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Jueves, 19 Noviembre 2020

Morir a la espera de una UCI en Bogotá 

Por Liga Contra el Silencio

Entre marzo y julio de este año, el 68 % de los fallecidos por covid-19 en los hospitales de la capital murió sin ingresar a cuidados intensivos, aunque había camas disponibles. El día de mayor ocupación hubo un centenar de plazas disponibles, pero diversos obstáculos en el traslado de pacientes críticos se tradujo en historias de angustia.

Los médicos del Hospital de Suba le explicaron a Graciana Leguizamón, de 42 años, que la caja torácica de su hermano Esteban, de 34 años, era demasiado grande para los ventiladores mecánicos que intentaban reanimar sus pulmones en la sala de urgencias. 

El virus avanzaba sobre la ciudad y el hospital público no estaba preparado. Además de no tener Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), sus equipos eran insuficientes para atender a Esteban, quien, a la tos seca, fiebre y problemas respiratorios que presentaba, sumaba un problema de obesidad.

Los médicos tenían motivos para trasladar al paciente a un centro de salud con UCI. Pero pasaron tres días y nada ocurrió. Esteban llegó al hospital el 10 de julio, y falleció el 13. Su familia recibió una semana después el resultado positivo para covid-19. Dos meses más tarde llamaron a Graciana de la Secretaría de Salud y preguntaron por el paciente para “realizar el cerco epidemiológico”.

Entre marzo y julio, el 68% de los fallecidos en los hospitales de Bogotá murió fuera de esas unidades, según cifras de la Secretaría de Salud, a pesar de que incluso en los días más críticos hubo camas en UCI disponibles. La historia de Esteban, un joven carpintero sin afiliación a ninguna Entidad Promotora de Salud (EPS), ni al Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (SISBEN), abre interrogantes sobre la desigual atención de la pandemia en la capital del país. 

Para la primera mitad de julio el promedio de camas libres en cuidados intensivos oscilaba entre 100 y 120. Durante la segunda quincena el día más congestionado fue el 26, con 99 plazas disponibles, según el Distrito. Aunque había cupos, Esteban no fue trasladado.

Los profesionales de la salud describen estos casos como “barreras” u “obstáculos” hospitalarios: prácticas de mala gestión que van desde la negligencia hasta el bloqueo y la desatención de pacientes. 

Antes del covid-19, por ejemplo, era usual que las UCI se reservaran para pacientes afiliados a ciertas EPS que tuvieran convenios con determinadas clínicas y hospitales, entre otras malas prácticas de gestión. Los casos que surgieron durante esta crisis suman una mezcla de descoordinación, descuido e ineficiencia.

Carlos Carrillo, concejal de Bogotá por el Polo Democrático Alternativo, identifica como responsable a la Secretaría de Salud. “Dentro de su rectoría está la coordinación de las UCI. Por ley tiene la responsabilidad de garantizar que las EPS cumplan con su trabajo de prestar un derecho universal”. 

En segundo plano señala a las EPS. Según Carrillo las denuncias en la Superintendencia de Salud contra Compensar, Sanitas y Famisanar son incontables. “Por su negligencia, por sus demoras, por negarse a hacer pruebas”. Su conclusión es que la salud de los colombianos está en manos de “un contubernio de políticos y negociantes” a los que solo les “interesa hacer negocio”. 

El presidente del Colegio Médico de Bogotá, Hernán Bayona, reconoce la existencia de “obstáculos hospitalarios” en la ciudad. También pone en cuestión el papel de la Secretaría de Salud. Según dice, alrededor del 95 % de la población en la capital del país tiene cobertura a través del régimen contributivo, destinado para las personas que pueden costearse un seguro. “La Secretaría de Salud ha debido asumir con mayor eficiencia la coordinación de ese 5 % de población restante que está en el régimen subsidiado (a cargo del Estado)”, afirma Bayona.

Una familiar de los Leguizamón trinó el 14 de julio contra la gestión de la alcaldesa Claudia López. “No valemos lo mismo”, sentenciaba. Al día siguiente la Secretaría de Salud aseguró en un comunicado que el paciente había recibido todas las “medidas necesarias”. No explicaba sin embargo las razones por las cuales Esteban no fue enviado a una UCI.

Graciana Leguizamón cuenta por celular que, tras alguna insistencia, habló con un médico que diagnosticó a su hermano en el Hospital de Suba. “Dijo que había tenido dos paros cardiorrespiratorios. Y que si le daba un tercero, fallecía”. También le explicó que sería necesario llevarlo a cuidados intensivos “porque estaba en estado crítico”.

Pero sus gestiones para trasladar a Esteban chocaron con una de las marañas burocráticas más complejas de la región: “me dijeron que tenía que ir a hablar con una ‘niña’ Paola. Fui y le pregunté. Me dijo que necesitaba el número de cama asignado, el doctor y el hospital a donde lo iban a trasladar”.

Manuel González, subsecretario del Servicio de Salud y Aseguramiento del Distrito, dice que desconoce casos de negligencia hospitalaria en la gestión de las UCI y pide poner en contexto las cifras de fallecidos fuera de estas unidades. Explica que no todos los pacientes de covid-19 requieren estas unidades. González resume los parámetros para la remisión: que la persona tenga alteraciones en el funcionamiento del corazón, y que requiera soporte ventilatorio. 

Para el funcionario “hay que entender las particularidades de cada paciente. Llenar los hospitales de personas no significa que estén siendo bien atendidas, ni que estén siendo atendidas donde debe ser”.

Graciana está convencida de que los encargados del Hospital de Suba le negaron a su hermano la oportunidad de recuperarse por su falta de cobertura médica. “Es muy lamentable que a las personas que no tienen para pagar la seguridad social las dejen morir así. Uno no tiene derecho a enfermarse porque ningún médico lo va a atender, nadie le va a hacer un examen”, se lamenta.

Naufragio en el piso cero

Los gritos de los pacientes hospitalizados en el piso cero de la Clínica del Occidente evitaron que Hermencia Parrado, de 78 años, muriera esa noche del 19 de julio. A la mujer se le había caído la careta de oxígeno con la que trataban una insuficiencia respiratoria que arrastraba de tiempo atrás.

Según su familia, esto sucedió entre la una y las dos de la mañana, y la atención de los auxiliares tardó 20 minutos. La avalancha de casos por coronavirus y la fatiga pasaban factura a los encargados de esta clínica en Kennedy, la localidad de Bogotá más golpeada por el virus.

Hermencia fue hospitalizada el 16 de julio y el diagnóstico fue desalentador. “Me dijeron que ella tenía varias enfermedades y que yo debía entender que mi mamá ya había vivido todo lo que tenía que vivir”, recuerda Consuelo Navarro, su hija, quien se desmayó después de esta introducción. 

La salud de Hermencia empeoraba y los médicos evaluaron, desde el 17, la necesidad de trasladarla a una cama de UCI en otro centro, pues la Clínica del Occidente estaba saturada. Pero el ajetreo en otras unidades de la capital, según los responsables del centro, no daba buenos augurios. Ese día se registraron 8.000 casos de covid-19 en Bogotá, y la gráfica con dientes de serrucho siguió en ascenso hasta alcanzar un máximo de 13.000 casos en un día el 19 de agosto.

Los ventiladores mecánicos en la Clínica del Occidente estaban también copados. A Adriana Cabezas, nieta de Hermencia, los auxiliares de enfermería le dijeron que incluso a nivel nacional estaban al límite, y que cuando se liberaba alguno “la prioridad era para las personas de 20 y 30 años”.

Decidida a llevarse a su abuela para otro centro con plazas libres, Adriana se dirigió a la oficina de atención al cliente. Una enfermera le dio un mensaje del médico: “lo único que podía hacer era dejar montada la orden de remisión para otro sitio donde sí hubiera forma de atenderla”. 

A continuación, en el área de remisiones, un funcionario le explicó que “las UCI no están a cargo de los hospitales ni de las EPS, que eso depende de la Alcaldía. Y si tenía quejas debía dirigirme a la Secretaría de Salud”. Pero en la Secretaría le dijeron justo lo contrario. “Que era cuestión del médico y de la EPS. Todo el mundo se tiraba la pelota”. 

AUDIO [Escuche aquí el fragmento de la conversación entre una familiar de Hermencia Parrado y personal médico de la Clínica de Occidente el 21 de julio.]

El internista Juan Carlos Hernández es el responsable de cuidados intensivos en la Clínica del Occidente. Entre julio y agosto, afirma, recibió el volumen más alto de pacientes por covid-19, pero niega que hubiera atascos en la unidad. “Se cumplieron los criterios. Los traslados se hicieron de forma adecuada, siguiendo los protocolos del CRUE (Centro Regulador de Urgencias y Emergencias) y las EPS”, señala. 

Hermencia Parrado estaba afiliada a Famisanar, entidad que no tiene convenio con la Clínica del Occidente. La familia dice que hasta ese momento no hubo ningún contacto ni información de la aseguradora. Luis Armando Navarro, hijo de Hermencia, recuerda que el 21 de julio a las once de la mañana ella los llamó y pidió que la sacaran de ahí porque “¡en esta clínica me van a dejar morir!”.

Tras cinco días de espera para ser remitida a una UCI, Hermilda falleció en la camilla 10 del piso cero. En la historia clínica consta que fue por un paro respiratorio. Ocurrió durante un cambio de turno, cuando no había nadie para auxiliarla, según reveló una enfermera a los Navarro.

Juan Carlos Hernández señala que desafortunadamente hubo casos de pacientes que tenían una patología previa y los familiares daban el consentimiento para que, en caso de paro respiratorio, no se intubaran ni se realizaran maniobras invasivas. “En esos casos tampoco se trasladaba al paciente”, agrega. 

En la historia clínica se lee que los familiares dieron orden de “no reanimación”, pero Adriana Cabezas no recuerda haber dado esa orden. “¿Por qué íbamos a estar presionando por una UCI si no íbamos a autorizar que la intubaran? El día del ingreso yo pregunté si entre los papeles que firmé estaba esa autorización. Me dijeron que no, que en caso de ser necesario nos avisarían”.

Dos días después del deceso, una llamada de Famisanar sorprendió a Consuelo Navarro. “Era para confirmar que había una cama libre en cuidados intensivos. Sentí tanto dolor, tanta rabia”, recuerda con impotencia. La prueba que confirmó el positivo para covid-19 llegó al día siguiente.

Grietas acumuladas

A las historias de Hermencia y Esteban se suma la de Gabriel Castañeda, de 58 años, propietario de una barbería. Su hermano Gerardo cuenta que también estuvo hospitalizado en la Clínica del Occidente entre el 16 y el 21 de julio. Según la historia clínica estaba afiliado a Compensar y tenía tres comorbilidades que el virus no perdona: hipertensión, diabetes y obesidad.

Gerardo denuncia que “hubo negligencia a la hora de facilitar el traslado” de su hermano y dice que pedir información sobre su caso ha sido difícil: “Ellos se dan cuenta que uno no tiene el conocimiento ni las herramientas para reclamar”.

Según la historia médica de Gabriel, desde el 18 de julio se iniciaron “trámites para la remisión a UCI por no disponibilidad en la institución”. El 21 de julio, apunta, Gabriel era ya un “paciente críticamente enfermo” con “alto riesgo de mortalidad a corto y mediano plazo”. El paciente falleció sobre las 8:26 de la noche del 22 de julio. 

En la oficina jurídica de la Clínica del Occidente sostienen que el manejo médico en este caso siempre fue “ajustado a la patología presentada”. Dicen que Gabriel tuvo “acompañamiento total por personal especializado” y de acuerdo con “la capacidad posible de la IPS para la época de los hechos”. En este caso tampoco se aclara por qué el paciente, habiendo otras alternativas, no fue trasladado.

El 12 de abril, un mes después de declarar la emergencia sanitaria, el Gobierno expidió un decreto para agilizar la asignación de camas en cuidados intensivos. El CRUE, órgano supeditado a la Secretaría de Salud Distrital, pasó a gestionar las 998 camas de UCI para pacientes con covid-19 disponibles en la red pública y privada (al 18 de noviembre eran 1.622). 

Antes del decreto 538, la orden del médico pasaba a las EPS, donde debían contactar a su red de centros hospitalarios y autorizar el trámite. Ahora, el CRUE debe asignar la cama de UCI sin pasar por el filtro de las EPS.

Algunos miembros de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (ACEMI), el gremio de las EPS, recibieron esta iniciativa con recelo. Especialmente las que cuentan con capital estadounidense o europeo, como Sanitas, Sura o Aliansalud, pues temían “el germen de una expropiación o toma de control por parte del Estado”, escribe por correo el presidente del gremio, Gustavo Morales. Tras varias discusiones y análisis, y con el visto bueno de la Corte Constitucional, se acordó trasladar esa función de distribución de pacientes a la autoridad sanitaria local, según Morales. 

Pero las falencias acumuladas del sistema sanitario se manifestaron, aunque la alcaldesa Claudia López sostuvo siempre que Bogotá era ejemplo en el manejo de la emergencia. 

Bayona, del Colegio Médico de Bogotá, recuerda que el coordinador de cuidados intensivos del Hospital de la Universidad Nacional le relató que “a veces dejaba dos o tres unidades libres porque le avisaban que iban a llegar tres pacientes, pero pasaban 12 horas y no llegaba nadie. Cuando llamaba a averiguar, el paciente había fallecido o ya no se necesitaba la cama”.

Una auxiliar de enfermería, que pidió reservar su nombre, dijo que los tiempos de respuesta de los servicios de salud fueron regulares debido, entre otras causas, a la intermediación de las EPS. Según esta fuente hubo fallas de comunicación con el personal médico, descoordinación entre el sector público y el sector privado, y falta de ambulancias medicalizadas que tuvieran respiradores, entre otras.  

Pero el subsecretario de Salud Manuel González asegura enfático que las EPS no tienen “ningún manejo ni intermediación” en el proceso, a pesar de que a la hora de la remisión “sí se tiene en cuenta la red de convenios de la EPS del paciente”. 

Desde ACEMI sostienen de la misma manera que no conocen casos de barreras en la asignación de UCI. Morales, cabeza de esa asociación, alude al hecho de que las diez EPS que conforman el gremio han mostrado un nivel de “letalidad que es la mitad del promedio nacional”.

Carolina Corcho, vicepresidenta de la Federación Médica Colombiana, afirma por el contrario que los tres casos expuestos en esta investigación son muestra clara de que las EPS siguen interfiriendo en los traslados. “Habría que analizar si existe relación con el hecho de que en Bogotá el tiempo promedio para asignar una UCI haya sido de 12 horas”, remata.

El análisis de Bayona, del Colegio Médico, recorre la misma línea. Según él, las barreras actuales son consecuencia de un proceso anterior a la pandemia. Las EPS, opina, no han invertido durante años en equipos básicos de función primaria; su atención al paciente es irregular; la realización de pruebas de detección del virus les quedó grande y el manejo de los call centers ha sido desastroso. “La ley 100 les entregó la responsabilidad de la promoción y prevención de la salud, y fallaron. Creo que muchas muertes se pudieron prevenir”, concluye. 

La discusión continúa mientras los responsables del sistema de salud toman decisiones que pueden potencialmente marginar de un derecho universal a los más desprotegidos. Es imposible saber si Esteban, Hermencia y Gerardo habrían tenido otra suerte de haber sido trasladados a una cama de cuidados intensivos. Lo único cierto, por ahora, es que sus historias se suman a las más de 34 mil víctimas que ha cobrado en Colombia un virus respiratorio letal que se propaga mucho más rápido que las redes de la burocracia.

Sábado, 28 Octubre 2017

Ciudadela Bolonia: un experimento de reintegración en Bogotá azotado por la violencia

Por Tomás Mantilla

Víctimas, antiguos miembros de las guerrillas, los paramilitares y el Ejército habitan un aislado conjunto residencial de Usme, en medio del microtráfico, los grupos armados y una convivencia cada vez más álgida.

Cuando Rodrigo Villabón, representante de la Mesa de Víctimas de Usme, discutía con varios vecinos del conjunto residencial Ciudadela Bolonia algunas estrategias para frenar el microtráfico, un hombre con gorra y saco de capucha salió de los edificios que los rodeaban y caminó justo a su lado. Cuando se alejó, Rodrigo dijo en voz baja: “Él… es uno de los que me amenazó”.

Al igual que Rodrigo, su esposa y otros líderes de la comunidad han recibido amenazas por denunciar las estructuras de microtráfico que operan en Ciudadela Bolonia, un proyecto de vivienda de interés social en Usme, al suroriente de Bogotá. Allí, la violencia ha surgido en medio de la convivencia de excombatientes de grupos armados, víctimas, personas reubicadas que habitaban en zonas de alto riesgo y militares retirados y heridos en combate.

A pesar de que se respiraba tensión, el grupo de vecinos siguió hablando frente a los cientos de ventanas de las torres de apartamentos. Como muchos, ya se han acostumbrado al desasosiego que se vive día a día en el conjunto.

“El microtráfico y el Estado que no llega son nuestros problemas, nos dejaron a la buena de Dios”, asegura una de las personas que hablaba con Rodrigo y que pide que no publiquen su nombre. En Ciudad Bolonia no hay puestos de salud ni escuelas y las viviendas han tenido problemas desde que fueron entregadas, como reportó la revista Semana el 7 de mayo de 2015 y el 13 de mayo del mismo año.

Esto a pesar de que en la ciudadela hay 3.600 apartamentos. Para ello, la zona rural de los cultivos de arveja, moras y papa fue reemplazada por cemento y torres de vivienda multifamiliar que siguen apareciendo por doquier, en gran parte debido a la llegada de miles de desplazados a la localidad, 12.112 para 2013 según la Unidad para las Víctimas. Ellos viven con varios de los 260 desmovilizados de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Farc; las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC; y del Ejército de Liberación Nacional, ELN que han llegado en los últimos años a Usme como parte del programa de reinserción que implementa la Agencia Nacional de Reincorporación, ARN, según las cifras de Catalina Arciniegas, coordinadora en Bogotá de dicha institución.

La convivencia entre víctimas y excombatientes que pasaron por el proceso de Justicia y Paz hace de Ciudadela Bolonia un laboratorio en tiempo real de cómo es la reinserción. Sin embargo, no todos creen que este laboratorio sea totalmente exitoso. Un funcionario que trabaja en la zona y que pidió la reserva de su nombre, asegura que algunos de los reinsertados volvieron a tomar las armas para unirse a grupos de microtráfico y explica que se debió a la falta de acompañamiento.

“No los capacitaron para trabajar, simplemente ellos iban mensualmente a una visita con un psicólogo, tenían que estudiar en un colegio o en una fundación y eso les generaba una entrada económica. Tenían una cantidad de tiempo en el que no eran productivos y no tenían nada qué hacer, entonces empezaron a configurar esas mismas dinámicas del territorio de conflicto en Bolonia”, afirma.

A la falta de institucionalidad, se sumó el aislamiento de la ciudadela. Para llegar al conjunto residencial, que está en la cima del cerro Juan Rey, hay que tomar la vía al páramo por donde a duras penas logran subir los destartalados Chevettes ochenteros que prestan el servicio de transporte desde el Usme urbano hasta los apartamentos.

En las mañanas, decenas de estudiantes bajan la loma del cerro Juan Rey para ir a los colegios de la zona urbana de Usme. Foto: Tomás Mantilla.

Así las condiciones fueron las apropiadas para que el conjunto residencial ser convirtiera en un caldo de cultivo para las redes del microtráfico. Tanto en Ciudadela Bolonia y en Compostela 3, el barrio de invasión contiguo, grupos organizados manejan los expendios de droga que funcionan en las casas y apartamentos.

El poder de los grupos ilegales es tanto que a la entrada de Compostela 3 hay una pancarta con la foto del difunto líder de la banda, Wilfredy Gómez, alias ‘El Paisa’, empuñando dos revólveres.

Foto: Tomás Mantilla.

Al otro lado de la montaña, la banda que controla Compostela 3 se ha tomado también el control del territorio, venden lotes sin títulos de propiedad a población desplazada y maneja el expendio con aún más tranquilidad según varios miembros de la comunidad y el funcionario que pidió la reserva de su nombre.

“De allá sale la droga. Lo cierto si es que está comprobado que ahí las gentes mantienen armadas, que cuando la Policía entra se da bala con ellos”, afirma Villabón. Cuando denunció esto, y que frente a su casa operaba una ‘olla’, lo amenazaron de muerte.

Al igual que el funcionario, desmovilizados afirman que parte de los miembros de las bandas de Compostela y Ciudadela son algunos excombatientes de las AUC y reintegrados en este barrio de Bogotá.

Un reinsertado de las AUC sostiene que en la unidad residencial Rincones de Bolonia, un exparamilitar “estaba tratando de ubicar a todos los que (operan) expendios de droga y empezarlos a caciquear para que le respondan a él. Están en el proceso de organizarse, hay fichas de arriba que también las mueven para que apoyen con logística y armamento. Están buscando alianzas para hacer el grupo fuerte”.

“Hay tres exparamilitares que manejan las cosas en el barrio y andan con mini uzi. Ellos tienen más poder que los de Bolonia”, señala un excombatiente de las Farc refiriéndose al grupo armado que opera en Compostela 3.

Ante el problema de este barrio, el alcalde local de Usme, Jorge Eliécer Peña, dijo que están “coordinando unas mesas de servicios para esta población porque debe ser reubicada de este sitio. Se han venido haciendo operativos arrojando capturas masivas. En eso está trabajando la administración”.

La situación es tan delicada que en marzo de este año varios líderes fueron amenazados y los habitantes del sector ya hablaban de una recomposición de las bandas de narcotráfico, como lo reportó Pacifista.

Pero los temores vienes desde antes. La Defensoría del Pueblo ha advertido desde 2013, a través de cuatro informes de riesgo y cinco notas de seguimiento del Sistema de Alertas Tempranas SAT, que los grupos surgidos de la desmovilización de las AUC están en las localidades de Usme, San Cristóbal, Rafael Uribe y Ciudad Bolívar.

“El grupo armado identificado como Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC o Clan del Golfo) ha ampliado el control territorial en la ciudad, particularmente en aquellas zonas de la periferia urbana donde controlan los circuitos asociados al tráfico de sustancias psicoactivas”, dice la nota de seguimiento 002 de abril de 2017. Agrega que ha localizado “el accionar de las autodenominadas Águilas Negras ‘Bloque Capital’ en las tres localidades y no se desestima que tengan acuerdos con las AGC”.

Por eso, el Ministerio Público advirtió que más de la mitad de la localidad de Usme es una zona de riesgo y menciona puntualmente a Bolonia y Compostela como dos de los barrios más afectados, según la nota de seguimiento de abril de este año.

El funcionario explica que los grupos descendientes de las AUC que operan en Ciudadela Bolonia perdieron su antigua estructura “Son tercereados por grupos más grandes que los utilizan no sólo para economías ilegales sino también para ejercer control territorial e impedir que otros se apropien del territorio”, sostiene.

Para la Defensoría del Pueblo la situación de riesgo en Bogotá es tan grave, que en julio de este año el defensor del pueblo, Carlos Negret, le escribió al ministro del Interior, Guillermo Rivera, informándole que planeaba convocar la Comisión Intersectorial de Alertas Tempranas. Además, le remitía el Informe de riesgo 030 de julio de 2017, que estima que 50.000 civiles están en situación de riesgo en la capital y agrega que “todo lo que ocurre en Bogotá tiene trascendencia nacional”.

La comisión finalmente sí se convocó pero no emitió ninguna alerta. Esta debe recomendar al ministro si emitir o no alertas tempranas y está conformada, entre otros, por el ministro del Interior, el comandante general de las Fuerzas Militares y el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, quien a comienzos de este año causó revuelo cuando afirmó que “en Colombia no hay paramilitarismo”.

Un funcionario estatal que pidió la reserva porque no está autorizado a hablar del tema señala que “el Ministerio del Interior no quiere que se emita una alerta temprana en Bogotá, si se emitiera les tocaría aceptar el lenguaje de la Defensoría, que en Bogotá sí hay grupos posdesmovilización de los paramilitares”.

El temor de la convivencia diaria

Una pareja sube con su hijo hacia la ciudadela Bolonia. Foto: Tomás Mantilla.

El lema con el que se promovió la construcción de la urbanización Rincones Bolonia, ‘Le da un nuevo nivel a tu vida’, parece que nunca se cumplió. Las discusiones entre vecinos surgen cuando alguien cocina con leña dentro de uno de los apartamentos, al no saber cómo encender la estufa, o cuando uno de los habitantes usa su apartamento para reciclar.

Además, entre víctimas y exmiembros de grupos armados, los habitantes prefieren no hablar de quiénes eran ni de dónde vienen. Ni siquiera los reintegrados se conocen entre sí, más allá de las caras familiares que recuerdan de sus épocas de guerra.

“Si dos personas aquí saben que fui ‘guerrillo’, es mucho”, cuenta un exinsurgente que teme que los exparamilitares rearmados lo asesinen por haber pertenecido a las Farc. Hay quienes opinan que está bien que sea así. Para ellos no tiene sentido decir quiénes son pues podrían llamar la atención de viejos enemigos o victimarios.

El muro de la sala de una víctima de desplazamiento que vive en los apartamentos de Rincones de Bolonia. Foto: Tomás Mantilla.

Otros prefieren utilizar su pasado para amedrentar a la gente. Miembros de la comunidad afirman que varias familias han dejado sus apartamentos tras tener discusiones con vecinos que responden “yo soy ‘paraco’”, “usted no sabe quién soy yo” o “yo mato y como del muerto”

Muchas veces, los problemas de convivencia se mezclan con la inseguridad que ha producido el microtráfico en la zona. Así le sucedió al primer administrador de uno de los edificios de Rincones de Bolonia y a dos mujeres miembros del consejo. Huyeron del barrio luego de que alguien les escribiera en las puertas de sus apartamentos ‘Muerte para los del consejo, ratas hijueputas’.

“Cuando pasó, una de ellas, me llamó preocupada. Le dejaron sangre regada frente a la puerta”, dice Yudirlandes Palechor, líder social del pueblo indígena Nasa y uno de los más de setenta indígenas que viven en la ciudadela.

Hace pocas semanas mataron a dos hombres que estaban consumiendo sustancias psicoactivas en una de las lomas de la parte trasera del conjunto. Sus familias y algunos de sus amigos se desplazaron después de los hechos.

La amenaza es tan latente que muchas veces la comunidad ni siquiera se atreve a hablar del tema, como sucedió en la última reunión entre habitantes de Ciudadela Bolonia, organismos distritales y el alcalde local. “¿Por qué cree que nadie mencionó el tema de las drogas? Porque estamos muertos del miedo con todo lo que ha pasado”, dice un líder comunitario.

‘Limpieza social’ a manos de particulares y exmilitares

Efrén Ramos, un exmilitar del Ejército Nacional cuenta que alrededor de seis militares retirados que también viven en el barrio han estado pensando en la posibilidad de crear un “comité de seguridad”.

Ellos viven en Mirador del Parque, una etapa de la ciudadela que el Ejército compró para darles vivienda a soldados heridos y retirados. Algunos de ellos fueron dados de baja de las Fuerzas Militares por problemas psicológicos.

“Dijeron que (había que) andar armados; que al que se encontrara ‘soplando’, darle piso”, cuenta Ramos. Su justificación era que no soportaban que se consumiera droga en los escasos espacios comunes del conjunto y que los expendedores se tomaran las escaleras de los edificios para vender la droga.

“En un momento, se hizo reunión con unos delegados de la Policía y ellos también decían lo mismo, ‘si ustedes quieren, háganlo. Si a nosotros nos llaman no nos aparecemos”, asegura Ramos. Incluso a él lo invitaron a hacer parte de este comité cuando era administrador de Mirador del Parque, pero se negó.

En cambio, les advirtió de la ‘limpieza’ a los jóvenes del barrio y a quienes iban a Bolonia a consumir droga. Como no volvieron a aparecer, el comité nunca se creó.


El árbol, que está frente a Rincones de Bolonia, más conocido como La Casa es uno de los “metederos” donde los jóvenes se reúnen a consumir. Foto: Tomás Mantilla.

Frente a esto el acalde local de Usme respondió que su despacho no ha recibido denuncias concretas frente al tema. Sin embargo, dijo que sí se han hecho comentarios al respecto. “La Alcaldía siempre auspicia el tratamiento del tema de la seguridad a través de la institucionalidad. Es evidente que la administración está actuando para solucionar primero los temas de convivencia y calidad de vida de esta población”, asegura Peña.

Los militares no han sido los únicos. “Si recoge 500 pesos por apartamento, le hacemos la limpieza del barrio”. Así le han dicho algunos grupos a Yasbleidi Molano, exadministradora de Rincones de Bolonia y esposa de Rodrigo. A otros líderes les dijeron que la cuota era de 200 pesos.

En medio de las ofertas, aparecieron también los panfletos amenazantes. Uno de ellos, firmado como Águilas Negras, dice “Ahora le toca el turno a los mal p… basuqueros y sidosas, vendedores de droga, ladrones, callejeros y apartamenteros, jaladores de carros, secuestradores y jóvenes consumidores… Ya los tenemos identificados”, (sic).

Es por eso que Villabón asegura que a pesar de que algunas instituciones están llegando a la zona, la situación “les cogió ventaja desde un principio”.

“Esto es una bomba de tiempo”, dice el exintegrante de las AUC. Lo repite varias veces con resignación y a la vez con la seguridad de alguien que sabe de lo que está hablando. Según él, las cosas empeorarán pronto porque han llegado más exparamilitares a Colores de Bolonia.

A veces considera unirse con los grupos que le han hecho ofertas. “Ya estoy aburrido, me quiero ir de acá”, dice y explica que desde que llegó a Bolonia ha tenido problemas para encontrar trabajo, no se acogió al programa Justicia y Paz como varios del barrio y ahora no tiene empleo ni con qué sostener a su familia. Para él, todo sería diferente en Ciudad Bolonia si el Estado le enseñara a la gente desplazada del campo a vivir en la ciudad.

Con tono frustrado, reitera que su barrio está a punto de estallar “pero es porque el Estado cree que con dar una casa es todo, y así no es. A la gente tampoco es que se les dé el pescado, pero hay que enseñarles a pescar”.

Además de ser un laboratorio vivo de cómo es la reinserción, la ciudadela es un ejemplo de las dificultades a las que se pueden enfrentar los desmovilizados de las Farc una vez se reintegren a la vida civil. Y es que, con el tiempo, este conjunto residencial se ha convertido en un reflejo de lo que vive el país. En los lugares donde hay vacíos de poder la recomposición de los grupos armados, el microtráfico y la ardua reconciliación entre víctimas, exparamilitares y exguerrilleros, son pan de cada día.

 

Investigación realizada bajo el proyecto “CdRLab Justicia Transicional” de la organización Consejo de Redacción, con el apoyo de la AGEH y la DW.