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Lunes, 14 Septiembre 2020

Las nuevas guerras reclutan niños en Cauca

Por La Liga Contra El Silencio

Las masacres recientes ocupan titulares y recuerdan la violencia de otras épocas. En esas mismas regiones de Colombia cobra fuerza el reclutamiento de menores, que encontró un aliado en el aislamiento por la pandemia.

“Se busca”, decía el mensaje que un familiar de Carlos* publicó en Facebook en agosto pasado, junto a dos fotografías que podían servir para ubicarlo. De 17 años y con quinto de primaria, Carlos trabajaba en una vereda de El Plateado, municipio de Argelia, Cauca, y llevaba varios días sin comunicarse con su familia. Menos de un año atrás huyó de un pueblo cercano cuando un grupo armado ilegal, en una disputa por territorio, intentó reclutarlo.

“Esperábamos que nos dieran razón de que estaba bien, porque en esos dos días habían matado mucha gente por allá. Uno pensaba lo peor”, dijo a La Liga Contra el Silencio la mujer que posteó el mensaje. Según ella, el muchacho debió salir “prácticamente volado” del campo a la ciudad para alejarse de los fusiles.

A Yina, de 14 años, y a otro menor de 17 sí los alcanzó la guerra. Ellos fueron dos de los ocho muertos que el Ejército reportó en abril durante un “enfrentamiento” en El Encanto, otra vereda de Argelia, contra el Frente Carlos Patiño, un grupo surgido tras el acuerdo de paz firmado con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Los militares destacaron entonces la “neutralización” de alias ‘Kevin’, el tercer cabecilla de ese grupo. Y aunque no identificaron a sus acompañantes, luego se supo que eran aquellos adolescentes. La operación fue descrita como una “confusa emboscada” por El Espectador, que contrastó la versión oficial con las de varios lugareños.

Las familias de estos menores, reclutados para combatir, o para vigilar y colaborar en las tácticas de la guerra (sin uniforme ni fusil), pocas veces acuden a las autoridades. El silencio en muchos casos es su estrategia para sobrevivir. 

“Uno no puede ponerse a decir: ‘Vea, se me llevaron a mi hija’. Después tienen que irse, o los matan”, dijo a una emisora de Popayán una familiar de Yina, quien se había separado de sus padres tres meses antes de morir. La familia era tan pobre, contó esta persona, que debieron recolectar dinero para sepultar a la chica. “Era una niña de 14 años la que cayó allí”, lamentó. En la última foto que Yina subió a Facebook el 15 de febrero, posa sonreída, con el largo cabello negro hacia un lado y un lazo en la cabeza. En otra foto que apareció tras su muerte se ve con el cabello recogido y oculto tras una gorra militar. Su pequeño cuerpo luce un traje camuflado y botas negras. Un arma larga colgaba de su hombro derecho. 

Crecer entre bandos enfrentados

El reclutamiento de menores mermó tras el acuerdo de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Farc, pero viene creciendo desde finales de 2017 y este año se intensificó. El cierre de escuelas durante la cuarentena por la pandemia les ha facilitado la tarea a los grupos ilegales. La pobreza y la ausencia de una oferta institucional distinta a la militar son el trasfondo de este fenómeno en el Cauca.

El Plateado, de donde Carlos huyó, es un corregimiento al sur del departamento que este año ha registrado un “escalamiento de las acciones bélicas” entre el Frente Carlos Patiño y el Frente José María Becerra del Ejército de Liberación Nacional (ELN), según mencionó una alerta temprana de la Defensoría del Pueblo el 7 de marzo. La situación obligó al alcalde de Argelia, Jhonnathan Patiño, a despachar desde el casco urbano y evitar lugares como El Plateado por las amenazas de distintos grupos.

Desde marzo hasta fines de agosto la Defensoría emitió cinco alertas para varias regiones del Cauca debido al recrudecimiento de la violencia y otra más para una zona vecina en Nariño.

El Plateado es descrito por esa entidad como un lugar de “alto riesgo de afectación a la vida e integridad de niños, niñas, adolescentes y docentes”. Cerca de las escuelas se han registrado hostilidades de grupos armados, y uno de ellos se instaló a pocos metros de las aulas. De acuerdo a la Defensoría “un importante número de docentes” que trabajaban ahí pidió cambio de plaza por la situación, y permanecían todos en Popayán. En El Plateado las actividades académicas se cancelaron antes de la declaración de emergencia sanitaria por la pandemia.

“Somos el departamento con el mayor número de docentes amenazados, y en los últimos años, de docentes asesinados”, dijo Víctor Jiménez, coordinador de derechos humanos de Asoinca, una asociación de maestros y trabajadores educativos en Cauca, y  miembro de la Mesa de Derechos Humanos por la Defensa de la Vida y el Territorio. “Hay profesores a quienes les han dicho: ‘Tiene 24 horas para irse o lo matamos’”, contó. Otros han renunciado ante las demoras en la respuesta del Ministerio y la Secretaría de Educación. Algunos, según Jiménez, son movidos a otras “zonas rojas”.

Desde hace décadas el Cauca, una región multicultural y de ubicación estratégica, ha sufrido diversas violencias bajo la acción de guerrillas, paramilitares y el mismo Estado. Allí operan la Vigésima Novena Brigada, adscrita a la Tercera División, el Comando Específico del Cauca, la Fuerza de Despliegue Rápido (Fudra 4) y la Brigada Liviana de Caballería.

Pero el enorme contingente militar no ha evitado que los grupos ilegales —dedicados al narcotráfico, la extorsión y las amenazas— se multipliquen. En un informe reciente, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) menciona la presencia de al menos 12 grupos en el Cauca, entre disidencias de las Farc, paramilitares y carteles mexicanos que negocian cocaína.

Juan Manuel Torres, coordinador de la oficina Pacífico de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) dijo que el Cauca ha experimentado desde 2017 “recambios y movimientos en varios sentidos” entre los bandos que pelean el territorio. “Ya uno no puede hablar de estos grupos en los mismos términos que se hablaba cuando estaban la guerrilla (de las Farc), el ELN y los paramilitares (...) Ahora está en entredicho si estamos en un conflicto armado o si estamos viviendo una etapa violenta del posconflicto”, añadió.

En los últimos meses se ha consolidado el llamado Comando Coordinador de Occidente o Comando Conjunto Occidental Nuevo Sexto Frente, con estructuras nuevas y otras que no se acogieron al acuerdo de paz como la Dabogerto Ramos, Jaime Martínez, Rafael Aguilera y el Frente Carlos Patiño. “Ellos han crecido y son los que más han reclutado; han expandido su control y en sus zonas de injerencia han aumentado los cultivos ilícitos”, explicó Torres. 

Los sembradíos de coca y marihuana, la minería ilegal y el entramado de rutas para sacar droga hacia Centro y Norteamérica son el botín. Veredas de Argelia y del municipio vecino de El Tambo están entre los principales enclaves productivos de hoja de coca, según menciona el informe del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI) de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y el gobierno colombiano.

Otra alerta de la Defensoría para Páez y la vecina Íquira, en Huila, evidencia más casos de reclutamiento, esta vez debido a “la expansión y dominio hegemónico” de la columna móvil Dagoberto Ramos. Con su avance en esa zona, dice la Defensoría, “se acrecienta de manera notoria” el riesgo de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, especialmente en el corregimiento de Riochiquito, en Paéz, y de forma particular entre indígenas. 

La Defensoría registra en el documento varios hechos: en 2019 al menos 15 menores de edad fueron vistos con camuflaje y armas de fuego, y se conoció el reclutamiento de una menor de 14 años. En lo que va de 2020 se registró también el de una niña de 13 y un adolescente de 15, y se suman versiones sobre otros seis menores. La Defensoría además reportó la deserción escolar de una niña, posiblemente relacionada con la acción de grupos armados; y añadió que otros 13 menores podrían estar en una situación similar. La institución admite que el subregistro impide conocer las verdaderas cifras. Entre 2017 y 2019 la Defensoría emitió 108 alertas donde advirtió el riesgo de reclutamiento de menores que existe en 182 de los 1.103 municipios del país.

Los hechos registrados antes de ese periodo serán investigados por la Justicia Especial para la Paz (JEP). En marzo pasado esa jurisdicción abrió el “caso 007”, por el cual ya empezaron a declarar algunos exjefes de las Farc. En su comparecencia reciente, según varios reportes, el excomandante Rodrigo Londoño, alias ‘Timochenko’, negó que existiera una política de la guerrilla para reclutar menores, lo que provocó críticas de varios sectores. 

El reclutamiento y otras violencias contra niños, niñas y adolescentes son delitos con altos niveles de impunidad. De las 4.219 investigaciones que adelanta la Fiscalía, según la JEP, solo 10 terminaron en sentencias condenatorias. Esa instancia indagará los hechos ocurridos entre el 1 de enero de 1971, fecha que del primer caso conocido por la Fiscalía, y el 1 de diciembre de 2016. 

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) ha atendido desde el 31 de enero de 1999 a 6.798 menores desvinculados de grupos armados, y actualmente 233 están bajo su protección. De acuerdo a esa institución, las Farc serían responsables del reclutamiento en 3.879 casos; después figura el ELN, con 1.278, las Autodefensas Unidas de Colombia, con 1.054, y otros grupos armados organizados, con 606. El informe ‘Una guerra sin edad’, del Centro de Memoria Histórica, reúne 16.879 registros sobre reclutamiento y utilización de menores desde los años sesenta hasta 2016. Unicef calcula que 300 mil niños y niñas participan como soldados ahora mismo en conflictos de todo el mundo.

El nuevo ciclo de un viejo fenómeno

Julia Castellanos, coordinadora del Observatorio de Niñez y Conflicto Armado de la Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia (Coalico), dijo que entre fines de 2014 y 2016 disminuyó el reclutamiento, pero desde el segundo semestre de 2017 han advertido el aumento de estas dinámicas tras la desmovilización paramilitar; sobre todo en Buenaventura, Medellín, Bogotá y Soacha. Lo mismo ocurrió con grupos nacidos tras el desarme de las Farc, y con otros que les disputan el territorio (como el ELN o el EPL) en zonas rurales de Antioquia, Chocó, Cauca, Nariño y Caquetá. En este último departamento, en agosto de 2019, ocho niños murieron en un bombardeo militar contra una célula del antiguo Frente Séptimo de las Farc. 

“Volvemos a tener situaciones en las que los niños, niñas y adolescentes son cooptados por los actores armados de forma masiva”, dijo Castellanos. Además, con la pandemia y el cierre de escuelas, según ella, se agudiza la situación, porque la escuela es un entorno protector. “Cuando la escuela está cerrada, cuando en la casa siguen habiendo situaciones de violencia intrafamiliar y situaciones socioeconómicas muy complejas, el reclutamiento se convierte en un escenario para solventar estos problemas”, señaló.

Castellanos explicó que en las zonas urbanas algunos padres aceptan el reclutamiento como una oportunidad económica, de protección o de reconocimiento. Todo esto alimentado por causas estructurales que persisten: pobreza, desempleo y falta de acceso a educación.

Las cifras del Observatorio indican que en el primer semestre de 2020 se registraron 120 eventos que afectaron a por lo menos 9.594 menores, de forma especial en Antioquia, Chocó, Cauca y Valle del Cauca. En 2019 fueron 8.729 casos. Esos eventos implican reclutamiento, pero también ataques y ocupación de escuelas y hospitales; bloqueo de suministros y servicios básicos; desplazamiento forzado y refugio; uso de menores en campañas de la fuerza pública; violaciones a la libertad sexual y personal, la vida y la integridad.

En Cauca, donde habitan indígenas, afrodescendientes y campesinos, la situación se enmarca en un contexto especialmente violento. El departamento lidera las estadísticas de asesinatos y agresiones. En 2019 concentró el 28 % del total de agresiones contra defensores de los derechos humanos (234 de 844). Le siguieron Antioquia (59) y Arauca (52). Ese año también fue asesinada en Cauca la candidata a la Alcaldía de Suárez, Karina García, junto a seis acompañantes; y la gobernadora indígena del resguardo de Tacueyó, Cristina Bautista, junto a cuatro comuneros.

En 2020 la violencia y el reclutamiento se agudizaron con la pandemia, sobre todo en territorios indígenas donde las acciones colectivas, que son claves para la protección y la toma de decisiones, se vieron afectadas. “Esta limitación de respuesta social y organizativa fue capitalizada por actores armados para aumentar su desplazamiento en territorio, para consolidarse y para generar muchas acciones bélicas”, dijo Eduin Capaz, indígena del pueblo Nasa, coordinador de derechos humanos de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN), que agrupa a 22 comunidades de diez municipios.

Los grupos ilegales aprovecharon la pandemia para imponer el terror con asesinatos, atentados y amenazas contra quienes violaban la cuarentena. En las últimas semanas también se ha hablado del ingreso al Cauca de un nuevo actor: la llamada Segunda Marquetalia, un grupo liderado por Iván Márquez, Jesús Santrich y ‘El Paisa’ tras su regreso a las armas. Entraron en la ‘guerra’ de panfletos en la región y estimularon los temores de la población en zonas como el municipio de Buenos Aires, incluido en otra alerta de la Defensoría en mayo pasado.

El reclutamiento de menores, dijo Capaz, es consecuencia del alto número de grupos armados; al menos ocho solo en el norte del Cauca, según los cálculos de la ACIN. “Todos buscan aumentar su poder militar mediante la incorporación de hombres y mujeres a sus filas, y esta población juvenil es la más vulnerable”, indicó. 

Capaz admitió que el subregistro es alto y se trata de un fenómeno silencioso, difícil de rastrear y en aumento. Según él, la ACIN conoce al menos 43 casos en su zona de influencia registrados en 2020, y 10 y 15 casos registrados en 2019.  “Son dramas que, en particular en las familias indígenas, tienen un nivel de respuesta muy silencioso”, dijo. Capaz confirmó que la pandemia facilitó el reclutamiento por la falta de labores académicas. Un análisis que comparte Jhoe Sauca, coordinador del programa Defensa de la Vida y Derechos Humanos del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC).

“En algunas zonas hubo una alta deserción escolar y muchos de estos jóvenes se fueron a raspar coca o a cosechar marihuana, y en esa dinámica los grupos convencen a los muchachos con pagos de hasta un millón de pesos. En últimas, se van a las filas”, dijo Sauca.

Ciprunna, la comisión intersectorial que trabaja en la prevención del reclutamiento, el uso, la utilización y la violencia sexual de menores, liderada por la Alta Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, lanzó en julio pasado un plan para municipios de alto riesgo. La Liga buscó detalles de la iniciativa, pero no obtuvo respuesta.

La pandemia en las zonas rurales de Cauca y otros departamentos también evidenció la brecha digital y la reducida conectividad. Varias fuentes entrevistadas denunciaron que en algunas poblaciones los grupos armados ordenaron la desconexión de las antenas de internet para silenciar lo que allí ocurre. De paso frustraron la escuela en línea que se intenta implementar a raíz de la cuarentena. 

“A pesar de los esfuerzos de niños y padres para conectarse con los docentes, hay zonas donde no puede haber comunicación por los conflictos”, dijo Jiménez, de Asoinca. Un alto porcentaje de la población estudiantil no solo tiene dificultades para acceder a internet, a veces carecen de computadores o celulares con mínimas condiciones para cumplir con las tareas. “Eso se ha convertido en caldo de cultivo para las mismas violencias”, añadió. En Leiva, Nariño, dos estudiantes caucanos de 15 y 17 años fueron torturados y asesinados por miembros de una estructura paramilitar cuando iban a entregar sus tareas. No lejos de ahí, en Patía, Cauca, se registró hace poco otro caso de tortura y asesinato con dos hermanos de 15 y 16 años por parte de otro grupo armado.

Escapar de tantas amenazas resulta casi imposible. Pocos son tan afortunados como Carlos, que consiguió salir con vida de El Plateado. Ahora, lejos de los fusiles, pasa los días en la casa de su hermano, cobijado por la seguridad relativa que ofrece la ciudad, mientras espera que la pandemia pase y le permita conseguir un trabajo de nuevo. Volver a la escuela no es una prioridad, y regresar al campo implica un riesgo. “Lo vemos bien porque está con nosotros, pero psicológicamente solo él sabrá cómo se siente”, dice su familiar con resignación. 

*El nombre fue cambiado para proteger la identidad y la integridad del menor de edad y su familia.

Sábado, 12 Agosto 2017

Mujeres que sanan las heridas que en otras dejó la guerra

Por Paola Andrea Gómez Perafán

Ángela Tovar y Cristina Quintero abrigan con su oficio a quienes sufrieron los abusos sexuales de los grupos armados en el valle del Cauca. Las apoyan para que no sientan culpa, para que quieran su cuerpo. Historias de reparación.

Cristina: “Lograste sobrevivir y estás aquí. Sobreviviste a cien guerrilleros que llegaron a tu casa a comerse todo y a decirte que te largaras. Pudiste morir de un infarto, pero sobreviviste, tu cuerpo fue capaz de salir adelante. De resistir tres días de caminata sin comer. ¿Eso no es fortaleza, acaso? Tenemos que empezar a transformar a través de la palabra. Si te dicen víctima, la palabra te pone chiquita, pero cuando se habla de sobreviviente, se piensa “fue superior a qué”, “fue capaz de salir de”. Es diferente decir “sobreviví a 10 hombres que abusaron de mí y aquí estoy”. Sobreviviente es una palabra formativa, la mujer cambian su postura, se empodera”.

Ángela: “Somos destinatarias del dolor. Las recibimos con esos brazos de protección, porque muchos aspectos de su vida han sido desajustados y es nuestra responsabilidad llevarlas otra vez a esa seguridad. Y estoy aquí como mujer, como profesional, para escucharlas y me doy a eso, al cuidado. Es un paso a paso, y que ese dolor oculto en su corazón pueda ser de cierta forma recibido con respeto y responsabilidad. Sentimos una admiración profunda por ellas. A veces les digo, “Pero por Dios, mujer ¡cómo has hecho!”. El componente fundamental es el amor. Encontrarme con la otra persona desde la humanidad. Para mí estar aquí, con ellas, es una opción de vida”.

Cristina y Ángela están unidas por algo más fuerte que un lazo de consanguinidad; están unidas por un oficio que las tiene reconstruyendo lo que es tan difícil de reconstruir: el espíritu. Y ese sentimiento de humanidad que aflora en cada una de sus palabras funciona como un engrudo que les permite unir los pedazos resquebrajados en que muchas mujeres quedaron convertidas, después de que su cuerpo fuera violentado con la sevicia de la guerra. Como cuando se quiebra un espejo y los trozos de vidrio quedan sobre el suelo, afilados y dispersos. Como cuando pasa el tiempo y el espejo sigue ahí, en el suelo, en mil partes, sin reflejo, sin brillo. Y luego alguien trata de juntar las piezas y repararlo, con un cuidado inmenso. Hay señales que no desaparecerán, que se quedan ahí para hacer memoria. Pero el espejo reconstruido habla de una resistencia, que solo es explicable por el milagro de la resiliencia.

Cristina y Ángela fueron a la universidad para aprender a sanar las heridas de la mente. Y con el tiempo terminaron abrigadas bajo el mismo rótulo que en la posguerra de una Colombia con más de ocho millones de víctimas se conoce como reparación. Ellas son mujeres que reparan mujeres, y su función es atender a quienes fueron víctimas de delitos contra la libertad y la integridad sexual. Su trabajo no aparece en las noticias, es anónimo, pero sí su rastro en decenas de relatos que dan cuenta de que en Colombia la guerra sí tuvo rostro de mujer.

Cuestión de humanidad

Ángela decidió el rumbo de su carrera cuando cursaba el último año de sicología. Entonces, en el 2003, el país vivía la crudeza del paramilitarismo y la guerrilla, que en muchos casos confinaba a comunidades enteras a vivir aisladas y enmudecidas. A padecer la guerra que en el campo se sintió de manera distinta a la ciudad. La joven caleña, de 21 años, se enrutó hacia el Magdalena Medio para trabajar allí seis meses de sicología social. Luego estuvo dos años en una vereda de Tumaco, azotada por el conflicto. Siguió el camino a Tierra Alta, Córdoba, pasó por Arauca, por Acacías y se estacionó un buen tiempo en el Cauca, en Jambaló, Toribío, Corinto y el Naya.

“¿Por qué decidí hacerlo? Mis papás me hablaban del servicio, también nos hacíamos cuestionamientos sobre cómo hacer algo y no quedarse en el discurso… ellos son muy humanos, creo que esa también era la apuesta”.

Cristina es sicóloga de la Universidad de Manizales. Durante cuatro años trabajó en Buenaventura con la Cruz Roja Internacional y con la Colombiana, atendiendo a las familias afectadas por la desaparición forzada. Era justo la época en que estallaron los problemas sociales más complejos del Puerto. Y para ella fue una dura escuela que afianzó su compromiso con quienes han padecido el conflicto. Hace tres años trabaja en la Unidad para las Víctimas del Valle del Cauca.

En este departamento, por ejemplo, de las 557.583 personas que declararon haber sido víctimas en hechos registrados en el Valle, 288.261 fueron mujeres. 196.873 de ellas fueron amenazadas; 4.132, torturadas; 18.368, abusadas sexualmente según el registro nacional de información de la Unidad de Víctimas.

“Muchas mujeres llevan 5, 6 y 7 años de haber vivido esa situación (abuso sexual) y han hecho lo que han podido para sobrellevarla. Uno de los mecanismos de defensa del ser humano es olvidar. Que no se enteren, callar. La violencia sexual ha sido sufrida en silencio en Colombia y estamos seguras de que las estadísticas son mucho más bajas de lo que en realidad pasó”.

Huellas en la piel

Perder el dominio de su cuerpo las hizo también perder el valor. Sentirse pequeñitas. Como si lo único sobre lo que se tiene pertenencia absoluta en la vida ya no fuera de ellas. Y con ganas de arrancar las huellas que el abuso dejó marcadas en su piel. Por eso, con el cuerpo empieza esa reparación.

Cristina relata que en esas primeras sesiones se ve mucho dolor, que se ha quedado enclaustrado en el cuerpo. Incluso, somatizan dolores en el útero, en la cabeza, en los senos. Dolores que se combinan con el pensar cómo hacer para no volver a sufrir lo innenarrable.

“Hay una sesión de autorreconocimiento. Cómo percibo mi cuerpo. Ese fue el territorio vulnerado. Ellos me accedieron, entonces cualquiera puede hacer lo que quiera conmigo. Rechazan su cuerpo. No lo quieren porque fue usado como un objeto. Muchas mujeres quedan marcadas. Todos los días se acuerdan de esa situación”.

Ángela define lo que le pasa a estas mujeres como un flash back, porque el cuerpo les recuerda lo que sucedió. Tabiques lastimados, quemaduras, problemas de matriz, recto lastimado, aparato reproductor destrozado.

“La mente evoca lo que ocurrió mientras te estas bañando y sientes la cicatriz. Entonces hacemos esos acompañamientos de escuela del cuerpo con mucho amor. Los acompañamos con instrumentos y tamboras, con recorridos del espacio físico, relajación y una toma consciente del cuerpo. Puede pasar que estemos hablando del espacio inicial, de quiénes somos, de nuestros nombres y de repente algunas se conectaron y sin preguntar abren su corazón y cuentan su historia. Ya con la voz de la primera se abren las voces de las demás. A través de alguien, también podemos estar hablando nosotras”.

¡No fue tu culpa!

La terapia continúa. Ellas se van reconociendo, abren su corazón, recobran la dignidad, la confianza. Pero hay algo que quizás es más difícil de desaparecer que las mismas cicatrices grabadas en su cuerpo: la culpa. Para Ángela, el trabajo empieza por ser conscientes de que no fueron culpables, volverlo pensamiento. Y esa resignificación de lo ocurrido lo elabora cada mujer, en su intimidad.

“No fue tu culpa. La culpa fue del agresor. Eso hay que repetirlo: no fue mi culpa ni antes, ni durante, ni después. No fue mi culpa si estaba en el río sola, si le di un vaso de café, si quedé en embarazo y decidí no tenerlo. Sin juicios, todo eso permite la recuperación”.

Cristina enfatiza que es un tema que se trabaja con mucho diálogo.

“Muchas piensan: me debí haber ido, no debí pasar por esa carretera. Hablamos de la violencia sexual como una estrategia de guerra, que se usó para levantar la moral de las tropas. Les daban la orden: “coja la mujer que le gusta y hágale”. Como un premio. Empezamos a desmitificar el asunto de “no debí estar allá” y a ver que la guerra me puso en ese lugar que no pedí. Cuando hablan se genera una sanación”.

¿Y cómo no afectarse?

La reparación de una mujer que ha sido abusada no se da de la noche a la mañana. No es como repararle el motor a un vehículo. Se necesitan horas, días, meses. Porque el cuerpo humano no funciona con pistones y la mente no es un chasis que se repone y sigue andando. Y después de tantas consultas donde el horror se sienta en el diván y transmuta de mujer a mujer, como si hubiese sido una violación en serie, las huellas van quedando también en quien se sienta a escucharlas.

Le pasó a Cristina, la sicóloga. Ella también sintió la desprotección. El año pasado abordó de noche una guala que la llevara a su casa en la zona rural y cuando iban en medio de una carretera solitaria se dio cuenta de que era la única mujer que iba en el vehículo, con el conductor y varios hombres más.

“Me entró el pánico y le dije al conductor: pare que me voy a bajar. Empecé a caminar y me di cuenta que así me estaba exponiendo más. Entonces supe que un relato de una señora a la que abusaron diez paramilitares había quedado, entró a mi consciencia sin filtro y esa angustia me llegó. A los días fui con un terapeuta”.

“Ahora, cuando escucho los relatos, abro las manos, respiro, dejo que ellas hablen, que lloren y pienso que va fluyendo, que soy como un colador y me imagino que va saliendo por las manos, transformado. Intenciono la respiración, pensando que ese relato y las lágrimas son de sanación”.

Y hay que encontrar maneras para sanarse. Ángela, por ejemplo, cuenta que últimamente está llorando más.

“Lloro hasta aquí (se queda en silencio y sus ojos lo dicen todo). Ahora me lo permito. En mi intimidad o con mis colegas, lloro. Y creo que ese es un mecanismo que me permite manejarlo. Cuando no es a través de la palabra, procuro moverme. La música para mí es esencial. Correr, trotar y salir a bailar salsa, como terapia. Caminar descalza sobre el prado, abrazar árboles”.

“Tengo una energía fuerte y optimista siempre. Me gusta el contacto físico, me agarro a la persona, doy un abrazo sincero y sin pena”.

En sicología hay algo que llaman enfoque de daños que trata de explicar ¿qué se hizo con la vivencia de la violencia? Cristina explica que después de la atención, del medicamento siquiátrico, hay un proceso necesario para que el ser humano resignifique esa historia y se dé cuenta que ha desarrollado recursos para salir adelante. Y que cuando las ve muy tristes les habla de las dos opciones: o sobrevive, o se enferma y se muere, o se suicida. Hablan de eso. ¿Por qué han sobrevivido? ¿Cómo lo lograron?

Hay una historia que Cristina recordará siempre. Ocurrió cuando acompañó una entrega digna de cadáveres. Allí conoció a una señora que fue testigo y vio cuando los paramilitares cogieron a un grupo de jóvenes, entre ellos a su hijo, los llevaron al cementerio, los pusieron a cavar su propia tumba y luego los mataron.

La señora se subió a un árbol, vio cuando mataron a su hijo y en qué fosa quedó. Se fue con todo el dolor y después de unos años fue a la Fiscalía y pidió que fueran por el cuerpo de su hijo. Pero le dijeron que no se podía, por seguridad.

Pasaron los años y ella ingresó a un instituto y estudio criminalística. Tan pronto tuvo su tarjeta profesional se fue a ese cementerio le mostró al sepulturero una resolución que se inventó y le dijo que iba a exhumar a una persona. Contó los huesos de su hijo, los reconoció y se los llevó. Se fue a la casa, armó el esqueleto y revisó que no le faltara ningún hueso; lo guardó en una caja y lo llevó a la Fiscalía. “Aquí está mi hijo para que me lo entreguen oficialmente”, les dijo. La Fiscalía se demoró tres años con el cuerpo, le hicieron la prueba genética y se lo devolvieron para darle sepultura.

“Esa historia me marcó la vida, el amor de una mamá. Logró aguantar, esperó el proceso, el temor que tenía, maquinó todo. Ella ahora está bien porque decía que había recuperado a su hijo y ese era su objetivo. Lo que nos queda es precisamente visibilizar esas historias y dignificarnos como sociedad. Nos hicimos daño, mucho daño, pero ¿qué fue lo que hicimos con ese daño? Este conflicto ha sacado lo peor y lo mejor del ser humano, que no tiene límites cuando se propone sobrevivir”, dice la terapeuta.

Cristina cuenta que su familia está orgullosa de ella. Que el año pasado en un encuentro en Bogotá llamaron a sus familiares para que grabaran un video. Y en el suyo, su esposo y su hija le decían que la admiraban.

“A mi esposo hace seis años lo secuestraron en la vía a Dapa. Fue un secuestro extorsivo, cuando lo soltaron, toda la familia que vive afuera nos dijo: “vénganse”. ¿Yo por qué me tengo que ir de mi país? ¡No me quiero ir porque este es mi país! Aquí tenemos que saber vivir como sociedad y le apuesto a este país. Este año estando en el barrio Guayaquil, saliendo con mi carro me pusieron una pistola, me robaron la luna del carro. Me fui en pura y sentía un quemón como si me hubieran disparado. A pesar de eso pensaba en las víctimas, las abusaron y sobrevivieron. Yo tengo que seguir. Es lo que más me ha enseñado este trabajo. La fortaleza. Me pueden dar un diagnóstico de cáncer y pienso que tengo que ser capaz, porque he aprendido la fortaleza que hay que tener. Eso no me lo hubiera dado ningún trabajo en el mundo”.

Para Ángela hay muchas tareas que tenemos como sociedad, en el reconocimiento de la mujer, “es que en la sociedad patriarcal en que vivimos siempre ha puesto a la mujer en lo privado y al hombre en lo público y así se han construido los roles”.

Su tesis de maestría se titula “Arreglos de género, en la comunidad de El Arenillo, Palmira”, donde la comunidad soportó años de violencia y presencia guerrillera y paramilitar. Esos arreglos de género son un concepto del Centro Nacional de Memoria Histórica, donde se explican las relaciones entre los hombres y mujeres.

“Hay unos arreglos que son patriarcales, totalitarios, donde las decisiones las toma el hombre y son impuestas a través de la violencia. Comunitarios, donde también el hombre toma la decisión. Y los democráticos, donde ambos conversan y toman decisiones en conjunto. A eso es a lo que se debe apuntar”, dice.

“Las personas que son contemporáneas tienen su trabajo, su hijo su matrimonio tradicional, yo no. ¿Y usted qué? me preguntan. Sin ser activista como tal, pienso que nosotras como mujeres tenemos derecho a la elección. ¿Por qué las lágrimas o sentirte triste es sinónimo de que eres mujer o eres débil? Hay que comprender que eso es humano y hace parte de tu fortaleza. Soy Angela María, mujer, crítica, perfeccionista, intensa, sonriente, utópica, ‘nubeluz’, lloro y siento tristeza”.

Hay que tener sensibilidad humana. Si hacemos memoria, que sea con sentido transformador, no solo dolor. Y simultáneamente, reconocer la verraquera de estas mujeres. El conflicto ha permeado todas las esferas de una forma increíble. Hasta que nos acostumbremos algún día a la igualdad.

Esperanza y su paso del dolor a la valentía

Esperanza es una de esas sobrevivientes que se repusieron a la guerra. Fue secuestrada, abusada sexualmente, desplazada y amenazada de muerte. Tuvo que salir huyendo de la vereda La Palma del municipio Roberto Payán en Nariño, a orillas del río Patía. Ahora vive en el centro del Valle del Cauca y por un buen tiempo ayudó a otras mujeres que como ella sufrieron la sevicia del conflicto en el Suroccidente.

“Ángela (la sicóloga) fue la primera persona con quien hablé de mi historia, después de doce años de guardarla en silencio. Ella se convirtió en esa amiga, en la mujer que me escuchó. Tiene una luz grande, de entrada te acoge y no te ve como pobrecita”, explica Esperanza.

“Tuvo mucho tacto, las palabras adecuadas, respetó el momento de silencio. Sabe cómo sacarte de ahí. Hubo mucho dolor y llanto, pero también hubo risa”, agrega.

“Después de haberse uno denigrado como mujer, de sentir que tuve que haber hecho esto o lo otro para evitarlo, entendí que me debía amor, que no era culpable. Y vi cosas que antes no veía en mí. Como ser valiente. Ese era un valor que no me conocía. Ella me decía: tú eres una mujer valiente y te tienes que querer. Yo la quiero mucho y tengo tanto que agradecerle...”.

“Son un ejemplo”

“Con las mujeres víctimas de delitos contra la integridad sexual se viene haciendo un trabajo muy sentido, que ha dejado profunda huella en todos los que hemos tenido la oportunidad de conocerlas. En estas mujeres valientes y valerosas hemos visto ejemplos admirables de resiliencia y perdón. Con algunas el trabajo comienza por poder tan siquiera hablar sobre lo que pasó, por encontrarse con otras mujeres que vivieron cosas similares, generando lazos de solidaridad que las ayudan también a sanar”, Fabiola Perdomo, Directora Territorial Unidad para las Víctimas Valle del Cauca.

*Esta investigación fue elaborada con el apoyo de Consejo de Redacción, la Embajada de Suecia y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) para el proyecto CdR/Lab Con Enfoque.
**Esta investigación fue publicada originalmente en El País.