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Jueves, 04 Junio 2020

Explicador: ¿Qué son las medidas cautelares y para qué sirven?

Por Sania Salazar

El ahora partido Farc solicitó a la CIDH adoptar medidas cautelares a favor de los exguerrilleros amenazados y asesinados después de la firma del Acuerdo Final.

El Partido Fuerza Alternativa del Común, Farc, que hasta hace tres años era un grupo guerrillero, le solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, adoptar medidas cautelares a favor de los exguerrilleros de esa organización que han sido amenazados “como consecuencia de un exterminio sistemático en contra de los firmantes del Acuerdo Final de Paz. Evidenciando que el Gobierno Nacional por acción y omisión no ha garantizado las obligaciones contenidas en la Convención Americana sobre D.D.H.H.”, indica en una carta.

 

¿Qué quiere decir esto? En este artículo respondemos las preguntas más comunes al respecto.

¿Qué son las medidas cautelares?

Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, las medidas cautelares son una herramienta para proteger los derechos fundamentales de los habitantes de los 35 Estados que se encuentran bajo la competencia de la Comisión Interamericana. 

A qué medidas en particular hacen referencia se define caso por caso entre la Comisión y uno de sus Estados miembros, como explicamos más abajo.

El artículo 25 del reglamento de la CIDH dice que la Comisión podrá solicitarle a un Estado que adopte medidas en situaciones “de gravedad y urgencia que presenten un riesgo de daño irreparable” para personas.

Juliana Galindo Villarreal, abogada, politológa y consultora en Derechos Humanos y justicia transicional, explicó que las medidas cautelares tienen por objeto proteger a una persona o a un grupo de personas frente a la amenaza de vulneración de sus derechos, es una medida preventiva.

Estas medidas, explica la Comisión, podrán ser de naturaleza colectiva con el fin de prevenir un daño irreparable a las personas debido a su vínculo con una organización, grupo o comunidad de personas determinadas o determinables.

¿Y qué es la Comisión y Interamericana de Derechos Humanos?

Galindo Villarreal le explicó a Colombiacheck que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, es un órgano consultivo no judicial encargado de la observancia y la protección de los Derechos Humanos consagrados en la Convención Americana sobre esos derechos, esa convención es un tratado internacional firmado por Estados de América y Colombia hace parte de ella.

La Comisión, que es un órgano de la Organización de Estados Americanos, tramita peticiones sobre posibles vulneraciones a los Derechos Humanos y hace las recomendaciones pertinentes al Estado y el seguimiento de los casos en todos los Estados parte.

Cuando un Estado no protege los Derechos Humanos, los afectados o interesados deben pasar por la Comisión para llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (usualmente abreviada a Corte IDH) y para eso presentan una petición ante la Comisión. Esta revisa, hace unas recomendaciones y hace seguimiento al caso. Si a pesar de esto el Estado no hace nada para reparar daños ocasionados o evitar que sucedan de nuevo, entonces por solicitud del afectado o de la Comisión el caso puede ir ante la Corte.

¿Qué es y qué hace entonces la Corte?

Es un tribunal internacional cuya función es proteger los derechos de la misma convención y decretar responsabilidades internacionales en caso de que los Estados no protegan los mismos por acción u omisión.

“La Corte tiene el mandato de decretar la responsabilidad internacional de un Estado, que en derecho internacional tiene unas consecuencias muy graves que no parecen tan evidentes, pero en un sistema internacional un Estado que no respeta una norma internacional es una grave afrenta a como está constituida la comunidad internacional actualmente, no está bien visto en la comunidad internacional que un Estado viole los Derechos Humanos”, indicó la consultora.

¿Quién puede solicitar medidas cautelares?

Galindo Villareal precisó que cualquier ciudadano puede pedir las medidas sin necesidad de ser abogado ni de estar acompañado por uno, se debe sustentar la solicitud, pero no es necesario presentar pruebas e indicó también que es una medida sencilla que busca proteger a la persona de una amenaza inminente. También explicó que puede ser presentada por un tercero a nombre de una persona o de un grupo de personas.

Según el artículo 25 del reglamento de la CIDH, las medidas cautelares protegen a personas o grupos de personas, siempre que el beneficiario o los beneficiarios puedan ser determinados o determinables, a través de su ubicación geográfica o su pertenencia o vínculo a un grupo, pueblo, comunidad u organización.

¿A quiénes protegen las medidas cautelares?

Según la Comisión, en los últimos 35 años, las medidas cautelares han sido invocadas para proteger a miles de personas o grupos de personas que se encuentran en riesgo, en razón de su trabajo o afiliación. Entre estos grupos se encuentran, defensores de derechos humanos, periodistas y sindicalistas, grupos vulnerables, tales como mujeres, niños, comunidades afrodescendientes, pueblos indígenas, personas desplazadas, comunidades LGTBI y personas privadas de libertad. Adicionalmente, han protegido a testigos, operadores de justicia, personas en vías de ser deportadas a un país donde podrían enfrentar torturas o ser sujeto a tratos crueles e inhumanos y personas condenadas a la pena de muerte, entre otros.

¿Qué evalúa la CIDH para otorgar medidas cautelares?

Según el reglamento de la CIDH, se evalúan los siguientes aspectos:

A. La “gravedad de la situación”, significa el serio impacto que una acción u omisión puede tener sobre un derecho protegido o sobre el efecto eventual de una decisión pendiente en un caso o petición ante los órganos del Sistema Interamericano.

B. La “urgencia de la situación” se determina por la información que indica que el riesgo o la amenaza sean inminentes y puedan materializarse, requiriendo de esa manera acción preventiva o tutelar, y

C. El “daño irreparable” significa la afectación sobre derechos que, por su propia naturaleza, no son susceptibles de reparación, restauración o adecuada indemnización.

Galindo Villareal recordó que ya la CIDH ha señalado que una situación de gravedad puede evidenciarse por el tono de las amenazas recibidas (mensajes orales o escritos), la materialización de hechos contra uno o más miembros del grupo blanco de las amenazas, así como los antecedentes de actos de agresión contra personas o grupos similares (el caso del partido Unión Patriótica en Colombia), agresiones directas perpetradas contra alguno de los afectados, el incremento de las amenazas, casos de apología o incitación a la violencia en contra de los afectados o panfletos con ultimátum.

También explicó que la Comisión evalúa estas solicitudes teniendo en cuenta el contexto del país o la región donde se presentan.

“Normalmente el daño irreparable se ha asociado en el Sistema Interamericano con las posibles violaciones de los derechos a la vida y a la integridad personal, esa es la razón de ser de las medidas cautelares. Sin embargo la Comisión ha adoptado un enfoque mucho más amplio para entender el derecho a la vida y a la integridad personal, entonces va más allá de la privación de la vida e incluso se extiende a las condiciones de existencia digna y eso es muy importante porque eso permite que estas medidas tengan una salida más allá de pensar en aquellos que están siendo amenazados o que han sufrido atentados contra su vida”, señaló.

¿Qué deben hacer los Estados ante esta solicitud de la CIDH?

La consultora explicó que antes de decidir sobre el otorgamiento de las medidas, la CIDH solicita al Estado información sobre la situación, para lo cual, normalmente, da un tiempo corto y el Estado, a través de su ministerio de relaciones exteriores, recopila información sobre los hechos presentados por los solicitantes y remite su respuesta la Comisión. 

Esta hace un balance teniendo en cuenta la información de las partes y decide otorgar, o no, las medidas cautelares, lo que sustenta a través de un comunicado.

De ser otorgadas las medidas, estas deben definirse en conjunto entre el Estado y los solicitantes de las mismas.

“Los Estados, en cumplimiento de sus obligaciones internacionales, deben dar la protección efectiva para evitar la situación de riesgo presentada. Asimismo, son las partes las que deben diseñar el tipo de medidas materiales más adecuadas, y/o de otro carácter, para atender las situaciones planteadas y prevenir la consecución de situaciones de riesgo adicionales”, indica la Comisión.

¿Las medidas cautelares son obligatorias?

No son de obligatorio cumplimimiento para un Estado, porque hacen parte del reglamento interno de la Comisión y no de un documento adoptado por los Estados miembros, es decir que no es vinculante jurídicamente, explicó la consultora, pero señaló que políticamente las medidas cautelares tienen una relevancia fuerte en el Sistema interamericano y en la Organización de Estados Americanos, OEA.

¿Cuánto se demora el proceso para otorgarlas o negarlas?

No hay un plazo específico, pero Galindo Villareal explicó que eso puede depender de la gravedad y la urgencia del caso y recordó que el artículo 25 del reglamento dice que ante la inminencia de un daño irreparable la Comisión puede tomar medidas sin haber recibido la información sobre el caso del Estado implicado y decreta la medida de manera inmediata.

¿Cómo les hace seguimiento la CIDH a las medidas?

Utiliza varias herramientas a su disposición para facilitar el seguimiento y monitoreo de las medidas cautelares: intercambio de comunicaciones; convocatorias a reuniones de trabajo o audiencias en el marco de los periodos de sesiones de la CIDH, reuniones de seguimiento dentro del marco de visita en el lugar o de trabajo de la CIDH o de la Relatores de País; comunicados de prensa, informes temáticos, o informes sobre el país particular.

Las medidas pueden mantenerse por largos periodos de tiempo, pero no pueden ser eternas.

 

Sábado, 12 Agosto 2017

Las mujeres de la guerra, voceras de la paz

Por Germán Arenas Usme

En la Zona Veredal Transitoria de La Carmelita, en Puerto Asís, Putumayo, viven 378 guerrilleros del Bloque Sur de las Farc. 246 son hombres y 132, mujeres. Zoraya, Adela y Angi hacen parte de ese 35% de excombatientes mujeres. Sus historias nos muestran ese espiral de violencia y olvido que ha padecido por décadas el sur del país.

Zoraya colgó su fusil en medios de osos de peluche, cobertores y teteros. Tomó entre sus brazos a un bebé y le dio pecho. Su niña de cuatro meses es el mejor regalo que le ha dado la vida. Hace 17 años ingresó a la guerrilla de las Farc, cansada del maltrato de su familia: su padrastro la golpeaba y la insultaba, su hermano mayor abusaba sexualmente de ella.

“Cosas que quedaron en el pasado porque hoy mi familia es las Farc donde me lo han dado todo en la vida, hasta esta bella hija”, dice. Sonríe mientras amamanta a su bebé en una de las construcciones de la Zona Veredal de Transición y de Normalización en la vereda La Carmelita Putumayo.

Tiempo atrás, cuando llevaba el fusil terciado y vestía de camuflado, era una guerrillera más. “Fui al combate como cualquier de los hombres que hacían parte de mi frente. Inclusive en un contacto armado con el ejército fui herida en un brazo, gracias a la acción de los camaradas encargados de la salud de los guerrilleros me lograron curar y a los tres meses estaba de nuevo con mi fusil al hombro”, cuenta.

En la guerrilla se tiene una férrea disciplina. Una de las reglas era que las guerrilleras no podían tener hijos y a veces cuando alguna quedaba en embarazo se tenía que hacer un aborto, pero en otras ocasiones se les permitía tener a sus hijos, aunque y a los pocos meses los entregaban a un familiar cercano o a una familia campesina para que los cuidaran.

“Nunca nos quitaron el derecho de ser madres pero sí estábamos advertidas que por el bien de los niños no se podían tener en los campamentos por los combates. Desde hace más de dos años nos informaron que las parejas que quisieran tener sus hijos podían hacerlo sin problema, porque la paz estaba ya cerca”, recuerda Zoraya.

En 1990 la planificación con anticonceptivos se volvió obligatoria dentro de las Farc, según Victoria Sandino, jefe y negociadora de las Farc.

“El aborto fue una práctica que, en las condiciones que estábamos tuvimos que vivir”, señala Sandino.

“Para la mayoría de las mujeres unos de sus principales anhelos es el de ser mamá y acá ese anhelo o mejor ese derecho estaba truncado por la dinámica del conflicto pero hoy ese derecho lo tienen adquirido gracias a la paz”, agrega.

Adela creció en la vereda El Azul, Valle del Guamuéz, Putumayo. Cuando tenía 13 años su familia fue masacrada por los paramilitares. Sus papás y cinco hermanos fueron asesinados, en el 2002. Eran humildes campesinos que vivían del cultivo de matas de coca, pero fueron señalados de colaboradores de las Farc.

“A esa edad la impresión es terrible porque quedé desprotegida. Ahí conocí a las Farc y sencillamente pedí el ingreso”, cuenta.

Al ingresar al Bloque Sur de las Farc casi no sabía ni leer ni escribir. Recuerda que uno de sus profesores fue el comandante José Benito Cabrera, alias Fabián Ramírez, líder histórico de este grupo.

‘Fabián Ramírez’ le impartió instrucción militar: a usar un fusil, a combatir. A los 15 años ya estaba disparando. Adela cuenta que escaló posiciones e iba a llegar a ser comandante de escuadra.

“No fue una guerrilla machista. Mis comandantes valoraban mi comportamiento en las filas. Fui una combatiente con muchas horas de contactos armados y con una gran destreza en el manejo de armamento largo, siempre estuve en las comisiones de orden público al frente del combate”, dice.

Adela cuenta su historia mientras trabaja en la zona veredal. Corta palos de madera para alimentar el fogón donde preparan algunos alimentos para ella y sus camaradas. Las funciones de aseo y ranchería, se las reparten, así como en la guerra.

Hoy sueña con obtener su diploma de bachiller y luego tomar cursos en el Sena en Agricultura en Precisión.

También dice que quiere tener un hijo. “Ya lo hemos planeado con mi pareja”, expresa, mientras hace un gesto de afirmación con su cabeza.

Actualmente diez guerrilleras del Bloque Sur están en embarazo y se han registrado seis nacimientos en los últimos meses. Sus hijos son llamados “Los niños de la paz”.

Angi es una excombatiente del Bloque Sur de las Farc. Ingresó a este grupo armado cuando tenía 11 años y siempre permaneció en el Frente 32, en el que patrullaba poblaciones del sur de Caquetá y norte del Putumayo. Hoy tiene 28 años.

Ella se considera como una niña de la guerra. Dice que enroló en las filas rebeldes por la falta de oportunidades. No pudo estudiar en su vereda porque no tenían ni escuela y menos profesor.

Nació en un hogar campesino en 1989 en una vereda de un municipio de Caquetá. No dice en cuál por la seguridad de su familia. Pero sí insiste en afirmar que nunca se ha arrepentido de haber ingresado a las Farc. “Ha sido un lugar donde me han respetado los derechos, donde me han tenido en cuenta para todo. Tenemos los mismos derechos que los hombres. No es cierto que la mujer cuando ingresaba a las Farc, y si era bonita tenía que estar con el mando superior de la unidad como lo han referido los mismos medios de comunicación”, expresa.

En el monte era una guerrillera de fusil. Una combatiente más. En muchas ocasiones sintió la muerte muy cerca. Y recuerda que en el 2005 su campamento fue bombardeado por el enemigo en la zona norte del Putumayo. Allí perdió a tres compañeros. A uno de ellos lo consideraba como un hermano. Ella, solo tenía 16 años en ese momento.

Hoy, sin camuflado y sin fusil, Angi hace parte de la comisión de socialización de los acuerdos de Paz firmados en La Habana, Cuba. Recorre las oficinas de alcaldes, concejales y diputados del Putumayo explicándoles los puntos.

El Bloque Sur conformó hace varios meses una comisión de socialización con 30 guerrilleros. A Angi le fue delegada los municipios el Medio Putumayo, entre ellos su capital: Mocoa.

Apenas termine esta etapa, su meta es ingresar a la universidad a estudiar sociología y en algún momento hacer parte del partido político de las Farc.

“En las Farc siempre hubo y habrá igualdad entre guerrilleros y guerrilleras”, afirma Victoria Sandino, una de las negoaciadoras de la guerrilla en la Habana.

La excombatiente -una de las mujeres que más alto llegó en las Farc como integrante del Estado Mayor del Bloque Suroccidente y responsable de organización y relacionamiento en el Comando Central Adán Izquerdo- explica que el tema de género dentro de las filas guerrilleras no fue nada fácil, a pesar que “la guerra los igualaba”.

Cuenta que en 1964, en sus comienzos, las Farc estaba conformada por 48 hombres y 4 mujeres. Dos de ellas: Georgina Ortiz y Miryam Narváez lograron firmar el primer programa agrario de las Farc. “Desde allí se puede hablar de la igualdad de género”, señala.

Pero el hecho que hombres y mujeres cocinaran “rancharan” en los campamentos no era garantía de una igualdad de género hasta después del año 2000 cuando la mujer guerrillera logró obtener mayor responsabilidad en el rol del conflicto llevándolas a ocupar cargos como comandantes de frentes y de bloques, como el caso de Erika Moreno y Karina.

Victoria Sandino fue parte de los diálogos de Paz en La Habana Cuba, en abril del 2013, estuvo en la Subcomisión de Genero Su bandera: la igualdad de género. Ahora forma parte de la comisión de la implementación de los acuerdos de paz.

En la décima conferencia nacional guerrillera celebrada en septiembre del 2016 en las sabanas del Yarí Caquetá, Sandino estuvo al frente del grupo que buscaba concretar la participación de las mujeres en instancias de decisión de las Farc ante la transformación de la agrupación guerrillera en partido político. En la fecha de la celebración de la conferencia solo una mujer: Erika Montero, formaba parte del Estado Mayor de las Farc, que contaba, con 31 miembros. Ninguna mujer hacia parte del secretariado.

Victoria Sandino relata que el tema del feminismo dentro de las tropas creó algo de malestar entre los hombres, ya que nunca querían aceptar que las mujeres impusieran sus derechos. Hoy en día entre las farianas existe una sororidad en el tema de feminismo el cual lo describen como una doctrina social favorable a la mujer.

*Esta investigación fue elaborada con el apoyo de Consejo de Redacción, la Embajada de Suecia y la Organización para las Migraciones (OIM) para el proyecto CdR/Lab Con Enfoque.
**Esta historia fue publicada originalmente en MiPutumayo.com / Diario del Sur / Colprensa.