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Jueves, 09 Mayo 2019

Portal miente para asegurar que la JEP es “un Estado dentro del Estado”

Por José Felipe Sarmiento

La página señala supuestos parecidos entre la justicia transicional y las antiguas Farc, con base en falsedades sobre la relación de Colombia con la CIDH y el caso de ‘Jesús Santrich’.

El portal Los Irreverentes publicó un análisis sobre la petición que le hizo la presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Patricia Linares, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que celebre una audiencia de balance sobre el primer año de funcionamiento de la justicia transicional. Según la nota, esto demuestra que la entidad es “un Estado dentro del Estado”.

Captura de pantalla de la nota en Los Irreverentes

El título hace referencia a una famosa declaración que el exguerrillero Jairo Alfonso Lesmes Bulla, alias ‘Javier Calderón’, le dio al diario argentino La Nación en mayo del 2000, época del frustrado proceso de paz del gobierno de Andrés Pastrana en San Vicente del Caguán, Caquetá: “las Farc son un partido en armas en lucha por el poder y en Colombia somos un Estado dentro del Estado”, dijo el entonces integrante de la columna móvil Teófilo Forero que sería capturado en 2008 y condenado a siete años de cárcel en 2009.

Así, el artículo advierte que “los parecidos entre la JEP y las Farc son cada vez más escalofriantes”. Para justificar esa afirmación se basa en dos argumentos falsos. Uno va sobre la citada audiencia en la CIDH; el otro, sobre el proceso que evalúa la solicitud de extradición contra el exjefe guerrillero Seuxis Hernández, conocido como ‘Jesús Santrich’, por su presunta participación, supuestamente posterior a la firma del Acuerdo del Teatro Colón, en una conspiración para enviar cocaína a Estados Unidos.

Ante la CIDH

Según la nota, “la JEP no tiene facultades para presentarse ante instancias internacionales sin respetar el conducto regular” y, por tanto, al solicitar la mencionada cita ante la CIDH, está “desconociendo que las relaciones internacionales son del resorte del presidente de la República y de su ministro de Relaciones Exteriores”. El canciller, Carlos Holmes Trujillo, partió de la misma premisa para pedirle a la Comisión que cancelara la audiencia.

Es cierto que no hay nada explícito en el acto legislativo que creó la jurisdicción transicional, en la interpretación que hizo de él la Corte Constitucional ni en el Acuerdo del Teatro Colón que faculte a la JEP para asumir la representación del Estado en el exterior. En cambio, como lo argumentan el ministro y el portal, la Carta Política le consagra la dirección de esas relaciones al Presidente. Además, “coordinar o asumir la defensa jurídica del Estado en los procesos que se adelanten ante los órganos de supervisión del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, de conformidad con los tratados y acuerdos que regulen la materia” hace parte de las funciones de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

No obstante, para la decana de Derecho de la Universidad de los Andes, Catalina Botero Marino, interpretar que eso le impide a la JEP acudir al organismo internacional es un “error jurídico”. Esto, porque no se trata de resolver un caso en el que Colombia deba defenderse y “en ningún instrumento internacional (...) se prohíbe que distintas entidades directamente le soliciten a la CIDH una audiencia temática”, que fue lo que hizo la JEP y que es otra función diferente que también tiene el sistema de la OEA.

Así lo manifestó la académica el lunes pasado, en el programa Hora 20 de Caracol Radio. También señaló varios casos de entidades estatales que, siendo ajenas a los gobiernos de diferentes países de esa organización, han hecho solicitudes similares e incluso han litigado en contra de sus mismos estados.

Por Colombia, Botero mencionó las audiencias temáticas que la extinta Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación tuvo ante la CIDH en 2007 y 2009. Sin embargo, cabe aclarar que esa entidad, creada por la Ley de Justicia y Paz, estaba integrada por tres representantes del Gobierno, cinco “personalidades” designadas por el Presidente, dos líderes de víctimas, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo. Es decir que, en ese caso, el Ejecutivo sí participó de la petición aunque no fuera por medio de la Cancillería.

La magistrada Linares también le respondió a Trujillo con una carta que menciona varios antecedentes. Además, advirtió que la JEP amparó su solicitud en la Convención Americana y el reglamento de la Comisión, “en el marco de la función de monitoreo que efectúa la CIDH al proceso de paz en Colombia”. Aunque el artículo correspondiente del segundo documento está mal citado en la misiva, los requisitos del Sistema para atender peticiones y citar audiencias generales le dan la razón a Botero: no prohíben que las presente un tribunal.

También es cierto que el organismo está atento a la implementación del Acuerdo Final y, en particular, a su Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, del que forma parte la JEP. En el capítulo sobre Colombia de su informe anual más reciente, por ejemplo, retomó información de audiencias anteriores al respecto, manifestó “preocupación” por la falta de una ley estatutaria en firme para esta jurisdicción y anunció que le haría seguimiento a lo que sucediera con el proyecto.

La discusión entre estas interpretaciones quedó zanjada con la carta que el secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrão, le envió a Linares para ratificar la programación de la audiencia para este jueves, 9 de mayo, a las 5:00 de la tarde en Kingston, Jamaica. Según la comunicación, el organismo de la OEA “confirmó su competencia para acceder a la solicitud”.

Esta noticia se conoció el día anterior a la publicación de Los Irreverentes. Por tanto, es falsa su afirmación sobre el desconocimiento de las funciones presidenciales ante la comunidad internacional por parte de la JEP.

La extradición

La otra situación que argumenta la publicación para sustentar su tesis es que, en el mencionado proceso contra ‘Santrich’, la jurisdicción “se pasó por la faja el tratado [con Estados Unidos] y una sentencia de la Corte Constitucional que fue contundente al decir que aquel tribunal, cuando medie una solicitud de extradición, solo puede pedir información relacionada con la fecha en que ocurrieron los hechos”.

Colombiacheck ya ha explicado, más de una vez, que el tratado de extradición con Estados Unidos está vigente en ese país pero no en Colombia. En resumen, acá no se puede aplicar porque la Corte Suprema de Justicia lo ‘tumbó’ dos veces, en 1986 y 1987. Por eso es falso que la JEP le haya pasado por encima.

El texto también miente respecto a su acatamiento de las decisiones de la Corte Constitucional en lo referente al trámite de extradición de Hernández. El auto en el que la Sección de Revisión de la jurisdicción decidió hacer la solicitud internacional de pruebas dice claramente que sus objetivos eran “precisar con exactitud la fecha de realización del comportamiento por el que el ciudadano es requerido” y, con base en esta, decidir el procedimiento a seguir en su caso.

Esto quiere decir que la JEP sí respetó los límites que le puso la Corte Constitucional. Incluso citó la decisión en la que ese tribunal resolvió el conflicto de competencias que había planteado al respecto el fiscal general, Néstor Humberto Martínez. Esta señaló que “es claro que la autoridad judicial competente para determinar la fecha de ocurrencia de la conducta atribuida en la solicitud de extradición es la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz” y que puede “decretar todas las pruebas necesarias” para ello.

Sobre este último punto, la Corte fue incluso más lejos en marzo pasado, al fallar sobre una demanda contra la Ley de Procedimiento de la JEP. No solo declaró inconstitucional que la norma prohibiera la práctica de pruebas, sino también dijo que esta, por el contrario, es una “obligación”. Al menos así quedó en el comunicado, pues todavía no ha publicado la sentencia completa. La Sección de Revisión había argumentado en el mismo sentido cuando hizo la petición en el caso ‘Santrich’.

Esto prueba la falsedad del argumento. El artículo incluso dice que “poco le importó a la señora Linares (...) el ordenamiento de la Corte Constitucional”, cuando ella no está entre los magistrados firmantes esa decisión porque ni siquiera pertenece a la sección correspondiente del Tribunal de Paz.

Para terminar

En consecuencia, la conclusión a la que llega el análisis del portal es tan falsa como las proposiciones en que se basa. Dice, antes de retomar la comparación con la frase de ‘Calderón’, que “las Farc alcanzaron su sueño dorado: el tribunal que las ‘juzga’ no tiene límite ni control alguno”.

Contrario a esto, además de lo recién explicado, la Corte Constitucional ha tomado otras decisiones que limitan el accionar de la JEP. Así fue cuando revocó la suspensión de los términos de la extradición de ‘Santrich’ y declaró inaplicables las partes de su reglamento interno en las que se basó para hacerlo, como lo contamos en otro chequeo. Hay más ejemplos en la citada sentencia sobre el acto legislativo que le dio origen, pues también le quitó poderes sobre las tutelas contra sus decisiones y competencias sobre terceras partes, que ahora solo pueden comparecer ante la jurisdicción de forma voluntaria.

Las objeciones presidenciales al proyecto de ley estatutaria y los debates a su alrededor también demuestran que la JEP está sometida al ordenamiento jurídico colombiano y la separación de poderes. De modo que no es “una rueda suelta” ni “un Estado dentro del Estado”, como falsamente lo asegura el portal.

Domingo, 19 Noviembre 2017

Imelda Daza: Son más las víctimas de otros actores armados que los de las guerrillas

Por Sania Salazar

Así lo aseguró la fórmula vicepresidencial de Timochenko, quien se basó en cifras del Informe Basta Ya, pero generalizó las cifras diciendo que eran víctimas del conflicto, cuando son de un delito en particular, el asesinato selectivo.

“Son más los muertos de los paramilitares que los de la guerrilla”: Imelda Daza.

 

 

En la cuenta de Twitter de la W Radio se difundió esta frase a raíz de una entrevista que le hicieron a Imelda Daza Cotes, fórmula a la vicepresidencia de Timochenko por el nuevo partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, Farc.

Revisamos la grabación completa y lo primero que se encontró es que Daza Cotes no dice, al menos de manera literal, la frase que aparece en el trino de la W Radio.

“De cada 100 víctimas que deja el conflicto armado, 17 lo son por culpa de todas las guerrillas y 83 son víctimas de paramilitares, Fuerzas Armadas, organismos de inteligencia, empresarios y políticos. Y el informe agrega: no los discriminamos porque actuaron juntos”, fue lo que realmente dijo la candidata en la W Radio, quien aseguró que las cifras fueron tomadas del Informe Basta Ya, del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH).

Colombiacheck calificó la afirmación como Engañosa pues si bien las cifras corresponden al informe utilizado como fuente, no son del total de las víctimas del conflicto, sino de asesinatos selectivos, solo uno de los delitos cometidos por las guerrillas.

Este medio consultó a Daza Cotes, quien explicó que lo que quiso fue hacer claridad en que las Farc no fueron el único victimario en el conflicto armado colombiano.

“Hay que conocer la verdad; en una guerra tan prolongada las Farc no fueron las principales responsables de la tragedia. El paramilitarismo fue un proyecto de Estado”, aseguró.

Colombiacheck buscó las cifras del informe Basta Ya que indica que de 23.161 registros de asesinatos selectivos que tiene esa entidad ocurridos entre 1981 y 2012, el 16,8 % de los casos (3.906) fueron responsabilidad de las guerrillas, porcentaje que la candidata redondeó por encima.

De los 23.161 registros de asesinatos selectivos, los paramilitares son presuntamente responsables del 38,4% (que corresponde a 8.902 casos). Grupos armados no identificados, el 27,7% (6.406 casos). Miembros de la Fuerza Pública, el 10,1% (2.340 casos). Actores desconocidos, el 6,5% (1.511 casos). Acciones conjuntas entre paramilitares y la Fuerza Pública, el 0,4% (83 muertes). El 0,05% de los homicidios (13) habrían sido responsabilidad de otros grupos, “entre ellos milicias populares y agentes extranjeros”.

Esto suma el 83% del que habló la candidata.

Al analizar las cifras encontramos que Daza Cotes cometió varias imprecisiones. Primero usó los porcentajes para para hablar de las víctimas del conflicto en general cuando esos números corresponden al delito de asesinato selectivo únicamente. Según el Basta Ya, entre 1958 y 2012 el conflicto armado ha ocasionado la muerte de “por lo menos 220.000 personas”. El mismo informe señala que las víctimas de asesinato selectivo son 23.161 casos ocurridos entre 1981 y 2012.

Daza Cotes se equivocó al asegurar que el informe no desagrega la responsabilidad de los demás actores del conflicto distintos a las guerrillas y al decir que estos actuaron juntos, pues el documento solo habla de acciones conjuntas entre Fuerza Pública y paramilitares en algunos casos.

Por último, acertó al mencionar el porcentaje de 83% de responsabilidad de los actores armados distintos a las guerrillas, pero hay que reiterar que esa cifra corresponde a víctimas de asesinatos selectivos, no a víctimas en general del conflicto.

Además, el informe aclara que la información del Registro Único de Víctimas (RUV) sobre los autores de los hechos es muy limitada, pues solo se sabe en el 9,8% de los casos. Por eso se basan también en el registro estadístico del GMH, que ha documentado directamente delitos como el asesinato selectivo con información de organizaciones como el Cinep, Justicia y Paz y el Comité permanente para la Defensa de los derechos humanos, entre otros.

En momentos en que la campaña política formal en Colombia está a punto de empezar Colombiacheck reitera la necesidad de tener cuidado con lo que se dice en público, pues las imprecisiones en el discurso pueden llevar a desinformar a la sociedad.

Asesinatos selectivos, la estrategia más letal

Según el mismo informe, “los asesinatos selectivos constituyen la modalidad de violencia empleada por los actores armados que más muertos ha provocado en el desarrollo del conflicto”.

Los datos del Basta Ya indican que algunas estrategias delictivas fueron usadas más recurrentemente por determinados grupos. Los asesinatos selectivos hicieron parte de la lista de delitos cometidos por los paramilitares, las guerrillas y la Fuerza Pública. “Los paramilitares asesinan más que las guerrillas, mientras que los guerrilleros secuestran más y causan mucha más destrucción que los paramilitares”, sentencia el informe.

Alberto Morales, profesor de la Universidad de Antioquia y experto en sociología del conflicto, explicó que con la retirada de las Farc del conflicto armado otros actores relacionados con el narcotráfico luchan por apoderarse del mercado, que en el caso de las ciudades es una lucha muy fuerte y ese es el problema de seguridad más importante ahora. Pero que la gente no se ha dado cuenta de eso.

“La masa que se informa sigue todavía con el discurso de que las Farc son el gran cartel del narcotráfico y se apoyan en ciertos lemas muy bien manejados por la derecha colombiana”, indicó el profesor.

(Colombiacheck chequeó la frase que asegura que las Farc son el mayor cartel de droga del mundo, argumento que ha utilizado en repetidas ocasiones el Centro Democrático, y encontró que encontró que la afirmación no tiene sustento).

¿Tienen responsabilidad los medios de comunicación?

Daza Cotes también le dijo a Colombiacheck que “el Plan Colombia incluyó un plan de medios de comunicación que incentivó el odio a las Farc”.

Al respecto, el profesor Morales dijo que “los medios se han referido a la guerrilla en los términos de la lucha al terrorismo posterior a la era Bush, ese lenguaje cala mucho cuando una sociedad es afín a querer al padre autoritario o a alinderarse muy fácilmente con la lógica de autoritarismo. Es posible que el problema sea de simple lenguaje porque el lenguaje apoya la manera de pensar la economía actualmente”.

El artículo Los medios en el escenario del conflicto y lo político, (publicado en 2014) del director del Grupo de Investigación Comunicación, Medios y Cultura de la Universidad Javeriana, Daniel Guillermo Valencia Nieto, califica la relación de los medios de comunicación con el Ejército colombiano de reverente, pues muestra a sus integrantes como héroes intachables a quienes no se les debe cuestionar pues enfrentan al principal enemigo de la sociedad, las Farc, que según el artículo, son mostradas como el único mal de gravedad de Colombia. Esto sin desconocer el odio, no gratuito, de los colombianos hacia las Farc.

“El cubrimiento periodístico y la producción de la información sobre el conflicto forjan el pensamiento único que confunde a las audiencias, porque estos medios solo se ocupan de mostrar a las Farc o al ELN, como el problema y no al conflicto social, político y económico como el verdadero problema para afrontar como sociedad y como país, y que en últimas es el verdadero causante de la pobreza, el atraso y la desigualdad”, concluye el artículo.