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Lunes, 05 Octubre 2020

“15.000 [familias] se encuentran bajo esquema de Pago por Servicios Ambientales para cerca de 219.000 hectáreas”

Por Laura Rodríguez Salamanca

Este es uno de los chequeos a la intervención del presidente, Iván Duque, ante la 75ª Asamblea General de la ONU.

En su más reciente discurso en la Asamblea General de Naciones Unidas, Iván Duque se refirió, además de muchos otros temas que también verificamos en este especial,  a los Pagos por Servicios Ambientales, PSA, y otros incentivos para los propietarios que protegen y conservan áreas ambientales estratégicas.“15.000 [familias] se encuentran bajo esquema de Pago por Servicios Ambientales para cerca de 219.000 hectáreas”, dijo el mandatario. 

En Colombiacheck calificamos esta frase como cuestionable porque las cifras que dio el presidente son verdaderas, pero corresponden en realidad al número acumulado de familias y hectáreas que el país ha logrado incluir en el esquema y que efectivamente han recibido algún pago desde 2017, cuando se reglamentó el programa; no a la cantidad de familias que en este momento se están beneficiando de los incentivos. 

Como hemos explicado en las demás verificaciones de la alocución, primero nos comunicamos con los asesores de prensa de Duque para solicitar información sobre las fuentes de los datos. Pero, a pesar de que insistimos durante varios días, no accedieron a recibirnos el cuestionario que preparamos. Este paso hace parte de nuestra metodología de verificación del discurso público. 

Entonces rastreamos el origen de la información por nuestra cuenta. Hicimos una búsqueda avanzada de Google y encontramos que tanto Presidencia como el Ministerio de Ambiente usaron las mismas cifras antes del discurso para explicar los resultados del esquema, pero no señalaron que los beneficiarios fueran actuales. 

Por ejemplo, MinAmbiente en un comunicado del 5 de agosto de 2020 escribió: “15.000 familias han sido beneficiadas [los subrayado son nuestro] con el Pago por Servicios Ambientales e incentivos a la conservación”. Así como en dos trinos del 3 y el 7 de agosto, la misma cartera repitió la cifra, pero en los siguientes términos: “hemos beneficiado a cerca de 15.000 familias con el Pago por Servicios Ambientales. A la fecha son 219.912 hectáreas acumuladas bajo esquemas de pagos por servicios ambientales”.

Así mismo, en un comunicado de prensa de Presidencia fechado el 6 de agosto de 2020 se lee: “un total de 219.912 hectáreas acumuladas bajo esquemas de Pagos por Servicios Ambientales (PSA) e incentivos a la conservación, benefician a cerca de 15 mil familias”. 

Acumulado no es igual a beneficiarios actuales 

Los comunicados daban ciertas luces del error en el que cayó Duque, pero encontramos otras evidencias de que efectivamente en este momento no se están beneficiando 15.000 familias, ni están bajo el esquema más de 219.000 hectáreas, sino que el dato es el número acumulado desde que se inició formalmente la estrategia, una cifra que se usa para evaluar si efectivamente el país va en buen camino en comparación a otros y en relación a la meta propuesta: alcanzar 1 millón de hectáreas bajo el esquema para el año 2030, según el CONPES 3886 [Lineamientos de Política y Programa Nacional de Pago por Servicios Ambientales] 

Tal como lo indican los informes de gestión del Ministerio de Ambiente [2018-2019 y 2019-2020], en 2017, 65.000 hectáreas habían pasado por el programa. Y durante el gobierno de Duque se ha aumentado ese número de hectáreas y, por ende, el de familias que en algún momento se han beneficiado por ser propietarias o poseedoras de los terrenos. 

En junio de 2019, el gobierno reportó ante el Congreso de la República que el año anterior se habían alcanzado las“183 mil hectáreas y más de 11 mil familias beneficiarias de estos esquemas”.

Y en el informe más reciente de la cartera [agosto de 2019-junio de 2020], se explica que “en 2018 se identificaron proyectos de PSA e incentivos a la conservación que vincularon acumulativamente un total de 183.718 hectáreas y para el año 2019, de manera acumulada más 215 mil hectáreas, donde se suscribieron acuerdos voluntarios individuales y colectivos con más de 10 mil familias”. 

Así se representó la proyección [de nuevo, acumulativa] en el informe:

Informe Pago por Servicios Ambientales

Aunque estas hectáreas y beneficiarios se cuentan de forma acumulativa, hay que aclarar que esto no quiere decir que las familias que se van sumando se mantengan indeterminadamente en el programa. 

Según el Decreto 1007 de 2008, que establece las directrices para el Pago por Servicios Ambientales y otros incentivos para la conservación, el término de duración de los acuerdos voluntarios con los propietarios o poseedores de los terrenos que reciben los incentivos “podrá ser hasta por cinco (5) años, prorrogables de manera sucesiva según la evolución del proyecto y los recursos disponibles para el cumplimiento del objeto del incentivo”. Pero el convenio también puede ser por menor tiempo. 

Por ejemplo, encontramos uno que fue firmado en Cali para cumplirse entre el 31 de mayo de 2019 y el 15 de diciembre del mismo año para conservar algunas áreas de cuencas hidrográficas priorizadas en la ciudad. Entonces, por supuesto que los beneficiarios de este acuerdo voluntario cuentan para la cifra de acumulados y para la meta del país. Pero sería incorrecto decir que actualmente se están beneficiando, cuando hace más de nueve meses no reciben el incentivo,  

En resumen, la razón por la que consideramos cuestionable la frase del presidente es que las cifras que ofrece son reales y es normal que se cuenten de forma acumulativa, pero decir que las familias y las hectáreas “se encuentran” bajo el esquema en este momento bajo el esquema no solo es técnicamente incorrecto, sino engañoso. 

¿Cómo va la meta?

Aunque la expresión de Duque desinforma, su gobierno no está lejos de superar la meta de hectáreas incluidas en el esquema de Pago por Servicios Ambientales que se propuso en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. 

Como ya escribimos, cuando se inició su mandato en el país se había empleado el mecanismo en 65.000 hectáreas y, como aparece en la página 491 del Plan Nacional de Desarrollo, el objetivo propuesto para este cuatrienio era alcanzar las 260.000 hectáreas. Hasta el momento, la meta se ha cumplido casi en un 83%. 

Meta Duque Pago por Servicios Ambientales
 

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Lunes, 05 Octubre 2020

“Hemos recuperado más de 6.000 hectáreas de los parques nacionales naturales”

Por Sania Salazar

Este es uno de los chequeos al discurso del Presidente Iván Duque en la versión número 75 de la Asamblea General de la ONU.

Debido a que en prensa de Presidencia no nos contestaron a qué se refería específicamente el Presidente con el término “recuperar”, consultamos a Jesús Orlando Vargas, biólogo del Grupo de Restauración Ecológica de la Universidad Nacional, quien explicó que en ecología se habla de recuperar cuando el ecosistema no se puede restaurar (devolverlo a un estado muy cercano al inicial), solo se recuperan algunas características, pero no se restaura el ecosistema en su totalidad, por lo que se de la otra función. Por ejemplo, se rehabilita el suelo de un terreno que era bosque y que sufrió deforestación, pero luego se utiliza para sembrar plantas medicinales o para agricultura.

Vargas indicó que hay mucha confusión con los términos restauración, reforestación, recuperación y revegetalización, procesos que no son lo mismo, lo que ya ha advertido Colombiacheck en otros artículos. Además, destacó que estos son procesos que requieren muchos años, mucho más que los cuatro que dura un periodo presidencial.

La cifra a la que hace referencia Duque se acerca a las 6.165 hectáreas de bosque que los ministerios de Ambiente y Defensa aseguran haber recuperado en parques naturales en el marco de la Operación Artemisa, una campaña creada por el Gobierno actual que busca combatir la deforestación. 

Sin embargo, el informe Fuerzas Militares y la protección del medio ambiente: Roles, riesgos y oportunidades, de la Fundación Ideas para la Paz, FIP, advirtió que aunque la intervención de los militares puede ser una opción atractiva en el corto plazo, ya que permite realizar acciones concretas que se pueden presentar a la opinión pública —como sucede con las cifras e imágenes de las capturas—, “sus impactos pueden ser poco sostenibles si no se realizan dentro de una estrategia más amplia, que incluya el fortalecimiento del aparato de justicia y la transformación de las condiciones estructurales de las comunidades que habitan los territorios a conservarse”. 

El informe de la FIP también indica que el balance costo-beneficio de estas intervenciones termina siendo desfavorable para el Estado. “Algunas estimaciones señalan que en un solo despliegue en el marco de la Operación Artemisa tuvo un costo de 800 millones de pesos, dejando como balance 17 capturas de personas que en la mayoría de los casos fueron dejadas en libertad”, señala.

Rodrigo Botero, director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible, también cuestionó los resultados de la Operación Artemisa en Semana en Vivo. “De los sitios más emblemáticos sobre los cuales se ha hecho Artemisa hay unos sitios muy importantes en donde el resultado ha sido menos que pobre, sitios donde inclusive se ha empeorado la situación”, indicó y aseguró que evidenció esto en sobrevuelos realizados en febrero y marzo de este año.

Botero aseguró que la estrategia no tiene sostenibilidad en la operación, ni acompañamiento civil institucional de largo plazo, ni una consolidación territorial, aunque reconoce cambios en la tendencia de la deforestación en algunas zonas, pero recalcó que la estrategia en general no es sostenible.

Julia Miranda, directora de Parques Nacional Naturales, reportó en agosto pasado durante la rendición de cuentas de esa entidad una reducción de la deforestación en los Parques Nacionales, al pasar del 12% en 2018 al 7% en 2019.

Pero también habría que tener en cuenta las hectáreas perdidas en incendios, que según la Unidad Nacional para la gestión del riesgo de desastres, UNGRD eran 29.309 (en la temporada seca 16 de diciembre de 2019 a 5 de marzo de 2020). Si bien la UNGRD resaltó que había una reducción del 63% frente a la misma temporada seca de 2019, cuando se quemaron 79.774 hectáreas, son cifras que hay que incluir en los balances del asunto, pues muchos de esos incendios se registran en parques naturales y zonas protegidas.

El Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos de 2019 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito, UNODC, señala una reducción de 1.059 hectáreas de cultivos de coca en los parques naturales de Colombia al pasar de 7.844 hectáreas en 2018 a 6.785 en 2019.

Colombiacheck califica la afirmación como cuestionable primero, porque no hay claridad suficiente sobre qué quiso decir Duque con la palabra “recuperar” y también porque hay críticas a la estrategia institucional con la que se dice haber recuperado ese número de hectáreas.