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Jueves, 04 Junio 2020

Explicador: ¿Qué son las medidas cautelares y para qué sirven?

Por Sania Salazar

El ahora partido Farc solicitó a la CIDH adoptar medidas cautelares a favor de los exguerrilleros amenazados y asesinados después de la firma del Acuerdo Final.

El Partido Fuerza Alternativa del Común, Farc, que hasta hace tres años era un grupo guerrillero, le solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, adoptar medidas cautelares a favor de los exguerrilleros de esa organización que han sido amenazados “como consecuencia de un exterminio sistemático en contra de los firmantes del Acuerdo Final de Paz. Evidenciando que el Gobierno Nacional por acción y omisión no ha garantizado las obligaciones contenidas en la Convención Americana sobre D.D.H.H.”, indica en una carta.

 

¿Qué quiere decir esto? En este artículo respondemos las preguntas más comunes al respecto.

¿Qué son las medidas cautelares?

Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, las medidas cautelares son una herramienta para proteger los derechos fundamentales de los habitantes de los 35 Estados que se encuentran bajo la competencia de la Comisión Interamericana. 

A qué medidas en particular hacen referencia se define caso por caso entre la Comisión y uno de sus Estados miembros, como explicamos más abajo.

El artículo 25 del reglamento de la CIDH dice que la Comisión podrá solicitarle a un Estado que adopte medidas en situaciones “de gravedad y urgencia que presenten un riesgo de daño irreparable” para personas.

Juliana Galindo Villarreal, abogada, politológa y consultora en Derechos Humanos y justicia transicional, explicó que las medidas cautelares tienen por objeto proteger a una persona o a un grupo de personas frente a la amenaza de vulneración de sus derechos, es una medida preventiva.

Estas medidas, explica la Comisión, podrán ser de naturaleza colectiva con el fin de prevenir un daño irreparable a las personas debido a su vínculo con una organización, grupo o comunidad de personas determinadas o determinables.

¿Y qué es la Comisión y Interamericana de Derechos Humanos?

Galindo Villarreal le explicó a Colombiacheck que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, es un órgano consultivo no judicial encargado de la observancia y la protección de los Derechos Humanos consagrados en la Convención Americana sobre esos derechos, esa convención es un tratado internacional firmado por Estados de América y Colombia hace parte de ella.

La Comisión, que es un órgano de la Organización de Estados Americanos, tramita peticiones sobre posibles vulneraciones a los Derechos Humanos y hace las recomendaciones pertinentes al Estado y el seguimiento de los casos en todos los Estados parte.

Cuando un Estado no protege los Derechos Humanos, los afectados o interesados deben pasar por la Comisión para llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (usualmente abreviada a Corte IDH) y para eso presentan una petición ante la Comisión. Esta revisa, hace unas recomendaciones y hace seguimiento al caso. Si a pesar de esto el Estado no hace nada para reparar daños ocasionados o evitar que sucedan de nuevo, entonces por solicitud del afectado o de la Comisión el caso puede ir ante la Corte.

¿Qué es y qué hace entonces la Corte?

Es un tribunal internacional cuya función es proteger los derechos de la misma convención y decretar responsabilidades internacionales en caso de que los Estados no protegan los mismos por acción u omisión.

“La Corte tiene el mandato de decretar la responsabilidad internacional de un Estado, que en derecho internacional tiene unas consecuencias muy graves que no parecen tan evidentes, pero en un sistema internacional un Estado que no respeta una norma internacional es una grave afrenta a como está constituida la comunidad internacional actualmente, no está bien visto en la comunidad internacional que un Estado viole los Derechos Humanos”, indicó la consultora.

¿Quién puede solicitar medidas cautelares?

Galindo Villareal precisó que cualquier ciudadano puede pedir las medidas sin necesidad de ser abogado ni de estar acompañado por uno, se debe sustentar la solicitud, pero no es necesario presentar pruebas e indicó también que es una medida sencilla que busca proteger a la persona de una amenaza inminente. También explicó que puede ser presentada por un tercero a nombre de una persona o de un grupo de personas.

Según el artículo 25 del reglamento de la CIDH, las medidas cautelares protegen a personas o grupos de personas, siempre que el beneficiario o los beneficiarios puedan ser determinados o determinables, a través de su ubicación geográfica o su pertenencia o vínculo a un grupo, pueblo, comunidad u organización.

¿A quiénes protegen las medidas cautelares?

Según la Comisión, en los últimos 35 años, las medidas cautelares han sido invocadas para proteger a miles de personas o grupos de personas que se encuentran en riesgo, en razón de su trabajo o afiliación. Entre estos grupos se encuentran, defensores de derechos humanos, periodistas y sindicalistas, grupos vulnerables, tales como mujeres, niños, comunidades afrodescendientes, pueblos indígenas, personas desplazadas, comunidades LGTBI y personas privadas de libertad. Adicionalmente, han protegido a testigos, operadores de justicia, personas en vías de ser deportadas a un país donde podrían enfrentar torturas o ser sujeto a tratos crueles e inhumanos y personas condenadas a la pena de muerte, entre otros.

¿Qué evalúa la CIDH para otorgar medidas cautelares?

Según el reglamento de la CIDH, se evalúan los siguientes aspectos:

A. La “gravedad de la situación”, significa el serio impacto que una acción u omisión puede tener sobre un derecho protegido o sobre el efecto eventual de una decisión pendiente en un caso o petición ante los órganos del Sistema Interamericano.

B. La “urgencia de la situación” se determina por la información que indica que el riesgo o la amenaza sean inminentes y puedan materializarse, requiriendo de esa manera acción preventiva o tutelar, y

C. El “daño irreparable” significa la afectación sobre derechos que, por su propia naturaleza, no son susceptibles de reparación, restauración o adecuada indemnización.

Galindo Villareal recordó que ya la CIDH ha señalado que una situación de gravedad puede evidenciarse por el tono de las amenazas recibidas (mensajes orales o escritos), la materialización de hechos contra uno o más miembros del grupo blanco de las amenazas, así como los antecedentes de actos de agresión contra personas o grupos similares (el caso del partido Unión Patriótica en Colombia), agresiones directas perpetradas contra alguno de los afectados, el incremento de las amenazas, casos de apología o incitación a la violencia en contra de los afectados o panfletos con ultimátum.

También explicó que la Comisión evalúa estas solicitudes teniendo en cuenta el contexto del país o la región donde se presentan.

“Normalmente el daño irreparable se ha asociado en el Sistema Interamericano con las posibles violaciones de los derechos a la vida y a la integridad personal, esa es la razón de ser de las medidas cautelares. Sin embargo la Comisión ha adoptado un enfoque mucho más amplio para entender el derecho a la vida y a la integridad personal, entonces va más allá de la privación de la vida e incluso se extiende a las condiciones de existencia digna y eso es muy importante porque eso permite que estas medidas tengan una salida más allá de pensar en aquellos que están siendo amenazados o que han sufrido atentados contra su vida”, señaló.

¿Qué deben hacer los Estados ante esta solicitud de la CIDH?

La consultora explicó que antes de decidir sobre el otorgamiento de las medidas, la CIDH solicita al Estado información sobre la situación, para lo cual, normalmente, da un tiempo corto y el Estado, a través de su ministerio de relaciones exteriores, recopila información sobre los hechos presentados por los solicitantes y remite su respuesta la Comisión. 

Esta hace un balance teniendo en cuenta la información de las partes y decide otorgar, o no, las medidas cautelares, lo que sustenta a través de un comunicado.

De ser otorgadas las medidas, estas deben definirse en conjunto entre el Estado y los solicitantes de las mismas.

“Los Estados, en cumplimiento de sus obligaciones internacionales, deben dar la protección efectiva para evitar la situación de riesgo presentada. Asimismo, son las partes las que deben diseñar el tipo de medidas materiales más adecuadas, y/o de otro carácter, para atender las situaciones planteadas y prevenir la consecución de situaciones de riesgo adicionales”, indica la Comisión.

¿Las medidas cautelares son obligatorias?

No son de obligatorio cumplimimiento para un Estado, porque hacen parte del reglamento interno de la Comisión y no de un documento adoptado por los Estados miembros, es decir que no es vinculante jurídicamente, explicó la consultora, pero señaló que políticamente las medidas cautelares tienen una relevancia fuerte en el Sistema interamericano y en la Organización de Estados Americanos, OEA.

¿Cuánto se demora el proceso para otorgarlas o negarlas?

No hay un plazo específico, pero Galindo Villareal explicó que eso puede depender de la gravedad y la urgencia del caso y recordó que el artículo 25 del reglamento dice que ante la inminencia de un daño irreparable la Comisión puede tomar medidas sin haber recibido la información sobre el caso del Estado implicado y decreta la medida de manera inmediata.

¿Cómo les hace seguimiento la CIDH a las medidas?

Utiliza varias herramientas a su disposición para facilitar el seguimiento y monitoreo de las medidas cautelares: intercambio de comunicaciones; convocatorias a reuniones de trabajo o audiencias en el marco de los periodos de sesiones de la CIDH, reuniones de seguimiento dentro del marco de visita en el lugar o de trabajo de la CIDH o de la Relatores de País; comunicados de prensa, informes temáticos, o informes sobre el país particular.

Las medidas pueden mantenerse por largos periodos de tiempo, pero no pueden ser eternas.

 

Martes, 04 Diciembre 2018

¿Qué es la Comisión de la Verdad?

Por Luisa Fernanda Gómez Cruz

Acaba de comenzar el mandato de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad. A partir del 29 de noviembre arrancó su carrera contra el tiempo y el olvido. Pero, ¿qué es exactamente la comisión?, ¿cuáles son propiamente sus funciones? y ¿por qué son importantes?

“La historia de muchos países, incluido Colombia, muestra que ignorar el pasado mantiene las heridas abiertas y alimenta el desprecio por la vida”, es la respuesta que da la misma Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (CEV) en su página oficial a la pregunta “¿La verdad abrirá más las heridas?”.

La búsqueda de la verdad, por su parte, es un derecho internacionalmente reconocido que contribuye a la creación de un registro histórico y que impide la negación de los hechos de violencia.

“Al dar más información a las víctimas sobre los hechos sufridos (la suerte de los desaparecidos o la razón de que algunos grupos fueran blanco especial de la represión), puede ayudarles a cerrar esa etapa”, de acuerdo con el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICJT por sus siglas en inglés).

Por esta razón, tras un conflicto interno de más de 50 años, se creó en Colombia una instancia que, por un tiempo limitado, asume la tarea de indagar por las condiciones que hicieron posible el conflicto y, con sus hallazgos, transformar esa verdad en memoria y reconciliación.

Colombiacheck, en un capítulo más de sus artículos explicativos, decidió resolver las preguntas más básicas alrededor de la Comisión de la Verdad en aras de contribuir a un debate informado. Pero también, buscando mantenerlo abierto, dejamos al final una dirección de correo electrónico a la cual pueden enviarnos nuevas preguntas, suministrarnos nuevas fuentes o pedirnos aclaraciones, en caso de ser necesario.

¿Qué es una comisión de la verdad?

Las comisiones de la verdad son organismos oficiales (de los gobiernos), no judiciales y de vigencia limitada, que se constituyen para esclarecer hechos, causas y consecuencias de períodos de violencia masiva, de acuerdo con la ICTJ.

En un artículo publicado por Razón Pública, el profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana​ Gustavo Salazar explica que la primera de estas comisiones fue constituida en Uganda en 1974 para esclarecer las desapariciones cometidas por el gobierno a partir del 25 de enero de 1971. Desde entonces han sido creadas casi 50 comisiones de la verdad y en nuestro continente son reconocidas las de Argentina, Chile y El Salvador.

¿Qué busca?

Según el artículo de Salazar, una comisión de la verdad tiene entre sus objetivos: 

  • Evitar la negación de sucesos violentos o el olvido de sus responsables. 
  • Determinar los contextos históricos y sociales que dieron pie y sustento a esos sucesos. 
  • Proteger, reconocer y dar poder y voz a las víctimas y sobrevivientes, reafirmarlos como sujetos de derechos y alentar el reconocimiento y la solidaridad de todo el país.
  • Reconocer violaciones masivas de derechos humanos cometidas por Estados supuestamente democráticos

“Las comisiones de la verdad, independientes y eficaces, se han convertido en parte fundamental de las iniciativas de justicia transicional en todo el mundo”, dice la ICTJ.

¿Todos los procesos de paz han tenido, en su implementación, una comisión de la verdad?

No todos, según Borja Paladini, representante en Colombia del Instituto Kroc, la única organización que compara la implementación de los procesos de paz en el mundo.

“Solo algunos hacen uso de la comisión de la verdad y Colombia es el primer caso en donde hay un sistema integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición”, dice Paladini.

Según Paladini, se tiene justicia con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP); verdad con la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición y la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos; reparación con las reparaciones individuales y colectivas previstas en la Ley de Víctimas, y no repetición con la implementación del acuerdo, en general, y las medidas de seguridad, protección y atención a temas estructurales del conflicto, en particular. 

Lo que ha pasado en otros casos del mundo, de acuerdo con Paladini (ya que el instituto que él representa le ha seguido la pista a 35 procesos de paz en los últimos 40 años), es que se prioriza la verdad sobre la justicia o la justicia sobre la verdad. O, en el peor de los casos, no hay ninguna. “A Colombia hoy la está mirando el mundo porque es el primer caso en donde, en teoría, se crea un sistema integral”, concluye Paladini.

¿Cómo nace la Comisión de la Verdad de Colombia?

La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición fue creada de conformidad con el Acuerdo Final entre el Gobierno y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). 

Está consignada en el acuerdo cinco (5.1.1.1), sobre las víctimas, “que hace parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición acordado para satisfacer los derechos de las víctimas, terminar el conflicto y alcanzar la paz”, de acuerdo con el tercer informe de verificación de la implementación del Acuerdo Final de Paz en Colombia para los Verificadores Internacionales, creado por la Secretaría Técnica del Componente Internacional de Verificación. 

“El concebir la justicia restaurativa como el eje del modelo de justicia transicional a desarrollar, y el privilegiar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación integral y la no repetición, significaba la creación de un mecanismo que diera cuenta de estos derechos, al tiempo que permitiera brindar seguridad jurídica a los comparecientes”, según explica Vera Samudio, investigadora del Cinep.

¿Y qué es exactamente?

La Comisión es una institución del Estado colombiano, de rango constitucional, autónoma e independiente. Debe rendir cuentas a la ciudadanía cada seis meses. Trabaja de la mano de todas las instituciones para garantizar el derecho a la verdad de las víctimas y de la sociedad colombiana.

Y debe ser entendida, según Samudio, como el mecanismo encargado de dar cuenta del derecho a la verdad de las víctimas, en el que se pueda construir una explicación compleja e integral del conflicto armado, se escuchen las voces de quienes padecieron los crímenes en procura de su sanación, se identifiquen responsabilidades colectivas y donde los responsables reconozcan sus acciones delictivas y pidan perdón a las víctimas. 

¿Cuáles son sus objetivos?

Según el el decreto 588 de 2018 que crea la comisión, la CEV tiene tres grandes objetivos:

  1. Contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido y ofrecer una explicación amplia de la complejidad del conflicto
  2. Promover y contribuir al reconocimiento de las víctimas como ciudadanos y ciudadanas que vieron sus derechos vulnerados y como sujetos políticos de importancia para la transformación del país. Pero también el reconocimiento de las responsabilidades por parte de todos los que participaron en el conflicto. 
  3. Promover la convivencia en los territorios; la creación de un ambiente transformador que permita la resolución pacífica de los conflictos y la construcción de la más amplia cultura de respeto y tolerancia en democracia. 

En general, “la CEV deberá aportar a la construcción de una paz basada en la verdad, el conocimiento y reconocimiento de un pasado cruento que debe ser asumido para ser superado”, sentencia el decreto.

En términos prácticos, ¿qué hará?

“Escuchar a víctimas, responsables y testigos del conflicto armado de todos los sectores, regiones y condiciones sociales en el país para lograr un relato amplio y comprensivo de los hechos y contextos que explican medio siglo de guerra”, responde la página oficial de la Comisión. 

A la CEV pueden acudir todas las personas, organizaciones, empresas e instituciones que consideren que pueden contribuir con información (testimonios, bases de datos, archivos y documentos) que ayude al esclarecimiento de las formas de violencia y sus impactos.

Y al final, las conclusiones que entregue la CEV quedarán consignadas en el informe final, que de acuerdo con una entrevista que le dio Marta Ruiz (integrante de la Comisión) a Colombia 2020, entregarán seis meses antes de finalizar el mandato de la comisión. Este documento será de carácter histórico, ético y humano y tiene el propósito de dejar sentadas las bases de la no repetición.

¿Quiénes la integran?

Once comisionados; entre los que se cuentan defensores de derechos humanos, economistas, periodistas e investigadores. Estarán acompañados por un equipo interdisciplinario para hacer presencia en nueves regiones del país y a través de grupos móviles recogerán testimonios de todos los sectores. 

El presidente de la comisión es el padre Francisco de Roux. Colombia 2020 publicó un perfil de cada uno de los comisionados. 

¿Cuándo empieza sus funciones?

El 8 de mayo de este año, cuando el expresidente Juan Manuel Santos posesionó a los comisionados, se creó formalmente la Comisión. A partir de ese día arrancó un tiempo previo de seis meses, establecido por el decreto 588 de 2018, “para preparar todo lo necesario para su funcionamiento”, según dice la norma. 

Terminados esos seis meses, el 29 de noviembre inició el mandato de la Comisión de la Verdad.

¿Cuánto tiempo dura su mandato?

El mismo decreto establece un periodo de tres años. Tras la culminación de su periodo se instalará un comité independiente para hacer seguimiento a las recomendaciones hechas por la CEV en el informe final, según explica la investigadora del Cinep.

¿Qué diferencia hay entre la Comisión de la Verdad y la Jurisdicción Especial para la Paz?

La Comisión de la Verdad es una entidad de carácter extrajudicial, es decir que sus actividades no tendrán carácter judicial, ni servirán para la imputación penal ante ninguna autoridad jurisdiccional. No juzga ni pone penas.

La JEP, por su parte, es el componente de justicia y fue creada para satisfacer los derechos de las víctimas a la justicia, ofrecerles verdad y contribuir a su reparación, según información suministrada en la página oficial de la entidad.

No obstante, la CEV trabajará de manera coordinada con la JEP y con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, dado que hace parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación.

¿La CEV puede ‘compulsar copias’ de sus hallazgos a la JEP o a la justicia ordinaria?

No, según el decreto 588 de 2018 “la información que reciba o produzca la CEV no podrá ser trasladada por ésta a autoridades judiciales para ser utilizada con el fin de atribuir responsabilidades en procesos judiciales o para tener valor probatorio, ni las autoridades judiciales podrán requerírsela”.