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Miércoles, 16 Enero 2019

En el archivo: El tratado de extradición de Colombia con Estados Unidos

Por Pablo Medina Uribe

Paloma Valencia y otros miembros del CD volvieron a afirmar erróneamente que el país no tiene tratado de extradición con EE.UU. Sí existe el tratado, pero la historia de su validez nacional e internacional es compleja.

La semana pasada, tras la audiencia que se realizó en Miami en medio del proceso jurídico contra el exministro Andrés Felipe Arias por el caso de Agro Ingreso Seguro, varios miembros del Centro Democrático trinaron un mensaje alegando que "Colombia no tiene un tratado de extradición con Estados Unidos".

Por ejemplo, este fue el mensaje trinado por la senadora Paloma Valencia:

En Colombiacheck ya habíamos revisado una afirmación similar en julio de 2018, tras un debate en el Congreso sobre la Justicia Especial para la Paz (JEP) en el que salió a colación el tema (por el caso del exjefe guerrillero 'Jesús Santrich', quien es acusado en los Estados Unidos por supuesto narcotráfico posterior a la firma del Acuerdo de Paz).

En ese momento, el entonces senador del Centro Democrático Jaime Amín argumentó, sobre el tratado de extradición, que "unas veces el Gobierno dice que no está vigente, como en este caso [el de ‘Jesús Santrich’], y otras veces, como en el caso del exministro Arias, dice que sí”.

Por su parte, el entonces senador del Partido de La U Roy Barreras dijo que "el tratado Cyrus Vance-Zea Hernández no existe. Lo que existe es una decisión unilateral de buena fe del Estado colombiano en el Código de Procedimiento Penal que permite la colaboración internacional”.

En nuestro chequeo original, calificamos la afirmación de Amín como "engañosa" y la de Barreras como "ligera" (en nuestro nuevo sistema de calificaciones, ambas serían calificadas como "cuestionables".

Esta fue nuestra explicación para llegar a esas calificaciones:

"El expresidente Álvaro Uribe había afirmado en su momento que el tratado de extradición entre los dos países no estaba vigente. Ese fue también uno de los argumentos de los abogados de Arias. En cambio la Cancillería manifestó lo contrario.

El Ministerio de Relaciones Exteriores explicó entonces la situación compleja de ese acuerdo binacional. De hecho, una cartilla sobre la extradición publicada por el Gobierno [de Santos] explica de manera muy escueta lo que sucede en el caso de Estados Unidos.

El exmagistrado José Gregorio Hernández le contó a Colombiacheck la historia completa. El secretario de Estado de Estados Unidos en la administración de Jimmy Carter, Cyrus Vance, y el ministro de Gobierno colombiano como delegado presidencial de Julio César Turbay, Germán Zea Hernández, firmaron un tratado bilateral de extradición en 1979. Este, en principio, fue ratificado por ambos países y entró en vigencia en 1982.

Pero la ley con la que se aprobó el tratado en Colombia fue demandada y la Corte Suprema de 1986 la declaró inexequible. Según el tribunal, era un vicio que el texto no hubiera sido firmado por el presidente Turbay sino por el ministro delegatario Zea. Aunque cabe recordar que la decisión se dio después de una serie de amenazas y atentados contra los magistrados, además de la toma del Palacio de Justicia el año anterior. “Los narcos, en especial Pablo Escobar y los Extraditables, atacaron mucho ese tratado”, afirmó Hernández.

Incluso el presidente Virgilio Barco firmó una nueva ley ese año para tratar de que Colombia acogiera el tratado. Sin embargo, la Corte la ‘tumbó’ de nuevo. Luego vendrían la prohibición de la extradición en la Constitución de 1991 (una concesión a Escobar para que se entregara) y su levantamiento con la reforma de 1997, como lo recuerda un informe del Departamento de Estado americano.

A pesar de todo esto el tratado, aunque inaplicable en la legislación interna por falta de aprobación, permaneció siempre vigente a nivel internacional, como lo ha explicado la Cancillería. Es por eso también que en Estados Unidos lo asumen así y, en consecuencia, la corte de Florida que lleva el caso de Arias determinó que el acuerdo está en vigor antes de avalar la extradición del exministro de Agricultura.

El exmagistrado advirtió que “no podemos decirles a los estadounidenses que no apliquen el tratado porque se cayó la ley acá; ese es un problema nuestro”. En consecuencia, no es cierto que el tratado no exista, como dice el senador Barreras, ni que solo esté vigente a veces, como señala Amín".

Por las mismas razones, calificamos la afirmación de la senadora Valencia como "cuestionable".

Lunes, 24 Julio 2017

Uribistas dejan atrás rumor sobre salario de $1.8 millones a las Farc

Por Óscar Felipe Agudelo B.

La congresista Thania Vega del Centro Democrático dice que el gobierno va “a pagar 90% de salario mínimo a guerrilleros”, afirmación cierta pues el Acuerdo Final dice que recibirán menos de $700.000

La senadora del Centro Democrático Thania Vega, esposa del coronel retirado Luis Alfonso Plazas Vega, en su cuenta de Twitter el pasado 12 de julio realizó una encuesta sobre un tema que ha causado rechazo al interior del uribismo, los sueldos para los exguerrilleros de las Farc.

 

 

La aseveración de la congresista uribista, planteada como pregunta, es verdadera pues según la página 75 del Acuerdo Final los exguerrilleros “recibirán una renta básica mensual equivalente a 90% del salario mínimo, siempre y cuando no tengan un vínculo contractual que les genere ingresos (un trabajo estable)”.

Dicho monto, específica el mismo acuerdo, será pagado desde la terminación de las Zonas Veredales Transitorias y de Normalización, Zvtn, y durante 24 meses.

La encuesta, además de medir la opinión de sus seguidores en relación a los salarios de los exguerrilleros, también sirvió para conocer que los uribistas siguen oponiéndose a que las Farc reciban cualquier tipo de ayuda del Estado, tal como en plena campaña lo aseveró falsamente el expresidente Álvaro Uribe, cuando dijo que las Farc tendrían un salario mensual de $1.8 millones durante cinco años.

Ese fue un rumor que durante la campaña por el plebiscito se convirtió en un mito urbano y buena parte de la opinión pública colombiana creyó. En realidad solo el 17% de los exintegrantes de las Farc podrían ser los que obtengan dicho salario pues integrarán los esquemas de seguridad de los líderes de esa agrupación.

Para saber cómo desmentimos al expresidente hace más de un año lea El Cuentazo de Uribe.

Queda claro que la senadora Vega desestimó la tesis de campaña que tuvo su jefe político, un rumor que nunca fue cierto, pero que aprovecharon Uribe y sus seguidores para difundirlo y causar estupor entre los votantes.

Así las cosas, los exguerrilleros, al igual que otras personas que han abandonado grupos armados ilegales, recibirán además del 90% de un salario mínimo otros auxilios como $2 millones de una asignación única de normalización y también podrían recibir $8 millones, por una sola vez, como capital semilla para iniciar sus emprendimientos, estos proyectos serán canalizados por medio de Ecomún, una organización de economía solidaria creada por las Farc.

Los exmiembros de las Farc que se acojan a los acuerdos tendrán pago de seguridad social por un periodo determinado de 24 meses para las personas que no se encuentren vinculadas a actividades remuneradas. Además, dice el Acuerdo Final, los excombatientes tendrán acceso a programas de educación, vivienda, recreación y deporte, de la misma forma como sucede con los demás desmovilizados de otros grupos armados que han dejado las armas.

Es decir, el gobierno sí realizará los aportes a su pensión, como lo aseveró la senadora Vega.

Falso ofrecimiento de empleo

En síntesis, los exintegrantes de las Farc tendrán auxilios similares a los que han tenido otras personas que han dejado las armas y que se han reintegrado la sociedad por medio de la Agencia Colombiana para la Reintegración, ACR, ahora denominada Agencia para la Reintegración y Normalización, ARN. Claro, podrán acceder a esos auxilios siempre y cuando cumplan a cabalidad lo estipulado en el acuerdo de paz.

La ANR ha sido encargada de acompañar en los procesos de reintegración a las personas que han dejado las armas. Esta misma agencia fue objeto de falsas noticias el 18 de julio pasado, por medio de mensajes de Whatsapp que referían que esta entidad y la Upra (Unidad de Planificación Rural Agropecuaria) estaban haciendo convocatorias para recibir personal.

Falsa oferta de empleo de la ARN por WhatsApp

Pocas horas después la ARN desmintió la información mediante un comunicado: “Como respuesta al aviso en redes sociales, el cual expresa que la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) busca profesionales y recibe hojas de vida para proveer empleos o contratos relacionados con las Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN), la entidad comunica a la ciudadanía que no ha hecho publicación oficial de dicha información”.