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Miércoles, 23 Junio 2021

'Personas no localizadas', el eufemismo que usan Defensoría y Fiscalía para desestimar desapariciones

Por Nicolás Sánchez - Periodista de Especiales en PACIFISTA!

Cientos de posibles desaparecidos en Colombia fueron ‘rebautizados’ en el marco del Paro Nacional como “personas no localizadas”. El cambio de término no es un mero asunto nominal, detrás de él hay un efecto que parece conveniente para dos entidades estatales encargadas de reportar e investigar ese delito, y que pone en riesgo la protección de sus eventuales víctimas.

La Defensoría del Pueblo y la Fiscalía evitan hablar de desapariciones forzadas. En los documentos que envían a los medios de comunicación describen como “no localizadas” a las personas cuyo rastro se perdió durante el paro nacional. El término ha generado molestias en la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), y en las organizaciones de la sociedad civil que recopilan datos sobre este problema. Detrás del ‘rebautizo’, que podría entenderse solo como un asunto nominal, existe una estrategia que conviene a las entidades estatales, pero pone en riesgo la protección de las víctimas.

El uso del término hace que las cifras de desaparición confirmadas por la Fiscalía y la Defensoría sean menores que las registradas por las organizaciones sociales. El pasado 31 de mayo estas entidades reportaron 111 “personas no localizadas”, y solo cuatro denuncias por desaparición forzada: dos en Antioquia (Zaragoza y Caldas) y una en el Valle del Cauca (Yumbo). Para ambas instituciones sólo existe desaparición forzada cuando los casos cuentan con una denuncia penal por ese delito.

Las cifras de las organizaciones sociales son muy superiores. El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) reveló un listado de 346 personas que estarían desaparecidas; y la Mesa de Trabajo sobre Desaparición Forzada de la Coordinación Colombia, Europa, Estados Unidos, que integra a 23 organizaciones defensoras de derechos humanos, registró a 327 personas reportadas como desaparecidas.

El cambio de términos para referirse a las personas sin rastro conocido explica, en parte, las diferencias entre los reportes oficiales y los otros. Esta brecha ha despertado críticas en otras entidades del Estado.

El pasado 28 de mayo la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) pidió en un comunicado “no utilizar eufemismos en relación a la desaparición de personas, como por ejemplo la expresión ‘persona no localizada’”. “Una persona sobre la cual se desconoce su suerte y paradero es una desaparecida, de acuerdo al estándar internacional. No pueden denominarse 'personas no ubicadas' porque eso distrae la protección del Estado. Tampoco puede negarse lo que está pasando”, dijo Luz Marina Monzón, directora de esa entidad.

Para ella esta categoría puede tener consecuencias en las actuaciones que tomen las entidades estatales frente a las posibles desapariciones. “No sé con qué propósito lo hacen, pero sí tiene un efecto negacionista o relativista de la situación. Al decir que una persona “no está localizada” lo que se está diciendo es que todavía no se sabe dónde está, pero que está bien”, dijo Monzón. Ella explicó que cuando alguien denuncia la desaparición de un familiar, está pidiendo ayuda y protección. 

Las organizaciones sociales también se han pronunciado contra la ambigüedad del término. Entre ellas Alberto Yepes, coordinador del observatorio de derechos humanos de la Coordinación Colombia, Europa, Estados Unidos. “Es una declinación de las obligaciones de investigar, procesar y sancionar los casos de desaparición forzada. Le quieren quitar la connotación de delito a una conducta en la que se ha detenido a personas, se las ha puesto fuera del amparo de la ley y se ha negado información”, dijo.

Adriana Arboleda, coordinadora de atención a víctimas de la Corporación Jurídica Libertad, coincidió. “Es un eufemismo que busca ocultar el hecho de que esta grave violación a los derechos humanos se está dando en el marco del paro nacional”, dijo. 

El propio sindicato de defensoras y defensores de derechos humanos de Defensoría del Pueblo rechazó también la intención que esconde el término. “Es un eufemismo para desviar una tipificación en el marco de los ámbitos internacionales de derechos humanos, frente a lo que es la desaparición forzada”, dijo William Salazar, el presidente.

Una organización fantasma citada por la Defensoría

PACIFISTA! le preguntó a la Defensoría por qué habla de “personas no localizadas” en sus reportes oficiales. “Las personas que solicitan que se active el Mecanismo de Búsqueda Urgente no son consideradas como desaparecidas porque ese mecanismo, de carácter preventivo, está dirigido a que una persona de la que no se conoce su ubicación sea buscada urgentemente para evitar que pueda ser víctima de desaparición”, respondió la institución.

Esta interpretación es refutada por la directora de la UBPD. “Eso no es cierto. El Mecanismo de Búsqueda Urgente no es para buscar personas perdidas o no localizadas, es para buscar personas que pueden ser desaparecidas forzadamente”, dijo Monzón. Según ella, una cosa es no prejuzgar el delito y otra cosa es obstaculizar el alcance de un mecanismo de protección. Monzón propuso que la Fiscalía y la Defensoría podrían, si fuese necesario, utilizar palabras como “presunto”, en vez de cambiar los términos que tipifican este crimen dentro y fuera del país.

La oficina de prensa de la Defensoría aseguró que el término “persona no localizada” es una calificación de la Red de Defensorías del Pueblo en Latinoamérica. Pero en internet esta alianza no encontró ninguna referencia a esa organización. William Salazar, del sindicato de la entidad, tampoco conoce esa instancia. Un funcionario que desempeñó durante varios años un alto cargo de la Defensoría, quien pidió no ser mencionado, dijo que es la primera vez que escucha de esa organización.

Pedimos a la Defensoría el documento del cual extrajeron el concepto, pero no obtuvimos respuesta. Existen algunas organizaciones que agrupan defensorías del pueblo, pero ninguna con un nombre similar. La más grande es la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, y existen otras como la Federación Iberoamericana del Ombudsman. Buscamos también una respuesta de la Fiscalía, que también ha adoptado el término, pero tampoco hubo respuesta.

EL CASO MEXICANO: En México, el Estado también acogió el término “persona no localizada”, a pesar de la oposición de las organizaciones de la sociedad civil. “No localizada” en ese país es una persona de quien no se conoce su paradero y no se tienen indicios sobre por qué no volvió. “Desaparecido”, en cambio, es alguien de quien se tienen indicios de que su extravío fue consecuencia de un delito.

¿A quién le conviene el cambio de término?

Otro factor llamativo de este ‘rebautizo’ es que el Estado colombiano ya había acogido oficialmente otras definiciones. La Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra la Desaparición Forzada entró en vigor en Colombia desde el 10 de agosto de 2012. Este documento, por ejemplo, en ningún aparte hace referencia a “personas no localizadas”.

Incluso, la Convención define la desaparición forzada como: “el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley”. Una práctica que, según han denunciado organizaciones de la sociedad civil con cifras en mano, se estaría dando en el marco del paro nacional.

En últimas, la Defensoría y la Fiscalía decidieron acoger una categoría que no está contemplada en los documentos suscritos por el Estado colombiano y cuyo origen sigue siendo una incógnita.

Hay un precedente similar para la Fiscalía, que a finales de 2020 y comienzos de 2021 adoptó sistemáticamente en sus comunicaciones el término “homicidios colectivos” u “homicidios múltiples” para referirse a masacres, un cambio nominal que tampoco cayó nada bien organizaciones de la sociedad civil y defensores de derechos humanos. “Al utilizar el término ‘homicidios colectivos’ en lugar de ‘masacres’, el gobierno nacional no solamente opaca la medición y realidad de los hechos, sino que pareciera como si quisiera fracturar la memoria sobre la violencia en Colombia y desligarse del terrible pasado y del terrible presente””, dijo en su momento para el portal Verdad Abierta el investigador Michael Monclou, de la organización Dejusticia

Mientras las cifras oficiales no van al compás de las extraoficiales, del otro lado están las familias que, además de buscar a sus seres queridos, quedaron en medio de lo que parece ser una estrategia discursiva de la Defensoría y la Fiscalía para desestimar la gravedad de la desaparición. Son entidades que deberían estar liderando la búsqueda en su espectro más amplio en lugar de restarle alcance. 

Ante un crimen que está lejos de ser inusual en Colombia, cambiar arbitrariamente los términos puede incluso promover la comisión e impunidad del delito, o entorpecer las investigaciones. No sobra recordar informes como ‘Hasta encontrarlos’, del Centro Nacional de Memoria Histórica, que en el 2016 reveló que entre 1970 y 2015 se registró la desaparición forzada de 60.630 personas, cifra que se elevó con una nueva investigación en el 2018 hasta las 80.000. En su momento, miles de ellas habrían sido “personas no localizadas” si se hubiera acogido esta nueva terminología, pero el desenlace de sus historias demuestra el peligro de desestimar las denuncias de desaparición.

Miércoles, 23 Junio 2021

Dos noches dentro de un camión: el terror policial durante el paro

Por La Liga Contra el Silencio

Las distintas cifras sobre desaparición forzada durante el paro nacional esconden relatos de jóvenes cuyo paradero fue desconocido durante horas o días, mientras eran torturados. Muchos callan por temor, acosados por las secuelas psicológicas que, según dicen, les dejaron los maltratos de la fuerza pública.

“Era sábado. Fui casi de noche al Portal de las Américas para entregar donaciones a los muchachos de la primera línea. Cuando llegué, me encontré con un pelao que estaba herido y me acerqué a ayudarlo. En ese momento me cogieron. No me di cuenta ni cómo fue. Solo que el muchacho arrancó a correr y a mí me jalaron por la capota del buzo. Eran unos manes del Esmad”. 

Lo cuenta un estudiante bogotano de 25 años que prefiere proteger su identidad. Lo llamaremos M. Hace un par de semanas recibió una llamada y escuchó una voz masculina que mencionó su nombre. Le dijo ‘sapo’. Le dijo que debía retirar la acusación en contra de la Policía. Le dijo que va a matarlo si no lo hace.   

Se convirtió en un infierno: una y otra vez revive las imágenes de lo que sufrió, dice, en los casi tres días que estuvo desaparecido, a bordo de un camión, con otros diez muchachos maltratados.  

“Yo pensé: ‘Me van a dar una pela, me van a cascar y pa’ la casa. Pero nos metieron en un camión sin insignias de la Policía, y nos tuvieron rodando desde el sábado por la noche y todo el domingo. Nos soltaron el lunes en la tarde. Nunca había pasado tanto miedo. Me mentalicé con la idea de que me iba a morir”, cuenta con la voz entrecortada.

La niebla y la duda

Desde el pasado 28 de abril, cuando empezó uno de los más prolongados y feroces paros que se recuerden en el país, los casos sobre desaparición forzada, junto a los homicidios, se volvieron los más escabrosos de estas jornadas. Un manto de niebla y duda se ha posado sobre este capítulo. La vicefiscal general Martha Mancera llegó a afirmar en una entrevista para el diario El Tiempo que “no hay información” que permita hablar de desaparición forzada.

Cuatro circunstancias, según la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, de la ONU, deben confluir para que se constate este delito. Uno, privar a una persona de la libertad y que esa privación sea llevada a cabo por un agente estatal o por particulares que actúen con la aquiescencia del Estado o su complicidad. Dos, que se oculte a la víctima. Tres, que se niegue la privación de la libertad, así como información de su paradero. Y cuatro, que se sustraiga a la persona del amparo de la ley; es decir, que no tenga posibilidad de defensa.

La Constitución colombiana también contempla entre los derechos fundamentales que “nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”.

La Mesa de Trabajo sobre Desaparición Forzada (MDTDF) de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, que agrupa a varias organizaciones de derechos humanos, ha dicho que esos cuatro elementos figuran en las historias de una buena cantidad de víctimas registradas en sus listas desde que comenzaron las protestas.  

“Que la persona quede en libertad después de una hora o dos, o de uno o dos días, no quiere decir que no se haya consumado el delito de desaparición forzada”, explica Camila Galindo, investigadora del Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos.

La situación es tan grave, dice Galindo, que desde la Mesa han añadido el término “transitorias” a los casos de desaparición forzada que han investigado, pues no todas las desapariciones terminan en homicidios. También se usan como mecanismos de desaliento y terror. Un perverso modus operandi al que nadie ha logrado ponerle freno y que se topa con el miedo de las víctimas para denunciar.

“¿Qué hemos encontrado? Jóvenes que son trasladados por el Ejército, la Policía, el Esmad o por particulares; que los suben a carros conducidos por civiles, que se niega su paradero. Después, cuando han quedado en libertad, nos han contado que los tenían en CAIs o en camiones de la Policía”, señala Adriana Arboleda, directora de la Corporación Jurídica Libertad, una ONG de Medellín dedicada a la promoción y defensa de los derechos humanos. “No importa el tiempo transcurrido desde la detención, sino que se cumplan los criterios para hablar de desaparición forzada”, explica Arboleda.

M cuenta que fueron sus compañeros de clase los que dieron la voz de alarma sobre su desaparición. Nadie supo nunca dónde estaba. Pilar Murillo, su abogada, dice que buscó en la lista de personas retenidas y el de M no figuraba.

“Cuando me subieron al camión ya había algunos muchachos. Después de mí entraron otros tres. Enseguida los policías comenzaron a decirnos que éramos guerrilleros, que nos iban a matar”, continúa el relato de M.

“El sábado nos tuvieron toda la noche andando. El camión iba súper rápido y de repente frenaba. ¡Pam! Eran unos frenones terribles. La idea era no dejarnos dormir. Antes nos habían echado gas pimienta y después nos golpearon con una cadena como de bicicleta o de moto. A pesar de que estábamos en manos de policías uniformados, ellos siempre nos dijeron que eran paramilitares”. 

“El domingo ya estábamos ‘muertos’. Sin agua, sin comida, sin ir al baño. Los tipos se intercambiaban, subían unos y bajaban otros, eran grupos de seis a ocho y nos atacaban. Cuando me daban con la cadena sentía como si el cuero de la espalda se me desprendiera”, narra M. 

“Los tipos hacían relevos. Siempre con uniformes de policías. Entregaban el camión a otras personas, luego a otras y otras y así nos tuvieron. El domingo por la noche traté de dormir, pero era imposible. Ya para entonces estábamos muy asustados. Había mucha presión emocional. Entré en shock. Estaba seguro de que me iba a morir”. 

“Nos soltaron el lunes como a las tres de la tarde. Pero antes subió al camión un tipo que parecía de los que mandaba, y dijo: ‘A estos toca desaparecerlos. Hay que llevarlos para Soacha’. Y todo el mundo se asustó más. Entonces el camión empezó a andar y en ese momento yo ya me sentía muerto”.

“Nos dejaron en una olla de Patio Bonito. Bajamos y nos dijeron que, si mirábamos atrás, nos mataban. Que corriéramos por nuestras vidas. Recuerdo que había varias patrullas ahí. Yo di como tres pasos, pero estaba débil y me caí. Un man me levantó de un patadón y me dijo: ‘Corra, marica, que lo voy a matar’. Y ahí corrí y corrí. Me temblaba todo el cuerpo”.

“Los están amenazando” 

Las organizaciones de derechos humanos reunidas en la Mesa de Trabajo sobre Desaparición Forzada acusan tanto a la Defensoría como a la Fiscalía de utilizar eufemismos para “negar” las desapariciones, con el agravante de que ello ocurre en un país con antecedentes dramáticos, donde se calculan 80.000 desapariciones forzadas entre 1970 y 2018 en el marco del conflicto armado, según el Centro Nacional de Memoria Histórica. Aquí todavía miles de familias buscan a sus familiares en una espera eterna.

Las cifras de lo ocurrido en el paro nacional varían según la fuente, pero revelan la distancia que hay entre las ONG y los entes de control. La Mesa de Trabajo sobre Desaparición Forzada registró entre el 28 de abril y el 27 de mayo 775 personas desaparecidas, de las cuales faltan 327 por encontrar.

En el informe que Temblores ONG, Indepaz y PAIIS entregaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) durante su visita a Colombia figuran 346 personas reportadas como desaparecidas directamente a estas entidades entre el 28 de abril y el 31 de mayo. Muy lejos de las cifras que maneja la Mesa Interinstitucional de la Defensoría y la Fiscalía.

En un reporte que entregó la Fiscalía a La Liga se habla de una base de “personas no localizadas”, el nuevo término con el que se refiere a los desaparecidos. Según este organismo, hasta el pasado 10 de junio habían sido halladas 328 personas de los 572 registros iniciales que suministró la Defensoría. De esos, 153 fueron inadmitidos por inconsistencias como nombres repetidos, entre otros. Quedaron 91, de los que faltaban por localizar 84. Sobre esos casos se mantiene activo el Mecanismo de Búsqueda Urgente, una herramienta judicial preventiva que se pone en marcha desde el momento en el que se presupone que una persona está desaparecida, aunque ello no significa que se esté abriendo un proceso penal.

El mismo informe de la Fiscalía asegura que hasta el 10 de junio solo habían recibido cuatro denuncias formales por el delito de desaparición forzada. Los hechos habrían ocurrido el 4 de mayo en Zaragoza (Antioquia), el 18 en Caldas (Antioquia), el 20 en Yumbo (Valle del Cauca) y el 3 de junio en Cali.  

Que solo existan cuatro denuncias oficiales ante la Fiscalía no solamente no desvirtúa los informes de las organizaciones de derechos humanos, sino que se explica, según Luz Marina Monzón, por el miedo que se ha instalado entre las víctimas y sus familiares. Monzón es la directora de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el contexto del conflicto armado (UBPD), una entidad del Estado surgida de los acuerdos de paz con las Farc.  

“La gente está aterrorizada, los están siguiendo, los están amenazando. No tienen garantías. Entonces, ¿cómo van a presentar una denuncia?”, se pregunta Monzón. Las diferencias entre las organizaciones y la Fiscalía, explica, también se deben a la falta de líneas comunes a la hora de abordar la desaparición forzada. “Si como institución no se asume que esas personas están desaparecidas, sino que no están localizadas, las cifras nunca van a coincidir”, estima.

“El negacionismo frente a lo que está ocurriendo también se ha enfrentado en el pasado y eso hace que el Estado no actúe de manera rápida. En este momento es indispensable que pensemos en las garantías de no repetición para no someter a las personas a la incertidumbre sobre la suerte de sus hijos”, añade Monzón.

Amedrentamiento y represión 

En el Valle del Cauca, uno de los centros neurálgicos de las movilizaciones, la Red de Derechos Humanos Francisco Isaías Cifuentes tiene un reporte de 179 personas desaparecidas desde que empezó el paro. De esas, 75 siguen sin aparecer.

Según Darnelly Rodríguez, coordinadora regional de esta organización, más de una veintena de las personas halladas habían sido trasladadas a estaciones de Policía y retenidas sin derecho a comunicarse con sus familiares. Algunas presentaban heridas por arma de fuego, arma cortopunzante y signos de tortura. Hasta el 11 de junio algunas seguían hospitalizadas por la gravedad de sus lesiones.

En todas se repite el miedo. Rodríguez menciona el caso de Daniel Stiven Sánchez, ocurrido el 28 de mayo, un joven de 16 años cuyo cadáver apareció incinerado en medio de un incendio en el local Dollarcity de Siloé, al suroccidente de Cali. “Varios videos muestran cuando al joven lo cogen, se lo lleva la fuerza pública y aparece incinerado en un lugar distinto al de su detención. La familia denunció y ya tocó sacarla de su vivienda porque los amenazaron”, dice Rodríguez. 

Otro caso es el de una joven de 17 años, también detenida en Siloé, desaparecida entre el 4 y el 7 de mayo. Según su testimonio, recogido por la Red Francisco Isaías Cifuentes, los policías la llevaron a una estación en Yumbo, la mantuvieron incomunicada, la golpearon y en la noche del 7 de mayo la dejaron ir con amenazas. 

En Medellín, Adriana Arboleda, de la Corporación Justicia y Libertad recuerda el caso de un chico que estuvo retenido durante tres días. “Lo golpearon, lo volvieron nada y después le dijeron que se fuera. Él alcanzó a caminar dos cuadras y lo volvieron a capturar. Lo subieron a un camión donde estaban, según su relato, otras treinta personas. Ahí los tuvieron 24 horas. Inicialmente este joven nos dio su testimonio y nos pidió ayuda para seguir el proceso de la denuncia. Pues hoy dice que no quiere saber nada, que es mejor dejar las cosas así”, cuenta Arboleda. 

Las organizaciones insisten en que las “desapariciones forzadas transitorias” están logrando su cometido de “amedrentamiento y represión de la protesta social”. También se quejan de los puentes rotos con la Defensoría y la Fiscalía, y acusan a esta última por no actuar de oficio en un contexto tan convulso.

Según Camila Galindo, de la MDTDF, las ONG’s han recibido los reportes que les llegan de forma directa o a través de redes sociales, pero no tienen la capacidad de hacer seguimiento a todos los casos. Admiten que algunas personas pudieron no estar desaparecidas, pero su función es recibir la información e inscribirlas en sus listados hasta que se aclare su situación. “Insistimos en que como organizaciones estamos cumpliendo funciones que les competen al Ministerio Público. Este registro lo debería estar impulsando tanto la Defensoría como la Procuraduría con todo lo que ello implica: estar en las calles y registrar quiénes son las personas detenidas, pero resulta que esos datos no los publican a menos que se les exija”, dice Galindo.   

Luz Marina Monzón cree que hay que ir más allá del debate sobre las cifras de desaparecidos mientras no haya información clara. Lo urgente, insiste, es que la Fiscalía explique en detalle dónde fueron localizadas las personas que figuraban como desaparecidas, en qué circunstancias y cuál es su situación actual. Una información que, asegura, no se está suministrando.   

La Defensoría no respondió las preguntas de La Liga. La Fiscalía desoyó la solicitud de hablar con un portavoz y la Policía remitió un documento que da cuenta de 198 investigaciones por presuntas faltas disciplinarias entre el 28 de abril y el 13 de junio, distribuidas así: 96 por abuso de autoridad, 14 por homicidio, 37 agresiones físicas, 21 lesiones personales y 30 en el apartado de “otras conductas”.

En el mismo documento constan 7.020 traslados por protección, la figura más utilizada para retener a los manifestantes, según las organizaciones de derechos humanos. Este procedimiento, que debe ser informado, permite que los agentes trasladen a alguien cuya vida está en peligro o que ponga en riesgo la de alguien más.  

M asegura que al detenerlo nunca le dijeron de qué se le acusaba. Cuando terminó su pesadilla logró llegar a casa, se tumbó en la cama, perdió la conciencia y tuvieron que llevarlo a un hospital, donde estuvo más de una semana. 

Un tiempo después volvió al Portal de las Américas, rebautizado por los manifestantes como “Portal de la Resistencia”, el sitio donde lo capturaron. Quería encontrar a los otros chicos, saber qué fue de ellos, juntarse para denunciar. Pero no vio a nadie conocido. Hoy siente cosas que no sabe explicar. No duerme bien, sufre pesadillas, la depresión y el miedo lo dominan. “Uno lo cuenta en cinco minutos. Pero créame, fue como si hubiera estado una semana metido dentro de ese camión”.