3 DATOS CLAVE:

1. Las industrias de tabaco, alcohol y ultraprocesados, junto a sectores políticos ligados a ellas, se han opuesto a los impuestos saludables incluso negando la evidencia científica que avala su eficacia para desincentivar el consumo de productos nocivos.
2. La OMS y múltiples estudios coinciden en que gravar estos productos sí funciona  y tiene mayores beneficios sanitarios entre más alto sea el impacto en los precios. Hay diferentes fórmulas para hacerlo, con diversas ventajas y desventajas.
3. Las tarifas actuales en Colombia son complejas, pues mezclan diferentes estrategias de gravamen, que dificultan establecer el recaudo correspondiente a impuestos saludables en el valor final de distintos productos.

Quienes se oponen a los impuestos saludables con narrativas sin bases sólidas, al mismo tiempo niegan la evidencia libre de conflictos de interés que sí existe a favor de esas medidas tributarias para desincentivar el consumo de productos nocivos.

En este explicador,* repasamos de dónde viene la narrativa anticientífica contra estos gravámenes al tabaco, el alcohol, los comestibles ultraprocesados y las bebidas azucaradas. También exploramos qué dice la literatura académica y qué recomiendan las autoridades internacionales al respecto. Finalmente, lo comparamos con el complejo sistema de tarifas que tiene Colombia, así como con los cambios sugeridos por el proyecto de reforma tributaria que cursa en el Congreso.

Industrias y política anticientíficas

Las industrias insisten en negar o relativizar las recomendaciones de la ciencia. Es parte del “manual” que por décadas han seguido las tabacaleras, aprendido por las compañías de productos alcohólicos y que luego ha llegado a las de comestibles ultraprocesados, como señala un informe del centro de estudios Dejusticia.

Por ejemplo, a principios de 2025, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) publicó una infografía donde hace esta afirmación infundada: “Este impuesto parte de una premisa sin evidencia: que gravar alimentos industrializados reduce la obesidad y las enfermedades no transmisibles (ENT), algo que no ha funcionado en ningún país”. Lo mismo dice en su página de internet.

Esa narrativa busca impactar en las elecciones presidenciales de 2026, como ha investigado el medio digital Vorágine, por medio de figuras políticas ligadas a empresas del sector. Las precandidatas María Fernanda Cabal, del partido Centro Democrático, y Victoria ‘Vicky’ Dávila, que recoge firmas por el comité Valientes, prometen eliminar esas medidas.

En el primer caso, la senadora beneficiaría a financiadores suyos y de su partido, como los azucareros de Riopaila. En el segundo, la experiodista terminaría favoreciendo a sus exjefes de la familia Gilinski, dueños del grupo empresarial de alimentos Nutresa y de Semana, el medio de comunicación que ella dirigía hasta 2024.

Artículos anteriores de Colombiacheck ya han hablado también sobre las falencias en los argumentos que les atribuyen a estos impuestos unos impactos económicos negativos extremos. En un explicador de 2023, encontramos que el pronóstico de quiebra masiva de tiendas por el alza en comestibles ultraprocesados y bebidas azucaradas era una especulación que partía de tomar esos productos como si fueran de primera necesidad.

Además, recientemente señalamos que la alerta de un aumento drástico del contrabando de tabaco y alcohol se difunde con voces y recursos ligados a la misma industria, como la multinacional tabacalera Philip Morris, las licoreras departamentales y partidos políticos que han recibido importantes recursos de la cervecería Bavaria. En cambio, informes y estudios apuntan a que ese riesgo es menor y manejable con acciones complementarias.

La ciencia recomienda gravar (y mucho)

“Desde Colombia hasta Sudáfrica, los gobiernos que han introducido impuestos para la salud han visto reducido el consumo y han incrementado los ingresos”, dice un comunicado publicado en julio de 2025 por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Según el ente multilateral, “un incremento –de una sola vez– del 50 % en el precio de esos productos podría evitar 50 millones de muertes prematuras en los próximos 50 años”.

La meta es lograr el alza a más tardar para 2035. La institución de Naciones Unidas recuerda que esto es factible, porque ya se logró un aumento similar en promedio global en la década de 2012 a 2022, gracias a medidas tributarias tomadas en 140 países.

No es gratuito. Desde los explicadores anteriores encontramos que sí hay respaldo, no solo del organismo sanitario internacional sino incluso del Banco Mundial (BM) a favor de gravar los productos que son nocivos para la salud.

Contrario a lo que dicen las industrias y sus figuras políticas aliadas, una búsqueda avanzada en Google Académico arroja múltiples estudios que demuestran que subir los precios de productos nocivos vía impuestos sí reduce su consumo. Con la herramienta de inteligencia artificial Notebook LM, analizamos 20 archivos entre fuentes científicas y documentos de la OMS para corroborarlo.

Entre otros, un análisis de 62 estudios de todo el mundo, liderado por la economista Tatiana Andreyeva en Estados Unidos y publicado en 2022, encontró una reducción promedio de 15% en las ventas de bebidas azucaradas gravadas. La Escuela de Economía de Londres (LSE, en inglés), en 2021, también revisó 34 investigaciones en América Latina y encontró que la gran mayoría confirman que los impuestos sí reducen el consumo de tabaco, alcohol y ultraprocesados.

El efecto se vio incluso con bajas tarifas adoptadas por México en 2014. En solo un año con un impuesto de 8%, el Instituto Nacional de Salud Pública de ese país encontró que las compras de comestibles “no esenciales densos en energía” bajaron 5,1% y, para 2016, fue 5,3%, mientras las de productos sin gravamen aumentaron 2,8%.

Además, el ente reportó un primer descenso anual de 6% para las de bebidas azucaradas cargadas con un 10% junto a una mayor demanda en las no afectadas. Sin embargo, también proyectó que subir el tributo a 20% conseguiría una caída cuatro veces mayor para las perjudiciales (26%) y de un 12% en la prevalencia de diabetes luego de una década. Por eso, un examen de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) recomendó hacerlo.

Del ejemplo de México a un estudio que simuló los cambios en las cifras de obesidad en tres posibles escenarios con diferentes tarifas de impuestos saludables en Tailandia, y otro parecido sobre el consumo en ciudades chinas, hay consenso en que los beneficios sanitarios se maximizan con mayores cargas tributarias. Lo soportan revisiones de evidencia mundial: la ya citada de LSE, otra de 2021 hecha en Brasil y los manuales técnicos de la OMS sobre los gravámenes del alcohol y el tabaco.

Las mismas fuentes indican que los hogares más pobres, al ser más sensibles a los precios, precisamente son los más beneficiados a largo plazo por estas medidas, con la reducción de riesgos de enfermedades relacionadas con el consumo. “En consecuencia, se benefician de manera desproporcionada de una vida más larga y saludable, una reducción en el gasto sanitario, menos días de trabajo perdidos y una vida laboral más extensa”, concluyó una revisión de 2023 (con participación del BM) sobre tabaco, alcohol y bebidas azucaradas.

Una forma de potenciar este efecto, según los documentos de la OMS, es la destinación específica de los recursos a la salud o políticas sociales. Para evitar rigideces en las finanzas públicas, la institución sugiere que puede ser solo una parte y con propósitos generales más que a programas específicos.

Otra revisión más, que abarca 20 años de historia en Polonia y los países bálticos en el caso del alcohol, no solo muestra los efectos positivos de aumentos drásticos sino también los negativos de echar para atrás estas medidas. Mientras Lituania logró una caída en las muertes por esa causa, sobre todo de los hombres, al gravar el vino y la cerveza con 100% y otros licores con 20%; la política polaca que debilitó estos tributos en 2002 llevó a un aumento tanto del consumo como de la mortalidad asociada.

Las posibles fórmulas

Dada la robusta evidencia de que el aumento de impuestos a productos nocivos sí es una política efectiva, el foco de la discusión se ha trasladado a definir el método de tributación más eficiente para lograr los objetivos de salud pública. Para esto se pueden usar diferentes tipos de tarifas:

• Específicas: una cifra fija por unidad, volumen o peso del producto (cajetilla, mililitro, gramo, etc.).
• Según el valor: un porcentaje definido sobre el precio de venta al público (si vale 100 pesos y se le aplica 10%, queda a 110).
• Proporcionales al daño: se calcula con base en la cantidad del componente dañino que haya en el contenido (por ejemplo, a partir de los grados de alcohol o la proporción de azúcar).
• Mixtas: combinan dos de esas opciones o incluso las tres.

La primera alternativa tiene la ventaja de ser la más simple de administrar para los gobiernos, especialmente en países de escasos recursos. También dificulta la manipulación de la industria, porque es igual para todos los productos sin importar su precio o detalles de la composición. No obstante, los manuales técnicos de la OMS mencionados antes e investigaciones como la LSE advierten que debe ajustarse de forma periódica para que no pierda peso con la inflación.

La segunda, que técnicamente se llama ad valorem, sí mantiene su carga en el tiempo sin ajustes por ser un porcentaje sobre el precio. Por otro lado, estimula a las personas a buscar opciones más baratas (saludables o no). El problema que identifican los estudios de referencia es que, para garantizar su objetivo, el Estado debe tener la capacidad de verificar el costo de venta, para que no se subestime a conveniencia del productor.

El cobro proporcional al daño es considerado el más eficiente para los países que tienen la capacidad administrativa necesaria. El apoyo académico y de la OMS se basa en que gravar directamente el componente nocivo, como los gramos de azúcar o el volumen de alcohol, motiva a las empresas a reducir su cantidad en la formulación de sus productos, a la vez que procura que las opciones más baratas para el consumo sí sean más saludables.

Así, las fuentes suelen recomendar los esquemas mixtos porque permiten buscar la fórmula más efectiva para aprovechar las ventajas y reducir las desventajas de las anteriores, según el producto y el contexto. Por ejemplo, con el tabaco, el estándar internacional es darle más peso a la cantidad; en bebidas azucaradas, Tailandia combina el impuesto específico con uno sobre el precio y Croacia, con uno al daño; mientras para el alcohol, más estados gravan el valor, pero unos lo juntan con el volumen y otros, con los grados.

El caso colombiano

La literatura científica y de la OMS también destaca que Colombia ha tenido éxitos por lo menos en el campo del tabaco. En particular, destacan que consiguió una caída de 33,7% en el consumo de cigarrillos tras las alzas en el impuesto al consumo de estos productos en 2017.

En general, el país justamente se ha decantado por diversos esquemas mixtos, aunque también tiene otros más sencillos. Por ejemplo, el tabaco suelto solo paga un valor por gramo que se actualiza cada año de forma automática con 4% por encima de la inflación.

Hay dos casos que son solo ad valorem. Uno es el de comestibles ultraprocesados, que tienen una tarifa de 20% sobre el precio. La otra es para el impuesto al consumo de cervezas, refajos y otras bebidas similares, que llevan 48% o 20% si son nacionales y 30% sobre lo declarado en aduana cuando son extranjeras.

En cambio, el cálculo de las azucaradas se basa en el volumen, pero se escalona por la concentración de azúcar añadida en rubros que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) actualizará cada año desde 2026. Los vinos, licores y aperitivos, por otro lado, pagan en función de sus grados de alcohol, un monto por cada 750 centímetros cúbicos ajustado a la inflación y con un porcentaje de 20% o 25% sobre la tarifa al público.

Los cigarrillos pagan un 10% adicional al precio de venta, pero también un valor por cada cajetilla. Igual que en el tabaco suelto, su ajuste es automático y por encima de la inflación.

Con esta variedad de fórmulas, saber cuánto del valor final corresponde a gravámenes saludables es más difícil en unos productos que en otros. Sobre todo porque la interacción con el impuesto al valor agregado (IVA) también cambia: como en los licores, que tienen una tarifa de 5%, aunque la general es de 19%.

También cabe anotar que no en todos los casos se han definido destinaciones específicas, aunque sí las hay de tipo parcial en el impuesto al consumo de tabaco y en el de las ventas de alcohol. La mayoría son para la salud, aunque también para educación y deporte.

El proyecto de Ley de Financiamiento para 2026 propone aumentos y cambios en los impuestos de tabaco y alcohol. Uno de los más importantes, como destaca el respectivo informe del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, es el que le pondría a la cerveza un esquema mixto como el de los licores, con los que quedaría más acorde a la evidencia correspondiente.

Pese a esto, el presidente, Gustavo Petro, ya sugirió retirar este punto como parte de un acuerdo para bajar el monto de la reforma. Ahora queda ver si efectivamente el Congreso le da trámite a la iniciativa y si efectivamente excluye ese punto o decide mantenerlo.

* Este explicador se hizo con financiación de Red PaPaz, una organización que aboga por la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en Colombia. Red PaPaz únicamente sugirió el tema y compartió información técnica basada en evidencia científica libre de conflicto de interés. La investigación y redacción estuvieron a cargo exclusivamente de Colombiacheck.