Pasar al contenido principal
Miércoles, 23 Junio 2021

Dos noches dentro de un camión: el terror policial durante el paro

Por La Liga Contra el Silencio

Las distintas cifras sobre desaparición forzada durante el paro nacional esconden relatos de jóvenes cuyo paradero fue desconocido durante horas o días, mientras eran torturados. Muchos callan por temor, acosados por las secuelas psicológicas que, según dicen, les dejaron los maltratos de la fuerza pública.

“Era sábado. Fui casi de noche al Portal de las Américas para entregar donaciones a los muchachos de la primera línea. Cuando llegué, me encontré con un pelao que estaba herido y me acerqué a ayudarlo. En ese momento me cogieron. No me di cuenta ni cómo fue. Solo que el muchacho arrancó a correr y a mí me jalaron por la capota del buzo. Eran unos manes del Esmad”. 

Lo cuenta un estudiante bogotano de 25 años que prefiere proteger su identidad. Lo llamaremos M. Hace un par de semanas recibió una llamada y escuchó una voz masculina que mencionó su nombre. Le dijo ‘sapo’. Le dijo que debía retirar la acusación en contra de la Policía. Le dijo que va a matarlo si no lo hace.   

Se convirtió en un infierno: una y otra vez revive las imágenes de lo que sufrió, dice, en los casi tres días que estuvo desaparecido, a bordo de un camión, con otros diez muchachos maltratados.  

“Yo pensé: ‘Me van a dar una pela, me van a cascar y pa’ la casa. Pero nos metieron en un camión sin insignias de la Policía, y nos tuvieron rodando desde el sábado por la noche y todo el domingo. Nos soltaron el lunes en la tarde. Nunca había pasado tanto miedo. Me mentalicé con la idea de que me iba a morir”, cuenta con la voz entrecortada.

La niebla y la duda

Desde el pasado 28 de abril, cuando empezó uno de los más prolongados y feroces paros que se recuerden en el país, los casos sobre desaparición forzada, junto a los homicidios, se volvieron los más escabrosos de estas jornadas. Un manto de niebla y duda se ha posado sobre este capítulo. La vicefiscal general Martha Mancera llegó a afirmar en una entrevista para el diario El Tiempo que “no hay información” que permita hablar de desaparición forzada.

Cuatro circunstancias, según la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, de la ONU, deben confluir para que se constate este delito. Uno, privar a una persona de la libertad y que esa privación sea llevada a cabo por un agente estatal o por particulares que actúen con la aquiescencia del Estado o su complicidad. Dos, que se oculte a la víctima. Tres, que se niegue la privación de la libertad, así como información de su paradero. Y cuatro, que se sustraiga a la persona del amparo de la ley; es decir, que no tenga posibilidad de defensa.

La Constitución colombiana también contempla entre los derechos fundamentales que “nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”.

La Mesa de Trabajo sobre Desaparición Forzada (MDTDF) de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, que agrupa a varias organizaciones de derechos humanos, ha dicho que esos cuatro elementos figuran en las historias de una buena cantidad de víctimas registradas en sus listas desde que comenzaron las protestas.  

“Que la persona quede en libertad después de una hora o dos, o de uno o dos días, no quiere decir que no se haya consumado el delito de desaparición forzada”, explica Camila Galindo, investigadora del Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos.

La situación es tan grave, dice Galindo, que desde la Mesa han añadido el término “transitorias” a los casos de desaparición forzada que han investigado, pues no todas las desapariciones terminan en homicidios. También se usan como mecanismos de desaliento y terror. Un perverso modus operandi al que nadie ha logrado ponerle freno y que se topa con el miedo de las víctimas para denunciar.

“¿Qué hemos encontrado? Jóvenes que son trasladados por el Ejército, la Policía, el Esmad o por particulares; que los suben a carros conducidos por civiles, que se niega su paradero. Después, cuando han quedado en libertad, nos han contado que los tenían en CAIs o en camiones de la Policía”, señala Adriana Arboleda, directora de la Corporación Jurídica Libertad, una ONG de Medellín dedicada a la promoción y defensa de los derechos humanos. “No importa el tiempo transcurrido desde la detención, sino que se cumplan los criterios para hablar de desaparición forzada”, explica Arboleda.

M cuenta que fueron sus compañeros de clase los que dieron la voz de alarma sobre su desaparición. Nadie supo nunca dónde estaba. Pilar Murillo, su abogada, dice que buscó en la lista de personas retenidas y el de M no figuraba.

“Cuando me subieron al camión ya había algunos muchachos. Después de mí entraron otros tres. Enseguida los policías comenzaron a decirnos que éramos guerrilleros, que nos iban a matar”, continúa el relato de M.

“El sábado nos tuvieron toda la noche andando. El camión iba súper rápido y de repente frenaba. ¡Pam! Eran unos frenones terribles. La idea era no dejarnos dormir. Antes nos habían echado gas pimienta y después nos golpearon con una cadena como de bicicleta o de moto. A pesar de que estábamos en manos de policías uniformados, ellos siempre nos dijeron que eran paramilitares”. 

“El domingo ya estábamos ‘muertos’. Sin agua, sin comida, sin ir al baño. Los tipos se intercambiaban, subían unos y bajaban otros, eran grupos de seis a ocho y nos atacaban. Cuando me daban con la cadena sentía como si el cuero de la espalda se me desprendiera”, narra M. 

“Los tipos hacían relevos. Siempre con uniformes de policías. Entregaban el camión a otras personas, luego a otras y otras y así nos tuvieron. El domingo por la noche traté de dormir, pero era imposible. Ya para entonces estábamos muy asustados. Había mucha presión emocional. Entré en shock. Estaba seguro de que me iba a morir”. 

“Nos soltaron el lunes como a las tres de la tarde. Pero antes subió al camión un tipo que parecía de los que mandaba, y dijo: ‘A estos toca desaparecerlos. Hay que llevarlos para Soacha’. Y todo el mundo se asustó más. Entonces el camión empezó a andar y en ese momento yo ya me sentía muerto”.

“Nos dejaron en una olla de Patio Bonito. Bajamos y nos dijeron que, si mirábamos atrás, nos mataban. Que corriéramos por nuestras vidas. Recuerdo que había varias patrullas ahí. Yo di como tres pasos, pero estaba débil y me caí. Un man me levantó de un patadón y me dijo: ‘Corra, marica, que lo voy a matar’. Y ahí corrí y corrí. Me temblaba todo el cuerpo”.

“Los están amenazando” 

Las organizaciones de derechos humanos reunidas en la Mesa de Trabajo sobre Desaparición Forzada acusan tanto a la Defensoría como a la Fiscalía de utilizar eufemismos para “negar” las desapariciones, con el agravante de que ello ocurre en un país con antecedentes dramáticos, donde se calculan 80.000 desapariciones forzadas entre 1970 y 2018 en el marco del conflicto armado, según el Centro Nacional de Memoria Histórica. Aquí todavía miles de familias buscan a sus familiares en una espera eterna.

Las cifras de lo ocurrido en el paro nacional varían según la fuente, pero revelan la distancia que hay entre las ONG y los entes de control. La Mesa de Trabajo sobre Desaparición Forzada registró entre el 28 de abril y el 27 de mayo 775 personas desaparecidas, de las cuales faltan 327 por encontrar.

En el informe que Temblores ONG, Indepaz y PAIIS entregaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) durante su visita a Colombia figuran 346 personas reportadas como desaparecidas directamente a estas entidades entre el 28 de abril y el 31 de mayo. Muy lejos de las cifras que maneja la Mesa Interinstitucional de la Defensoría y la Fiscalía.

En un reporte que entregó la Fiscalía a La Liga se habla de una base de “personas no localizadas”, el nuevo término con el que se refiere a los desaparecidos. Según este organismo, hasta el pasado 10 de junio habían sido halladas 328 personas de los 572 registros iniciales que suministró la Defensoría. De esos, 153 fueron inadmitidos por inconsistencias como nombres repetidos, entre otros. Quedaron 91, de los que faltaban por localizar 84. Sobre esos casos se mantiene activo el Mecanismo de Búsqueda Urgente, una herramienta judicial preventiva que se pone en marcha desde el momento en el que se presupone que una persona está desaparecida, aunque ello no significa que se esté abriendo un proceso penal.

El mismo informe de la Fiscalía asegura que hasta el 10 de junio solo habían recibido cuatro denuncias formales por el delito de desaparición forzada. Los hechos habrían ocurrido el 4 de mayo en Zaragoza (Antioquia), el 18 en Caldas (Antioquia), el 20 en Yumbo (Valle del Cauca) y el 3 de junio en Cali.  

Que solo existan cuatro denuncias oficiales ante la Fiscalía no solamente no desvirtúa los informes de las organizaciones de derechos humanos, sino que se explica, según Luz Marina Monzón, por el miedo que se ha instalado entre las víctimas y sus familiares. Monzón es la directora de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el contexto del conflicto armado (UBPD), una entidad del Estado surgida de los acuerdos de paz con las Farc.  

“La gente está aterrorizada, los están siguiendo, los están amenazando. No tienen garantías. Entonces, ¿cómo van a presentar una denuncia?”, se pregunta Monzón. Las diferencias entre las organizaciones y la Fiscalía, explica, también se deben a la falta de líneas comunes a la hora de abordar la desaparición forzada. “Si como institución no se asume que esas personas están desaparecidas, sino que no están localizadas, las cifras nunca van a coincidir”, estima.

“El negacionismo frente a lo que está ocurriendo también se ha enfrentado en el pasado y eso hace que el Estado no actúe de manera rápida. En este momento es indispensable que pensemos en las garantías de no repetición para no someter a las personas a la incertidumbre sobre la suerte de sus hijos”, añade Monzón.

Amedrentamiento y represión 

En el Valle del Cauca, uno de los centros neurálgicos de las movilizaciones, la Red de Derechos Humanos Francisco Isaías Cifuentes tiene un reporte de 179 personas desaparecidas desde que empezó el paro. De esas, 75 siguen sin aparecer.

Según Darnelly Rodríguez, coordinadora regional de esta organización, más de una veintena de las personas halladas habían sido trasladadas a estaciones de Policía y retenidas sin derecho a comunicarse con sus familiares. Algunas presentaban heridas por arma de fuego, arma cortopunzante y signos de tortura. Hasta el 11 de junio algunas seguían hospitalizadas por la gravedad de sus lesiones.

En todas se repite el miedo. Rodríguez menciona el caso de Daniel Stiven Sánchez, ocurrido el 28 de mayo, un joven de 16 años cuyo cadáver apareció incinerado en medio de un incendio en el local Dollarcity de Siloé, al suroccidente de Cali. “Varios videos muestran cuando al joven lo cogen, se lo lleva la fuerza pública y aparece incinerado en un lugar distinto al de su detención. La familia denunció y ya tocó sacarla de su vivienda porque los amenazaron”, dice Rodríguez. 

Otro caso es el de una joven de 17 años, también detenida en Siloé, desaparecida entre el 4 y el 7 de mayo. Según su testimonio, recogido por la Red Francisco Isaías Cifuentes, los policías la llevaron a una estación en Yumbo, la mantuvieron incomunicada, la golpearon y en la noche del 7 de mayo la dejaron ir con amenazas. 

En Medellín, Adriana Arboleda, de la Corporación Justicia y Libertad recuerda el caso de un chico que estuvo retenido durante tres días. “Lo golpearon, lo volvieron nada y después le dijeron que se fuera. Él alcanzó a caminar dos cuadras y lo volvieron a capturar. Lo subieron a un camión donde estaban, según su relato, otras treinta personas. Ahí los tuvieron 24 horas. Inicialmente este joven nos dio su testimonio y nos pidió ayuda para seguir el proceso de la denuncia. Pues hoy dice que no quiere saber nada, que es mejor dejar las cosas así”, cuenta Arboleda. 

Las organizaciones insisten en que las “desapariciones forzadas transitorias” están logrando su cometido de “amedrentamiento y represión de la protesta social”. También se quejan de los puentes rotos con la Defensoría y la Fiscalía, y acusan a esta última por no actuar de oficio en un contexto tan convulso.

Según Camila Galindo, de la MDTDF, las ONG’s han recibido los reportes que les llegan de forma directa o a través de redes sociales, pero no tienen la capacidad de hacer seguimiento a todos los casos. Admiten que algunas personas pudieron no estar desaparecidas, pero su función es recibir la información e inscribirlas en sus listados hasta que se aclare su situación. “Insistimos en que como organizaciones estamos cumpliendo funciones que les competen al Ministerio Público. Este registro lo debería estar impulsando tanto la Defensoría como la Procuraduría con todo lo que ello implica: estar en las calles y registrar quiénes son las personas detenidas, pero resulta que esos datos no los publican a menos que se les exija”, dice Galindo.   

Luz Marina Monzón cree que hay que ir más allá del debate sobre las cifras de desaparecidos mientras no haya información clara. Lo urgente, insiste, es que la Fiscalía explique en detalle dónde fueron localizadas las personas que figuraban como desaparecidas, en qué circunstancias y cuál es su situación actual. Una información que, asegura, no se está suministrando.   

La Defensoría no respondió las preguntas de La Liga. La Fiscalía desoyó la solicitud de hablar con un portavoz y la Policía remitió un documento que da cuenta de 198 investigaciones por presuntas faltas disciplinarias entre el 28 de abril y el 13 de junio, distribuidas así: 96 por abuso de autoridad, 14 por homicidio, 37 agresiones físicas, 21 lesiones personales y 30 en el apartado de “otras conductas”.

En el mismo documento constan 7.020 traslados por protección, la figura más utilizada para retener a los manifestantes, según las organizaciones de derechos humanos. Este procedimiento, que debe ser informado, permite que los agentes trasladen a alguien cuya vida está en peligro o que ponga en riesgo la de alguien más.  

M asegura que al detenerlo nunca le dijeron de qué se le acusaba. Cuando terminó su pesadilla logró llegar a casa, se tumbó en la cama, perdió la conciencia y tuvieron que llevarlo a un hospital, donde estuvo más de una semana. 

Un tiempo después volvió al Portal de las Américas, rebautizado por los manifestantes como “Portal de la Resistencia”, el sitio donde lo capturaron. Quería encontrar a los otros chicos, saber qué fue de ellos, juntarse para denunciar. Pero no vio a nadie conocido. Hoy siente cosas que no sabe explicar. No duerme bien, sufre pesadillas, la depresión y el miedo lo dominan. “Uno lo cuenta en cinco minutos. Pero créame, fue como si hubiera estado una semana metido dentro de ese camión”.

Jueves, 26 Agosto 2021

Menores no acompañados: las víctimas invisibles del éxodo venezolano

Por La Liga Contra el Silencio

Como otros migrantes, viajan solos en busca de oportunidades. Pero son niños que padecen las dificultades de la migración como si fueran adultos. Cientos de chicos y chicas enfrentan duras travesías bajo una gran vulnerabilidad, mientras los estados de Venezuela y Colombia siguen sin ofrecer una ayuda eficaz.

Jonaikel*, de 11 años; junto con su hermano Jonás, de 15, y otros menores de edad, salió de Venezuela en mayo de 2020 para cruzar la frontera hacia Colombia. Recuerda que el día de su partida estaba ansioso. Pero había terminado de acomodar sus cosas, y aunque no había comido, se sentía con fuerzas para emprender el viaje.

Cuando dejó su casa, cuenta Jonaikel, llevaba en la espalda un morral con la bandera venezolana que le habían regalado en el colegio, y un balón de fútbol en una bolsa blanca. Su madre lo llenó de bendiciones y le recomendó hacerle caso a Jonás.

“Tomé la decisión de viajar con mi hermano. Se lo dije a mi madre y bueno, ella se puso brava al principio, pero luego entendió. Es que la cosa en la casa no está bien”, dice Jonaikel. Él y su hermano salieron desde Maracay, en el estado Aragua, cerca de Caracas, y recorrieron más de 730 kilómetros hasta llegar a La Parada, junto a la frontera de Venezuela con Norte de Santander. La Parada es el primer punto que encuentran los migrantes cuando cruzan el Puente Internacional Simón Bolívar y las trochas aledañas.

Los jóvenes cruzaron por uno de los pasos ilegales, donde mandan grupos armados como el Ejército de Liberación Nacional (ELN),disidencias de las Farc o el Tren de Aragua, la única alternativa para los migrantes ante el cierre de la frontera. “Vimos de todo, a un grupo que iba delante de nosotros los robaron en la noche. Teníamos que dormir en las alcabalas, pedir dinero para comprar pan”, cuenta Jonaikel con brillo en los ojos. 

Los adolescentes no tenían quién los recibiera en Colombia, pero se arriesgaron a cruzar porque necesitaban un trabajo para ayudar a su mamá y a otros dos hermanos que se quedaron en Venezuela. En la trocha conocida como “La Arrocera” se hicieron un espacio entre el monte, y con bolsas, cartón y plástico armaron un cambuche junto a otros jóvenes en la misma situación.

Los hermanos y otros como ellos entran en la categoría de menores de edad no acompañados, o quienes “están separados de ambos padres o de sus tutores legales o habituales, pero no necesariamente de otros parientes y no están al cuidado de un adulto al que, por ley o costumbre, incumbe esa responsabilidad”, según la definición del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas

Solo en La Parada, por donde más migrantes ingresan a Colombia, hay unos 272 menores de edad venezolanos no acompañados, según la Fundación Nuevos Horizontes Juveniles. La organización calcula que más de 11.000 venezolanos han llegado en los últimos años y se han asentado allí en busca de trabajo. La mayoría se dedica al comercio informal, a cruzar mercancías por las trochas o al reciclaje.

Según datos de Migración Colombia, citados en el especial Hijos Migrantes de diciembre de 2020, unos 415.000 niños, niñas y adolescentes venezolanos se encontraban radicados entonces en el país: un 24 % del total de esa población. De ellos, unos 25.000 salieron de Venezuela sin acompañamiento de un adulto. 

Pero estas solo son estimaciones, porque hay casos donde los menores siguen su rumbo sin parar en algún albergue donde queden registrados. No se sabe con exactitud cuántos niños, niñas y adolescentes venezolanos solos están en Colombia. Una de las principales razones para que no estén contados es que ingresan por los puntos ilegales, donde el Estado no tiene control. Los menores, igual que los migrantes adultos, enfrentan el peligro de los grupos paramilitares, las disidencias de las Farc, el ELN y bandas ligadas al narcotráfico que se mueven en la frontera. También se exponen a redes de trata de personas, explotación sexual y laboral.

Nidis Navarro, Comisaria de Familia en Villa del Rosario, explica que es muy difícil detectar a los menores, porque no hay suficiente vigilancia en los caminos que atraviesan. “Existen muchos pasos ilegales, y Migración no tiene de pronto el talento humano necesario para controlar cada uno de estos puntos”, dice Navarro.

Los niños, niñas y adolescentes que pasan por algún refugio de ayuda humanitaria, o que son atendidos por organismos oficiales, son los que pueden ser detectados. De resto, el Estado colombiano no tiene la capacidad para controlar la situación y ayudarles. “Tengo conocimiento de los niños que ingresan porque me lo ha reportado algún organismo de cooperación internacional, o porque han estado vinculados al Centro de Atención Sanitaria. Ahí sí tengo datos exactos de esa población. De los demás no puedo decir cuántos”, agrega la funcionaria.

Hasta diciembre de 2020 la Comisaría de Familia de Villa del Rosario manejó 116 casos reportados por diferentes organizaciones. “Algunos quedan en protección para el restablecimiento de sus derechos. Actualmente tenemos en protección aproximadamente 30 niños, niñas y adolescentes no acompañados de nacionalidad venezolana”, dice Navarro.

@lauraesnaoko
 

Sin rastro

Con los pasos fronterizos cerrados por la pandemia, las trochas se convirtieron en la única alternativa para quienes viajan por tierra. Solo en Norte de Santander se cuentan unas 250. La gente va y viene, los niños caminan solos y casi sin ser vistos. El Estado colombiano parece no tener una respuesta integral a la situación, aunque durante la pandemia reforzaron la presencia policial y militar en los pasos ilegales

“No hay un sistema nacional que ofrezca desde el Estado un mecanismo o un procedimiento claro para resolver este tipo de situaciones”, dice Irene Cabrera, codirectora del Observatorio de Migraciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia, citada en una entrevista realizada por el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello.

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar debe proteger a estos menores, pero sus procesos son lentos y no hay una ruta clara de atención, que debería contemplar el restablecimiento de sus derechos a través de un proceso administrativo que los conduzca a albergues de la institución u hogares sustitutos. Desde el inicio de la crisis migratoria en 2015, el ICBF ha atendido a más de 102.000 menores de edad venezolanos en Colombia, pero aún quedan tareas pendientes, incluida la de garantizar la protección integral de esa población. Mientras sigan cerrados los pasos legales y continúe el estatus irregular entre los migrantes, será muy difícil ubicarlos. El ICBF en Norte de Santander no emitió una respuesta a La Liga.

El proceso de restablecimiento de derechos no se está cumpliendo como es debido, entre otras cosas porque no hay cupos, según explica una fuente ligada a una organización humanitaria que prefirió ocultar su nombre. “Los hogares están full, hay muy pocos para los menores colombianos. Ahora, súmale los venezolanos. Si los menores consumen drogas, están en situación de calle o tienen comportamientos inadecuados, van a modalidades institucionales, que por lo menos aquí, en Norte de Santander, son muy pocas”, explica.
 

Vivir en la trocha

Expuestos y sin protección, muchos de estos menores improvisan y viajan sin rumbo. Sólo buscan trabajo y un sitio para descansar Por eso las trochas, aunque de forma precaria, les proveen ese lugar para acomodarse. 

Mía salió sola desde Caracas cuando tenía 13 años y se instaló unos meses en La Arrocera. Le da vergüenza hablar, pero minutos antes se reía con sus amigas. Cuando empieza a contar lo que vivió en la trocha luce incómoda: aparta la mirada y baja la cabeza. Sin embargo, se repone y cuenta que viajó con varias jovencitas de su edad, y con otros pequeños, entre ellos Jonaikel. Se protegían y trabajaban juntos. “No teníamos donde dormir, pero armamos ese campamento en La Arrocera. Hicimos una pequeña comunidad, pero corrimos peligro”, cuenta Mía en voz baja. 

Esos peligros vienen de los grupos armados, contrabandistas y criminales que operan en las trochas.

Según Mía, ellos evitan al ICBF. “No nos gusta porque nos captura y nos quiere llevar adonde no podemos trabajar”, dice. Los menores cruzan la frontera para hacer dinero y poderlo enviar a Venezuela. Otros, para reunirse con sus familias en el interior de Colombia. 

María Paula Martínez, directora ejecutiva de la organización Save The Children, informa que el 70 % de los menores no acompañados viaja para reunirse con familiares en distintos lugares de Colombia, pero en su camino enfrentan diversos peligros. “Trata y tráfico, violencia sexual, explotación comercial, trabajo infantil, y falta de acceso a la salud. También los utilizan los grupos armados, o bandas para el tráfico de estupefacientes y minería ilegal”, explica Martínez. 

“Un día fui abusada por un hombre cerca de la trocha”, cuenta Mía sin dar detalles. La joven se encuentra protegida en la Fundación de Mujeres Activas y Productivas para un Desarrollo Integral y Protección a la Familia (Fumupro), que atiende en su albergue a unos 30 niños, niñas y adolescentes rescatados de la calle en La Parada. 

Lizette Corredor, directora de la fundación, dice que ellos hacen lo que debería hacer el Estado. “Yo visitaba el campamento que tenían allí y pude traerme a Mía, ayudándola a salir de este infierno”, cuenta Corredor, quien maneja la organización desde hace tres años. Desde Fumupro, asegura, han intentado ser un enlace con oficinas del gobierno local, pero no han logrado una relación sólida. “No comprendemos por qué no hay una intención más clara. Acá podemos trabajar ayudando al rescate y el reconocimiento de estos menores”, dice.

Estudiando y realizando otras tareas, Mía ha logrado recuperar un poco la confianza para hacer algo productivo. “Vendemos tortas, hacemos vestidos y otras cosas. Con eso ayudamos para que se pueda comprar la comida y mantenernos acá”, dice. Su mamá la encontró después de viajar sola y ahora viven juntas.

Jonaikel también fue rescatado de una trocha que fue desalojada en junio, durante un operativo de distintos funcionarios en Villa del Rosario, según cuenta Corredor. “Los niños huyen de esos operativos; creen que se los van a llevar a Venezuela”, dice.

Jonaikel también está estudiando. Es uno de los mejores de la clase, pero su escuela no está registrada en el Ministerio de Educación. Por eso no está claro si podrá graduarse y recibir algún documento que certifique sus estudios. Jonaikel espera aprovechar el tiempo para ver si logra reunir dinero y traer a su mamá. “Es lo que más deseo: poder ayudarla, traerla conmigo. La extraño mucho”, dice con nostalgia.
 

@lauraesnaoko

Adultos antes de tiempo

Las circunstancias obligan a estos jóvenes a hacerse responsables de sus vidas antes de tiempo. “Algunos deben asumir su propio cuidado desde muy pequeños, trabajar en lo que puedan para sobrevivir. Tienen que asumir roles de adultos; saltan la etapa cuando deberían estar estudiando y definiendo su identidad y proyecto de vida”, explica María Paula Martínez, de Save The Children. La situación les afecta emocionalmente y provoca problemas de convivencia y socialización. “Su desarrollo integral, procesos de adaptación, mecanismos de respuesta y reacción ante diferentes situaciones cotidianas, y su calidad de vida se ven afectadas”, dice Martínez. Los chicos presentan alteración emocional y física, bajo peso y talla, malnutrición, estados depresivos, autolesiones e ideas suicidas, deserción escolar y problemas psiquiátricos y psicosociales. Muchos no tienen control ni conciencia de lo que hacen y tienen pocos planes a futuro. Además corren el riesgo de ser madres o padres a muy corta edad, lo que empeora su realidad.

Valentina es otra niña bajo el cuidado de Fumupro. Dice que tiene 17 años, pero Corredor asegura que son 15. Tras una vida violenta, donde dice que sufrió abusos físicos de su madrastra y un intento de violación de su padre, decidió huir. Vivió con una tía en San Cristóbal, estado Táchira. También fue a vivir con una prima en Valencia, en el centro de Venezuela. Pero la violencia iba detrás. La pobreza también le acompañaba. Entonces decidió reunirse con su mamá y viajar a la frontera. Llegaron a La Parada y no tenían donde dormir. “Mi madre me dejó aquí tirada, se fue con un hombre y trabaja en las calles de Bogotá bailando con él”, dice Valentina. 

Así se quedó sola, con apenas 14 años. Dormía en las calles y sobrevivía vendiendo dulces. Un día conoció a un joven mayor que ella, y se hicieron novios. “Salíamos y eso, teníamos relaciones de pareja y quedé embarazada. Cuando le conté, no lo volví a ver”. Con ocho meses de embarazo, quedó sola otra vez. 

Pero Valentina quiere seguir adelante. No está alarmada y confía en que será una buena madre. Habla con tranquilidad y sonríe. “No le voy a hacer vivir lo que yo he sufrido. Valeria no tendrá una vida como la mía”, dice. Valentina quiere seguir su viaje, buscar a su mamá, presentarle a su nieta y trabajar juntas. 

Todo esto ocurre mientras el Estado colombiano parece no entender la dimensión del problema. “Esto ha sido tratado como que si fuera a pasar muy pronto, pero vemos que no es así”, dice Corredor. Mientras tanto, resultan ineficaces e insuficientes las políticas públicas y las rutas de atención efectivas, cada vez más necesarias frente al drama humanitario que ahora mismo afecta a miles de menores no acompañados.
 
* Todos los nombres de los menores han sido cambiados para proteger su identidad.