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Sábado, 12 Agosto 2017

Las mujeres de la Universidad de Córdoba: miedo, verdad y resiliencia

Por Renata Cabrales Cueto

El conflicto armado y social colombiano dejó como saldo muertos inocentes y desplazados. En su mayoría, mujeres. Pero además instaló el miedo en las víctimas directas o compañeras de líderes sociales y sindicalistas, que fueron hostigadas por parte de grupos paramilitares en la Universidad de Córdoba.

Cinco mujeres son dueñas de la siguiente historia. Esculcan en los recuerdos que las han marcado, que cambiaron sus vidas y las de sus familiares. Muchas veces no quieren contar o cuentan poco. Lo hacen como si sacaran un objeto valioso de un viajo baúl y le quitasen el polvo. Despacio, con paciencia, deteniendo el tiempo adrede para que sea menos doloroso sacarlo a la luz.

La cacería de brujas de la cual fueron víctimas estudiantes, docentes, sindicalistas de la Universidad de Córdoba, también las afectó a ellas y aunque menos intensa en estos momentos, todavía no termina.

Todo comenzó con la persecución contra profesores y sindicalistas en el departamento de Córdoba en los años 90, la cual se enquistó después en la Universidad de Córdoba.

Se dice que la represión en el alma mater se registró con fuerza con la llamada toma paramilitar de Salvatore Mancuso, quien hacía parte de las Accu (Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá) junto a Carlos Castaño, quien fue líder de la organización.

Pero según testimonios de víctimas que hicieron parte del sindicato de trabajadores, como René Cabrales, quien fue su presidente por un largo periodo en la década del noventa: “La represión comienza a principios de los años ochenta, con el Estatuto de Seguridad del gobierno de Turbay Ayala, el decreto 1923 del 6 de septiembre de 1978. El Estatuto es la aplicación en Colombia de la llamada Doctrina de la Seguridad Nacional, según la cual las Fuerzas Armadas debían combatir al ‘enemigo interno’, lo que condujo a los militares a catalogar a cualquier opositor del Estado como una amenaza para la nación”.

Ruby Cueto, Ilva Santos, Gloria Padilla, Vilma Salcedo, Elvira Sánchez (nombre cambiado por petición de la entrevistada), todas cordobesas, narran sus historias con palabras lentas, rebuscando los recuerdos menos dolorosos para que las lágrimas no interrumpan sus relatos.

La exiliada

Ruby Cueto, compañera sentimental de René Cabrales, con quien tiene dos hijas, dos hijos y seis nietos, fue víctima de la persecución paramilitar y estatal cuando él fue presidente del Sindicato de Trabajadores de la Universidad de Córdoba. Su primera nieta, Alejandra Camargo Cabrales, de tan solo dos años y ocho meses de edad, fue asesinada en un atentado terrorista dirigido a su abuelo René, perpetrado por hombres del comandante paramilitar Salvatore Mancuso el 10 de junio de 1996.

Después del cruel atentado, Ruby y su familia tuvieron que trasladarse a Bogotá. Fueron víctimas del hostigamiento de la ultraderecha y el paramilitarismo, por lo que engrosaron las filas de los siete millones de desplazados forzados por motivos del conflicto interno.

Después de varios años en Bogotá, en una situación casi estable con su familia, René Cabrales siguió siendo objeto de amenazas y persecuciones debido a su militancia en el Partido Comunista y a su condición de defensor de derechos humanos. Tuvo que pedir asilo político para proteger su vida y la de su compañera Ruby. Ambos salieron del país dejando atrás a todos y todo. Hoy viven en Suiza, un un país frío y desconocido.

Desde el otro lado del océano, con nostalgia y mucha tristeza por los estragos que la guerra causó en ella y en su familia, de la cual se encuentra alejada hace doce años, Ruby cuenta: “Siempre tuve miedo por lo que pudiera pasarnos pues sin mi ayuda hubiese sido muy difícil para él sacar a los muchachos adelante. Tuve miedo siempre de que algo le pasara a mi familia y pasó lo peor, lo peor que le puede pasar a una madre o a una abuela como yo: perder a su única nieta. El miedo lo sentí desde antes de que comenzara la cacería de brujas, pues él militaba en el Partido Comunista. Así, cuando ingresó a trabajar en la universidad, ya tenía ocho años de militancia y había hecho parte de la comisión de finanzas del zonal de Córdoba. Además, era un militante muy comprometido con las actividades de agitación y propaganda y, así mismo, la difusión del Semanario Voz, como también de los eventos políticos que se llevaban a cabo en nuestro pueblo: las campañas electorales en las cuales participaba el partido desde los tiempos de la UNO (Unión Nacional de Oposición). Cuando él entró a trabajar a la universidad, ya muchas personas conocían su compromiso político, pues en ese entonces (1978) el partido tenía cierta influencia entre el profesorado y la parte administrativa, y como ya se sabe, todo lo que oliera izquierda era perseguido por el Estado. A mi esposo lo alcanzó esa persecución”.

La sindicalista

Ilva Santos, de 62 años, es la esposa de Joaquín Soto, quien fue miembro de la junta directiva del Sindicato de Trabajadores y candidato a la rectoría de la Universidad de Córdoba.

Ilva empezó a trabajar como secretaria en la Universidad de Córdoba en 1977 y estuvo en el cargo por cuatro años más. Posteriormente, laboró para el Sindicato de Trabajadores de la Unicórdoba. Y fue allí cuando empezó su sufrimiento debido al hostigamiento que ella y su compañero padecieron por el ejercicio del sindicalismo. A Ilva la expulsaron de la institución de educación superior. No pasaría mucho tiempo para que expulsaran a Joaquín Soto. Ambos se quedaron sin trabajo. Hoy, de alguna manera, soporta una vida más estable y se dedica a las labores del hogar. Ruega que con la paz sus hijos y nietos puedan gozar de un país más justo.

“Cuando recién empecé a trabajar en la Universidad, en los años setenta, estaba embarazada de mi segunda hija. Uno de esos días se metió la Policía a la universidad y tiraron gases lacrimógenos. La gente se les enfrentó, ellos tiraban piedras, la Policía gases. No me acuerdo por qué fue la pugna, pero sí recuerdo que se enfrentaron estudiantes, trabajadores y la Policía. Sentí miedo por la niña, me estaba ahogando, me auxiliaron”, recuerda Santos.

“Joaquín fue un dirigente sindical que siempre estuvo al frente de defender los derechos de los trabajadores y por eso lo persiguieron. Un día, la Policía lo capturó y se lo llevó al batallón, lo maltrataron. Difícil no recordarlo. Todo ocurrió en esa época de los años 80. Un día lo cogieron junto con varias personas de la Universidad de Córdoba. Se los llevaron a todos y los volvieron a maltratar. A una parte la llevaron al batallón y a otra parte no se sabe a dónde. Yo fui hasta allá, me metí al batallón en un descuido de los guardias y empecé a buscar a Joaquín de celda en celda, hasta que lo encontré en la última. Lo habían golpeado. Él era sindicalista, por eso lo tenían fichado”, denuncia.

Joaquín se tuvo que ir para otra ciudad por un tiempo. Se fue a Bogotá, a Pasto también. Cuando salí de la Universidad de Córdoba empecé a trabajar en la Alcaldía y en el Colegio Nacional. Siempre conté con el apoyo de mi familia y de mis hermanas para atender a mis hijos mientras estaba sola. Sentía mucho miedo de que a él le pasara algo. Los compañeros me daban apoyo. Yo estaba pendiente de mis hijos. Todo ese tiempo que estuve sola lo único que hice fue trabajar”, rememora Santos con dolor.

“Fueron momentos de miedo. Ahora, gracias a Dios, estamos unidos y seguimos trabajando por nuestros hijos y nietos, luchamos por que se dé la paz, para que este país sea mejor, más libre”, concluye la sindicalista.

La estudiante

Vilma Salcedo, 45 años. Se resiste a olvidar. Su capacidad de resiliencia la demuestra como vocera de paz enseñando la que para ella es la verdadera historia del país a los estudiantes de un colegio distrital del municipio de Soacha. Tiene dos hijas por quienes trabaja duro cada día. Es activista política y precursora de paz.

Ella trata de recordar con cierta dificultad lo que padeció siendo una estudiante de la Universidad de Córdoba durante los años noventa, época en que se acentúa la persecución a los sindicalistas y al movimiento estudiantil:

“En los años 90 varios compañeros del movimiento estudiantil fueron desaparecidos por los paramilitares, algunos se fueron del país, entre esos mis compañeros de la Juventud Comunista Colombiana, Juco. Estudié Ciencias Sociales en la universidad entre 1990 y 1995. Éramos un grupo como de doce estudiantes, hacíamos manifestaciones en defensa de la educación de calidad y del bienestar universitario. Pedíamos autonomía y respeto de la dirección de la universidad frente a la gestión de los recursos”, recuerda Salcedo.

“Infortunadamente después de que se consolidó el movimiento estudiantil en la Universidad comenzaron la persecución y los asesinatos. No recuerdo los nombres de todos ellos porque uno de los efectos de ese momento tan doloroso para mí ha sido la perdida de la memoria. Yo no recuerdo los nombres, pero sí recuerdo los rostros de los muchachos y algunas anécdotas con ellos, pues salíamos como Juco a eventos nacionales. Estuvimos en un encuentro nacional de las Juventudes Comunistas de Colombia, en el año 1994. Éramos muy unidos, jóvenes muy estudiosos, con mucho talento”, describe.

“Toda esa persecución ha dejado huellas que cambiaron mi vida y tienen que ver con el miedo, la sensación de incertidumbre y de temor a que todo se repita. Me da miedo el riesgo de lo que significa la vida alrededor del activismo político, las amenazas que entonces se ciernen sobre las familias. Esas son las cosas que hoy en día me bloquean mucho y me generan mucha ansiedad”, confiesa la vocera.

“En 1996, cuando me fui a vivir con mi compañero de entonces, Alaín Cabrales, hijo de René Cabrales presidente del sindicato de trabajadores de la universidad, presencié el atentado que le hicieron en su casa. Yo estaba embarazada de mi hija Isabel. Durante el tiroteo, me escondí en el patio. Recé por mi hija y por Alejandra, la sobrina de Alaín, quien no sobrevivió. Mi hija nació casi un mes después y siempre sentí que Alejandra la cuidaba desde el cielo”, concluye Salcedo.

La trabajadora

Gloria Padilla, de 50 años, es la compañera sentimental de Antonio Flórez, quien fue presidente del Sindicato de Trabajadores de la Universidad de Córdoba, a finales de los años 90.

Gloria comenzó a trabajar en la Universidad de Córdoba el mismo año que Flórez ejerce como presidente del sindicato. Comienzan a salir juntos, se enamoran, pero los siguen, los hostigan. Por eso se encontraban en secreto en diferentes rincones del país, donde nadie los conociera y así podían amarse con libertad, lejos del hostigamiento y las amenazas de las cuales era víctima Florez por su labor de sindicalista. Finalmente, se casaron, tuvieron tres hijos y, en este momento, a pesar de todo lo que ha ocurrido, sigue trabajando en el Departamento de Enfermería de la universidad, con el fin de sacar a sus hijos adelante.

“Todos mis compañeros de trabajo, los que estábamos en esa época, no podíamos ni hablar. Estábamos, como dice la canción de Shakira, “ciega, sorda y muda”. O sea, todo era dedicado nada más al trabajo, del trabajo a la casa y de la casa al trabajo. Nadie se atrevía a hablar con nadie, no se podía hablar de lo sucedido, de lo que estaba pasando. El caso de Antonio, de mi compañero, nunca se podía mencionar porque todo lo relacionaban con que éramos informantes porque de él decían que era de la guerrilla. En el momento en que salió de la universidad, todos empezaron como a hundirlo más y a no decir que el problema era con los paramilitares. ¿Por qué lo querían sacar de ahí? Pues porque era el presidente del sindicato de los trabajadores. Eso fue durante los años 98, 99 y 2000, cuando yo llegué a trabajar a la universidad. Él puso denuncias ante la Fiscalía, pero nunca le han respondido”, cuenta Padilla.

“Comencé a trabajar en el 98 en la época en que más perseguían a los dirigentes sindicales. Ahí fue cuando conocí a Antonio y comenzamos a tener una relación. Incluso, a nosotros nos tomaban fotos. Yo tenía fotos regadas que me había encontrado por allá en un poste en La Castellana, o sea, me tenían identificada. Un fotógrafo me dijo: “Mira, acá encontré estas fotos que le montaron a Antonio”, o sea nos las tomaban y nos tenían como vigilados. Ahora estamos juntos con nuestros hijos, seguimos trabajando y a ellos les hablamos de la paz”, explica.

La docente

Según el testimonio de la docente de Enfermería, Elvira Sánchez (nombre cambiado por petición de la fuente), de 53 años, las mujeres de la Universidad de Córdoba aún son presas del miedo debido al hostigamiento paramilitar que dentro de la institución continúa.

Lo primero que nos solicitan es cambiar su nombre, pues aún tiene miedo de ser señalada y de los riesgos que pueda correr su hijo de 12 años. Elvira comenzó a trabajar en 1981 y es de planta desde 1991. Aún teme salir en familia. Si salen a comer un helado, advierte, debe ser rápido y ni siquiera pueden sentarse a disfrutar la noche en la terraza de su casa.

“Entré a protección por mi propia cuenta, por los procesos que se estaban llevando en el sindicato en ese momento. Eran unas investigaciones internas del sindicato sobre el manejo de presupuesto. Trabajamos sobre ese punto y a mí me ponen en protección. El sindicato presentía que había problemas en la contratación y se estaban haciendo estudios. Nosotros, es decir el sindicato, empezamos a hacer investigaciones”, señala Sánchez explicando la génesis de sus problemas.

“Vinieron del Ministerio del Interior, identificaron en qué actividades estaba cada uno de nosotros, nos investigaron, nos hicieron análisis de riesgo, y yo quedé en alto riesgo, entonces me ofrecieron que tuviera escolta, vigilancia, para proteger la intimidad de mi familia”, recuerda.

“No acepté tener escolta y como no tenía modo de cambiar la ruta de entrada a la casa, yo tenía que entrar siempre por el frente, me pusieron protección policial, mañana, tarde, noche, de venida a la universidad, de ida, de regreso. En Navidad, en Año Nuevo, todo el día a toda hora. Todavía tengo ese sistema de protección. Manteniéndome con normas de autoprotección, cuidando mucho de mí. En mi casa nosotros no nos sentamos en la puerta. Me pusieron protección desde el 2014”, aclara.

“Cuando entré a la universidad lo primero que hice fue afiliarme al sindicato y lo segundo que hice fue pertenecer a la junta directiva. Estuve en un viaje al que nos llevaron obligados allá a Santa Fe de Ralito, el lugar de mando de los paramilitares. Mancuso quería mostrarse, parecía un ‘Tarzán’, pues se golpeaba el pecho y decía: Voy a salvar la universidad de los guerrilleros, porque en la universidad se pagan rescates dentro de las aulas de clase, ustedes necesitan de mí”, dice bajando la voz.

“Estuvimos en Santa Fe de Ralito, salimos a las seis de la mañana y regresamos a las once de la noche a Montería. Estuvimos allí, recibíamos visitas. Una vez que estuvieron aquí, ellos hicieron una reunión dentro de la biblioteca de la Universidad de Córdoba. Nosotros sabíamos lo que estaba pasando, no era que lo presentíamos, sino que nosotros sabíamos lo que pasaba, querían tomarse la universidad. Ahora sigo enseñando enfermería, veo por mi hijo y ruego que con los acuerdos de paz esta persecución llegue a su final”, concluye Sánchez.

El miedo que sembró la toma paramilitar

En los años noventa se recrudece la persecución con el nacimiento de las Accu, (Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá). René Cabrales, compañero sentimental de Ruby Cueto, había sido bien recibido en el ámbito sindical. A los pocos meses de haber firmado su contrato de trabajo pidió afiliación al sindicato y un año después hacía parte de la junta directiva.

Comenzó su carrera sindical y, así mismo, empezaron también a activarse los grupos paramilitares, quienes iniciaron la más terrible persecución contra las organizaciones de izquierda, materializada en amenazas, allanamientos a sedes sindicales y sociales, desplazamientos forzados, atentados y asesinatos a defensores de derechos humanos y de los trabajadores.

Así fueron cayendo miembros del Partido Comunista y la Unión Patriótica, miembros de organizaciones político-sindicales, campesinas e indígenas en todo Córdoba.

En el sepelio de Rafael Duque Perea, en abril de 1987, circuló un volante firmado por el grupo paramilitar Ojo por Ojo, en donde aparecían amenazados varios miembros de sindicatos y partidos de izquierda, acusados de guerrilleros.

Tras el asesinato del profesor Francisco Dumar, asume Cabrales el cargo de fiscal de la Federación Sindical Unitaria de Trabajadores de Córdoba (FESTRACOR-CUT): “Entonces me propuse seguir impulsando el proceso unitario que habían iniciado con las demás corrientes al interior de la federación. Acordamos realizar el congreso que dio vida a la CUT seccional Córdoba el 30 de abril de 1991 y en el cual fui elegido presidente, cargo que ocupé hasta abril de 1996, poco antes del atentado del que fui objeto junto con mi familia”, cuenta Cabrales.

En la década del noventa, con la implementación de la ley de educación superior, empezaron a llegar recursos importantes y entonces aumenta el clientelismo.

Mediante dicha ley, estudiantes y trabajadores podían elegir el cuerpo administrativo, pero en 1987 se envía un documento a la Procuraduría General de la Nación, firmado por sindicatos, trabajadores, Aspu y UP, denunciando toda la persecución, allanamientos ilegales, hostigamientos a estudiantes y la corrupción administrativa y el manejo de la politiquería para hacer contratos al personal universitario.

Los trabajadores exigieron y lograron que fueran ellos quienes pudieran elegir a las autoridades directivas de la universidad. Entonces, el primer rector elegido bajo ese decreto, en 1994, fue Ángel Villadiego Hernández.

En aquel tiempo comenzó una campaña de desprestigio y señalamiento contra la comunidad universitaria que desembocó en la eliminación física de muchos de sus miembros y el desplazamiento forzado de otros. El primer asesinato fue el de Julio Cuervo, profesor de Veterinaria. En el 2000 secuestraron a 37 estudiantes.

La toma paramilitar de la Universidad de Córdoba implicaba que Salvatore Mancuso era el que daba órdenes y seleccionaba al personal administrativo y directivo. De ahí resulta el “plan limpieza” y el terrible caso del asesinato de Hugo Iguarán Cotes, candidato a la dirección de la universidad en el 2000.

Para Ruby Cueto, la intensificación del conflicto fue el detonante de los dolores acumulados.

Después de tanta persecución de parte de los paramilitares (su primera amenaza la recibió en 1989 y la Central Unitaria de Trabajadores lo envió a Cuba por tres meses a estudiar en la escuela sindical de la CTC, Central Trabajadora de Cuba) y de mucha confianza de parte nuestra, pasó lo inevitable: “Las amenazas se materializan en un atentado terrorista en nuestra casa familiar, el 10 de junio de 1996, dejando como saldo la muerte de nuestra inocente nieta, Alejandra Camargo Cabrales. Con su partida, permanece el dolor en nuestros corazones y los recuerdos que prefieren permanecer dormidos, así como también la desintegración del núcleo familiar, debido al ineludible asilo”, narra Cueto.

Las protagonistas de estas historias no solo hablan de hechos de victimización, sino que además demuestran cómo han resistido todas esas luchas y cómo ha sido su capacidad de resiliencia luego de haber sobrevivido a los estragos del conflicto armado, político y social del país.

No solo cuentan el sufrimiento. Creen en el nuevo momento de la paz. El miedo, el dolor, la incertidumbre, la resistencia y la resiliencia son piezas claves en sus relatos.

“A pesar de la distancia, me he dedicado a trabajar, ayudo económicamente a mis nietas cuando lo necesitan. Me gusta que estén bien y ruego que esta guerra acabe, que pronto haya paz, para por fin poder reencontrarnos”, dice Cueto desde el exilio.

Estas mujeres, en medio de unos acuerdos de paz, tratan de reconstruir los relatos que le faltan a la historia del país. Sus memorias rotas por el miedo que aún sienten por hechos del pasado, indefectiblemente las convierten en protagonistas del presente.

*Esta investigación fue elaborada con el apoyo de Consejo de Redacción, la Embajada de Suecia y la Organización para las Migraciones (OIM) para el proyecto CdR/Lab Con Enfoque.
**Esta historia fue publicada originalmente en el Semanario Voz.
Sábado, 28 Octubre 2017

De inocentes a victimarios, el reto de no condenar a las personas equivocadas

Por Mónica Vecino y Paula Vásquez

Una decisión judicial o el señalamiento de un grupo armado puede catalogar a una persona como victimaria sin serlo, como lo muestran las historias de Camila y Patricia.

“Apenas llegué a la cárcel de Bellavista, me metieron a una celda mientras me asignaban patio y ahí sufrí la primera violación por parte de los guardias. En adelante, podía ser en cualquier momento del día: ocho de la mañana, una de la tarde, en la madrugada. Los mismos internos y guardias, me llamaban para que fuera a yo no sé qué y me metían en un baño entre varios para abusar de mí”.

El 4 de noviembre del 2000, a Camila Úsuga, o como aparece en su cédula, Harrison Úsuga Vásquez, la detuvieron la Policía y la Fiscalía en su pueblo natal, Dabeiba, Antioquia. Tenía 18 años. Ellos la sindicaron de ser la culpable de la muerte de dos policías, 17 soldados y de derribar un helicóptero. Para las autoridades, Camila era una comandante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).

“Yo era un falso positivo, a los policías que denunciaban que yo supuestamente era de la guerrilla, les daban vacaciones, los subían de rango, tenían una cantidad de beneficios. Pero lo que me hicieron fue por prejuicios”, afirma Camila.

Pasó 15 meses en la cárcel Bellavista, en Bello, Antioquia, donde padeció violaciones de guardias y reclusos, agresiones que ella atribuye a su condición de transexual.

“Mi hermano menor, el niño de la casa que me seguía a mí, lo desaparecieron en el 2001 y hasta el momento no hemos recibido su cuerpo. Mi hermano mayor fue asesinado en abril antes de lo mío. A sus 12 años recibió dos impactos de bala por un enfrentamiento de la guerrilla. Tengo otro hermano que está en la calle y que quedó viudo porque a su mujer la mataron”, recuerda.

Usúga ha tenido que ver durante su vida cómo es estar dentro de la guerra sin haber utilizado nunca un arma, afrontó la desaparición forzada de familiares y tuvo que huir de su pueblo natal siendo inocente.

El Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) narró la historia de Camila en la investigación ‘Aniquilar la diferencia’. Para este estudio buscaron durante dos años a personas de la comunidad LGBTI afectadas por el conflicto armado colombiano.

“En enero del 2002, Camila recibió una primera notificación en que la condenaban a cuarenta años, a menos que pagara una indemnización de cien millones de pesos al Estado colombiano. El mismo mes, recibió una segunda notificación dejándola en libertad bajo la inexistencia de pruebas. Después de este hecho llegó a vivir en las calles, a consumir y vender drogas, y durante tres meses, ejerció el trabajo sexual en el centro de la ciudad”, precisa el libro del Centro de Memoria Histórica.

Estas situaciones la han llevado a intentar suicidarse en tres ocasiones. “Cierto día fui y me tiré a ese río Medellín, con esa intención, claro, [llanto], como de todos esos pensamientos, de toda esa cosa, tener una familia y no tenerla, tan mal, de estar en una ciudad que no conozco, nada, tener una vida, así como tan dura. Lo intenté una segunda vez, pero fue en el Metro, tampoco, y la tercera vez fue acá en una esquina de la Avenida Oriental, ahí por Villanueva, ahí, que ya el bus me frenó ahí encima”, relata para el CNMH.

Camila contó su historia en la Defensoría del Pueblo, por lo que la reconocieron en 2002 como víctima de desplazamiento forzado, pero la primera ayuda económica llegó en 2009 luego de que interpuso una tutela. El defensor público que la asesoró nunca le dijo que podía demandar al Estado por haberla juzgado de guerrillera y cuando se enteró ya había vencido el plazo para hacerlo.

“Una persona que es a la vez victimario y víctima puede demandar ante la justicia para su reparación. Por ejemplo, si el Estado fue el que realizó la violación, podría demandar ante el contencioso administrativo”, dice Camilo Sánchez, director de investigaciones en Justicia Transicional del centro de estudios, DeJusticia.

Camilo Fagua, abogado y asesor jurídico de la Fundación por la Defensa de los Derechos, afirma que para evitar que se puedan presentar estos casos en la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, se creó una Sala de Reconocimiento de Verdad, que es el primer filtro donde las personas que participaron directa o indirectamente del conflicto podrán acudir, donde tendrán la posibilidad de exponer cuál fue su participación en el conflicto armado,“esta sala podrá definir si dicha conducta es amnistiable o si debe pasar al Tribunal donde se les impondrá la sanción correspondiente”, aseguró Fagua.

La voz de Camila se quiebra al recordar lo que le pasó. Han pasado 17 años sin poder regresar a su tierra natal por miedo a que la maten, porque desde 2002 su pueblo ha estado en manos de los paramilitares y de los grupos posdesmovilización.

Actualmente vive en un asentamiento de víctimas en Bello, Antioquia, en una casa de madera, sin servicios de agua, luz o gas, sinembargo admite no cambiar su tranquilidad por nada.

“Ahora gracias al señor, yo ni fumo, ni consumo drogas. Me la paso estudiando, capacitándome con la ayuda de la Unidad de Víctimas, de la Defensoría del Pueblo, pero fue porque salí de ese hueco. Está en uno querer salir adelante”, explica. Actualmente se capacita en el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA y en la Corporación Interactuar. Su propósito es enseñar a la comunidad cómo crear sus propios proyectos productivos para que no dependan del dinero del Estado y evitar que se repita lo que ella padeció.

Una líder en busca de sus derechos

Patricia Pérez* siempre caminó de botas pantaneras por La Hormiga, Putumayo. Junto a su esposo organizaba partidos de fútbol a los que invitaban a sus hermanos y a amigos del pueblo. Antes de cada juego, todos se reunían en una casa a la espera de un cuñado de Patricia, que los transportaba por grupos. “Como andábamos más hombres que mujeres y embotados (usando botas pantaneras), cuando los paramilitares llegaron decían que éramos guerrilleros”.

Además, ayudó en la liberación de dos familiares que estuvieron secuestrados. Esto fue suficiente para que los paramilitares la acusaran de ser colaboradora de la guerrilla y fue así cómo esta mujer de 44 años y su familia estuvieron encerrados en su casa durante un año.

Ellos padecían amenazas de muerte, secuestros y desplazamientos a manos de alias ‘El calvo’, cabecilla del Bloque Sur Putumayo en ese momento. En repetidas ocasiones le ordenaron a Patricia salir de su finca, pero ella decidió quedarse.

“Como no se quisieron ir, desde el momento en el que yo esté van a comer mierda”, recuerda Patricia que los amenazó ‘El calvo’. Desde ese momento, perdieron la libertad de salir de su casa.

La tienda que tenía Patricia para sobrevivir también quedó a disposición de los paramilitares. “Estos señores mataban una gallina y me decían: ‘esa la queremos, pélela’. Una, dos, tres, cuatro gallinas. Todos los días me tocaba pelar. El surtido que tenía en la tiendita se lo comieron entre todos”, asegura.

Estando tras las rejas de su finca, de donde no pudieron salir en un año, se preguntaba constantemente por qué nadie los ayudaba. Cuatro días después de que los paramilitares abandonaron la zona, familiares le contaron que ese grupo armado tenía un retén justo en la entrada de La Hormiga, donde impedían la entrada de los visitantes y la salida de la comunidad.

El hambre obligó a su esposo, Diego Montes*, a salir y buscar en las demás fincas algo para alimentarse, pero cuando intentó coger unos plátanos, un vecino lo ahuyentó con una escopeta pensando que era un ladrón. Al no tener más alternativa, Diego salió a la carretera. No sin antes prometerle a su esposa que volvería a las ocho de la mañana, contando las dos horas de ida y dos de regreso.

Pero a las 6:00 a.m., llegó una camioneta a la finca. “Por dentro decía ¡ay Dios mío bendito! Ahora que me pregunten por él, se van a dar cuenta que no está”, recuerda Patricia. Cuando salió de la casa, vio que los paramilitares tiraron un bulto afuera de la camioneta. Era su esposo golpeado. “La próxima vez lo traemos picado”, sentenció uno de los hombres.

Ser señalados como guerrilleros no solo los obligó a encerrarse. Patricia tuvo que vivir la desaparición de dos de sus cuñados. El primero fue Juan Carlos*, el menor de ocho hermanos, a quien se llevaron el 10 de marzo de 2001. “Era la una de la madrugada, me tocó sacar a mis cuñadas de la casa, porque supuestamente a todos los iban a matar”, recuerda Patricia. Los rumores decían que a varios jóvenes les pusieron en el pecho mensajes asegurando que eran guerrilleros y que por guerrilleros los mataban. Juan Carlos estuvo desaparecido nueve años. En 2010 Patricia reconoció sus restos en una fosa común en la que había varias víctimas.

El 29 de julio de 2003 llegaron por segunda vez los paramilitares a su casa en busca de Pedro*, otro cuñado. Ese día se lo llevaron. Patricia reunió el valor necesario y viajó a La Dorada, otra cabecera municipal que limita con La Hormiga, para reunirse con Jhon Edwer Hurtado, alias ‘El paisa’, comandante del Bloque Sur. “Sus hombres estaban cobrando un impuesto de 100 millones de pesos y los duros no sabían”, explica Patricia. Al enterarse, ‘El paisa’ llamó a sus hombres, los insultó y además le dijo a Patricia que no tenía nada de qué preocuparse, que a ella y a su familia no les iba a pasar nada.

Sin embargo, alias ‘El calvo’, el hombre que luego reemplazó en el mando a ‘El Paisa’, amenazó a Patricia por avisar sobre el impuesto que estaban cobrando y le dijo que debía entregarle 50 millones de pesos en ocho días para poder liberar a su cuñado. Para conseguir la cantidad exigida, Patricia y sus suegros vendieron ganado, tierras y casas al precio que fuera. “Yo fui a entregar el dinero a El Placer, me ultrajaron feo, pero me entregaron a mi cuñado”, dice. Sin embargo, en 2004, Pedro desapareció de nuevo cuando fue a buscar trabajo en Samaniego, Nariño.

Víctimas no reconocidas

Luego del sufrimiento que vivieron Patricia y su familia, decidieron pedirle a la Unidad de Víctimas ser reconocidos como afectados del conflicto armado. En 2015 declararon ante la Personería Municipal de San Miguel, en Putumayo, que sufrieron secuestro, tortura y amenaza. Después de la investigación, la Unidad determinó que, en efecto, los grupos armados ilegales violaron los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario en Putumayo, en la fecha en la que la familia de Patricia padeció en carne propia el conflicto.

Pero aun así, la Unidad de Víctimas les negó la solicitud. “No se encontró indicios (sic) que permitan establecer y concluir, al menos de manera sumaria, que los hechos victimizantes se enmarcan y configuran, no es posible reconocer los mismos deponente y grupo familiar, en el Registro Único de Víctimas, RUV”, dice el documento, fechado el ocho de febrero de 2017.

La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, la 1448 de 2011, especifica que para que una persona entre en el registro oficial debe haber sufrido hechos cometidos a partir del 1 de enero de 1985 y tener la fecha precisa de las violaciones a los derechos. Además, las víctimas también pueden ser “el cónyuge, compañero o compañera permanente, parejas del mismo sexo y familiar en primer grado de consanguinidad, primero civil de la víctima directa, cuando a esta se le hubiere dado muerte o estuviere desaparecida”. Es decir, una persona es considerada víctima en Colombia por el hecho de haber sido directa o indirectamente afectada por el conflicto.

A pesar de que Patricia cumplía estos requisitos, no fue declarada oficialmente como víctima. Los argumentos de la Unidad eran que no había pruebas de tortura, como haber sido amarrada o privada de la libertad encerrada en un cuarto y que por ende no podía recibir indemnización. “Uno para qué abre la boca si no le van a colaborar en nada. Entonces, ¿qué es violencia para los demás?”, se queja Patricia.

Según el concepto de Sánchez, Patricia puede comparecer en los tribunales en busca de su reconocimiento en calidad de víctima. “Una persona que no es considerada víctima por la Unidad, podría eventualmente acudir a la justicia para que un juez así lo declare”, afirma.

Los paramilitares tildaron a Patricia y a su familia como colaboradores de la guerrilla, generalizaciones y señalamientos que son comunes, pero muy delicados, pues pueden poner en riesgo la vida de los señalados o llevarlos a enfrentar procesos judiciales en los que los pueden condenar injustamente.

Este caso, unido al de Camila, muestra cómo el ser señaladas de victimarias realmente termina convirtiendo a las personas en víctimas y en algunos casos, esta simbiosis complica aún más el tratamiento que se les debe dar legalmente. “Para la ley colombiana, una víctima es cualquier persona que haya recibido una violación a los derechos humanos, en ese sentido, si la víctima cometió otras violaciones deberá responder por ellas, pero así mismo deberá tener la protección que se requiere por ser víctima”, explica el experto de DeJusticia.

Ahora que el país inicia el proceso de justicia transicional enmarcado en el acuerdo de paz con las Farc, la JEP arranca con un catálogo de principios que rigen esta jurisdicción con el fin de identificar una verdad plena, que se haga justicia al investigar, identificar, juzgar a los responsables de los hechos. Además, de ofrecer reparación integral a la víctima, es decir, una reparación eficaz y diferenciada. Por último, aportar garantías de no repetición, garantizar a las personas medidas que eviten que estos hechos se repitan.

Para esto, Tania Bolaños, abogada, experta en procesos de justicia transicional, explica el procedimiento que realizará la JEP, frente a los casos de las víctimas que serán analizados durante el proceso de transición, “bajo los principios de la justicia transicional, la JEP tendrá que hacer una revisión detallada de los casos, teniendo en cuenta todas las pruebas que se presenten, los informes de las instituciones publicados, la participación de distintas organizaciones sociales, la experiencia internacional, cómo se ha manejado en otros países este tema, que podría constituir un aporte en la construcción y enriquecimiento de la jurisdicción”.

En Colombia la complejidad del conflicto armado facilitó que una persona tenga la doble condición de víctima y victimario, por está razón, para reparar hay que tener en cuenta el contexto de la víctima. Es difícil saber cuáles son los retos de la JEP frente a los casos de Camila y Patricia, ya que aún no se han debatido ni siquiera en el ejercicio de formulación dentro de la jurisdicción. Se pueden plantear algunos retos, pero no van a ser los definitivos.

Colombia debe aprender de los errores que se han cometido en procesos empleados dentro y fuera del país. Tania menciona algunos casos; “En Colombia debemos tomar el ejemplo de Justicia y Paz, que fue otro proceso especial para los paramilitares. A nivel internacional, en el caso de Ruanda, la ley acogía y tenía vigencia solamente para los hechos cometidos en 1944. Tomó alrededor de 15 años sancionar cerca de 100 personas. Esto representa precisamente la complejidad de los hechos. Por esta razón en Colombia se deben empezar a esclarecer los hechos desde ya”.

Bolaños asegura que la JEP tiene varios retos, empezando por la cantidad de personas que fueron actores del conflicto y tiene el reto de poder vincular y reconocer a las víctimas. Pero el país también tiene un gran desafío, el de intentar reescribir la historia que se ha vivido durante más de cinco décadas, y quizá uno de los más complejos será no condenar a inocentes.

*Estos nombres han sido modificados para proteger la identidad

 

Investigación realizada bajo el proyecto “CdRLab Justicia Transicional” de la organización Consejo de Redacción, con el apoyo de la AGEH