Pasar al contenido principal
Lunes, 29 Noviembre 2021

¿Hay que renovar el PEP mientras esperamos el Permiso por Protección Temporal?

Por Abraham Puche

Por redes sociales circulan numerosos comentarios sobre una supuesta renovación del Permiso Especial de Permanencia (PEP) y otros mitos confusos. Entérate aquí cuáles son los documentos que fueron otorgados por el Estado Colombiano para regularizar a los migrantes venezolanos, cuáles siguen vigentes y un paso a paso para acceder a ellos.

Abraham Puche (*)

El nuevo Permiso por Protección Temporal (PPT) abrió una ventana de esperanza para los migrantes venezolanos, tanto aquellos en condición regular como los que ingresaron a Colombia irregularmente. La Resolución 0971 de 2021 implementa el estatuto Temporal de Protección al Migrante Venezolano (ETPV), que contempla el registro formal de todos los migrantes venezolanos y la expedición de un nuevo documento: el Permiso por Protección Temporal (PPT), que les dará estatus regular y acceso a todos los derechos y servicios.

Pese a este mecanismo, siguen las dudas en torno a este permiso, muy en particular sobre la vigencia de los documentos que anteriormente entregó el Gobierno colombiano a los venezolanos en situación de migración o tránsito.

 En el marco del proyecto Conectando Caminos por los Derechos, en el que hacemos verificaciones de interés para la población venezolana, colombiana retornada y para las comunidades de acogida, el equipo de Colombiacheck detectó una ola de rumores sobre una supuesta “renovación” del Permiso Especial de Permanencia (PEP), ante el aparente retardo en la aprobación y expedición del PPT.

En resumen (si no puedes leerlo completo ahora mismo):

  1. Es falso que los migrantes venezolanos deben renovar el PEP; estos documentos mantienen su vigencia y sus portadores solo deben descargar gratuitamente un certificado de vigencia a través del sitio web de Migración Colombia.
  2. En consecuencia, los migrantes venezolanos con PEP vencidos no quedan en un limbo legal mientras esperan el PPT. 
  3. Es falso que todavía se puede obtener un PEP, PEPFF o PEP-RAMV nuevo. Quien nunca lo había obtenido antes, o no lo hizo en los tiempos establecidos por la ley, tiene que ingresar al RUMV y optar por el PPT. Ambos procedimientos son gratuitos.
  4. El salvoconducto de permanencia SC2 es un documento que se expide gratuitamente con una validez prorrogable de seis (6) que debe ser solicitada por el solicitante hasta que el Estado dé respuesta a su petición.

Chequeo paso a paso

En Facebook hemos encontrado dudas de migrantes venezolanos que ya cumplieron con el Registro Único de Migrantes Venezolanos (RUMV), paso previo para optar al PPT. 

Varios beneficiarios del PEP nos reportaron que recibieron una notificación vía correo electrónico que les recuerda que dicho documento ya no será válido en Colombia y que, por lo tanto, deben ingresar al RUMV para optar al PPT, como puede verse en la siguiente imagen.

C:\Users\usuario1\Documents\COLOMBIACHECK\PEP, PPT VENCIDOS\PEP MIGRACIÓN.jpg
A raíz del comunicado anterior, encontramos preguntas de varios migrantes venezolanos, como Ana Virginia Fernández Nava y Gabriela Urbina, quienes en Facebook preguntan si deben volver a diligenciar el RUMV ante el fin del PEP:C:\Users\usuario1\Documents\COLOMBIACHECK\PEP, PPT VENCIDOS\PEP VENCIDO 2.jpg


C:\Users\usuario1\Documents\COLOMBIACHECK\PEP, PPT VENCIDOS\PEP VENCIDO 1.jpg
Por otro lado, en redes sociales encontramos a varias personas que ofrecen diligenciar documentos migratorios que ya están fuera de circulación, como la Tarjeta de Movilidad Fronteriza y el PEP-RAMV. Una muestra es este anuncio publicado el 20 de noviembre de 2021 en un grupo de Facebook denominado Venezolanos en Bucaramanga:

C:\Users\usuario1\Documents\COLOMBIACHECK\PEP, PPT VENCIDOS\RENOVACIÓN TARJETA FRONTERIZA.jpg

Mientras que el usuario David Medina ofrece gestionar la renovación del PEP y PEP-RAMV en una publicación hecha el 18 de noviembre de 2021:
C:\Users\usuario1\Documents\COLOMBIACHECK\PEP, PPT VENCIDOS\RENOVACIÓN PEP.jpg

¿Todavía puede renovar el PEP, PEPFF, PEP-RAMV, Tarjeta de Movilidad Fronteriza y demás documentos migratorios que existieron antes del ETPV? ¿Qué hay detrás de estos rumores y ofertas?

Primero, vamos a repasar cuáles han sido los documentos de regularización migratoria y de tránsito que ha ofrecido Colombia a los venezolanos y sus respectivas vigencias.

Documentos para la regularización de migrantes venezolanos en Colombia

  • Permiso de Ingreso y Permanencia (PIP) y Permiso Temporal de Permanencia (PTP)

Ambos documentos fueron expedidos según Resolución 1220 de 2016 para regularizar la presencia de venezolanos en territorio colombiano. El PIP se otorgaba a aquellos extranjeros en tránsito por territorio colombiano y sin ánimo de establecerse en el país, mientras que el PTP se expedía para los extranjeros con ánimo de permanencia en Colombia. Estos documentos perdieron vigencia para dar paso al PEP.

  • Permiso Especial de Permanencia (PEP)

El Permiso Especial de Permanencia (PEP) fue creado según Resolución 5797 de 2017 y otorgaba amplios beneficios a los migrantes venezolanos establecidos formalmente en territorio colombiano: acceso a empleo formal, servicios de salud, educación, bancarización, etcétera. La vigencia de este documento es de dos (2) años, y durante ese tiempo el migrante venezolano debía acceder a la visa, de lo contrario quedaría en situación de irregularidad.

  • Permiso Especial de Permanencia para el Fomento de la Formalización (PEPFF)

El Permiso Especial de Permanencia para el Fomento de la Formalización (PEPFF) fue una variación del PEP, que otorgaba la permanencia en el país a aquellos venezolanos que fuesen contratados por un empleador colombiano, quien era el encargado de solicitar el PEPFF ante el Ministerio del Trabajo. Este documento tenía una duración de dos (2) años renovables y los beneficiarios no debían ser portadores del PEP.

  • Permiso Especial de Permanencia - Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos (PEP-RAMV)

El PEP RAMV fue un documento para autorizar la permanencia de venezolanos en territorio colombiano que se habían inscrito en el Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos (RAMV), sin ánimo de establecerse por tiempo indefinido. El PEP RAMV no era considerado una Visa y su tiempo de vigencia no podía ser computado para la Visa de Residencia tipo R. Con el PEP-RAMV el venezolano podía trabajar, estudiar, tener acceso a la salud, abrir una cuenta bancaria, entre otros beneficios.

  • Tarjeta de Movilidad Fronteriza (TMF)

Como su nombre lo indica, la Tarjeta de Movilidad Fronteriza (TMF) fue un documento que permitía a los venezolanos transitar por los departamentos colombianos limítrofes con Venezuela por un máximo de siete (7) días continuos. No era un documento de identificación ni permanencia, tampoco permitía la movilización hacia el interior del país, y fue pensado para que los venezolanos hicieran compras, estudiar y demás diligencias solo en zonas limítrofes. El 8 de febrero de 2018 la TMF fue suspendida en el marco del PEP.

  • Salvoconducto SC1 y SC2

Los salvoconductos son documentos expedidos por el Estado colombiano para facilitar la salida de un extranjero de condición irregular en Colombia (SC1), o la permanencia temporal de un extranjero que ingresó a Colombia de forma irregular (SC2). Los salvoconductos de permanencia se otorgan a los solicitantes de refugio o por razones humanitarias. Los salvoconductos tienen diferentes períodos de vigencia dependiendo de cada situación, que van desde quince (15) hasta ciento ochenta (180) días, prorrogables en periodos de igual duración. Los portadores de un salvoconducto SC2 tienen derecho al sistema colombiano de salud. Los solicitantes de refugio reciben un salvoconducto SC2 que debe renovarlo cada seis meses hasta que Cancillería resuelva su caso.

El ETPV marca un antes y un después

El presidente de Colombia, Iván Duque, anunció la creación del Estatuto Temporal de Protección al Migrante Venezolano (ETPV) que incluye el nacimiento de un nuevo documento migratorio: el Permiso por Permanencia Temporal (PPT), el cual tiene vigencia de 10 años contados desde la fecha de su promulgación, según se lee en la Resolución 0971 de 2021.

El ETPV tiene cuatro objetivos básicos:

  • Unificar los mecanismos de regularización de la población migrante venezolana.
  • Caracterizar a los migrantes venezolanos, con el fin de generar políticas públicas adecuadas, en el contexto de la ayuda humanitaria y la cooperación internacional.
  • Garantizar los derechos y servicios básicos a la población migrante venezolana (empleo formal, aseguramiento, salud, educación, bancarización, etcétera).
  • Encaminar a los migrantes venezolanos hacia el visado y cédula de extranjería.

Como vemos, el ETPV es un mecanismo muy ambicioso que supera todos los demás documentos de regularización migratoria, por esa razón aquellos instrumentos fueron derogados tal como indica el artículo 38 de la Resolución 0971 de 2021, el cual es clave para entender qué sucedió con el PEP:

“De conformidad con lo establecido en el artículo 19 del Decreto 216 del 1 de marzo de 2021, a partir de esta fecha no se expedirá ningún Permiso Especial de Permanencia (PEP) nuevo”.

Recordemos que el PIP, PTP y TMZ ya habían sido suprimidos para dar paso al PEP; mientras que el PEP y sus hermanos el PEPFF y el PEP-RAMV pasaron a la historia con la aparición del PPT, tal como expresa el artículo 1, parágrafo 2, de la Resolución 0971 de 2021. Por esta razón, es falso que hoy se pueda renovar el PEP, PEPFF y PEP-RAMV.

¿Qué sucederá con los migrantes venezolanos cuyos PEP se encuentren vigentes y todavía esperan por el PPT?  El mismo artículo 38 aclara que quedan prorrogados por un tiempo para pasarse al PPT:

“(…) todos los Permisos Especiales de Permanencia cualquiera sea su fase de expedición, incluido el PEPFF, que se encuentren vigentes, quedarán prorrogados automáticamente hasta el 28 de febrero de 2023, y se podrá descargar la correspondiente certificación de vigencia a través del enlace https://apps.migracioncolombia.gov.co/venezuela/pep” 

¿Qué pasará con los migrantes venezolanos cuyos PEP ya están vencidos y todavía no han recibido el PPT? ¿Están irregulares? La respuesta es no: aunque el PEP sigue vigente automáticamente (a pesar de la fecha de vencimiento plasmada en el documento), los portadores pueden acceder a un certificado de validez en caso de ser necesario, mientras se pasan al PPT. El parágrafo 1 del artículo 38 dice:

“Parágrafo 1. Los  titulares  del  Permiso  Especial  de  Permanencia  (PEP)  que  no hubieren podido renovarlo dentro de los plazos establecidos para dicha renovación, podrán  acceder  al  certificado  de  validez  de  su  Permiso  Especial  de  Permanencia (PEP) en el siguiente enlace https://www.migracioncolombia.gov.co/venezuela/pep, el cual estará habilitado desde la publicación de la presente Resolución hasta el 28 de febrero de 2023”.

No obstante, los migrantes venezolanos que no diligenciaron oportunamente su PEP dentro de los lapsos de ley, ya no pueden acceder a este documento, menos a un certificado de validez. El artículo 38, parágrafo 2 de la Resolución 0971 de 2021, dice que tenían un plazo de tres (3) meses contados a partir de su publicación para acceder al PEP, el cual expiró el 28 de julio de 2021. Y en cuanto al PEPFF, su expedición previamente autorizada por el Ministerio del Trabajo culminó el 30 de mayo de 2021. Estos migrantes venezolanos quedan en condición irregular y ahora deberán acogerse a unas de las condiciones para acceder al PPT, previstas en el artículo 2 de la Resolución 0971 de 2021.

Validez del Salvoconducto de Permanencia SC2

Como se explicó arriba, los venezolanos solicitantes de refugio que ingresan a Colombia reciben un salvoconducto de permanencia SC2, cuya validez es de seis (6) meses prorrogables de manera indefinida hasta que sea resuelta su solicitud. Mientras mantengan sus salvoconductos vigentes, estos venezolanos pueden permanecer en el país y solo tener acceso a los servicios de salud.

No obstante, ellos están en la obligación de caracterizarse en el RUMV y, en caso de recibir la aprobación del PPT, deben escoger entre este documento o seguir esperando indefinidamente por la resolución de su solicitud de refugio. La abogada Aiceth Quintero Gnecco, coordinadora de Opción Legal en La Guajira y experta en materia de migración, considera que esta condicionante lesiona los intereses de los solicitantes de refugio.

“El Estado colombiano no puede equiparar el refugio, que es un mecanismo amplio de protección internacional, con un instrumento interno de regularización migratoria de carácter discrecional. Recordemos que los solicitantes de refugio no son migrantes por razones económicas, sino personas que salieron de Venezuela para salvaguardar sus vidas ante la falta de respuesta del Estado venezolano, tal como contempla la Declaración de Cartagena, de la cual Colombia es firmante. Los refugiados no pueden ser devueltos a su país de origen, en cambio el PPT no les ofrece esta garantía”, apunta Quintero.

Pero el ETPV, en el artículo 4, apunta que los solicitantes de refugio con salvoconducto vigente SC2 tienen plazo para incorporarse en el RUMV hasta el 28 de mayo de 2022, esto quiere decir que los venezolanos que soliciten refugio posteriormente no podrán elegir entre el refugio o el PPT, sino esperar hasta que el Estado responda su petición, mientras tanto, no podrán acceder a empleo formal, educación, bancarización ni ninguna clase de contratación.

Documentos válidos para volar

En cuanto a los documentos válidos para volar dentro de territorio colombiano, los migrantes venezolanos pueden viajar con sus respectivos PEP, de acuerdo al artículo 14, parágrafo 1, de la Resolución 0971 de 2021.

¿Qué pasa con los migrantes venezolanos que todavía no tienen el PPT? En otro artículo publicado por Colombiacheck explicamos que las aerolíneas colombianas aceptan pasaporte venezolano vigente o no, acatando las disposiciones de la Resolución 2231 del Ministerio de Relaciones Exteriores, sin embargo, algunas aerolíneas ponen ciertas condiciones ante pasaportes venezolanos vencidos, como la realización presencial del check-in en el aeropuerto o el aval de las autoridades de Migración presentes en la terminal aérea.

Este contenido se produce con el fin de ofrecer información verificada y pertinente, que apoye el desarrollo de mediano y largo plazo para migrantes venezolanos, colombianos retornados y comunidades receptoras en Colombia. Es realizado en el marco de Conectando Caminos por los Derechos, programa de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), e implementado por el consorcio integrado por Pact, ABA-ROLI, Freedom House e Internews, que promueve la cohesión comunitaria y la seguridad ciudadana para garantizar el derecho de todos los miembros de la sociedad a vivir libres de toda forma de crimen y violencia, independientemente de su estado legal en el país.

* Integrante de la red de corresponsales del proyecto Conectando Caminos por los Derechos.

 

Miércoles, 17 Noviembre 2021

Regularizar a los venezolanos: las dudas después de los aplausos

Por La Liga Contra el Silencio

El Estatuto Temporal de Protección es la apuesta más ambiciosa del gobierno colombiano frente a la migración masiva de venezolanos. El proceso empezó hace seis meses. Sin embargo, llevarlo del papel a la realidad choca con brechas sociales y digitales, falta de comunicación entre instituciones, vacíos que afectan a los más vulnerables, y la pregunta: ¿qué pasará con quienes se queden afuera?

Yuneisis Pereira tiene 18 años y un hijo de dos. Hace cuatro llegó por trocha desde Cabimas, estado Zulia, Venezuela, a Maicao, en La Guajira, y por primera vez cree que podrá obtener los papeles para regularizar su permanencia en Colombia. Una funcionaria de ACNUR le ha creado un correo electrónico (imprescindible para el trámite) y le ha ayudado a completar el formulario en línea que Migración Colombia exige para iniciar el proceso.

“Fue un poco esforzado porque con este van dos días que tuve que llegar hasta aquí, ya que ayer me faltaron unos papeles y no pude hacer el trámite. Pero ya lo pude hacer”, dice contenta. Ojos vivaces, voz dulce. Carga a Daviel Mateo mientras espera junto a un grupo de familias venezolanas la toma de huellas y estampar la firma digital para completar el registro biométrico.

Están en el Centro Transitorio de Solidaridad, un lugar con carpas y contenedores donde organizaciones como ACNUR y Save The Children ayudan a los migrantes con los trámites. Es la infraestructura mejor adaptada en varios metros a la redonda. Priman los ranchos de bolsas, cartón y lata, en un asentamiento conocido como La Pista (de un antiguo aeropuerto), donde sobreviven más de 10.000 personas, casi todos migrantes.

Yuneisis ha perdido dos días de trabajo, entre 40.000 y 60.000 pesos, según calcula su pareja Fernando, que también hizo su registro. Con él vende frutas en una carretilla por las calles de la calurosa Maicao. Creen que por fin podrán regularizar su situación. Su hijo, nacido y registrado en Colombia, no requiere del trámite. Es un alivio. Saben que otros niños no podrán completar el proceso porque no cuentan con ningún documento.

Yuneisis y Fernando comparten un “potecito” o celular básico. Con el aparato hacen cuentas, reciben llamadas y aprovechan que la operadora les da “Facebook gratis” para comunicarse con sus familiares en Venezuela. Solos nunca hubieran podido hacer el trámite que ahora celebran aunque todavía deben esperar la respuesta de Migración y recibir “el plástico”, como le llaman al documento del permiso por protección temporal (PPT).

Liga_Contra_el_Silencio

En Maicao, La Guajira, los venezolanos Yuneisis Pereira y Fernando Morillo, con su hijo Daviel Mateo, hicieron el proceso con el que ya constan en el Registro Único de Migrantes Venezolanos (RUMV). Ahora deben esperar unos tres meses para recibir el PPT (Permiso por Protección Temporal), el documento que certificará su regularización. Crédito:Liga Contra el Silencio. 

Unos kilómetros al norte, en Uribia, Antonio Jayariyú, un wayuu venezolano de 24 años, líder de La Transformación, uno de los sectores de otra pista abandonada e invadida, pagó 35.000 pesos para que en un cibercafé le ayudaran con el mismo proceso. También pagaron sus padres y hermanos, y el costo representó una pequeña fortuna para ellos, que viven de un mototaxi. Más arriba, en la Alta Guajira, otros miles de venezolanos difícilmente sabrán de la nueva política de regularización, por la distancia, la desconexión o el olvido.

Con el Decreto 216 de marzo de 2021 y la Resolución 971 de abril pasado, se adoptó el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos o ETPV. Desde mayo comenzó el pre-registro virtual que incluye una larga encuesta socioeconómica, y donde se deben adjuntar documentos y pruebas del tiempo vivido en Colombia. Viene luego el registro biométrico presencial con el que se completa el Registro Único de Migrantes Venezolanos (RUMV). Luego se solicita y expide el PPT que estará vigente hasta mayo de 2031. Pueden acceder los migrantes que hayan ingresado de forma irregular hasta el 31 de enero de 2021; quienes ingresen de forma regular hasta mayo de 2023 y los que tengan salvoconductos mientras esperan la respuesta a sus solicitudes de refugio. Todos deben cumplir los requisitos que establecen las normas mencionadas.

Liga_Contra_el_Silencio

Familias enteras acuden al Centro Transitorio de Solidaridad, en Maicao, para hacer el pre-registro virtual, con ayuda de funcionarias de ACNUR y Save The Children. En el lugar también se realiza el proceso biométrico (toma de huellas y firma). Crédito: Liga Contra el Silencio. 

Las Naciones Unidas, a través de ACNUR y la OIM, y el gobierno de Estados Unidos fueron los primeros en aplaudir la medida. Meses más tarde, a mediados de octubre, el presidente Iván Duque entregó personalmente el primer “plástico” a un venezolano en La Calera, y poco después a un grupo de niños en Mosquera. Ambos municipios de Cundinamarca.

Pero el proceso pasa por tener una conexión a internet. En La Guajira, donde se asienta casi el  6 % de venezolanos en Colombia, esto es poco menos que un privilegio. La región es una de las más rezagadas en términos de conectividad a internet. Según el censo del DANE de 2018, La Guajira es el departamento con menor porcentaje de cobertura de internet en el Caribe colombiano. En la zona rural era el 5,8 % de la población y el 35,7 %, en las cabeceras municipales. A ello se suma que en algunas zonas no hay luz o el servicio de energía es deficiente.

“Hay una herramienta, una plataforma súper compleja, que le permite a la población acceder a la regularización, pero que al mismo tiempo tiene unos impedimentos” para regiones como La Guajira, dice Jairo Ibarra, activista por los derechos humanos y líder de la Fundación Brisas del Norte en Riohacha, que trabaja con población migrante y retornada.

Organizaciones como esta y otras de la cooperación internacional están colaborando para que más personas reciban asistencia y puedan acceder al proceso del ETPV. Para Ibarra, Migración Colombia debería ofrecer más acompañamiento. Es como decirles a los migrantes, “yo pongo la herramienta y ustedes ven cómo se defienden, por decirlo de alguna forma. Ahí está el instrumento, ustedes ven cómo lo implementan”, reclama Ibarra, quien a los 9 años llegó a Venezuela, con su madre y seis hermanos, víctimas del conflicto armado. Los paramilitares asesinaron a su padre en los Montes de María, los amenazaron y les despojaron de sus tierras. Luego de estudiar y hacer su vida en Venezuela y empujado por la crisis en ese país regresó a Riohacha en 2014. Hoy, con 46 años, es un reconocido defensor de los derechos de los migrantes y retornados.

La suma de dificultades

Como parte del apoyo al Estado colombiano, y específicamente a Migración Colombia, ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, viene realizando sola o junto con Save The Children y Pastoral Social, el proceso de pre-registro asistido en puntos fijos o con brigadas móviles. Irene van Rij, jefa de la suboficina de ACNUR Región Caribe, en Riohacha, destaca que el proceso avanza a pesar de que en La Guajira el acceso a la información, a los territorios y al proceso de regularización son difíciles. Recuerda que es el departamento con el porcentaje de pobreza multidimensional más alto en Colombia y, en ese contexto ya vulnerable, los migrantes venezolanos están entre los más pobres. Además, se suman factores como la dispersión de la población en zonas alejadas, niveles bajos de educación, las necesidades específicas (lengua y cultura) de la población indígena wayuu , entre otros. 

“Hay ciudades como Medellín, donde la gran mayoría de la población, no todos, no digo que es fácil para todo el mundo, pero sí hay una gran parte de la población que logró hacer el pre-registro ellos mismos. Esto aquí, en La Guajira, existe, pero es un porcentaje bastante bajo y la gran mayoría necesita la asistencia”, explica. 

Van Rij ilustra los inconvenientes: “A veces, literal, tener acceso o no al internet tiene que ver con cómo va el viento”. “Con un internet estable y con personas que saben lo que están haciendo, (el pre-registro) se demora unos 40 minutos por persona (...) Entonces, familias de cinco, es cinco veces los 40 minutos. Si el internet no está estable a veces hay que recomenzar el proceso y es bastante difícil”, añade.

Liga_Contra_el_Silencio

En la plaza principal de Uribia, en La Guajira, uno de los municipios más pobres de Colombia, el recuerdo de lo que fue el proyecto de llevar internet gratuito a la región. Hoy no funciona. Crédito: Liga contra el Silencio. 

Desde Brisas del Norte también trabajan en el pre-registro asistido y se han ingeniado formas de superar los obstáculos. Crearon un grupo de “guardianes de protección”, que lidera Jenny Pardo González, una colombovenezolana radicada en La Guajira desde hace dos años. Han realizado jornadas de pre-registro fuera de Riohacha y ante la falta de luz o conectividad, en algunas zonas han optado por recoger la información y el material necesario y luego procesar todo en su oficina. Cuenta que todavía “hay muchísima gente” que no conoce el ETPV y que no se ha registrado. Son, principalmente, trabajadores informales, vendedores ambulantes, limpiavidrios. Por ello consideran hacer jornadas en semáforos y mercados. En otros casos los pre-registros no se han podido realizar, dice Pardo González, porque hay quienes no cuentan con documentos de identidad, y regresar a Venezuela no es una opción, fundamental por los costos, que ahora se tasan en dólares. 

“Hay muchas personas que no han podido registrarse todavía aunque el proceso tiene tiempo que comenzó. Todavía no saben cómo es el proceso, desconocen hasta qué es eso y tratamos de orientarlos y ayudarlos”, dice Pardo González. La mayoría vive en asentamientos informales.

Van Rij, de ACNUR, explica que están mapeando con otras organizaciones esos sitios donde viven venezolanos y colombianos que retornaron de Venezuela. Solo en Maicao, según la Alcaldía, hay 48 asentamientos informales, y hay otros en Riohacha, Uribia, Fonseca, Dibulla y otras zonas. 

El personero de Riohacha, Yeison Deluque, dice que no son pocas las personas indocumentadas que llegan a La Guajira. Entre enero y agosto de este año su oficina atendió a 500 migrantes y “el 97 % de esta población se presenta sin documento. No tiene papeles, los atracaron; no tienen pasaporte, que se les perdió. Esas son las razones que ellos nos presentan”, señala.

Se queja del poco apoyo del gobierno nacional a las Personerías para poder atender la alta demanda de la población migrante, principalmente para resolver temas de salud y educación. 

Sin papeles

El asentamiento informal Aeropuerto, en las afueras de Uribia, era originalmente un terreno de los militares. Como el predio es extenso y los migrantes siguen llegando, no se sabe con certeza cuánta gente habita allí. Una líder dice que 9.000 personas; otro que 1.224 familias, casi todas venezolanas y muchas wayuu. Hasta el lugar, dos veces a la semana, llega personal de la cooperación internacional que entre las ocho y doce del mediodía atiende a alrededor de ocho personas para hacer su pre-registro, cuenta Antonio Jayariyú, el líder que pagó 35.000 pesos en un cibercafé para hacer su trámite. Entre quienes han logrado hacer el proceso están madres, cuyos hijos no han podido hacer lo mismo por falta de documentación y dificultades para volver a Venezuela por la partida de nacimiento o una constancia de nacido vivo. También están quienes siguen llegando irregularmente y no alcanzarán a ser amparados por el ETPV cuando concluyan los plazos previstos.

Liga_Contra_el_Silencio

Ante la dramática devaluación del bolívar, la circulación del dólar en Venezuela, prácticamente se ha extendido por todo el país. En Paraguachón abundan los que prefieren cruzar la frontera con la moneda estadounidense. Crédito:Liga Contra el Silencio. 

Yudith del Carmen González, wayuu de 27 años, teje mochilas. Salió de Maracaibo hace un año. Vivió en Manaure y hace cinco meses se trasladó a Uribia, donde están algunos familiares. Ya realizó su pre-registro, pero está preocupada porque no ha podido hacer el de su pequeña Misbeli, de dos años, que nació en Venezuela y no tiene papeles. Junto a Yudith está otra wayuu, María Adela Morales, de 23 años. Con Angélica, su hija menor, de dos meses, en los brazos, se lamenta de que dos de sus tres niñas no tengan ningún documento de identidad. Llegaron hace menos de un mes de Venezuela.

Al lado de Yudith y María Adela está Yolisbeth Montiel, de 21 años. Tiene dos hijos, el menor de seis meses. Lleva seis años en Colombia, pero no ha hecho ningún trámite para conseguir su regularización.

La prioridad de estas tres mujeres es otra: calmar el hambre de sus hijos y no siempre lo consiguen. Los papeles son importantes, admiten, los necesitarán para recibir atención de salud, por ejemplo, pero no es fácil conseguirlos en su situación.
Hasta el 31 de agosto de este año 1.842.390 venezolanos vivían en Colombia. De ellos, casi 345.000 estaban en condición regular, unos 315.000 en irregular y cerca de 1,2 millones estaban cumpliendo el proceso para acogerse al Estatuto Temporal de Protección, la gran mayoría solo ha cumplido la primera fase.

Liga_Contra_el_Silencio

De  izquierda a derecha:  María Adela Morales, Yolisbeth Montiel y Yudith del Carmen González, tres mujeres wayuu y sus hijos en el asentamiento informal conocido como “Aeropuerto” en Uribia, La Guajira. Crédito:Liga Contra el Silencio. 

Liga_Contra_el_Silencio

En la Casa de la Paz, en Maicao, Fabiana González, mujer trans de 21 años, decidió recortar y plastificar la constancia de su Registro Único de Migrantes Venezolanos (RUMV) hasta que Migración Colombia le entregue su PPT (Permiso por Protección Temporal). Crédito:Liga Contra el Silencio. 

Fabiana González, mujer venezolana trans de 21 años, que es trabajadora sexual en Maicao y ya completó su trámite, está a la espera de la aprobación y entrega del PPT. Es la única de su grupo de pares que lo ha hecho. No todas han accedido a la información, otras no tienen documentos y algunas ni lo han intentado. Fabiana llenó la información con sus nombres y género asignados al nacer, pero espera tener en su “plástico” sus datos identitarios. Esta posibilidad está prevista en el artículo 36 de la Resolución 971 que contempla mecanismos, a través de notarías, para hacerlo.

Una buena noticia que se quedó a medias. “Mi impresión es que ese artículo sobre personas trans lo escribieron con la mejor intención, pero con mucho desconocimiento de la práctica”, dice Laura Cristina Dib, directora de la Clínica Jurídica para Migrantes de la Universidad de los Andes. En los casos que ha conocido, las notarías desconocen lo resuelto por Migración Colombia, por lo que las personas trans son sometidas a procesos de revictimización y deben, además, hacer el pre-registro con un nombre y una identidad que no quieren. Es “la interseccionalidad de la vulnerabilidad: soy migrante, soy persona trans, tengo una orientación sexual diversa, soy pobre. Todo confluye y realmente es muy preocupante lo que estamos viendo con esta población”, afirma Dib.

La Clínica Jurídica y organizaciones como Caribe Afirmativo, GAAT, Colombia Diversa, Dejusticia, entre otras, han evidenciado la falta de comunicación entre Migración Colombia y la Superintendencia de Notariado y Registro que impide concretar en la práctica lo que dice la norma. Frente a los reparos hechos a esas dos instituciones y las peticiones de encontrar soluciones no han recibido respuesta.

¿Desincentivar las solicitudes de refugio?

El último informe del Centro de Estudios en Migración (CEM) de la Universidad de los Andes destaca el ETPV “como una medida trascendental en la construcción de la política pública migratoria”. Sin embargo, alerta que tanto en el Decreto 216 como en la Resolución 971 existen “barreras insuperables para la población migrante y refugiada venezolana que dificultan el acceso a la protección temporal que contempla el Estatuto”. También advierten sobre la “amplia discrecionalidad” de Migración Colombia, sobre todo en lo relacionado con los requisitos para otorgar el PPT y las causales de cancelación de este permiso. Abogan por garantías mínimas de acceso a la justicia y el ejercicio del derecho al debido proceso.

Hay antecedentes para inquietarse. Según un reporte de Dejusticia,  hasta ahora, las “expulsiones discrecionales” se han convertido en la regla y no en la excepción. En los últimos cinco años aumentaron en un 728 % pasando de 190 en 2015 a 1573 en 2020. “Esta práctica ha dado lugar a que Migración Colombia tome decisiones arbitrarias e implemente las expulsiones discrecionales sin la debida garantía de los derechos al debido proceso y la unidad familiar”, señala.

Asimismo, Migración ha dicho en documentos como el ABC del Estatuto que “el cumplimiento de los requisitos no implica el otorgamiento del permiso (por protección temporal), el cual obedece a la facultad discrecional de la autoridad migratoria”. Todo esto genera interrogantes. 
Dib también apunta otros “vacíos de protección” que han ido detectando, como el relacionado con la solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado. En un momento, explica, las personas deberán decidir si desisten de esa solicitud y se acogen al ETPV (de carácter temporal) o si se quedan con la solicitud de refugio. 

El informe del CEM señala “la resistencia del Estado colombiano para reconocer a la población proveniente de Venezuela como refugiada, insistiendo en el trato de estas personas como migrantes económicos” cuando hay casos, por ejemplo, de persecución política. “De allí que el Estatuto contemple una protección de carácter temporal y que no prevea mecanismos para la garantía del principio de no devolución”, apunta.

Un hecho reciente preocupa. En las últimas semanas varios de los usuarios de la Clínica Jurídica han recibido actas de rechazo de solicitudes de refugio. Todas vienen como una plantilla donde se copia y pega la misma información, sin consideraciones particulares. Luego les mandan un correo y les agregan información sobre el ETPV, cuenta Dib. “Hay una universidad (que asesora a migrantes) que en menos de una semana ya llevaba 17 rechazos”, detalla. La lectura que la experta hace es que “te ponen todo para desincentivar que la gente acuda a la figura de reconocimiento de la condición de refugiado”, lo que implica mayores obligaciones de protección del Estado.

También ve en la limitación temporal para la regularización una barrera. “Nadie sabe qué va a pasar, y el RUMV cierra en mayo del año siguiente y con los días que pasan en tropel, ya mañana es 2022 y todavía no hay solución”.

El líder de la Fundación Brisas del Norte, Jairo Ibarra, teme que una vez cierre la plataforma de pre-registro mucha gente sea deportada y se pregunta qué pasará con las personas que siguen llegando. “La situación de Venezuela no se va a mejorar de un día para otro (...) y aún si el gobierno (de Venezuela) cesara, no se sabe cuándo se mejoraría la situación de ese país”, concluye.

El tiempo corre y aún hay temas por resolver.