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Miércoles, 06 Junio 2018

Las cifras de las Zonas Wifi Gratis

Por Laura Cristina Vásquez

Aunque el programa bandera del exministro David Luna ha alcanzado cuatro millones de usuarios, aun deja por fuera a tres departamentos y otras zonas apartadas del país.

Cuando David Luna renunció como ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) para unirse a la campaña presidencial de Germán Vargas Lleras, en abril, el excandidato celebró la decisión y destacó la gestión del exministro:

 

 

El proyecto insignia de Luna fue la instalación de zonas Wi-Fi en algunas áreas del país. Efectivamente, según el Ministerio, 4.136.693 usuarios se beneficiaron con las zonas Wi-Fi gratuitas en 2017.

Sin embargo, quisimos indagar un poco más el grado de beneficio que ha significado el proyecto, pues esto no se puede medir solo en número de usuarios, sino que involucra otros aspectos como la distribución del servicio, su eficiencia y obstáculos u objeciones a la manera en que se ofrece.

Según el último reporte consolidado que entregó el MinTIC a Colombiacheck, con corte a 22 de mayo de 2018, son 1.426 zonas Wi-Fi que se han instalado en el país desde el 2016, y una que está por iniciar operaciones en la localidad de Chapinero, en Bogotá. Sin embargo, este mapa muestra que la distribución de estas zonas no ha sido equitativa en todo el país:

 

 

Guanía, Vaupés y San Andrés no tienen instalada ni una sola zona de Wi-Fi gratis, y otros departamentos como Amazonas (1) y Vichada (2) tienen pocas conexiones como parte del programa. Por el contrario, llama la atención que un departamento pequeño como Risaralda, ocupe el tercer lugar con 157 zonas de internet inalámbrico sin costo, mientras que Atlántico y Valle tienen menor cantidad (150 y 130, respectivamente). Los dos primeros lugares los ocupan Bogotá (163) y Antioquia (158). En todo caso, el mapa evidencia la concentración del programa en la región Andina y algo del Caribe.

Otro aspecto determinante es la efectividad de las conexiones. Colombiacheck contactó a Carolina Botero y Pilar Sáenz, investigadoras de la Fundación Karisma, “una organización que tiene como misión responder a las amenazas y oportunidades planteadas por las ‘tecnologías para el desarrollo’ al ejercicio de los derechos humanos”. Las dos resaltaron la importancia de un proyecto de esta magnitud para la comunicación e integración del país, pero también plantearon algunas dudas que tiene la entidad al respecto, entre las que advierten que “la conectividad en las zonas, especialmente las rurales, no es buena . En algunas partes no es posible iniciar sesión, y en otras no es veloz o no carga ninguna página web”.

Este medio se conectó en las zonas establecidas en Paipa, Cajicá, Mosquera y dos en Bogotá. Fue posible conectarse rápidamente a todas, menos a la de Mosquera.

Por otra parte, Karisma ha expresado otros reparos al proyecto, sobre los cuales le preguntamos al Ministerio:

  1. Existe una obligación de registrarse con un usuario y contraseña al conectarse a cualquiera de estas zonas, e informar el sexo, la edad y la ubicación del usuario. La información sobre las páginas que los usuarios visitan también queda registrada. Según la fundación, “el diseño de las Zonas WiFi se hace con la óptica de vigilancia de las comunicaciones estableciendo un monitoreo del acceso generalizado”. Esto viola el artículo 15 de la Constitución pues el Estado está obligado a respetar la intimidad de la ciudadanía y no es claro el uso que le podrían dar a esta información.

Al respecto, Hugo Vargas Hernández, director de promoción de MinTIC, indica que el registro de la información se hace con el fin de crear políticas públicas que estén basadas en la edad, género y problemáticas que buscan en internet. Además, asegura que no se están recolectando datos personales sensibles o que vulneren la intimidad de las personas; y que no se realizan interceptaciones de comunicaciones, pues el Centro de Monitoreo administrado por MinTIC no puede acceder a las comunicaciones que se realizan en las zonas. El monitoreo de los datos tiene lugar “en las instalaciones del Ministerio, a través de La Unión Temporal de Gestión de Monitoreo Wifi-UT GMW”.

  1. Páginas pornográficas, sitios pertenecientes a grupos terroristas, transacciones bancarias y páginas que hagan fraudes están bloqueadas en las zonas. Para la Fundación Karisma, esto plantea dos problemas:
    a). Según el decreto 1524 de 2002 sólo se pueden bloquear sitios de pornografía infantil.
    b). No hay una definición universal de terrorismo, lo que permite subjetividad en el bloqueo.

El Ministerio se defiende asegurando que en este caso actúan como usuarios “obligados a implementar zonas de acceso público y gratuito a internet inalámbrico, en los espacios dispuestos para atención al público”, y no como prestadores del servicio de Internet, con lo cual tienen autorización para pedirle a sus proveedores que bloqueen sitios como los mencionados en las Zonas Wi-Fi Gratis.

También aclara que esas restricciones las hacen para “evitar la utilización de infraestructura financiada con recursos públicos, para usos que representen riesgos a los ciudadanos que acuden a las redes púbicas de internet”.

* Laura Cristina Vásquez: Estudiante de periodismo de la Universidad Javeriana de Bogotá. Participó en el proyecto “Laboratorio de verificación de datos”, de Colombiacheck, con el apoyo de Facebook, Deutsche Welle Akademie y la Pontificia Universidad Javeriana. Este artículo fue desarrollado con el acompañamiento y edición de Colombiacheck.

Miércoles, 15 Diciembre 2021

Muertes evitables, niños sin educación y la sombra de Abudinen en Tumaco

Por La Liga Contra el Silencio

Los habitantes de la zona rural en ese municipio de Nariño carecen de telefonía móvil e internet. Los colegios no tienen bibliotecas. A 130 escuelas debieron llegar los puntos de internet que prometió la exministra de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, pero el escándalo de corrupción mantiene en vilo la esperanza de las comunidades.

Una mañana, hace 30 años, Juan Burbano salió temprano de su casa para cortar leña, cuando una rama le cayó encima. Su familia se preocupó porque no regresaba, y lo hallaron desangrado al final de la tarde cuando lo fueron a buscar. Hace dos años, Wilson Arboleda también salió a buscar leña y se hirió con una herramienta. Alcanzó a andar unos metros, pero no encontró a nadie y murió. Ambos hechos, con muchos años de diferencia, sucedieron en la zona rural de Tumaco, Nariño. Ninguno pudo hacer una simple llamada en busca de ayuda.

“Si usted puede comunicarse, avisa y lo llevan al hospital”, dijo César Arboleda, presidente del consejo comunitario del río Gualajo, donde ocurrieron estos casos. “Sería distinto si hubiera conectividad, se pudiera gestionar un helicóptero o una lancha que pudiera salvarle la vida a una persona”, confirmó Lenis Augusto Castro, presidente de la Red de Consejos Comunitarios del Pacífico Sur (Recompas), que agrupa a 18 consejos comunitarios de Tumaco y Francisco Pizarro, en Nariño. 

Las muertes de Burbano, de 46 años; y de Arboleda, de 51, retratan parte de las afectaciones de las comunidades ubicadas en el área rural de Tumaco derivadas de la falta de conectividad. 

James Castillo, de la Oficina de Sistemas de la Alcaldía de Tumaco, reconoce que el 98 % del área rural del municipio no tiene telefonía móvil ni internet. Hace 27 años se logró en Colombia la primera llamada entre celulares: entonces hablaron el magnate Julio Mario Santo Domingo, Carlos “El Pibe” Valderrama y María Cristina Mejía, expresidenta de la empresa Celumóvil. Pero todavía hoy las comunidades afrodescendientes, indígenas y campesinas de esta zona carecen de una comunicación como la de esos tres personajes. “En pleno siglo XXI es triste que en nuestras comunidades esto sea una cosa del otro mundo”, lamentó Castro. 

“La comunicación es por vía humana. Si tú necesitas algo de otra comunidad, mandas un mototaxi y esperas que te regresen la respuesta. Estamos en la era de hielo”, explicó José Santa Cruz, integrante del equipo técnico de la Asociación de Juntas de Acción Comunal de los Ríos Mira, Nulpe y Mataje (Asominuma), organización que reúne 34 comunidades campesinas.

A la falta de conectividad se suma que ninguna de las comunidades negras ni campesinas que están agrupadas en Recompas y en Asominuma tiene lanchas ambulancia. Para evacuar heridos o enfermos tienen que buscar a alguien que preste una embarcación. Sin embargo, como no pueden llamar, muchas veces ese proceso tarda horas. 
La situación de Tumaco se repite en otros municipios del Pacífico nariñense. Además, las mujeres sufren impactos diferenciados. 

El 1 de octubre de 2020, en el resguardo indígena Nunalbí Alto Ulbí, de Barbacoas, Nariño, Edelmira Pérez tuvo complicaciones con su embarazo. Ella, de 44 años, prendió las primeras alarmas hacia las tres de la madrugada, en la comunidad Alto Ulbí, en aquel momento confinada por combates entre grupos armados. Un niño salió hacia la carretera Tumaco-Pasto para pedir ayuda. Caminó siete horas; cuando por fin pudo avisar, la mujer ya había muerto. Una comisión de 500 indígenas entró hasta la comunidad por la noche y les avisaron que Edelmira había muerto hacia las diez de la mañana.

Los riesgos en la zona rural de Tumaco superan las complicaciones de salud y los accidentes laborales. En la región operan y combaten varios grupos armados que viven del narcotráfico: la disidencia del Frente 30 de las Farc, la estructura llamada ‘Bloque Occidental Alfonso Cano’, otra que se reconoce por el nombre de ‘Iván Ríos’, y el frente ‘Oliver Sinisterra’. Este escenario de guerra, que en Tumaco suma varias décadas, convierte al municipio en el segundo con más víctimas de minas antipersonales: 352, según la entidad estatal Descontamina Colombia. 

Las minas son un factor de riesgo cuando los lugareños van a buscar señal de telefonía. “A veces subimos a un árbol, buscamos la parte más alta de las lomas, pero son mínimos los momentos de conectividad”, contó Dilson Quiñonez, presidente del consejo directivo de Recompas. “Son lugares alejados, la gente corre peligros como picaduras de serpientes, de mosquitos. Son sitios de difícil acceso, no son adecuados para ir a llamar”, dijo Arboleda, del consejo comunitario del río Gualajo. En algunos lugares los grupos armados han prohibido los teléfonos, y los incautan cuando descubren que alguien tiene uno.

Ni libros ni internet

Seis líderes comunitarios mencionaron la educación como un tema prioritario. La pandemia agravó las consecuencias de la falta de conectividad sobre niños, niñas y adolescentes.  

La situación de la Institución Educativa de Vallenato, con 521 estudiantes y 17 sedes, dice mucho. El colegio tiene un solo computador que utiliza la rectoría para labores administrativas. “No se han entregado los medios tecnológicos para que avancemos. Seguimos atrapados en el siglo pasado; se sigue enseñando de la misma forma y lo mismo. Eso hace que muchos estudiantes dejen el colegio”, contó Albert Ortiz, rector de esa escuela. 

A la falta de equipos se suma otro obstáculo: el servicio de internet depende de unas antenas satelitales que el colegio no puede instalar. “En la contratación de una sola antena se van entre dos y tres millones de pesos. Tenemos 17 sedes, imagínate si contrato 17 antenas”, dijo Ortiz. 

El pénsum del colegio incluye la asignatura de Sistemas, pero la institución nunca ha tenido un profesor para dictarla. Además, la falta de computadores haría imposible dictarla. Ortiz contó que dan una formación “teórica” sobre tecnología. “Allá ningún estudiante conoce un computador, y no solamente en la institución que yo dirijo. La gran mayoría de las instituciones rurales tumaqueñas no cuenta con una sala de sistemas. Las que tienen solo están dotadas con dos o tres computadores que no sirven”, afirmó Ortiz.

En otros lugares de la región las comunidades han accedido a computadores, pero han sido inútiles por la falta de internet. “Hace cuatro años se hizo la gestión para obtener algunos equipos, pero se dañaron porque no tuvieron uso”, contó Arboleda sobre una experiencia en el río Gualajo. 

Toda esa falta de acceso a las tecnologías y la conectividad se vio agravada con la pandemia. El 15 de marzo de 2020, pocos días después de que se reportara el primer caso de coronavirus en Colombia, el presidente Iván Duque suspendió las clases presenciales y pidió a profesores y directivos diseñar estrategias para estudiar en casa. En varias ciudades la alternativa fue la educación virtual, pero en Tumaco era imposible.

En Vallenato enviaron guías para los estudiantes. Cada ocho días dejaban el material en algunos puntos de la comunidad y de ahí se distribuía a las casas. Pero este método tenía varias limitaciones. “Leer un papel no es lo mismo que interactuar con el maestro”, argumentó Ortiz. 

Hubo comunidades donde la educación se frenó por la falta de conectividad y la imposibilidad de distribuir material hacia lugares distantes. “Nuestros territorios se quedaron durante ese año y medio de pandemia sin ver clases, sin poder acceder a clases virtuales”, dijo Dilson Quiñonez, de Recompas. Sin escuelas en una zona con tantos grupos armados, se agrava el ingreso a la guerra de niños y adolescentes.

La situación en las comunidades indígenas no es diferente. Carlos Nastacuás, concejal de Tumaco e integrante de la Unidad Indígena del Pueblo Awá (Unipa), aseguró que en los territorios de la comunidad hay tres instituciones educativas y ninguna tiene acceso a internet. “Instalar antenas ha sido un sueño porque cada resguardo tiene su escuela, entonces habría posibilidad de comunicarse, de que los niños puedan estudiar e investigar”, agregó Aura López, consejera de economía y producción de la misma organización étnica. 

Ese aislamiento de los estudiantes genera deserción escolar. Las escuelas de Tumaco rural solo dictan hasta octavo, de modo que los jóvenes deben salir hasta la cabecera municipal a terminar su bachillerato. Esto a su vez genera fracturas familiares. “Puedo poner a mi hijo (que vive en el casco urbano) de cinco años junto a un chico que venga (de las comunidades rurales) con 14 o 15 años y seguramente a este le va a dar miedo ponerle la mano al computador porque no ha tenido la posibilidad de tocarlo, no sabe por dónde iniciar”, dijo Lenis Augusto Castro.
 
Además, la gran mayoría de las instituciones educativas no tiene bibliotecas. Allí se educan sin enciclopedias, que fueron símbolos de la Ilustración hace tres siglos, y sin internet. “Ahora la enciclopedia es Google, pero no tenemos ni lo uno ni lo otro”, concluyó Ortiz, que en 2020 pudo gestionar una insuficiente biblioteca de 150 libros para sus 521 estudiantes.  

Ilusiones oficiales y la sombra de Karen Abudinen

Una noticia dio esperanzas a las comunidades campesinas: el Proyecto Centros Digitales llegaría a Tumaco. “Con la implementación de este proyecto, esperamos tener más COLOMBIANOS CONECTADOS, porque con Más TIC construimos Más País (sic)”, dijo en un oficio la exministra Karen Abudinen a Keila Rocío Mendoza, secretaria de Educación de Tumaco.
 
Abudinen le comunicó a la administración municipal que el ejecutor de ese proyecto iba a ser la Unión Temporal Centros Poblados. Además, enumeró los departamentos donde esta unión temporal instalaría los centros digitales, y resaltó la palabra “Chocó”. Recordemos que Tumaco pertenece al departamento de Nariño. 

Oficio Abudinen Centros Poblados Tumaco by La Liga Contra el Silencio on Scribd


La exministra explicó que ese proyecto llevaría internet a escuelas en zonas rurales y la comunidad tendría acceso de manera gratuita hasta 2031. El cronograma contemplaba que los centros digitales de Tumaco se entregarían a más tardar el 1 de julio de 2021, pero a la fecha de publicación de este artículo no había ninguno en funcionamiento. La ilusión de las comunidades se evaporó cuando estalló el escándalo de corrupción entre Centros Poblados y el Ministerio de las TIC. La emisora La W reveló que la Unión Temporal presentó garantías bancarias falsas para acceder a un anticipo de más de 70.000 millones de pesos.

Las revelaciones y la presión social llevaron a que el presidente Duque pidiera en septiembre la renuncia de Abudinen; se declaró la caducidad del contrato el 13 de agosto. Por este hecho hay dos capturados y la Procuraduría adelanta un juicio disciplinario contra tres exfuncionarios del Ministerio. Incluso, Caracol Radio reveló que Juan José Laverde, uno de los capturados, aseguró que le dieron plata al exviceministro Iván Mantilla para favorecer a Centros Poblados.

En Tumaco 130 sedes educativas se habrían visto beneficiadas. “Con el escándalo se paró todo, nosotros tenemos comunicación constante con el Ministerio de las TIC, pero hasta ahora no nos han dicho nada”, lamentó James Castillo, de la Alcaldía de Tumaco. “Con el proyecto de Centros Poblados teníamos una gran esperanza para que la educación llegara a los niños, pero ya sabes lo que pasó con ese recurso”, dijo José Santa Cruz. 

El panorama de ese proyecto luce nublado. Le preguntamos al Ministerio de las TIC qué va a pasar con ese proyecto y cuándo deberán estar en funcionamiento los puntos digitales, respondieron: “Venimos trabajando en la definición del paso a seguir para retomar la puesta en marcha del proyecto, evaluando al detalle las diferentes alternativas jurídicas, técnicas y financieras, siempre pensando en aquellas que mejor atienden a las necesidades de las comunidades. Una vez se adopte la decisión, estaremos informando ampliamente a la opinión pública”.

Con un poco más de claridad se expresó la nueva ministra Carmen Ligia Valderrama, ante la Cámara de Representantes el pasado 16 de noviembre: “Una de las opciones es acudir a quien quedó de segundo en el proceso licitatorio, que es ETB. Pero debo decirles que no es la decisión adoptada por este Ministerio. En este momento ETB es una opción de las alternativas jurídicas que hay. Tenemos que ser muy rigurosos y muy detallistas en la decisión que adoptemos para saber cuál alternativa hay. Hoy no sé si es abrir un nuevo proceso licitatorio a un costo de tiempo muy grande para el país. Es posible, pero no lo sé”, reconoció.

Las palabras de Valderrama desmienten las afirmaciones que hizo Abudinen en un debate de control político el 24 de agosto. “Voy a contar la primera noticia que quiero dar en esta Comisión, y es que ETB va a ser el operador que va a tener este proceso”, dijo la exministra ante el Senado. Las recientes declaraciones de Valderrama acaban con las ilusiones de Castillo, quien daba por segura la continuidad del proyecto: “Sí se va a continuar. No sabemos cuándo, pero ETB ya tiene la licitación”, había dicho.

No es el único proyecto de conectividad del que desconfían los tumaqueños. En otro oficio que la exministra Abudinen le dirigió a la alcaldesa María Emilsen Angulo se mencionó la ampliación del servicio de telecomunicaciones móviles a cargo de las empresas Partners, Tigo y Comcel. La carta incluía un cronograma. A la fecha, confirmó Castillo, hay retrasos, aunque el funcionario no sabe con certeza cuáles antenas ya se instalaron y cuáles no, por lo que envió un documento al Ministerio de las TIC preguntando las fechas de entrega, pero no ha recibido respuesta. 

Antenas_Tumaco_Abudinen by La Liga Contra el Silencio on Scribd


“En cuanto a la ejecución, de las 7 localidades previstas para 2021, ya se cuenta con reporte de cumplimiento por parte de los operadores. En este sentido y con el fin de conocer el estado actual de ejecución de estas obligaciones, la Subdirección de Vigilancia e Inspección les solicita periódicamente el reporte de avance de ejecución. Ahora bien, el cumplimiento en la ejecución del cronograma en los proyectos está sujeta a eventuales ajustes, en caso de que se presente y compruebe verdadera imposibilidad de cumplimiento por parte de los operadores, debido a causas excepcionales consagradas en la Ley”, respondió el Ministerio consultado por esta alianza.

En el río Gualajo dicen que quedaron privados de un proyecto por no estar desconectados. “Inscribimos a unas 450 familias y por el tema de conectividad pudieron acceder solo 250, básicamente las que estaban ubicadas en el casco urbano. Quienes estaban en la zona rural no pudieron acceder porque no las pudieron contactar”, contó Arboleda sobre un proyecto llamado Familias en su Tierra, liderado por el Departamento de Prosperidad Social (DPS).

“No es verdad, nosotros fuimos a hacer el proceso de inscripción personalizado en el río Gualajo, estuvimos en dos de las cuatro veredas. Fuimos con mi equipo de la dirección regional de Nariño e hicimos el proceso de inscripción en el programa de forma presencial, las llamadas no convalidaban el proceso”, aseguró José Rosales, director encargado de la regional Nariño del DPS y jefe de la gestión regional nacional de Prosperidad Social.

Arboleda también asegura que la directora del DPS, Susana Correa, le prometió a la comunidad en 2019 instalar dos antenas de comunicaciones. Sin embargo, de eso no volvieron a saber nada. “Tuvimos una reunión con el que en ese momento era presidente de la junta del consejo comunitario, Aris Ledesma, con quien sí se establecieron unos compromisos. Pero en ningún momento se incluyeron antenas de comunicaciones”, desmintió Rosales.

Según Castillo, otro proyecto que no llegó fue el de “Conexiones para la Equidad”, anunciado por la exministra de las TIC, Sylvia Constaín. La licitación fue declarada desierta, y la promesa del acceso a internet para 52.000 familias quedó en nada. Las comunidades han incluido la necesidad de conectarse en diferentes pliegos de movilizaciones que han negociado con el Estado. Sin embargo, el cumplimiento de esos acuerdos ha sido muy bajo. En 2018 Unipa dijo que hizo un corte de cuentas: de más de 300 puntos firmados, solo se había cumplido un 25 %.

Por ahora, los habitantes de la zona rural de Tumaco siguen rezando por protección para que un accidente o una enfermedad no les cueste la vida por falta de atención oportuna. Frustrados, ven por televisión y escuchan por la radio discursos de funcionarios que exponen complejas operaciones financieras con recursos que mejorarían la salud y la educación de las comunidades.