3 DATOS CLAVE:

1. Una de las estrategias del país para promover la transición energética son las comunidades energéticas, en las que los usuarios generan, comercializan y usan su propia energía mediante fuentes no convencionales de energías renovables.
2. Los principales objetivos que busca esta estrategia, contemplada en Plan Nacional de Desarrollo y el decreto 2236 de 2023, es mejorar y aumentar la cobertura del servicio de energía, especialmente para poblaciones vulnerables, y democratizar la generación por medio de una participación más activa de los usuarios.
3. La implementación enfrenta desafíos regulatorios y financieros. Aunque hay 18.460 poblaciones interesadas en participar, la falta de regulación específica e incentivos financieros adecuados puede dificultar el avance. Aún así, se espera tener 3.000 comunidades energéticas operativas para 2026.

En Colombia ha comenzado a avanzar una estrategia que propone que sean los usuarios quienes generen su propia energía. De esta manera, no solo se subvierte la cadena de valor de la energía que explicamos en este texto, sino que se puede democratizar la energía y aumentar la eficiencia de este recurso. A esta estrategia se le conoce como comunidades energéticas (CE).

Pero la idea de que la generación y distribución de la energía no dependa de un tercero, sino que esté en control de los mismos usuarios está lejos de ser única o innovadora en el mundo. De acuerdo con Ana María Ramírez Tovar, asesora en la dirección de energía eléctrica del Ministerio de Minas y Energía, desde 1950 existen proyectos colectivos de autogeneración de energía. Incluso, en 2023 en Colombia se llevó a cabo un piloto de usuarios asociados para generar energía y venderla al Sistema Interconectado Nacional (SIN) a partir de paneles solares en el barrio El Salvador de Medellín. 

Allí, 25 familias se sumaron a un proyecto liderado por la Universidad EIA y con apoyo de Empresas Públicas de Medellín (EPM). De acuerdo con Juanita Giraldo, experta en transiciones energéticas y una de las personas detrás del proyecto en El Salvador, los primeros resultados muestran que algunos de los participantes no solo lograron reducir el precio de su energía eléctrica, sino que generaron ganancias.

Aun así, en Colombia la idea de comunidades organizadas alrededor de la energía sigue siendo poco conocida, a pesar de ser una de las principales apuestas del gobierno de Gustavo Petro en materia de transición energética, según dijo el miembro del equipo de comunidades energéticas del Ministerio de Minas y Energía, Simón Garcia Orrego, durante el primer Congreso de Transición Energética.

Para entender mejor de qué se tratan las comunidades energéticas, en este explicador te contamos cómo las ha definido el Gobierno y por qué es una apuesta importante para la transición energética que debe hacer Colombia. Además, cuál es la hoja de ruta para su implementación en Colombia y qué tan realizables son las metas que se plantea el gobierno con esta estrategia.

¿Cómo se definen las comunidades energéticas en Colombia?

Durante el lanzamiento de la estrategia de postulación para comunidades energéticas en Nortechón, un poblado de Uribia (La Guajira), en noviembre de 2023, el viceministro de Minas y Energía, Javier Campillo, explicó que las comunidades energéticas eran “la integración de la comunidad alrededor de la generación, uso y distribución a través de sistemas de microrredes de la energía. Las comunidades energéticas ponen a la comunidad en el centro y, más allá de ser solamente usuarios de la energía, como estamos acostumbrados, entra a ser parte fundamental en la generación de energía”.

De acuerdo con el artículo 235 de la Ley 2294 de 2023 del Plan Nacional de Desarrollo 2022 - 2026 (PND), el modelo de comunidades energéticas consiste en lo siguiente: “Los usuarios o potenciales usuarios de servicios energéticos podrán constituir Comunidades Energéticas para generar, comercializar y/o usar eficientemente la energía a través del uso de fuentes no convencionales de energía renovables -FNCER-, combustibles renovables y recursos energéticos distribuidos”.

Luego, en diciembre, el gobierno expidió el decreto 2236 de 2023 con el que se reglamenta parcialmente cómo funcionarán y cuáles son los pasos a seguir para desarrollar comunidades energéticas. Allí, las definen como:

“Comunidades organizadas que surgen en virtud de un acuerdo entre personas naturales y/o jurídicas de derecho público o privado que cooperan entre sí a través de un contrato o convenio asociativo para desarrollar las siguientes actividades: generación, comercialización y uso eficiente de la energía a través del uso de Fuentes No Convencionales de Energía Renovables -FNCER-, combustibles renovables y recursos energéticos distribuidos”.

Según explicó el ministro de Minas y Energía, Andrés Calle, una comunidad energética puede abarcar varios y distintos tipos de asociatividad entre ciudadanos, por ejemplo, “un consejo comunitario, una junta de acción comunal, una institución educativa o un grupo de comerciantes”.

Estas asociaciones energéticas operarán bajo el derecho privado. “Es decir que las comunidades pueden de forma libre escoger aliados, que pueden ser otras comunidades o empresas privadas, para hacer esta prestación del servicio de energía”, explicó. Además, el modelo tiene en cuenta y respeta el gobierno propio de los pueblos y comunidades indígenas, de comunidades campesinas, negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras.

Si bien este modelo abre las puertas a muchos tipos de asociaciones, no cualquier solución energética que se entregue a una comunidad la transformará, automáticamente, en una comunidad energética. Un primer requisito para ser considerada una de estas es que la comunidad se haya postulado en el Registro Único de Comunidades Energéticas, una herramienta que sirve para conocer el potencial energético de las comunidades y priorizar acciones desde el Ministerio de Minas y Energía.

También, según explicó la ingeniera ambiental y quien fue consultora de transición energética y comunidades energéticas de la Universidad EIA Juanita Giraldo a La Silla Vacía, una condición para que un grupo de usuarios se considere una comunidad energética es que el proyecto represente un beneficio para la comunidad: “Una de las claves es que las comunidades deben recibir una ganancia con esa generación. Si, por ejemplo, una empresa va e instala unos paneles solares en una comunidad cualquiera, pero siguen siendo dueños de los productos o las ganancias, no cuentan como comunidades energéticas”.

¿Cómo podrán operar las comunidades?

El decreto 2236 identifica dos tipos de comunidades energéticas y crea dos actividades nuevas que entrarán a formar parte de la cadena de la energía eléctrica o maneras en las que las comunidades pueden generar, comercializar, utilizar o mejorar la eficiencia de esta esta: el autogenerador colectivo (AGRC) y generador distribuido colectivo (GDC).

El primero implica una solución tecnológica que genera energía para el consumo de la propia comunidad y es administrada por esta. Por ejemplo, en Nortechón, el gobierno construyó la casa Michi Kai´i, una instalación de generación fotovoltáica que le brinda electricidad a sus habitantes.

Otras soluciones de este tipo pueden ser generadores eléctricos a partir de biomasa o centrales hidroeléctricas de pequeña escala en cauces cercanos a las poblaciones o que aprovechen las mareas en comunidades aledañas al mar, como es el caso del barrio Don Jaca, en el norte de Santa Marta.

En el caso de los generadores distribuidos colectivos, en cambio, no se implementa una única “estación de generación”, sino que varios usuarios de la misma comunidad generan su propia energía y esta se suma a una “bolsa” colectiva para venderla al Sistema Interconectado Nacional o para el propio consumo. 

“Como si cada uno pudiese cultivar y tener sus propias frutas y sumar en un mercado colectivo, de igual forma la energía que genera cada uno se va a sumar”, amplió el viceministro. Este tipo de comunidad es similar al piloto hecho en el barrio La Estrecha en Medellín.

¿Cuáles son los principales objetivos del gobierno con esta estrategia?

Según explica el gobierno, el principal objetivo de estas comunidades es mejorar y aumentar la cobertura del servicio de energía, especialmente para poblaciones vulnerables, y democratizar la generación de energía promoviendo una participación más activa de los usuarios. “Al final de cuentas, va a permitir que la comunidad sea dueña de su propia energía, que sea soberana”, afirmó el viceministro Campillo.

También, como afirmó el ministro Camacho en entrevista con el diario La República, las comunidades energéticas son un pilar de la transición energética en el país. “No solo es el concepto de usuario, sino que hoy los usuarios pueden producir energía. En el mundo ya estamos hablando de un nuevo concepto que son ‘prosumidores’: consumen pero también producen. Y eso es parte de lo que necesitamos introducir para preparar las condiciones que permitan que la transición energética se desarrolle en Colombia”.

Según explica el gobierno en un ABC sobre la estrategia, los principales objetivos de esta estrategia incluyen:

Incluso, el gobierno ve en las comunidades energéticas una solución para reducir los precios de la energía en el Caribe en el corto plazo, como lo aseguró el ministro Camacho durante la Cumbre Energética del Caribe en marzo de 2024.

Del dicho al hecho…

El gobierno plantea una estrategia de cinco pasos para implementar este plan: postulación, focalización y selección de proyectos, exploración técnica y avanzada social, apadrinamiento y, finalmente, la consolidación de una red nacional e internacional de comunidades energéticas. 

La etapa de postulación comenzó en noviembre de 2023 y las poblaciones interesadas debían postularse llenando un formulario en una web. Hasta el 17 de abril, cuando la plataforma dejó de recibir postulaciones, 18.460 comunidades se habían registrado. 

De estos postulados, el ministerio priorizó a 2.475 comunidades, en su mayoría en las regiones Pacífica y Caribe, según le dijo Camacho a La República: “Ahora venimos en un proceso de priorización. Ya tenemos en construcción 1.000 comunidades energéticas y esperaríamos llegar a 2.000 construidas entre este y el próximo año. Con la meta de, finalizando nuestro gobierno, al menos tener unas 3.000 comunidades energéticas construidas”.

Aunque las metas parecen ambiciosas, el gobierno ha dicho que algunos de estos proyectos ya están en marcha. Por ejemplo, en Isla Grande en el archipiélago de las Islas del Rosario, se está adaptando una institución educativa para que funcione como una central de generación de energía híbrida a partir del sol y el diesel. 

Si bien esta central específica sigue utilizando combustibles fósiles, “se está fortaleciendo a la comunidad para que sea la gestora de ese sistema de energía y se sustente o sea sostenible a través de la venta de energía a los hoteles o a las actividades productivas cercanas”, dijo a El Espectador Simón García, quien hace parte del equipo de las comunidades energéticas del ministerio de minas. 

Sin embargo, el de Petro no ha sido el único gobierno con planes para electrificar estas islas del Caribe. Como ha reportado el medio Mutante, desde 2016 y durante los gobiernos de Juan Manuel Santos, Iván Duque y Petro, las soluciones propuestas tanto para Isla Grande como para Múcura y Santa Cruz del Islote no han resuelto los problemas de conectividad de la región. 

Por un lado, ha fallado la capacitación para el mantenimiento de estos equipos por parte de la comunidad, lo cual disminuyó su capacidad y vida útil. Con Duque, a pesar de una inversión de más de 2.000 millones para repotenciar la estrategia, menos de dos años después las baterías de estas tecnologías explotaron y dejaron sin energía a las tres islas durante 122 días. Este gobierno le concedió el manejo de esta energía a la empresa Soling del Sinú, cuyos fundadores no tenían experiencia en energías renovables y cuya elección tuvo varios vacíos de transparencia. Aún así, el gobierno Petro renovó el contrato de operación a esta empresa.

El 17 de mayo, en Bojayá, Chocó, y con la presencia de Petro y el ministro Camacho, se lanzó la estrategia nacional de comunidades energéticas. 

Durante el evento el ministro también anunció el lanzamiento de 23 comunidades energéticas educativas en instituciones públicas del Chocó el 17 de mayo de 2024. Como su nombre indica, estas soluciones están enfocadas en equipar con tecnología fotovoltaica instituciones educativas públicas.

Aunque estos proyectos ya están en marcha y se denominan comunidades energéticas, la regulación específica del funcionamiento y constitución de estas comunidades se ha ido estableciendo durante todo el 2024. En abril, se publicó la resolución 40136 de 2024, que crea el Registro único de Comunidades Energéticas (Ruce) y con el que se establecen algunos parámetros para que una población se considere comunidad energética, como la capacidad instalada de generación, el tipo de contrato de asociación o el número de personas beneficiadas. 

También en abril, mediante la resolución 40137 de 2024, también se establecieron los “criterios de focalización para la orientación de recursos públicos con destino a Comunidades Energéticas”. Algunos de estos son el índice de pobreza (y pobreza energética) multidimensional, los territorios de paz, territorios de pueblos originarios o que sus miembros sean personas de especial protección del sector paz, como víctimas o gente en proceso de reincorporación.

Sobre el límite de generacipon y distribución de los dos modelos de generación, el Autogenerador Colectivo y Generador Distribuido Colectivo, hay una resolución en proceso, de la que la UPME ya ha recibido respuestas por parte de la sociedad civil y de expertos, según se explicó en una circular del 28 de junio. 

También se conoce el borrador de una regulación de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), con el que se armonizará la regulación para facilitar la integración de las comunidades energéticas al Sistema Eléctrico Nacional.

Para Alexa Guzmán, abogada de Transforma, esto muestra que la normatividad sobre las Comunidades Energéticas está avanzando. “Lo que queda pendiente está avanzando, aunque a paso lento. De los plazos que se han anunciado, vamos atrasados, pero no se puede decir que no se ha hecho nada”.

Aún así, la regulación faltante y la velocidad a la que se avanza es un motivo de preocupación para otros expertos. 

…hay mucho trecho

De acuerdo con Isabel Preciado Ochoa, de la organización ambientalista Censat Agua Viva, “una de las principales barreras de esta estrategia es la falta de un proceso de información y participación amplio y adecuado, especialmente notorio en comunidades étnicas donde se ha ignorado la autonomía territorial, el gobierno propio y los mecanismos de consulta previa y consentimiento previo, libre e informado”.

Juanita Giraldo, una de las autoras de la investigación ‘Redefiniendo las Comunidades Energéticas para una Transición Justa enfatiza en que hablar de comunidades energéticas no es simplemente dotar con soluciones tecnológicas a poblaciones, sino que es clave la gobernanza y la autonomía que estas comunidades tengan para ser “dueñas” de estas soluciones. “Que las personas entiendan por qué están creando una comunidad energética. Que sean capaces de legalizar ellas mismas sus proyectos. Es un tema de acercarlo a la gente, que se interese, participe y se organice. Es un tema que toma tiempo”, argumenta. 

Además de estas dificultades de gobernanza, Preciado Ochoa señala que “la falta de capacidades técnicas, organizativas y económicas dentro de las propias comunidades es un desafío significativo”. Según explican, países como Alemania han desarrollado sus modelos de cooperación energética durante más de tres décadas, por lo que creen que es crucial diseñar programas suficientes y dedicados para fortalecer las capacidades de gestión energética de estas comunidades.

Otra preocupación es la falta de claridad sobre la naturaleza y la implementación de estas comunidades. Por una parte, esto puede confundir a potenciales beneficiarios, y también fomenta que “cualquier cosa pueda ser llamada comunidad energética: desde granjas agrovoltaicas hasta soluciones individuales fotovoltaicas con "proyectos productivos"”, sostienen.

Falta regulación

De hecho, para el Preciado, esta incertidumbre regulatoria dificulta en otros aspectos la puesta en marcha de la estrategia: “Sin un abordaje serio y transparente, la falta de claridad en las tarifas diferenciales y los costos para los usuarios finales podría obstaculizar aún más el acceso equitativo y sostenible a los beneficios de las comunidades energéticas”.

Con esto coincide Giraldo. “Para el desarrollo de las comunidades energéticas se necesita un ajuste regulatorio. Esa fue una de las principales conclusiones del proyecto que nosotros desarrollamos en El Salvador”, explica. “Nosotros decimos que implementamos este proyecto a pesar de la regulación”, agrega.

Según la ingeniera, en estos momentos, la regulación que existe no está preparada ni pensada para estar al alcance de las comunidades o de terceros que quiera iniciar una comunidad energética. “La conclusión más importante que tuvimos con el piloto de El Salvador es que sí se necesitaba un cambio regulatorio que estuviera pensado para este tipo de esquemas. Más si se tiene una meta tan ambiciosa de montar miles de comunidades energéticas en el país”.

Otra barrera identificada por el equipo de la universidad es que los incentivos financieros, en el caso de autogeneradores solares, no son muy atractivos para las comunidades, pues el precio que podrían ofrecer en la bolsa de energía son muy volátiles. “Entonces es un negocio que para escalas pequeñas es complicado”, añade.

Por esto, Preciado afirma que la incertidumbre sobre las tarifas diferenciales y subsidios pueden desincentivar la participación de las comunidades y limitar la rentabilidad de la operación de estas. “Las tarifas diferenciales son importantes para asegurar que las comunidades energéticas puedan acceder a precios justos por la energía que generan y consumen”, sostienen.

La meta y sus riesgos

Si bien el gobierno Petro ha recibido más de 18.000 postulaciones de comunidades interesadas, la meta al finalizar el mandato de Petro es tener 3.000 instaladas. Aun así, esta meta sigue siendo alta si la comparamos con Alemania, que es referente mundial en este tipo de asociaciones. De acuerdo con un informe de la Unión Europea en 2020 este país tenía unas 1.750 comunidades energéticas en 2017, poco más de la mitad de la meta planteada por el gobierno, pero que se han consolidado durante décadas.

Pero, más allá de las cifras, para Benjamín Garavito, de la Fundación Xua Energy, lo importante no es tanto la cantidad de comunidades, sino que exista una métrica para identificar su aporte a la cobertura eléctrica del país. “Ahí tendríamos cómo hacer una comparación con la oferta existente y con los requerimientos que tiene el país”, sostiene. 

Con estos parámetros establecidos, añade, se podrá saber exactamente a qué equivalen 1.000, 2.000 o 3.000 comunidades. “Porque si tengo 50 buenos proyectos eso sería muy significativo, pero si tengo 1.000 que son un desastre, pues no termina en nada”. 

Con esto coincide Giraldo, para quien es “mejor hacer 200 comunidades bien a 1.000 comunidades a medias”. Por eso, más allá de decir si es fácil o es difícil lograr la meta, es algo que necesita trabajo y enfoque. “Siento que el Ministerio tiene toda la intención y le está pedaleando mucho al tema, pero es algo que requiere de un acompañamiento cercano”, afirma. 

Aún así, para el ingeniero y analista de Transforma, Juan Felipe Parra, cualquiera que sea el número y la capacidad de estas comunidades estaría reduciendo los requerimientos eléctricos del Sistema Interconectado Nacional. Además, explica que faltan estudios para determinar el impacto y la capacidad de generación bien sea de 50 o de 1.000 comunidades.

Otro punto importante para Garavito es ampliar las opciones de generación con energías renovables. “El gobierno mismo reconoce que se ha ido todo [el enfoque] a fotovoltáica y esto es mucho más amplio. Tiene temas eólicos, de biomasa, que es bien interesante para los sectores rurales, y hay un segmento que también es clave: los combustibles renovables. Sobre esto se ha hablado muy poco. Esto tiene que ver con la conversión de plásticos, de llantas o de aceites quemados en nuevos combustibles, que permitirían un aprovechamiento y una economía circular mejor”.

Sobre este punto, Preciado destaca que el enfoque en soluciones fotovoltáicas no considera el manejo de la basura tecnológica. “Se requiere una evaluación exhaustiva de la obsolescencia de los equipos y la gestión adecuada de los residuos electrónicos al final de su vida útil. Tanto las baterías como los paneles solares, predominantemente compuestos de litio, tienen una vida útil limitada, generalmente menos de 10 años incluso con mantenimiento óptimo”.

Finalmente, tanto la investigación sobre la comunidad energética de El Salvador en Medellín como el análisis de Preciado del Censat, advierten sobre el riesgo de que esta estrategia sea aprovechada por actores del sector que monopolicen el “negocio de las soluciones tecnológicas”. 

Esto puede ocurrir debido a que los altos niveles de exclusión social y pobreza de las comunidades hacen necesaria una ayuda de patrocinadores externos para llevar soluciones tecnológicas y de conocimiento. Si la tensión entre la autonomía y los intereses de estos actores no se resuelven, explican en la Universidad EIA, la estrategia puede derivar en community washing’, “es decir, que los patrocinadores del proyecto instalen soluciones energéticas distribuidas y se refieran a esto como una comunidad energética sin involucrar a la comunidad de ninguna forma significativa”. 

“Un riesgo importante es que las empresas prestadoras de servicios públicos, en alianza con comunidades bajo el pretexto de la filantropía estratégica, puedan capitalizar estas iniciativas para obtener beneficios económicos sin abordar las metas de cambio social o las reformas estructurales necesarias”, lo que podría poner comprometer el carácter comunitario y el potencial transformador de esta estrategia, aporta Preciado.

Finalmente, además, investigaciones desde hace más de una década han dudado de los impactos sociales positivos generados a partir de comunidades energéticas en Europa. Otros estudios han querido demostrar que las acciones locales no necesariamente son efectivas para solucionar los problemas que requieren acciones colectivas. “No hay garantía de que simplemente porque un proyecto de localismo esté enfocado en escala comunitaria, necesariamente será más justo, democrático, efectivo e, incluso, ‘local"'.

*Esta nota se produjo como parte del proyecto Verdades y Mentiras de la transición energética justa en Colombia, realizado con el apoyo de Transforma.