3 DATOS CLAVE:

1. Personas con intereses económicos alrededor de las industrias del tabaco y las bebidas alcohólicas han señalado en múltiples medios de comunicación que subir los impuestos a estos productos incentivaría el contrabando, sin ofrecer mayor evidencia.
2. Esta vieja estrategia de interferencia de las tabacaleras es ahora aprovechada en Colombia por sectores políticos también vinculados a licoreras y a la principal cervecera del país. Además, el modo de operar recuerda a los ataques contra los gravámenes a la comida ultraprocesada aprobados en 2022, aunque con otros argumentos.
3. La evidencia científica libre de conflictos de interés es contraria a esa narrativa: apunta a que este tipo de medidas reducen el consumo y, por tanto, mejoran la salud pública de manera eficiente, mientras que el riesgo de incentivar mercados ilegales es menor y se puede reducir con acciones complementarias del Estado.

Diversos medios de comunicación han difundido, sin mayor contraste ni contexto, la idea de que un alza de impuestos a los cigarrillos y las bebidas alcohólicas tendría como consecuencia un aumento drástico en el contrabando de esos productos.

Algunas de las voces más citadas con esta perspectiva son fuentes interesadas en que las ventas se mantengan o incluso aumenten. En cambio, la evidencia científica independiente tiene una historia muy diferente por contar, que no ha recibido la misma atención.

Los efectos positivos para la salud pública tienen mucho más respaldo que ese alegado riesgo de contrabando. Diversos estudios muestran que estas medidas desincentivan el consumo de sustancias nocivas al tiempo que aumentan el recaudo para la atención de los problemas que causan, como enfermedades respiratorias, cardiovasculares y distintos tipos de cáncer.

La discusión ha tomado relevancia en medio del trámite del nuevo proyecto de Ley de Financiamiento del gobierno de Gustavo Petro, la reforma tributaria que actualmente cursa en el Congreso. La iniciativa, que pretende darle sustento al desfinanciado Presupuesto General de la Nación para 2026, aumentaría y transformaría la forma en la que se gravan el tabaco y el alcohol.

En este explicador,* abordamos los cambios propuestos actualmente sobre estos productos, así como los intereses económicos y políticos tras la narrativa que ataca esas medidas con base en el supuesto riesgo de mayor contrabando. Al final, contrastamos esas declaraciones con la evidencia científica sin conflictos de interés, que no solo es más favorable a los impuestos que a las quejas, sino que incluso presenta alternativas para enfrentar el mercado ilegal.

Los cambios propuestos

Como ya verificamos, el proyecto de ley efectivamente incluye un aumento en el impuesto al valor agregado (IVA) de las bebidas alcohólicas. Estas pasarían de la tarifa actual del 5% a la general de 19%.

La Nación les cedería a los departamentos los recursos correspondientes a cinco puntos porcentuales de este aumento, los cuales se destinarán específicamente al sistema de salud. La metodología de esta transferencia, sin embargo, sería reglamentada luego por el Gobierno.

Otro cambio importante es en el impuesto al consumo. Dependiendo de la bebida, hoy se cobra como un porcentaje del precio de venta al público o combinando esto con un valor calculado sobre los grados de alcohol. Ahora, todas tendrían el sistema mixto, con subida en las tarifas para la mayoría de productos y un alza anual acelerada en los montos del segundo componente, pues quedarían atados a escalar cuatro puntos más que la inflación.

En cuanto a los cigarrillos, este gravamen ya no solo se les aplicaría a los tradicionales sino también a los electrónicos con o sin nicotina, más conocidos como vapeadores. En estos casos, el cálculo también tendría en cuenta tanto el precio como un monto por mililitro.

El Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana resumió los detalles de estos cambios en el siguiente cuadro comparativo de su informe sobre el proyecto de ley:

Estas disposiciones se encuentran en el artículo 11 y del 34 al 42 de la iniciativa radicada por el Ministerio de Hacienda el 1 de septiembre. Para el análisis comparativo entre las normas actuales y las propuestas de la reforma, en Colombiacheck también nos apoyamos en Notebook LM, una herramienta de inteligencia artificial de Google, siempre con contrastación humana frente a las leyes y el proyecto en cuestión.

No obstante, con la reducción del monto del Presupuesto General de la Nación para 2026 tras su aprobación en primer debate, Petro anunció que retiraría parte de estas propuestas de su proyecto tributario. “Como la solicitud nueva de recursos financieros disminuye en 10 billones de pesos, creo que lo más justo es no solicitar incrementos de impuestos sobre la gasolina y la cerveza”, escribió en la red social X el 24 de septiembre.

Voces poco contrastadas

Entre quienes más han hablado contra estos impuestos está el gerente de la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA), Esteban Ramos Maya. Según dijo en un mensaje de X el 2 de septiembre, la reforma “generaría un aumento inmenso de precios, disparando el contrabando e incentivando la compra de licor adulterado”.

Luego, repitió ese argumento en entrevistas con Blu y W Radio. También lo citaron otros medios en los días siguientes (1, 2, 3, 4, 5) y un video suyo con declaraciones similares fue difundido por Minuto 30. En la mayoría de los contenidos no se contrastó su posición.

La otra voz cantante en esta narrativa ha sido la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro. Igual que Ramos Maya, dio su opinión sobre la reforma al día siguiente de la radicación no solo en X sino también en la declaraciones a la prensa (1, 2, 3, 4, 5).

La reforma “sería inconveniente para nosotros porque nos van a llenar de contrabando, las rentas van a disminuir y vamos a tener menos posibilidades de invertir en el bienestar de nuestros ciudadanos”, dijo la funcionaria. De nuevo, reinó la falta de contraste en casi todas las notas que la citaron.

Dos semanas más tarde, el 16 de septiembre, Blu Radio publicó una noticia titulada “Industria de licor y tabaco advierte que reforma tributaria del Gobierno podría disparar contrabando”. Allí registró la petición de Silvia Barrero, vicepresidenta de asuntos externos de Coltabaco, filial en Colombia de la multinacional tabacalera Philip Morris, para que los impuestos sean “técnicamente razonados”.

Luego, el medio cita al director de la Federación Nacional de Departamentos (FND), Didier Tavera. “¿Por qué se ha incrementado el contrabando de cigarrillos y de licores? Esto obedece a que para el multicrimen y el crimen trasnacional hay una gran oportunidad de negocio, precisamente por una carga impositiva que se tiene”, aseguró.

La nota cierra con un señalamiento especulativo del presidente de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), Jaime Alberto Cabal, sobre una posible desviación del recaudo con fines electorales por parte de la administración nacional. El dirigente gremial y exministro conservador es un declarado simpatizante de la oposición.

Los intereses tras la narrativa

La FLA es la más importante de las ocho licoreras departamentales. Su gerente es nombrado por la Gobernación, hoy en cabeza de Andrés Julián Rendón, del partido opositor Centro Democrático.

Igualmente sucede con la Industria de Licores del Valle (ILV), otra de las grandes empresas del mismo conjunto. Su cabeza depende de Toro, la principal baronesa electoral del Partido de la U, colectividad que estuvo en la bancada del gobierno Petro, pero se declaró independiente en 2023 y se ha distanciado hasta casi perder su cuota en el gabinete presidencial.

La FND administra los recursos del impuesto al consumo de tabaco y alcohol extranjeros que se destinan a las regiones. Al mismo tiempo, ha recibido recursos de Philip Morris International para su Programa Anticontrabando, como reveló Cuestión Pública en 2021.

El director del gremio departamental, Tavera, es un cuestionado exgobernador y la cabeza del clan político de Santander al que pertenece el senador Miguel Ángel Pinto, su tío e integrante del ala más opositora del Partido Liberal. El congresista preside la Comisión Séptima, donde está estancada la reforma a la salud presentada por la actual administración nacional.

En 2022 y 2023, su partido fue el que tuvo las mayores donaciones de Bavaria, la principal cervecera del país: 2.300 millones de pesos, según el monitor de la Misión de Observación Electoral (MOE). El segundo fue La U con 1.920 millones y le siguen el Conservador (1.900 millones), la Alianza Verde (1.600 millones) y el Centro Democrático (1.520 millones).

Juntos, concentran el 83% de lo que distintas agrupaciones, casi todas del centro a la derecha, recibieron de la empresa en esos dos años. De hecho, datos analizados por La Silla Vacía muestran que fue la segunda mayor financiadora privada de colectividades políticas en 2023.

Vieja forma de interferencia

La estrategia no es nueva. Estudios patrocinados por la industria tabacalera ya han inflado cifras que favorecen la narrativa de que el alza de precios generaría una brecha favorable a los productos de contrabando.

Como ejemplo tenemos uno publicado en 2021 por el economista Jorge Tovar en la Universidad de los Andes con plata de Coltabaco. Otro famoso es el de la encuestadora Invamer pagado por el Programa Anticontrabando de la FND, el que se hace con recursos de Philip Morris.

Esta y otras tácticas similares fueron denunciadas por el centro de estudios Dejusticia en el informe ‘Diferentes industrias, un mismo manual’. El documento trata la “interferencia de las industrias de tabaco, alcohol y ultraprocesados en las políticas para la prevención de enfermedades no transmisibles en Colombia”.

También es una práctica común en otras partes de América Latina, como lo reportó la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en 2022. En diferentes lugares del mundo ha sido desnudada por instituciones académicas y de organizaciones sin ánimo de lucro. Investigaciones recientes lo documentan desde África hasta Filipinas y Japón, en Asia.

La industria tabacalera en general y Philip Morris en particular tienen un largo historial de manipulación de la evidencia científica para favorecer sus intereses. Salud con Lupa y Colombiacheck también lo hallaron en el caso de supuestos beneficios de los cigarrillos electrónicos para la reducción del daño frente a los tradicionales.

Algunos de estos informes, como el de Dejusticia, muestran que las empresas de bebidas alcohólicas han aprendido la lección y están aplicando estrategias similares. Por ejemplo, escudarse en los daños a la salud del mercado ilegal para desviar la discusión sobre los que también causan sus productos legales.

El contexto y el debate, aunque con argumentos distintos, también recuerdan a los que hubo sobre otros impuestos saludables: los que se aplicaron a las bebidas azucaradas y otros productos comestibles ultraprocesados a partir de la reforma tributaria de 2022. Con su entrada en vigencia, Colombiacheck también hizo un explicador sobre su impacto en la salud y el bolsillo para responder a las dudas y la desinformación al respecto, que apelaban a la especulación sobre supuestos efectos devastadores para las tiendas de barrio.

Impuestos con beneficios para la salud

El consumo de tabaco y alcohol suma dos de los cuatro principales factores de riesgo por comportamiento de las enfermedades no transmisibles, identificados por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Tales dolencias, según la dependencia de esa entidad para las Américas, son responsables del 65% de las muertes en el continente.

“La evidencia empírica, permite concluir que estos impuestos son una de las herramientas más efectivas para modificar comportamientos de consumo y mejorar la salud pública”, indica un reporte técnico del Banco Mundial sobre gravámenes sanitarios en Colombia, publicado en 2024. Se basa parcialmente en un análisis hecho en 2011 por la Agencia Internacional para la Investigación sobre Cáncer (IARC, en inglés), puesto que el consenso científico al respecto ya era mayoritario con respecto al tabaco desde entonces.

Las pruebas se fueron expandiendo y acumulando con los años a favor de estas medidas, ya no solo para este producto sino también para el alcohol y las bebidas azucaradas. Así no solo lo recoge una revisión académica de 2023 sino la propia OMS, que ha señalado que gravar el tabaco y el alcohol es una de las “mejores prácticas” contra este tipo de enfermedades, al tiempo que clasifica esa medida como efectiva con relación al costo en el caso de los ultraprocesados.

Medidas anticontrabando

En el caso del tabaco, otro informe del Banco Mundial señaló en 2019 que, de hecho, la relación entre el alza vía tributaria y el contrabando es contraria a la que señala la narrativa tan difundida en medios:

“En contraposición a los argumentos de la industria tabacalera, los impuestos y los precios tienen un impacto muy limitado en la participación de mercado de los cigarrillos ilícitos en los países. Las pruebas indican que el mercado ilegal de cigarrillos es relativamente más grande en los países donde los impuestos y los precios son bajos, y relativamente más pequeño en aquellos donde los impuestos y los precios son más altos”.

La misma revisión de 2023 citada antes, liderada por el economista chileno Guillermo Paraje, también lo constató. “Además, el contrabando a una escala que pueda afectar los precios requiere el involucramiento activo [...] o tácito de la industria”, señala, poniendo ejemplos históricos de esa complicidad en Canadá y Europa.

En 2024, la misma conclusión fue revalidada por la ‘Medición del contrabando de cigarrillos en Colombia’ que hizo el Centro de Estudios en Protección Social y Economía de la Salud (Proesa) de la Universidad Icesi y la Fundación Valle de Lili, junto con la Fundación Anáas para el control del tabaco. El estudio encontró que el comercio ilícito es muy heterogéneo entre las diferentes regiones a pesar de que las tarifas del impuesto son las mismas, lo que reafirma que los factores determinantes son otros, como debilidades de gobernanza.

Por ello, la literatura científica y los informes revisados advierten que la eficacia de las alzas está supeditada a otras medidas. Por ejemplo, sugieren sistemas de seguimiento y localización acordes con el Protocolo para Eliminar el Comercio Ilícito de Productos de Tabaco de la OMS, que Colombia firmó en 2013, pero no ha ratificado.

La revisión de Paraje también señala que tampoco existe evidencia de efectos de la subida de impuestos sobre el contrabando de bebidas alcohólicas y azucaradas.

* Este explicador se hizo con financiación de Red PaPaz, una organización que aboga por la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en Colombia. Red PaPaz únicamente sugirió el tema y compartió información técnica basada en evidencia científica libre de conflicto de interés. La investigación y redacción estuvieron a cargo exclusivamente de Colombiacheck.