Denuncias tergiversadas sobre cruces de frontera para votar en Colombia, casos falsos de suplantación de identidad y otros contenidos en los que incluso se vincula sin pruebas a figuras como el depuesto mandatario Nicolás Maduro con “meter la mano” siguen siendo parte de las narrativas desinformadoras que han rodeado las elecciones de 2026.
Estos contenidos buscan generar alertas infundadas que, en muchos casos, afectan a un sector de la población en situación de vulnerabilidad, pues señalan a las personas migrantes de conductas delincuenciales relacionadas con teorías engañosas de fraude. No es la primera vez que pasa.
En vísperas de la primera vuelta presidencial del 31 de mayo de 2026, Colombiacheck y Cocuyo Chequea hacen un repaso de algunos de los señalamientos que han circulado, sus respectivas inconsistencias y los antecedentes del fenómeno en comicios anteriores.
En las elecciones al Congreso del 8 de marzo, se afirmó que 2.400 personas que intentaron cruzar un río fronterizo en Norte de Santander eran de originarias de Venezuela y buscaban sufragar en los comicios. La noticia real sobre la denuncia del ministro de Defensa, general retirado Pedro Sánchez, sin embargo, no indicaba que fueran extranjeras sino que podría tratarse de población colombiana o binacional del otro lado que no cruzó a tiempo.
También circuló un video en donde se dijo que en Arauca detuvieron “77 buses repletos de venezolanos que presuntamente iban a votar en Colombia”, supuestamente por la representante de ese departamento Lina Garrido, quien aspiraba a pasar al Senado por el partido opositor Cambio Radical. En otro, señalaban que el alcalde de la capital araucana, Juan Alfredo Quenza, “encontró a 200 venezolanos que iban a votar de forma ilegal en Colombia”.
El mandatario municipal sí publicó imágenes de un recorrido nocturno de control contra el fraude en el que denunció la posible participación de personas extranjeras en delitos electorales. Sin embargo, no dio cifras ni evidenció la existencia de los supuestos vehículos que menciona la desinformación difundida por la página desinformadora ‘Gustavo Petro Fans’ en Facebook.
De hecho, las personas detenidas y sometidas en el suelo por funcionarios policiales que se ven en la desinformación en realidad son de operativos completamente distintos. Por ejemplo, una de las tomas corresponde a la detención de los ladrones de una droguería en Bogotá en septiembre de 2025. Incluso son diurnas, contrario a las del alcalde.

A la izquierda, un fotograma del video. A la derecha, captura de pantalla del comunicado de la Alcaldía de Bogotá años antes, donde se evidencia que la imagen realmente corresponde al caso de los ladrones en la capital y no al supuesto cruce fronterizo ilegal en elecciones.
En TikTok, la cuenta Última Hora Magdalena (@ultimahoramagdalena) también utilizó el video de Quenza para difundir la cifra sin sustento de “200 venezolanos”. Allí el audiovisual alcanzó 117.000 visualizaciones, en donde algunos usuarios cuestionaron cómo iban a votar las personas extranjeras si no estaban inscritas.
El Decreto 0188 de 2026, dedicado a las medidas de orden público para las elecciones, señala en su artículo 26 que el Gobierno Nacional tiene la potestad de ordenar el cierre de todos los pasos terrestres y fluviales autorizados durante la jornada de votación. Bajo custodia de la Fuerza Pública y Migración Colombia, desde la tarde del sábado, solo permite cruces excepcionales por emergencias comprobadas por las autoridades.

En todo caso, el derecho al sufragio en Colombia está reservado primordialmente a nacionales, tanto por nacimiento como por adopción, que sean mayores de 18 años, según los artículos 98 y 99 de la Constitución Política. Es necesario tener la cédula de ciudadanía vigente y no haber sido suspendido en sus derechos políticos por decisión judicial.
La normativa establece que las personas extranjeras no pueden votar en elecciones presidenciales ni legislativas. El artículo 100 de la Carta Magna de 1991 solo deja la puerta abierta para que lo hagan en las de carácter local con los requisitos establecidos en la Ley 1070 de 2006:
Desde 2025 circularon (o recircularon) varias desinformaciones que también apuntaban a teorías de fraude relacionadas con personas migrantes de cara a las elecciones de 2026. En particular, Colombiacheck desmintió tres.
Primero fue la foto reciclada de dos cédulas idénticas con rostros diferentes, correspondientes a un caso de suplantación en el que señalaban el falso involucramiento de un venezolano, incluso como parte de un supuesto plan del mandatario entonces en ejercicio, Nicolás Maduro, para “meter mano” en los comicios. El implicado, sin embargo, fue un colombiano y el caso tampoco era reciente sino de las regionales de 2019.
Luego, llegó un video que aseguraba que un eventual cambio de contratista logístico en la Registraduría permitiría cedular ilegalmente a personas venezolanas para votar. La verificación aclaró que la empresa que finalmente se mantuvo a cargo de la operación electoral, Thomas Greg & Sons, no controla las bases de datos de identidad ni emite estos documentos.
Otro más tarde asociaba una alerta de la Procuraduría sobre inscripciones inusuales de cédulas con un supuesto plan para que venezolanos y cubanos votaran ilegalmente en la “zona binacional” propuesta por el gobierno de Gustavo Petro con Venezuela. El chequeo mostró que la alerta se refería al “trasteo de votos” (trashumancia) y que casi todos los municipios con picos de inscripción están en el centro del país, como el Meta, lejos de la frontera.
En comicios anteriores también circularon en redes sociales narrativas desinformadoras y estigmatizantes contra la población migrante. En 2023, Colombiacheck encontró que diversas candidaturas a alcaldías y gobernaciones fijaron posturas anti-inmigración con la inseguridad como bandera, a pesar de que la generalización que vincula la nacionalidad venezolana con la delincuencia ha sido desmentida ya con datos.
Las propuestas incluyeron desde controles migratorios locales hasta megacárceles o prisiones binacionales, sugiriendo incluso obligar a las personas detenidas a trabajar por comida. Su referente era la de El Salvador, señalada por las violaciones de derechos humanos en su interior y para llenarla incluso con personas deportadas de Estados Unidos.
Sin embargo, en comparación con otros países, la narrativa fue poco exitosa en esas elecciones, según una investigación de El Barómetro. El único que ganó con ese discurso abiertamente discriminatorio contra esta población fue Jaime Andrés Beltrán en la Alcaldía de Bucaramanga, cuya elección fue anulada por doble militancia; ahora es parte del equipo de campaña presidencial del ultraderechista Abelardo de la Espriella.
Por otro lado, también aspira a ese cargo la entonces alcaldesa de Bogotá, Claudia López, una de las voces que más estigmatizó a la población migrante con la delincuencia, al punto de ser obligada judicialmente a retractarse. En su momento, negó la xenofobia con un dato falso sobre los recursos para la atención de las personas venezolanas y ahora lo hace en contraste con las políticas de persecución del presidente estadounidense, Donald Trump.
Un análisis publicado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en Perú, reveló que la migración venezolana fue instrumentalizada políticamente en los procesos electorales de Colombia en 2018 y Perú en 2021. La investigación señala que candidaturas y grandes medios de comunicación construyeron esas narrativas para influir en la intención de voto.
En Colombia, se utilizó la crisis venezolana como espejo de alerta electoral. Tras revisar 400 artículos de medios como El Tiempo, El Espectador, La Opinión y Revista Semana, el artículo constató que el enfoque político sobre los migrantes aumentó un 142% durante la campaña, donde sectores de derecha acuñaron el término “castrochavismo” para estigmatizar a la izquierda e infundir miedos sobre la pérdida de la propiedad privada y la identidad nacional.
El estudio concluyó que el uso de la migración como herramienta electoral exacerbó la polarización en territorio colombiano. Sin embargo, un análisis de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) explica que esto cambió en 2022, cuando los candidatos presidenciales cambiaron de estrategia y evitaron de forma deliberada convertir la migración en un tema que definiera el voto de los ciudadanos.
Esta situación ocurrió pese a que, para ese entonces, el 64% de los ciudadanos tenía una percepción negativa de los venezolanos y el 93% asociaba el fenómeno con el aumento de la inseguridad.
Los aspirantes buscaron proteger el financiamiento externo, ya que atacar el Estatuto Temporal de Protección (Etpv) habría congelado los millonarios recursos económicos de la cooperación internacional. Por el otro, optaron por invisibilizar el debate para eludir el costo político en las urnas, pues sabían que proponer la inclusión socioeconómica de los migrantes era altamente impopular entre los votantes, pero rechazarla dañaba la credibilidad global del país, según señala la FIP.
Entre tanto, ecos de las narrativas que apelan a la crisis venezolana como espejo se pueden ver en 2026 con desinformaciones como una pieza falsa que le atribuía al candidato del partido oficialista Pacto Histórico, Iván Cepeda, una frase sobre ayudar al depuesto Maduro a regresar al poder. Igualmente, en la reciente portada de imitación a Semana con el abogado De la Espriella abrazando al extraditado exministro colombovenezolano del régimen Alex Saab, quien fue su cliente.
* Este chequeo es producto del programa de intercambios de la alianza LatamChequea.