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Martes, 15 Mayo 2018

Los dilemas morales de Viviane

Por José Felipe Sarmiento Abella

La excandidata presidencial siempre ha mezclado su cristianismo con las banderas liberales. Ahora se abraza con el uribismo que antes la señalaba como su perseguidora.

En menos de un año, la excandidata presidencial Viviane Morales terminó de perder el difícil equilibrio que había mantenido por 30 años entre la ideología liberal y la agenda cristiana. Primero renunció a su partido de toda la vida cuando le exigieron firmar un manifiesto que chocaba con sus convicciones religiosas y se lanzó a la campaña por Somos, antiguo Alas. Luego se retiró y terminó adherida a la aspiración de Iván Duque por el Centro Democrático, un partido que hace apenas un año la consideraba su enemiga.

El Centro Democrático calificó la actuación de la exfiscal contra exfuncionarios de ese gobierno de “persecución política implacable”. Cuestionaba, sobre todo, su participación en el proceso contra el exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias, hoy preso en Estados Unidos y en proceso de extradición a Colombia, donde lo esperan 17 años de cárcel por desviar recursos de apoyo al campo para pagar favores políticos, un escándalo que se conoció como Agro Ingreso Seguro.

El exfuncionario incluso envió una carta a su partido en la que criticaba la alianza con Morales, que todavía estaba sin confirmar en ese momento. En el documento argumentaba que la imputación que ella hizo en su contra fue un “circo”, la acusó de tener vínculos con la ilegalidad y se quejó de que había puesto en peligro a su familia. También calificó como “espurios” otros procesos contra exfuncionarios uribistas y cuestionó la forma en que la excongresista fue ternada y elegida para el cargo (decisión que, de hecho, fue anulada por el Consejo de Estado tras una demanda, lo que la obligó a renunciar).

Morales, en cambio, se jacta de su actuación en el caso de Arias en su página oficial. También destaca, entre otros, su papel en las imputaciones contra el excomisionado de paz, Luis Carlos Restrepo, por la desmovilización fraudulenta de un inexistente grupo guerrillero, así como la del exsecretario general de Presidencia Bernardo Moreno y la exdirectora del DAS María del Pilar Hurtado, por las interceptaciones telefónicas ilegales a opositores, periodistas y magistrados. Además, recuerda que ella consiguió las primeras declaraciones a distancia para la justicia colombiana de los exjefes paramilitares extraditados por Uribe.

Nada de esto impidió que Duque le aceptara una invitación a desayunar para concretar una alianza antes de la primera vuelta electoral. Después le dio la bienvenida “a pesar de las diferencias del pasado”.

Entre los puntos de acuerdo programático, destacados por Duque, están su política de emprendimiento y “los valores y la formación en principios” como parte de la propuesta educativa, además de la “gran coincidencia” entre los dos sobre el respeto a las libertades de culto, conciencia, expresión y prensa.

 

 

Morales abanderó esas luchas del liberalismo pero con un enfoque religioso desde que fue asesora en la Asamblea Constituyente de 1991. Su jefe, el pastor Jaime Ortiz Hurtado del partido Unión Cristiana, impulsó el fin del Estado confesional católico que fue reemplazado por el laicismo.

Como congresista, defendió el progreso en la defensa de la objeción de conciencia frente al servicio militar, el estatuto de libertad religiosa, la Ley de Cuotas para la participación femenina en política y la de acciones populares.

Pero su confesión empezó a reñir con el partido Liberal desde que la senadora impulsó el referendo ‘Firme con mamá y papá’, que pretendía limitar la posibilidad de adoptar niños solo a parejas heterosexuales.

La iniciativa también fue encabezada por su esposo, el excongresista Carlos Alonso Lucio, exguerrillero del M-19 que estuvo preso por estafa y falsa denuncia, se convirtió al cristianismo en la cárcel y asesoró a los paramilitares en sus negociaciones con el gobierno Uribe después de quedar libre.

Su rompimiento con el liberalismo se dio cuando les exigieron firmar un manifiesto a los precandidatos presidenciales de la colectividad que los comprometía a “acatar y promover el cumplimiento de las decisiones de la Corte Constitucional que han reconocido derechos de (...) personas de orientación sexual diversa”, como el matrimonio igualitario.

Ella se sintió excluida y decidió lanzarse a la presidencia por el partido Somos, fundado como Alas en 2005 por el ‘parapolítico’ Álvaro Araújo Castro.

Sin embargo, ante la falta de recursos y de participación en diferentes debates televisivos, desistió a su candidatura a principios de mayo y se unió a la campaña de Duque, quien ha tenido posiciones variables sobre los derechos de las personas LGBTI desde que está en el uribismo, a pesar de que antes los defendía con entusiasmo. En consecuencia, se esperaba que la excandidata le pidiera al aspirante del CD compromisos con la agenda religiosa.

Julián Arévalo, asesor de Morales, le dijo a Colombiachek.com que la alianza “respondió a lo que querían las bases cristianas” y se basó en las libertades mencionadas por el candidato, el emprendimiento y la defensa de la vida frente al aborto. Sobre lo último, el exsenador ha reafirmado que respetará las causales avaladas por la Corte Constitucional (violación, malformación del feto y riesgo para la madre), pero no tratará de ampliarlas.

Es así como el dilema entre libertades religiosas y sexuales terminó alejando a Morales de la colectividad en la que militó desde sus primeros años de vida pública, hasta ponerla en la misma orilla de quienes se habían declarado perseguidos por ella.

Martes, 22 Mayo 2018

La expropiación en Colombia no es un mito de Petro

Por Luisa Fernanda Gómez Cruz

Al candidato de la Colombia Humana lo persigue el fantasma “castrochavista” de la expropiación. Pero hasta en los gobiernos de derecha se expropian viviendas.

Han pasado varias semanas y a Gustavo Petro no se le perdona haber dicho que sería bonito que Ardila Lulle vendiera su hacienda de Incauca al Estado, para que este “la entregue al pueblo campesino y al pequeño productor agrario para producir alimentos”. Para muchos esa afirmación es la prueba fehaciente de que su presidencia estaría plagada de expropiaciones al mejor estilo de Hugo Chávez.

En los últimos días el tema volvió a sonar cuando en entrevista con Blu Radio el candidato dijo que de llegar a la Presidencia no va a quitar la propiedad privada ni va a expropiar. Y señaló que durante su tiempo como alcalde de Bogotá "no se expropió a nadie". "Usamos la negociación con las personas si había que hacer una obra pública o algo similar", afirmó en la entrevista.

La figura de la expropiación hace parte del entramado judicial de Colombia desde hace mucho tiempo. Para empezar, el Artículo 58 de la Constitución Política legitima esta figura al afirmar que: “Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública o interés social, resultaren en conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público o social”. En otras palabras, que si un predio se necesita para una obra de infraestructura que va a beneficiar a muchos, como una carretera, el propietario está obligado a cederla al Estado. Posterior al pago de una indemnización.

Pero también se cuentan las leyes 9 de 1989, “por la cual se dictan normas sobre planes de desarrollo municipal, compraventa y expropiación de bienes y se dictan otras disposiciones”, que en su artículo 10 explica las causales para expropiar. La 388 de 1997, o ley de desarrollo territorial, en la cual la palabra ‘expropiación’ aparece 47 veces. Y la 1682 de 2014, que en su capítulo 1º autoriza “la expropiación administrativa o judicial de los bienes e inmuebles urbanos y rurales que se requieran..., de conformidad con el artículo 58 de la Constitución Política”.

“Pero cuando se hace un proceso de expropiación no se está irrespetando la propiedad privada, porque entre otras tiene una función social”, dijo a Colombiacheck.com Jairo David Gamboa, abogado asociado a Infraestructura Legal.

La expropiación es el último de los recursos, en todo caso. Antes el Estado debe intentar el proceso de enajenación voluntaria del predio; es decir, conseguir que el propietario venda “por las buenas”.

El encargado de hacer la gestión predial (el IDU, la ANI, la empresa Metro de Bogotá, por ejemplo) envía una oferta al dueño del inmueble que está fundamentada en un avalúo comercial. El propietario decide si la acepta o no. Si la acepta, el predio pasa a ser de la nación. “Si no, la entidad procede a una forzosa necesidad de adelantar el proceso de expropiación para la cual existen dos vías: por medio de acto administrativo o ante un juez”, cuenta Gamboa.

Con el acto administrativo la entidad Estatal que necesite el predio expide una resolución ordenando la expropiación y el monto que se pagará como indemnización. Con el otro, se acude ante un juez para que este sentencie la entrega del predio.

En el marco del programa de vías de cuarta generación (4G), son necesarios 5.458,32 kilómetros en materia de predios, de los cuales ya están disponibles 3.740,71 kilómetros (68,53%), según la Agencia Nacional de infraestructura (ANI). A la fecha se han adquirido 1.005 predios para estas obras, de los cuales “solo 2 predios cuentan con sentencias de expropiación judicial de los proyectos de infraestructura de transporte de la Nación del programa de 4G”, sostiene un comunicado de la ANI enviado a Colombiacheck.com.

Es decir que aún con la herramienta, no siempre es necesario usarla. Esto porque, de acuerdo con un funcionario del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), las entidades optan por entregar el avalúo mayor del inmueble realizado por el Agustín Codazzi, cifra que prácticamente en todos los casos es aceptada. Como lo ha sido hasta ahora para el proyecto del Transmilenio por la séptima, para el cual ya se han hecho 133 ofertas de compra y 37 han sido aceptadas.

Lo que hay detrás de la frase

Colombiacheck.com consultó la opinión de expertos en temas de tierras en el Cauca, quienes sostuvieron que lo que hay detrás del la afirmación de Gustavo Petro de “comprar” las tierras de Incauca no es una amenaza de expropiación, sino un guiño para las comunidades indígenas.

El norte del Cauca ha estado inmerso en múltiples batallas entre indígenas y terratenientes por la propiedad del suelo. Esta lucha siempre ha existido, pero se intensificó con la Constitución de 1991 “cuando se le concede autonomía a las comunidades indígenas y estas comienzan a reclamar las tierras que consideran ancestrales, como territorios religiososo para ellos”, afirma un docente de la Universidad del Cauca que no quiso dar su nombre por miedo a recibir amenazas.

Petro conoce muy bien el territorio porque esta era una de las zonas de mayor influencia del M-19 durante su accionar subversivo, sabe que el problema de las comunidades indígenas de los Nasa “y lo que busca es reivindicación de los derechos que exige el pueblo Nasa”, agrega el docente.

La campaña por la Colombia Humana ya cuenta con el apoyo del Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS) y voceros de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) y del Consejo Regional de Indígenas del Cauca (CRIC) hicieron público su apoyo a Gustavo Petro, como se puede ver en este artículo de La Silla Vacía y en este video.

Sin embargo, en opinión de Sonia Godoy, periodista del Cauca, las comunidades indígenas del Cauca no tienen un voto unificado: una cosa es lo que dicen los voceros y otra lo que hagan las bases. Con un elemento adicional, y es que los votos en el Cauca se mueven por las maquinarias tradicionales.

De modo que más allá de si Gustavo Petro va a expropiar la propiedad privada o no cuando llegue a la Presidencia, como lo ha hecho el gobierno de Juan Manuel Santos para las 4G, lo que está detrás es conseguir el voto de una comunidad que busca recuperar lo que ancestralmente les pertenece.

Fuentes consultadas:

Jairo David Gamboa, socio de la firma Infraestructura Legal.

Constitución Política de Colombia.

Ley 9 de 1989.

Ley 388 de 1997.

Ley 1682 de 2014.

Agencia Nacional de Infraestructura.

Instituto de Desarrollo Urbano.

Sonia Godoy, periodista en el Cauca.

La Silla Vacía.