentes mostraron su desacuerdo con la desmovilización en el marco de los diálogos de paz.
El movimiento estuvo liderado por Alonso Grajales Lemus, conocido también como comandante “Alonso” o “El Pollo”, quien fue uno de los militantes que se mostró visiblemente inconforme con las condiciones de la desmovilización del M-19 y rechazó dicho proceso. Otro de los líderes fue Manuel Alonso Villegas, llamado también “Romel”, “Carmelo” o “La Bruja”.
Vinculado al M-19 desde los 16 años, a lo largo de su vida participó en por lo menos tres diferentes grupos armados. También contó con el liderazgo Jonairo López Mora, cuyos pseudónimos fueron “Ernesto”, “Jhon Jairo” o “Rafael”, y era proveniente de Génova (Quindío).
El Movimiento Jaime Bateman Cayon se trasladó a la región del Cañón de las Garrapatas, al norte de Trujillo (Valle del Cauca), donde hizo contacto con el ELN, entrando a ser parte del Frente Sur Occidental Luis Carlos Cárdenas. Allí militó durante los primeros años noventa.
Sin embargo, al no establecer arraigo debido a la poca capacidad política y militar que ofrecía el Frente en la zona, el grupo decidió separarse del ELN y optar por un camino independiente. En sus años de actividad la organización hizo presencia en reducidas zonas del país, entre el norte del departamento del Cauca, el sur del Valle del Cauca, el Eje Cafetero y Bogotá. Finalmente, este grupo fue absorbido por las FARC, en medio de las dinámicas de la guerra.
Por otra parte, Ermes Pete Vivas, congresista de la coalición gobiernista Pacto Histórico y exconsejero mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), respondió a varias de estas publicaciones y calificó de ‘indignante e irresponsable’ la difusión sobre la existencia de un supuesto “Primer Batallón Jaime Bateman Cayon” conformado por colectivos indígenas en el departamento del Cauca: “Esta falsedad no solo carece de fundamento, sino que también estigmatiza y pone en riesgo indiscriminadamente a nuestras poblaciones indígenas”.
En Colombiacheck ya le hemos realizado seguimiento al discurso estigmatizante y racista en contra de mingas en años anteriores. Así lo contamos en el artículo “Así se movió el discurso racista y estigmatizante contra la Minga 2020”.
Más recientemente, en mayo de 2023, a propósito del movimiento indígena que marchaba en Bogotá, varios líderes de opinión y políticos afirmaron falsamente que la “guardia indígena” estaba “armada” por portar bastones de mando. En la nota ¿Los guardias indígenas que se manifestaron frente al Congreso estaban armados? explicamos que el bastón de mando es un elemento ancestral y su uso está amparado en la misma Constitución Política de Colombia, en el Artículo 246, también en la Ley 89 de 1890, el ejercicio del Derecho Propio de los pueblos indígenas y los artículos 7 y 330 de la Constitución Nacional.
Juan Manuel Torres, de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), afirmó en su momento que estas comunidades tienen su propia jurisdicción y sistemas de justicia propia y por esa autonomía la matriz mediática siempre trata de mostrar a la simbología de la guardia indígena como si fuera una amenaza.
“Su función (la de la guardia indígena) es resguardar que no se desarmonizan o que cualquier persona no vaya a irrumpir y por eso se han enfrentado desde actores armados a actores institucionales. No son una amenaza por más que la estética: que los ven con unas botas estilo militar, prendas oscuras, un bastón, un chaleco o una boina que los reviste de autoridad…. El miedo que pueden sentir las personas frente a las guardias es más un tema de estigmas y prejuicios”.
A raíz de la viralización del video que muestra a la guardia indígena de los emberá chamí, la ONIC se pronunció y rechazó las afirmaciones estigmatizantes en redes sociales, refiriéndose especialmente a las de Gómez Martínez.
“La Guardia Indígena es pacífica, NO usa armas y nunca estará de acuerdo con ellas. Cuidamos la Madre Tierra, la Cultura, los niños, los jóvenes, la Paz y la Vida desde tiempos milenarios, no desde ahora. NO es instrumentalizada por ningún sector, NO aceptamos la desinformación; somos autónomos y creemos en la importancia de vivir en paz, con palabra dulce, en equilibrio y con una Colombia multicolor” (sic), señala la organización en su publicación de Facebook.
Por su parte, en otro comunicado, el CRIR manifestó su preocupación por los cuestionamientos hacia los pueblos y sus guardias, señalados de ser “invasores o bloqueadores que pretenden reemplazar a la fuerza pública”. Al respecto, señaló:
“No es cierto que la guardia indígena se esté instrumentalizando para la guerra o generar alteraciones de orden público, al contrario, la guardia indígena se está dotando con su respectivo uniforme y bastones de mando para que tengan un reconocimiento a nivel territorial y puedan seguir custodiando y garantizando la pervivencia de nuestras comunidades desde una política de seguridad en coordinación con la estructura nacional”.
El consejo regional denunció las acciones y las expresiones del expresidente Uribe Vélez, del Centro Democrático y de algunos medios de comunicación, por considerar que han colocado en riesgo a sus líderes y lideresas, así como a sus guardias mayores a nivel local, regional y nacional.