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Martes, 16 Abril 2019

Explicador: Cuántos son los casos de ‘falsos positivos’

Por José Felipe Sarmiento

No hay una cifra unánime. La cantidad de víctimas depende de la fuente a la que se le pregunte. Además, se ha confundido con la de ejecuciones extrajudiciales. Le contamos las diferencias.

Ya pasaron casi 11 años desde que estalló el escándalo de los llamados “falsos positivos” en Soacha, Cundinamarca, en el que jóvenes desaparecidos en ese municipio fueron asesinados y presentados por el Ejército como guerrilleros muertos en combate en Ocaña, Norte de Santander. Ahora, se sabe que los ‘falsos positivos’ fueron un fenómeno mucho mayor, que abarcó diferentes regiones del país. Sin embargo, todavía no existe una cifra unánime sobre el número de casos y de víctimas.

Para la muestra basta revisar el auto con el que la Justicia Especial para la Paz (JEP) abrió el caso 003 en julio de 2018. La Sala de Reconocimiento de la jurisdicción transicional citó datos del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), que registró 1.741 víctimas de 1984 a 2011; de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (CCEEU), una agrupación de organizaciones sociales, que contó 1.257 de 2002 a 2014; así como datos de la Fiscalía, que dio cuenta de 2.248 muertes entre 1988 y 2014.

¿Qué son ejecuciones extrajudiciales?

Las ejecuciones extrajudiciales son “todos los actos y omisiones representativos de Estado que constituyan una violación al reconocimiento general del derecho a la vida encarnado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos” y otros tratados internacionales. Son ilegales por definición, de modo que no incluyen las sentencias a muerte dictadas por juicios justos. Esto se desprende del mandato del relator especial de la ONU para este tema, establecido por primera vez en 1982.

Es decir que el asesinato de civiles para hacer pasar a las víctimas como bajas en combate es apenas una forma muy específica de ejecución extrajudicial. El término también cubre, por ejemplo, los homicidios selectivos de líderes sociales y políticos o las muertes provocadas por exceso de fuerza en protestas. De hecho, el Estado no siempre es el perpetrador. Un informe del relator especial de la ONU para este asunto, Brace Waly Ndiaye, en 1995, por ejemplo, les adjudicó a las guerrillas y sus milicias urbanas la autoría del 30 por ciento de esas ejecuciones.

Este tipo de ejecuciones en Colombia empezaron a preocupar a la comunidad internacional desde la década de 1990. En 1992, Ndiaye dijo que un “gran número de muertes fueron causadas por el empleo excesivo y arbitrario de la fuerza por agentes estatales”. Entre los casos a los que se refería había masacres de poblaciones y asesinatos de líderes políticos o sociales que el Ejército consideraba colaboradores de la guerrilla.

En 1993, el mismo relator le pidió explicaciones al gobierno de César Gaviria por varias decenas de casos. Al año siguiente visitó el país y en el informe al respecto, que presentó en 1995, denunció que en Arauca se estaba presentando la estrategia de encubrimiento que mucho más tarde pasaría a ser conocida como los ‘falsos positivos’. Estos casos “llamaron la atención” de la alta comisionada de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), Louis Arbour, en 2005 y para 2006 ya eran considerados una modalidad mayoritaria.

¿De dónde salió el término ‘falsos positivos’?

El término ‘falsos positivos’ surgió apenas en 2006. Era utilizado para referirse a los montajes de atentados por parte de agentes del Estado para culpar de su planeación a grupos armados ilegales y cobrar los réditos de su desactivación, sobre todo en los días previos a la segunda posesión presidencial de Álvaro Uribe. El fiscal general de ese entonces, Mario Iguarán, también utilizaba la expresión en se sentido.

En medio del debate por ese escándalo, el senador Gustavo Petro, en ese entonces integrante del Polo Democrático, denunció que los puntajes de evaluación de resultados por ‘positivos’ en el Ejército se estaban traduciendo en muertes de inocentes y no solo en montajes de atentados. “Falsos positivos del ejército dejan varios muertos”, fue el titular de Caracol Radio. Es la relación más antigua que Colombiacheck encontró entre esos asesinatos y la expresión tan conocida hoy en día.

Este significado definitivo solo tomó fuerza dos años más tarde. El caso de Soacha fue el que partió la historia. “¿Falsos positivos mortales?”, se preguntaba la revista Semana en septiembre de 2008. También a partir de entonces empezó la confusión de los términos.

El reportaje contaba “750 investigaciones por ejecuciones extrajudiciales”. Desde el año anterior, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había reportado 726 y Acnudh había dicho que “en la mayoría de estos casos, repitiendo el patrón de años anteriores, las víctimas de los homicidios fueron presentadas como integrantes de grupos guerrilleros o de otros grupos armados ilegales abatidos en combate”.

La CCEEU reconoce en uno de sus informes sobre el tema que, “a pesar del origen periodístico de esta noción [la de ‘falsos positivos’], la cual fue inicialmente rechazada como imprecisa por organizaciones de derechos humanos y de víctimas, ha entrado con fuerza en el lenguaje de organismos internacionales, especialmente en los informes preliminares de la Fiscalía de Corte Penal Internacional que la incluye como unas de las categorías de los crímenes objeto de su observación en el caso colombiano”.

La CPI, Acnudh, la CIDH y los relatores especiales la ONU Philip Alston (que visitó el país en 2009) y Christof Heyns han reportado múltiples cifras desde entonces. En la mayoría de los casos se han basado en los datos de la Fiscalía, aunque también han citado a la Coordinación y al Cinep, entre otras fuentes menos frecuentes.

¿Cuántos son, según la Fiscalía?

El informe que la Fiscalía le entregó a la JEP se refiere a “muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado”. Según el título (pues el contenido es reservado), esa es la definición de ‘falso positivo’ en la que se basó la entidad para elaborar el documento en el que contó 2.248 víctimas.

Pero en años anteriores la Fiscalía ha reportado cifras muy distintas, que han sido citadas y utilizadas sobre todo por organismos internacionales, incluso para hacer sus propios cálculos. Además, la citada publicación de la CCEEU ya había identificado al menos dos definiciones diferentes del concepto por parte de la Fiscalía en 2016. De hecho, los términos usados en cada informe también varían.

Acnudh calculó 3.000 víctimas en 2011 con base en el número de investigaciones que llevaba el ente acusador y los procesos activos, teniendo en cuenta que un “número incierto” permanecía en la Justicia Penal Militar (JPM). Cuatro años después planteó un estimado de 5.000 a partir de “cifras no exhaustivas” de su Unidad de Derechos Humanos. Pero en su informe de este año se quedó con el dato que esta le dio a la justicia transicional.

También partiendo de la Fiscalía, la CIDH habló en 2009 de 1.155 posibles víctimas; en 2010, de 2.103 “personas protegidas” presuntamente asesinadas por la Fuerza Pública; en 2016, de 4.475 “ejecuciones extrajudiciales” (las organizaciones sociales decían que eran 5.993) y en 2017 retrocedió a “3.185 víctimas únicas y 645 víctimas clasificadas como personas no identificadas” de “falsos positivos”, datos tomados del balance final de Eduardo Montealegre como fiscal general.

La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), en su informe preliminar de evaluación sobre Colombia en 2012, también retomó datos de la entidad que hablaban de 2.896 posibles víctimas en los casos que entonces estaban bajo investigación; en 2015, de más de 3.000 casos y en 2016, de 4.190 víctimas. La ONG Human Rights Watch (HRW), entre tanto, había citado la cifra de 3.700 casos en 2014, algunos con más de una víctima.

Ante la diversidad de números con el mismo origen, Colombiacheck le consultó a la Fiscalía las razones de la variación, en especial con relación al informe entregado a la JEP. La respuesta de la Unidad de Derechos Humanos de la entidad, según su jefe de prensa, Luis Antonio Páez, fue que los datos de este último trabajo “no son comparables” con los de años anteriores. “Una cosa es la administración pasada y otra es este documento que se hizo ahora, que ya tiene una información muchísimo más detallada”, explicó.

¿Cuántos son, según las organizaciones sociales?

La CCEEU también comparó las diversas definiciones que el Cinep, Alston, la CIDH, Acnudh y la CPI habían hecho de esa modalidad de crimen hasta 2016 y aclaró su diferencia con la categoría general de las ejecuciones extrajudiciales. El resultado fue su propia descripción de ‘falsos positivos’:

“Homicidios intencionales e ilegítimos llevados a cabo por agentes estatales, presentados y registrados por la fuerza pública como resultados positivos en el marco de operativos militares y operaciones policiales de control del orden público, haciendo pasar a dichas personas como si hubieran muerto en combate o enfrentamientos con la fuerza pública, o en otros casos como si fueran miembros de organizaciones ilegales. Bajo este concepto también podrían ser considerados los casos de personas muertas fuera de combate, asesinados en estado de indefensión o rematados luego de haber sido heridos, y que por esa circunstancia, eran ya personas protegidas por la normatividad humanitaria, pero que fueron presentados falsamente como si hubieran muerto en combate, legalizando su muerte como un resultado exitoso de las operaciones militares”.

Pero mientras la JEP afirmó, al abrir el caso, que en la base de datos que le suministró la CCEEU aparecen 1.257 víctimas, el coordinador del Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de esta organización, Alberto Yepes, señaló que “pudo haber un error de digitación” porque “nosotros no dimos esa cifra”. Por el contrario, insistió en que van cerca de 6.600 víctimas como mínimo.

En cuanto al Cinep, en su banco de datos están registradas al menos 1.741 víctimas de ‘falsos positivos’ desde los ochenta hasta 2011, según el auto de la JEP. Ese año, su revista Noche y Niebla publicó el especial ‘Deuda con la humanidad 2’, dedicado a este tipo de casos. Este contiene una cronología con los 951 que había contabilizado hasta entonces, algunos con más de una víctima.

Su coordinador, el padre Javier Giraldo, los definía como “una modalidad específica del crimen de ejecución extrajudicial, en la cual se utiliza un mecanismo ficticio para obviar la antijuridicidad del acto, recurriendo a la única circunstancia en que la eliminación de vidas humanas puede evadir su condición de acto punible: cuando se mata en medio de un combate o enfrentamiento armado, enfrentando a otro actor armado que está atentando simultánea y positivamente contra la propia vida; en otros términos, cuando se mata ‘en legítima defensa’”.

No obstante, la CCEEU advierte en su análisis de definiciones que el Cinep “incluye también casos no directamente relacionados con el conflicto armado, aunque aquí el elemento determinante es que hubieran sido falsamente presentados y ‘legalizados’ como muertos en enfrentamientos con agentes estatales”. Pone como ejemplos los homicidios de Cristian Cabrera y Sócrates Osorio, asesinados por la Policía en 2015 y acusados respectivamente de ser un ladrón y un traficante de drogas que habían disparado contra los agentes.

¿Pueden ser 10.000?

Como ya se vio, incluso las estimaciones más pesimistas luego del escándalo a duras penas llegaron a las 5.000 víctimas. Pero Yepes afirma que sí podrían ser 10.000, porque en las cuentas de la CCEEU “faltan los N.N. y casos que nunca fueron investigados por la justicia ordinaria, que están en la Justicia Penal Militar”.

La cifra llegó a los titulares de medios como la emisora Blu Radio y el portal Pulzo en 2018, luego de que el diario británico The Guardian la sacó del libro ‘Ejecuciones extrajudiciales en Colombia, 2002-2010’, escrito por el coronel (R) de la Policía y sociólogo Ómar Rojas con el historiador Fabián Benavides. La obra les atribuye el dato a “proyecciones de expertos y victimarios” al tiempo que cita otras cuentas mucho más bajas de la misma CCEEU (5.763) y la Fiscalía (4.475).

El supuesto papel encubridor de la JPM que justifica el escandaloso cálculo ha sido negado por el Estado. Por ejemplo, ante la CIDH en 2015, el Gobierno desestimó las denuncias de organizaciones sociales que demandaron la ampliación del fuero penal militar porque permitió el paso a esa jurisdicción de expedientes contra la Fuerza Pública por homicidio. El entonces embajador ante la OEA, Andrés González, sostuvo que entre ellos no había casos de ‘falsos positivos’.

¿Ya dejaron de ocurrir?

Aunque son menos, la CCEEU y el Cinep siguen denunciando la ocurrencia de nuevos casos de ‘falsos positivos’. La comunidad internacional dice que las ejecuciones extrajudiciales todavía son un problema en Colombia, pero con nuevas modalidades. En todo caso la continuidad del fenómeno es otro tema de debate entre las fuentes.

A finales de marzo pasado, La Liga contra el Silencio publicó un reportaje sobre un posible caso ocurrido apenas tres semanas antes en el sur de Bolívar. Murió un joven de 18 años. Según la comunidad, fue por disparos del Ejército contra las personas que estaban en una cancha de fútbol y al fallecido lo habían acusado luego de ser guerrillero. Las Fuerzas Militares dijeron que los civiles habían quedado en medio del fuego cruzado en un enfrentamiento contra el ELN y que la víctima mortal, José Sánchez, nunca fue presentada como baja del grupo armado ilegal.

El informe más reciente de Acnudh sostiene que hubo 11 posibles casos de ejecuciones extrajudiciales en 2018 (seis fueron a manos de la Policía y cinco, del Ejército); también, que estas prácticas se han reportado ya por tres años consecutivos en Arauca y Norte de Santander. El Gobierno respondió con una carta, revelada por el noticiero CM&, en la que el ministro de Defensa, Guillermo Botero, le asegura a la alta comisionada Michelle Bachelet que “cuatro de los cinco hechos ocurrieron durante combates y los muertos portaban fusiles y prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares”.

En años anteriores, esa oficina de la ONU había dicho que los atentados contra la vida de civiles por parte de la Fuerza Pública persistían como problema en general. Sin embargo, aseguraba que no había recibido nuevas denuncias con las características de los ‘falsos positivos’ sino que habían surgido nuevas modalidades (ver línea de tiempo).

La CCEEU y el Cinep, en cambio, han denunciado la continuidad del fenómeno. La primera lo hizo ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU en 2016, cuando reportó que en 2015 había habido 65 ejecuciones extrajudiciales, incluyendo 16 ‘falsos positivos’.

El Cinep, en el banco de datos de su revista Noche y Niebla, ha registrado 64 casos posteriores a su cronología de 2011, que han dejado 173 víctimas. En el más reciente murieron Silvia Juvenal y Jefferson Monroy, el 27 de mayo de 2018 en La Montañita, Caquetá. Es el ‘falso positivo’ número 848 desde 2001 y van al menos 1.044 desde 1984 en los anales de esta organización.

¿Qué se espera de la JEP en este caso?

La competencia de la JEP es sobre los casos ocurridos antes de la firma del Acuerdo del Teatro Colón. Cualquier posible ‘falso positivo’ después de noviembre de 2016, como los que denuncian el Cinep y la CCEEU, está fuera de su alcance. Pero si en algo están de acuerdo todas las fuentes es en que el periodo más crítico fue el gobierno Uribe, en especial entre 2004 y 2008, y así lo expresó también la Sala de Reconocimiento al abrir el proceso.

La jurisdicción ya ha acreditado a más de 30 víctimas para intervenir en él. Además, hasta finales de febrero, 55 militares ya habían comparecido ante la JEP por los hechos del caso 003. Entre ellos el general (R) Mario Montoya, comandante del Ejército durante los años con mayor cantidad de ‘falsos positivos’ y señalado por el director de HRW, José Miguel Vivanco, de tener “una carrera militar marcada” por esa práctica desde que estuvo al frente de la Cuarta Brigada y la Primera División.

La representante legal de las Madres de los Falsos Positivos de Soacha y Bogotá (Mafapo), Jacqueline Castillo, tiene dudas sobre la intención de los comparecientes de contribuir a la verdad. Sin embargo, asegura que “con uno solo que hable, todos empiezan a caer”.

El investigador Gabriel Ignacio Gómez, docente de la Universidad de Antioquia y doctor en Estudios de Justicia, coincide con ella en la importancia de la colaboración. “El hecho de que haya confusión en las cifras es un síntoma de lo delicado que es el problema. La dificultad de estos casos es de orden probatorio, es decir, la documentación y el soporte. Las declaraciones de los agentes de la Fuerza Pública serían muy valiosas para el esclarecimiento de la verdad”, concluye.

Según la vocera de Mafapo, “si las cosas se dieran a través de la JEP, las cifras podrían aumentar muchísimo más”. ¿Cuánto? “Más de los 10.000 casos”, pronostica con base en la cantidad de cuerpos que las integrantes de la organización han visto como N.N. en las fosas de donde han podido recuperar los restos de sus hijos, asesinados por el Estado para presentarlos como bajas legítimas. Por ahora, hay que esperar.

Miércoles, 05 Septiembre 2018

¿Qué es el fracking?

Por Luisa Fernanda Gómez Cruz

¿Cómo funciona? ¿En qué están las políticas en Colombia? Colombiacheck revisó algunas de las preguntas más comunes que han hecho los ciudadanos alrededor del tema y consultó a varias fuentes expertas, académicos y al Gobierno Nacional para dar algunas respuestas.

Durante las últimas semanas el debate sobre los hidrocarburos ha girado en torno al llamado “fracking”. Sin embargo, no se han aunado muchos esfuerzos para tratar de explicar en qué consiste exactamente el tema a debatir, cómo funciona, en qué va la regulación en Colombia, dónde se quiere o se puede hacer.

Por eso, Colombiacheck intenta dar respuesta a algunas de las preguntas más comunes que están haciendo los usuarios en los motores de búsqueda. Aquí están algunas de ellas. No obstante, la idea es que, a medida que vaya leyendo, nos deje las preguntas que le sigan surgiendo o ante las cuales no siente que haya tenido una respuesta clara.

¿Qué es el fracking?

Andrés Ángel, asesor científico de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), explica que el fracking es una técnica de extracción de hidrocarburos que consiste en la inyección de grandes volúmenes de fluidos a presión para generar fracturas en rocas y así crear vías de migración de los hidrocarburos hacia la superficie.

Por su parte, Óscar Vanegas, ingeniero de petróleos y docente de la Universidad Industrial de Santander (UIS), aclara que el “fracking” (o fracturación hidráulica, en español) se ha utilizado desde 1947 para la extracción de hidrocarburos. Es decir, en varios casos el petróleo que utilizamos se ha extraído a través de la fracturación hidráulica de areniscas o calizas, que se conocen como yacimientos convencionales.

Sin embargo, lo que ha generado grandes debates durante los últimos años es, en particular, la fracturación hidráulica de lutitas: las rocas madre donde se origina el petróleo y el gas. Estos son los llamados “yacimientos no convencionales”. La extracción de hidrocarburos en estos yacimientos no convencionales es a lo que actualmente se denomina “fracking” en los debates en medios nacionales e incluso dentro del gabinete del presidente Iván Duque.

¿Cómo funciona?

En resumen, el fracking funciona fracturando rocas que están cientos o miles de metros debajo de la superficie terrestre, y dentro de las cuales está almacenado el petróleo, y creando un camino para que el líquido resultante pueda llegar a la superficie.

Para explicar mejor el tema, compartimos dos videos, uno creado por el periódico El Tiempo y otro por el Instituto Argentino del Petróleo y el Gas, que van más a profundidad.

¿Qué es la permeabilidad?

Un término que se repite constantemente en las explicaciones sobre el fracking es la permeabilidad. Ángel explica que esta palabra hace referencia a “una característica física de las rocas”. Es el grado de conexión entre los espacios vacíos dentro de un material.

“En geología, los espacios vacíos [dentro de una roca] son llamados ‘poros’. El volumen total de esos poros es llamado ‘porosidad’”, dice Ángel. Sin embargo, no todos los poros de una roca se pueden llenar de agua o hidrocarburos, porque no están conectados a otros. De modo que la permeabilidad es la porosidad efectiva, la que se puede llenar con algo.

La idea del fracking es conectar los poros de las rocas, a través del fracturamiento hidráulico, para sacar sacar el hidrocarburo a la superficie.

¿Dónde y cuándo se originó el fracking?

Según Vanegas, el fracturamiento hidráulico convencional comenzó en Kansas (Estados Unidos) en 1947. El no convencional, aunque estaba patentado desde 1865, comenzó a utilizarse en el año 2000, en Pensilvania (también en Estados Unidos). “Antes, el precio del petróleo convencional no daba para meterse en esto, las tensiones geopolíticas no lo justificaban”, dice Ángel. Según el científico, no existían las tecnologías que lo hicieran rentable.

¿Qué químicos se utilizan para la fracturación de las rocas?

Vanegas explica que cada empresa fabricante de esos químicos le da su nombre al producto que vende, pero que en términos genéricos las sustancias que se utilizan para que sea más fácil fracturar la roca son reductores de viscosidad, inhibidores de precipitación de escamas, viscosificantes, inhibidores de corrosión, estabilizadores de pH y fluidos pisotrópicos que permitan el flujo a través de las fracturas.

¿Cuáles son los riesgos?

En un artículo anterior (Vea: Dakota del Norte no es un ejemplo de fracking responsable) Colombiacheck revisó los informes “Hydraulic Fracturing for Oil and Gas: Impacts from the Hydraulic Fracturing Water Cycle on Drinking Water Resources in the United States” de la EPA (Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos), publicado en diciembre de 2016; y el “Compendio de hallazgos científicos, médicos y de medios de comunicación que demuestran los riesgos y daños del Fracking”, realizado por Concerned Health Professionals of New York y Physicians for Social Responsibility, ediciones tercera y quinta, de octubre de 2015 y marzo de 2018, respectivamente.

Colombiacheck encontró que se han presentado riesgos en el caso específico de Dakota del Norte (Estados Unidos) por derrames de petróleo, derrames de aguas contaminadas con los químicos agregados para el fracturamiento, contaminación de fuentes de agua subterránea, contaminación del aire y hasta riesgos para los trabajadores.

Adicionalmente, la Alianza Mexicana Contra el Fracking, compiló los que para su caso son los principales “impactos socioambientales del uso de la fracturación hidráulica”, que incluye los siguientes:

  • Disminución de disponibilidad del agua: La fracturación de un solo pozo requiere entre nueve y 29 millones de litros de agua. El ritmo de explotación anual de 9,000 nuevos pozos en Estados Unidos que se pretende exportar a México supondría un volumen de agua equivalente al necesario para cubrir el consumo doméstico (100lts/pers/día) de entre 1,8 y 7,2 millones de personas en un año.
  • Emisión de gases y su contribución al calentamiento global: 90% de las emisiones en el proceso de obtención del gas es metano, aunque también se emite dióxido de azufre, óxido de nitrógeno y compuestos orgánicos volátiles. Aunque la quema del gas natural emite menos dióxido de carbono que otros hidrocarburos, el proceso completo de su explotación contribuye en mayor medida a la aceleración del cambio climático debido a las fugas de metano producidas durante su extracción.
  • Sismos antropogénicos: En Arkansas, Ohio, Oklahoma, Colorado y Texas, regiones sin actividad sísmica histórica, se han multiplicado en años recientes el número de sismos superiores a los tres grados. Los epicentros de estos sismos coinciden con la localización de los pozos de inyección.

Por otro lado, para Ángel, más allá de los riesgos ambientales, el principal riesgo es que la extracción va a generar más extracción: “Más gases de efecto invernadero, menos transición, menos innovación. Es raspar la olla y eso es inherentemente insostenible”.

¿Cuáles son las razones para impulsarlo en Colombia?

“Esto es un tema de autosuficiencia energética” dice la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP). Las reservas del país son limitadas, según la ACP. El último informe de reservas 2017 estableció que, para el caso de crudo, el nivel de reservas es de 5,7 años y, para el caso de gas, de 11,7 años. “Por lo cual es importante continuar las campañas de exploración y producción en yacimientos convencionales. Pero también hay una clara oportunidad de poder ampliar las reservas apostándole a nuevos proyectos como no convencionales”, según dice la ACP en un comunicado enviado a Colombiacheck.

“Adicionalmente, por su método de operaciones, la técnica del fracking requiere grandes contrataciones de bienes y servicios y es un generador de empleo, es decir que es también una gran oportunidad para impulsar la economía del país y las regiones”.

¿Cuál es el potencial de Colombia para extraer hidrocarburos a través de yacimientos no convencionales?

De acuerdo a los escenarios de incorporación de reservas realizados por la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME) -entidad de carácter técnico, adscrita al Ministerio de Minas y Energía- sería posible incorporar hasta 10.000 millones de barriles promedio diario provenientes de yacimientos no convencionales (la producción actual de petróleo es de aproximadamente 860.000 barriles al día según MinMinas). Sin embargo, el Ministerio de Minas no ha hecho estimaciones aún sobre cuánto recibiría el país en ingresos fiscales, “ya que la rentabilidad de este tipo de proyectos dependerá de la capacidad de los operadores de reducir los costos”.

¿En qué está la política para el fracking en Colombia en este momento?

En la actualidad se cuenta con el marco técnico para la exploración y explotación de hidrocarburos en yacimientos no convencionales, expedido por el Ministerio de Minas y Energía en 2013.

En 2014, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible expidió los términos de referencia para la elaboración del estudio de impacto ambiental para la exploración de hidrocarburos. Y en ese mismo año, nuevamente el MinMinas estableció los requerimientos técnicos y procedimientos para la exploración y explotación de hidrocarburos en yacimientos no convencionales.

“Con estas tres regulaciones, es posible que se lleve a cabo la fase de exploración de hidrocarburos en yacimientos no convencionales”, dijo en un comunicado el Ministerio de Minas a Colombiacheck.

¿Es decir que hoy ya se puede hacer fracking?

Se puede explorar solicitando el debido licenciamiento ante la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), que es lo que vienen solicitado en este momento los dos proyectos de ConocoPhillips y los de ExxonMobil y Ecopetrol. Pero la explotación no es posible porque no han salido los términos de referencia para expedir licencias ambientales de explotación, que es lo que están esperando las empresas petroleras, según Carlos Andrés Santiago, coordinador de la Alianza Colombia Libre de Fracking.

¿En qué zonas del país se puede hacer fracking?

Estudios de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) indican que el país tiene potencial principalmente en las cuencas de la zona del valle del Magdalena Medio, en la cuenca Cesar-Ranchería, en el Catatumbo, la cordillera oriental y los llanos orientales.

Mapa de yacimientos no convencionales de hidrocarburos en Colombia.
*Mapa construido por @Geographiando con datos de la ANH.

De acuerdo con Santiago, la apuesta para comenzar es desarrollar en una primera etapa el valle del Magdalena Medio y la cuenca Cesar Ranchería.

¿Qué empresas están interesadas en hacer fracking en Colombia?

Drummond, ConocoPhillips, Canacol Energy, Parx Resources, ExxonMobil y Ecopetrol.

 

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