Como sabemos que el tema le significa extrema prioridad a la ciudadanía, aquí te contamos al detalle lo que sucede en relación al alto costo de la tarifa. 

En el último año, el valor de la electricidad en Barranquilla se incrementó por encima del 40%, ese fue incluso el patrón de comportamiento de las ciudades capitales del Caribe, contrario a lo que sucedió en el resto del país en donde el aumento porcentual es de un 25,9%, así lo detalla el informe IPC del DANE (agosto 2022), que detalla cómo el impuesto al consumo de electricidad de la región tiene una excesiva variación anual: Santa Marta registró un 49,9%; Riohacha, 47,1%; Barranquilla, 44,4%; Sincelejo, 40,7%, Valledupar, 40,4% y Montería, 40,4%

Informe anual-IPC-del DANE  2022

La ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, anunció que se adelantan acciones para disminuir esta alza. La funcionaria se refirió a ello luego de la primera de las reuniones con agentes del sector:

“A nivel nacional, entre enero de 2020 y julio de 2022, las tarifas de  energía se han incrementado en un 43% para un usuario de estrato 4, que es aquel que no es contribuyente ni beneficiario de subsidios. Esta es una situación grave, cuya solución no solo está en manos de los gobernantes locales y regionales, sino en las de todos los actores que conforman el sector. Por eso, como Gobierno Nacional, nos hemos reunido hoy en largas jornadas con ellos, para entablar un camino hacia la estabilización de la principal angustia de la ciudadanía caribeña”.

Tal ha sido el incremento de las tarifas de energía en la costa Atlántica, que el descontento ha generado fuertes manifestaciones en la ciudad, al punto que incluso el presidente, Gustavo Petro, le exigió una explicación pública al Ministerio de Minas.

¿Puede aumentar el pago por servicio de electricidad cuando los embalses estan llenos y es temporada de muchas lluvias?

Citaré a todas las autoridades del sector energético para que nos expliquen este comportamiento extraño. https://t.co/7bIQCc38pn

— Gustavo Petro (@petrogustavo) September 5, 2022

“Los incrementos en electricidad se dan fundamentalmente en la costa Atlántica. El ministerio de minas y energía explicará públicamente a la región Caribe por qué razón crecen tan sustancialmente las tarifas del Caribe” (sic), escribió.  

Luego de ello, la entidad respondió ante la Comisión Quinta del Senado que los incrementos en el costo unitario de prestación del servicio de energía y de las tarifas en la región Caribe en 2021 y 2022 se explican principalmente, en su orden, por los componentes de pérdidas, distribución y comercialización, cargos que son regulados por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG). Ante ello, Petro ordenó que el Ministerio asumiera estas funciones para intervenir el mercado de energía eléctrica, tomando por base el artículo 290 del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022.

El Ministerio argumentó que las tarifas de energía han incrementado en sus componentes, principalmente por variaciones propias al Índice de Precios al Productor (IPP) y del Índice de Precios al Consumidor (IPC), indicadores que han afectado los costos asociados a la generación, la distribución, la transmisión y la comercialización para los usuarios regulados de energía en todo el país.

Luego, expuso su propuesta para superar la situación, denominada “Pacto por la Justicia Tarifaria”, un espacio de articulación con todos los actores del sector de la energía que busca lograr un acuerdo de todas las partes que busca modificar el índice que afecta a todos los componentes de la tarifa, analizando el impacto de indicadores como el IPP y el IPC, modificaciones en la tarifa que empezarían a regir desde noviembre, así lo acordaron en su cronograma de acciones.

Cronograma Pacto por la Justicia Tarifaria, Fuente: Ministerio de Minas

El 16 de septiembre, la Ministra de Minas le anunció al país los acuerdos logrados para modificar el régimen tarifario, en donde, según ella, el usuario estaría en el centro de las soluciones. Lo pactado se detalló así: regulación para disminuir la tarifa del país a corto plazo, empresas generadoras y comercializadoras negociarán los contratos para beneficiar a los usuarios, seguimiento a la CREG y del Ministerio de Minas y Energía a los acuerdos y el diálogo vinculante donde el gobierno, las empresas y los ciudadanos participen. 

Además, el Ministerio y la CREG emitieron la propuesta de resolución 701-017, proyectada a 12 meses, que buscaría involucrar a todos los actores de la cadena de la electricidad en la reducción de las tarifas eléctricas, en su camino a aliviar la carga de los comercializadores que son los que recaudan el dinero, permitiéndoles el diferimiento de, al menos, el 20% de las obligaciones desde septiembre al mes de diciembre de 2022 con los generadores, transmisores y distribuidores. Dichas modificaciones serán monitoreadas por  la Superintendencia y, finalmente, el acuerdo de  renegociación de los contratos del mercado regulado entre comercializadores y generadores. Esto incluye la modificación de tiempos de pago y los periodos de consumo en 12 meses.

La viceministra dijo en rueda de prensa que las tres medidas regulatorias, establecen que las empresas reguladoras y comercializadoras hagan una renegociación de los contratos  que fijan los valores de la tarifa, se le haga seguimiento al valor de los indexadores que son las medidas que afectan a la tarifa: generación, transporte y distribución en el ámbito nacional, sin embargo, la viceministra  también afirmó en entrevista con Caracol Noticias que la reducción en el valor de las tarifas dependería  de los contratos que se puedan renegociar con las empresas, ya que cada región tiene una distinta, que define territorialmente los costos de manera variable.

En lo anterior coincide la presidenta de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen), Natalia Gutiérrez, quien dijo en esa misma entrevista que la tarifa del país varía de una forma diferente en la región Caribe, con el agregado del componente de restricciones y pérdidas técnicas, algo que también ha sido expuesto por la CREG desde 2011.

Por su parte, la CREG expidió, por dirección del Ministerio de Minas, tres resoluciones que buscan renegociar los contratos, optimizar las operaciones de la planta y controlar la tarifa, detalladas así: Resolución 101 027, Resolución 101 028  y la Resolución 101 029 .

Sin embargo, la Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos y la Mesa Técnica de Energía de Barranquilla, conformada por académicos y expertos en temas energéticos, dijeron en comunicado público que esa decisión es transitoria, que aplaza el problema pero no es una decisión definitiva para la ciudad y mucho menos para la región Caribe, porque no modifica la Resolución 010 de la CREG, que fija el valor de la energía en el Caribe, y que en la ciudad no se lograrían cambios estructurales en el valor de la tarifa.

Existe un costo que está presente en las facturas de las empresas prestadoras de servicio en la región Caribe llamado pérdidas no técnicas  que corresponde a un porcentaje de la factura que refiere a las pérdidas ocasionadas por el robo de energía por parte de terceros a la empresa, en el caso de Afinia, es de 17%, y de Air-e, de un 12,7%, mientras la media nacional es 6,8%, situación que termina por impactar el valor en la factura de los usuarios sin distinción.

Otro de los argumentos de los integrantes de esa Mesa son los altos costos de la generación de energía y  lo que ellos denominan “impuestos disfrazados” en la factura de forma arbitraria como el cobro de bienes y servicios no solicitados como el de aseo e incluso el de la tasa de seguridad y convivencia ciudadana, algo que han denunciado reiteradamente los usuarios desde hace más de dos décadas.

La Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos afirma que el sistema de facturación vigente es ilegal porque incluye unas altas tarifas y un servicio bastante desmejorado, en donde además se pretende que el Estado pague la deuda de $7,29 billones de pesos, dejada por la anterior empresa, Electricaribe; sumado a las quejas recurrentes en donde se afirma que esa empresa no cumplió con lo acordado en el subsidio a familias vulnerables mediante el Fondo de Energía Social (FOES), tal como lo confirmó el fallo con responsabilidad fiscal de la Contraloría en contra de Electricaribe por no entregar 211 millones de pesos para la población de los estratos más bajos de la región.

Otra de las organizaciones que solicita se reduzcan las tarifas es la Asociación de Comerciantes del Centro de Barranquilla (Asocentro). En el marco del Foro sobre Tarifas de Energía, su directora, Dina Luz Pardo, afirmó que de momento el acuerdo expuesto por el Ministerio de Minas plantea una reducción de las tarifas gradual nacional, pero que ello no garantiza cambios de fondo en el valor, ya que estos estarían directamente vinculados al tipo de operador del servicio en esos lugares y ello no genera la solución que requieren la región y la ciudad.

Además, dijo que los usuarios no deberían pagar las pérdidas no técnicas que sufre la empresa por el robo de terceros y, asimismo, agregó que rechaza la adaptación de medidores inteligentes, al tiempo que propusieron no pagar más facturas hasta que se reduzca la tarifa.

El diálogo sobre las tarifas de energía terminó con la propuesta de seis puntos esenciales para darle trámite a esta situación, en donde no se le cobre las pérdidas no técnicas a los usuarios, se modifique la metodología de cálculo costo de generación de energía, se le haga seguimiento al consumo de subsistencia a 220 kilovatios, se integre verticalmente a todas las empresas que hacen parte del sector eléctrico, al tiempo que se diseñe un acuerdo de comprador y vendedor sobre el valor del indexador.

Nuevas empresas se están uniendo al pacto tarifario, como lo expuso la ministra el pasado 8 de octubre. El martes 11 de octubre, el gerente de Air-e, Jhon Jairo Toro, anunció una reducción en la tarifa de energía de apenas un 5,65% en Atlántico, La Guajira y Magdalena, que equivale a 50 pesos por kilovatio. Por el contrario, la empresa Afinia, encargada de la administración de energía de  Bolívar, Córdoba y Sucre afirmó en comunicado público no acogerse a ningún tipo de reducción de tarifas por ahora, argumentando que la Resolución 101 031 de 2022 pone en riesgo a su empresa. 

Ante tal decisión, la Liga Nacional de Usuarios de los Servicios Públicos expuso en un comunicado público que lo dicho por ambas empresas es una burla a los usuarios de la región caribe, ya que, según ellos, esas medidas son insuficientes e insatisfactorias porque no resolverían el problema de fondo del valor de las tarifas:

“Ahora que acabamos de conocer por el gerente de Aire que el ‘esfuerzo’ de su empresa, equivale a un descuento de $50 pesos a partir de la factura de noviembre para los usuarios de los departamentos de la Guajira, Atlántico y Magdalena, es decir apenas les bajará la tarifa un 5,6%, cuando para el último año han tenido que soportar aumentos hasta del 50%, los hechos nos dan la razón, esto es una burla”.

La ministra dijo el 12 de octubre que la tarifa tendrá una disminución de entre el 4% y el 8% en el ámbito nacional, pero las empresas Afinia y Air-e aún no ofrecen soluciones de fondo que permitan disminuir el valor de las tarifas en Barranquilla y otras ciudades del Caribe.

Un problema de años atrás, la transición de Electricaribe a Air-e

El dolor de cabeza con las tarifas de energía no es reciente  en la ciudad. La anterior empresa que ofrecía el servicio en la región era Electricaribe, que fue por veinte años la empresa comercializadora de energía en la ciudad y la región Caribe. Desde el 2000, empezó a ser administrada por la española Unión Fenosa, un grupo al que, en noviembre de 2016, el Gobierno le finalizó el contrato de administración y eso terminó en una demanda ante el Tribunal de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil contra el Estado colombiano por casi 5 billones de pesos, que el país ganó.

El expresidente Iván Duque dijo en 2018, en declaración pública, que el Estado continuaría administrando Electricaribe hasta que lograra encontrar un oferente con interés en comprarla. Luego la Superintendencia de Servicios Públicos delegó a la interventora Ángela Patricia Rojas para lograr un supuesto borrón y cuenta nueva en relación al valor de las facturas, pero esa estrategia se limitó hacer más livianos sus pasivos y cambiar la estructura de las tarifas. Lo que significaba que luego de la venta de la empresa, el gobierno no pagaría la deuda anterior ni el pasivo pensional, y ello subiría las tarifas. El 29 de noviembre de 2018, el entonces mandatario Duque dijo que la Nación asumía el pasivo pensional de la compañía y daba vía a la participación privada o público-privada para iniciar la selección del oferente.

Ese día el senador coordinador de la bancada del Caribe, el conservador Efraín Cepeda, dijo en ese mismo evento que la Nación asumiría los pasivos y que las deudas de antes de la intervención tampoco entrarían en el esquema del nuevo operador.

En 2019, se aprobó en el Congreso el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 ‘Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad’ a (Ley 1955 de 2019) con los artículos 315, 316, 317 y 318 para “adoptar las disposiciones necesarias para asegurar la prestación eficiente y sostenible del servicio público de distribución y comercialización de electricidad en la Costa Caribe”, en donde se fijaba la sobretasa de 4 pesos por kilovatio para los estratos 4, 5 y 6 en todo el país.

Luego, en 2020, el gobierno de Duque cedió la operación de la infraestructura de Electricaribe a las empresas Air-e (inicialmente Caribe Sol, creada por el Consorcio Energía de la Costa, de las empresas EnerPereira y a Latin American Capital) y Afinia (Caribe Mar, creada por EPM) y así el bien de la Nación pasó a manos de los privados.

La subasta de venta se hizo el 20 de marzo de 2020. Esta operación se desarrolló de manera confidencial. La Liga contra el Silencio denunció, en su investigación “Electricaribe: un negocio en la sombras”, que el gobierno desembolsó más de 720.000 millones de pesos para reconocer un déficit de subsidios que fueron repartidos entre los nuevos operadores.  A la fecha se desconoce el valor de la compra de la empresa y el tamaño de la deuda asumida por esta acción.

La investigación afirma:

“Los activos actuales [en febrero de 2021] de la empresa ascienden a seis billones de pesos y cuentan con casi tres millones de clientes en siete departamentos (Bolívar, Cesar, Sucre, Córdoba, Atlántico, Guajira y Magdalena). El trato afectó a unos diez millones de habitantes, en un mercado con un 23 % de participación en el suministro de energía nacional. La inversión de ambas empresas compromete una inyección de casi nueve billones de pesos durante los próximos diez años (5 Afinia y 3,7 Air-e)”.

Luego del incremento de la tarifa CREG, en el Plan de Desarrollo se aprobó un régimen especial para los mercados que atienden las empresas Air-e y Afinia. Esta acción terminó en incrementar las tarifas del servicio público domiciliario de energía eléctrica en la costa Caribe, al establecer que la variación para esta región debe ser al menos igual al promedio nacional, en la medida en que refleje, como mínimo, las inversiones realizadas, el cumplimiento de las metas de calidad y de reducción de pérdidas.

El valor diferenciado de la factura en la ciudad de Barranquilla y la región Caribe 

La investigación “Impacto de las tarifas en la región Caribe” de la Fundación para el Desarrollo del Caribe (Fundesarrollo)  afirma que el alza en tarifa de energía llevó a que 11.000 hogares del país ingresaran a la condición de pobreza monetaria. De ellos, el 39% están en esa región, la más afectada por efecto de las resoluciones especiales de la CREG. 

Según esta investigación, la regulación reciente, en especial la del régimen “singular y transitorio” para el Caribe, en donde se evidencia que la CREG tiene una interpretación amplia de los criterios básicos para definir las fórmulas tarifarias por parte de las comisiones de regulación en Colombia, descritos en el Artículo 87 de la Ley 142 de 1994.

“El Costo Unitario (CU) de Prestación de Servicio en la región ha tenido una tendencia creciente con el paso de los años, tanto en términos nominales, así como en la factura, caso concreto lo sucedido desde marzo de 2021 hasta junio de 2022, en donde el CU incrementó, en un 50% para Air-e y 39% para Afinia”, detalla Fundesarrollo. 

Además, la Fundación analizó el comportamiento de los distintos componentes del costo unitario en estos últimos dos años, en concreto el componente de pérdidas. Según ellos, este es el que más ha contribuido a sus incrementos. En el caso de Air-e, en 2021 supuso el 70% del cambio y en 2022, el 54%. Mientras tanto, en el de Afinia fue el 57% y el 42%, respectivamente.  

Para la entidad, la evolución de la regulación y del  modelo de gestión tienen que pasar por la transformación de un marco regulatorio especial para la región. Así, según afirma, el modelo resultaría integral y eficiente en una empresa saneada en sus pasivos históricos y cuyas tarifas generarían un flujo de caja similar al precio de compra:

“Como las pérdidas no mejoran, el CU sube a pesar de tener un aumento de demanda que, por economías de escala, debería redundar en una reducción en el Costo Unitario. Tras múltiples medidas en lo regulatorio, en política pública, tras haber incluido programas de reducción de pérdidas, financiado inversiones, tenido 4 operadores diferentes, permitido a terceros llevar a cabo las inversiones y dado subvenciones durante muchos años, el panorama de la prestación del servicio de energía eléctrica en la región no parece consistente con 25 años de reformas”. 

Según la institución, la principal razón de dichos incrementos son las pérdidas reconocidas, el cargo de comercialización y el cargo de distribución que se suman a una coyuntura de alzas en los precios de los combustibles, la inflación y en los precios de generación de energía.

“La regulación reciente, en especial la del régimen singular y transitorio, es otra de las causas que confirma una lenta, pero sostenida tendencia a remunerar el costo del servicio basado en el costo de la empresa, más que en el costo de la empresa eficiente que constituyó el modelo de regulación de las primeras revisiones regulatorias. Esa tendencia desemboca en el reconocimiento de las pérdidas reales, la adopción de tarifas retrospectivas (a la fecha de la solicitud tarifaria y no de la expedición de tarifas), además de la aceptación de modelos basados en planes de inversión que busca fomentar la inversión como lo es el de la resolución general (CREG)”.

Por su parte, el DANE en su último registro disponible del mes de septiembre acerca de la variación anual del IPC de electricidad según dominios geográficos, expone que la ciudad de Barranquilla presenta una disminución de un 4% en relación a agosto.

Ante el anterior panorama la ciudadanía barranquillera y la región caribe está a la espera de un nuevo marco tarifario que  permita reducir estos altos valores de las facturas y con ello se disminuya la pobreza monetaria  con la que se han visto afectados los hogares de la región por motivo de los altos costos del servicio de energía.