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Falso

Lunes, 05 Octubre 2020

"780 millones de dólares para la paz benefician a 6 millones de personas"

Por José Felipe Sarmiento

Este es uno de los chequeos a la intervención del presidente, Iván Duque, ante la 75ª Asamblea General de la ONU.

En su discurso del 22 de septiembre ante la máxima instancia de la Organización de Naciones Unidas, Duque afirmó que “la política de Paz con Legalidad está beneficiando a más de 6 millones de compatriotas en sus territorios, con una inversión que supera los 780 millones de dólares”.

Según dijo, esta se fundamenta “en la estabilización social y la consolidación institucional de los territorios más golpeados históricamente por la violencia y la pobreza”. Oficialmente, estos son los 170 municipios de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), en los que efectivamente viven 6,4 millones de personas según la priorización de la Mesa Internistitucional de Población.

Al corroborar la información encontramos que la frase es falsa porque el monto que dio el mandatario ante la Asamblea General de la ONU no cuadra con las cuentas detalladas de su propio gobierno. Para contrastar en pesos, Colombiacheck tomó como referencia los 2,9 billones que reportó el informativo de la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación el 21 de septiembre, porque su equivalente en dólares se aproxima al mencionado en el discurso con las tasas de cambio de los últimos dos meses.

Según el video, las inversiones están representadas “en obras PDET, proyectos productivos, obras por impuestos y recursos del [Órgano Colegiado de Administración y Decisión] OCAD Paz por regalías”, pero no especifica cuánta plata corresponde a cada uno de los cuatro componentes. Solo detalla el primero: de 888 obras entregadas por 141.500 millones de pesos.

Otras fuentes oficiales dan totales distintos. Dependiendo de los rubros que se sumen, los recursos pueden ser mucho menores o mucho mayores a 2,9 billones. Nunca coinciden exactamente.

El jefe de prensa de la Consejería, Francisco Tulande, le envió a Colombiacheck unas cifras desagregadas y una presentación para sustentarlas. El problema es que estas no son iguales entre sí y tampoco corresponden con lo que dijeron Duque y el citado informativo.

Las diapositivas hablan de 5,4 billones de pesos distribuidos así:

  • 1,75 billones del OCAD.
  • 164.000 millones de obras PDET.
  • 470.000 millones de obras por impuestos.
  • 1,25 billones de lo que el Plan Nacional de Desarrollo llama “trazador presupuestal para la paz”, que son las partidas destinadas a la implementación del Acuerdo del Teatro Colón por entidades nacionales.
  • Cerca de 1,8 billones en recursos de cooperación internacional (el aporte del Reino Unido no está especificado).

El funcionario dijo que eran 4,3 billones porque solo contó 703.400 millones de pesos de cooperación internacional, aunque no explicó por qué. En todo caso, ambas cifras superan por mucho a la del presidente.

El informe oficial sobre los dos años de la política de Paz con Legalidad, publicado el 16 de septiembre con corte hasta agosto, da otros datos. La versión corta destaca que las obras PDET, contando 82 en ejecución, representan 164.000 millones de pesos. Por el lado del OCAD Paz, dice que hay proyectos aprobados por 1,7 billones en esas zonas. Finalmente, cuenta los 186.358 millones de 25 proyectos de obras por impuestos que ya están asignados a empresas para su desarrollo. El total es de 2 billones de pesos (515 millones de dólares).

Al tomar los 11 proyectos aprobados por impuestos que todavía no están asignados a empresas para su ejecución, que representan 153.829 millones de pesos más, y contar las obras PDET por el valor total de 226.000 millones, incluyendo interventorías y otros costos por 62.000 millones adicionales, el monto sube apenas a 2,2 billones de pesos (566 millones de dólares). Quedan faltando otros 700.000 millones de pesos para llegar a la cifra del presidente, casi la cuarta parte, y no se menciona la cooperación internacional.

La versión larga del informe habla de “planeación” en esos 170 municipios e incluye 52 acciones, aunque no todas corresponden a inversión. Las que tienen montos específicos y, según lo que se desprende del texto, ya están por lo menos en ejecución o terminadas son las siguientes:

  • 1.575 millones de pesos de la ATR para la estrategia ‘Yo me subo a mi PDET’, que implementa iniciativas de organizaciones comunitarias.
  • 28.120 millones de pesos en apoyo de esa entidad al Ministerio de Salud, con plata del Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para el Sostenimiento de la Paz, con el fin de fortalecer la atención primaria en salud, incluyendo la prevención y la respuesta a la pandemia de COVID-19.
  • 45.900 millones de pesos del primer desembolso de un crédito del Ministerio de Educación con banca multilateral para invertir en colegios de municipios PDET.
  • 23.300 millones de pesos en material pedagógico entregado por esa misma cartera para el trabajo en casa durante el aislamiento.
  • 2.636 millones de pesos en apoyos a propuestas de esas regiones que fueron seleccionadas por la convocatoria ‘Comparte lo que somos’ del Ministerio de Cultura, en el marco de la emergencia económica por la pandemia.
  • 238.515 millones de pesos para agua potable y saneamiento básico.
  • 35.560 millones de pesos en financiación a emprendimientos campesinos escogidos en una convocatoria del Ministerio de Agricultura exclusiva para PDET.
  • 19.380 millones de pesos para iniciativas de mujeres rurales ejecutados por esa misma cartera con plata de la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (Koica).
  • 900 millones de pesos en restauración ecológica.
  • 678 millones de pesos en planes de negocio para productos agropecuarios con la estrategia ‘Comercializadoras Saludables’ de la Organización de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), la ATR y la Agencia de Desarrollo Rural (ADR).
  • 25.407 millones de pesos de la ADR para 22 Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario con Enfoque Territorial (PIDAR), aunque en este caso la cuenta es desde 2017, o sea que incluye al gobierno anterior.

Otros puntos incluidos en el documento todavía están en estructuración o pendientes de buscar financiación (varios detallan los montos). También están mezclados con avances más generales, como expediciones de documentos o reuniones que no se presentan asociados a recursos específicos.

Además, el informe recuerda que el Presupuesto General de la Nación de 2020 incluía 634.958 millones de pesos destinados a 41 proyectos en zonas PDET en el anexo respectivo al “trazador” para la paz. No aclara si las acciones mencionadas antes están incluidas total o parcialmente ahí o si, por el contrario, se trata de un valor adicional.

En todo caso, los rubros que están en la lista anterior suman otros 2 billones de pesos (515 millones de dólares). Así que a Duque y al informativo de la Consejería están contando cosas diferentes a los que tienen en cuenta las dos versiones del informe de su propio gobierno, que a su vez son distintas de las que incluye la presentación de la misma entidad. O hay inversiones que se mencionan aparte a pesar de ya estar incluidas en componentes más grandes sin aclararlo.

Para completar la confusión, un trino de Presidencia dio otra versión del cálculo. Cuando un usuario cuestionó la cifra del discurso, la cuenta le respondió que el monto sale al sumar los 164.000 millones de pesos de las obras PDET más 49.000 millones para el funcionamiento de los antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) donde se instalaron algunos exguerrilleros de las Farc tras dejar las armas y 1,6 billones de pesos en indemnizaciones a víctimas del conflicto armado.

Hilo de Twitter donde Presidencia le responde cifras distintas de inversión en PDET a un usuario

Estas cifras coinciden con datos del informe de la Consejería, pero los dos últimos rubros no están específicamente relacionados como inversión en PDET. Además, el total de esa operación da apenas 1,8 billones de pesos (463 millones de dólares).

Por otro lado, según un informe elaborado por 14 congresistas de seis partidos sobre la implementación del Acuerdo Final de Paz del Teatro Colón en los dos primeros años del gobierno Duque, los PDET requieren una inversión mínima de 4,67 billones de pesos al año. La mayoría de las sumas que dio el mismo gobierno, incluso los 780 millones de dólares de los que habló el presidente, están por debajo del monto necesario.

Colombiacheck se comunicó con los equipos de dos de los autores (Juanita Goebertus, representante a la Cámara por Bogotá de la Alianza Verde, y Roy Barreras, senador del Partido de la U), pero tampoco supieron de dónde sale la cuenta de Duque. Además, desde el equipo de la congresista Goebertus aclararon que las inconsistencias en la información de cooperación internacional son de vieja data porque “es muy difícil hacerles seguimiento a esos datos y saber cuál es el monto exacto”.

Entre tanto, la Procuraduría le acaba de entregar un informe al Congreso (con corte hasta marzo de 2020) en el que llama la atención sobre la falta de claridad sobre el seguimiento a las inversiones, su articulación con otros componentes del acuerdo e incluso su enfoque reparador para la población. En especial, resalta que solo una de las 16 subregiones PDET tiene una hoja de ruta definida. Sobre las obras, en particular, dice que se espera una intervención “más robusta e integral”.

El ente de control también advirtió retrasos en la ejecución de los recursos aprobados por OCAD Paz en general, no solo en PDET (donde son uno de los mayores componentes de la inversión según casi todas las versiones de las cifras del Gobierno). En abril, menos del 1 por ciento estaba en inversiones terminadas y casi la mitad, 47 por ciento, no habían firmado acta de inicio, incluyendo 23 por ciento que ya tenían contrato.

En todo caso, la cifra que dio el presidente ante la ONU es falsa porque contradice otros informes más detallados de su propio gobierno, que de todas formas son opacos o incluyen rubros inexactos, como el de cooperación internacional, o sin contexto necesario, como los del OCAD Paz. Además, está muy por debajo de lo que debería estar invirtiendo en los PDET, según el informe de los congresistas, y sus avances concretos son poco claros o están desarticulados, de acuerdo con la Procuraduría.

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Jueves, 08 Febrero 2018

Vargas Lleras elude responsabilidades

Por Juan Sebastián Jiménez

El exvicepresidente ha dicho que no tiene nada que ver con el desplome del puente Chirajara y que quienes lo acusan “tacan burro”. Colombiacheck encontró evidencias de que sí tuvo mucho que ver, como coordinador de las grandes obras de infraestructura, y hasta sacó pecho varias veces por la del caído puente.

El 16 de enero, un día después del desplome del puente Chirajara, en el que 10 personas murieron , el exvicepresidente y hoy candidato presidencial Germán Vargas Lleras respondió que quienes lo acusaban por esta tragedia tacaban “burro”.

Su argumento: que el contrato para la construcción del puente, y en general de la doble calzada Bogotá-Villavicencio, se había firmado en 2010, “cuatro años antes de que yo asumiera responsabilidades en el sector de la infraestructura”, como dijo en un trino de ese mismo 16 de enero.

 

 

A Vargas Lleras le asiste la razón en cuanto al contrato, pues este es del 22 de enero de 2010, lo que no lo exime en absoluto de responsabilidad ya que fue durante su paso por la Vicepresidencia que estas obras se construyeron. Con base en documentos y en declaraciones del mismo Vargas Lleras, Colombiacheck califica su afirmación como Engañosa.

En 2014, el presidente Juan Manuel Santos, mediante el decreto 1647 del 2 de septiembre, le dio a Vargas Lleras un poder sin precedentes para un vicepresidente: el de coordinar las obras de infraestructura a nivel nacional: algo con lo que soñaba desde su paso por el Ministerio de Vivienda.

Gracias a este, a Vargas Lleras se le confió la “misión de coordinación interinstitucional e intersectorial que contribuya al desarrollo de aquellos proyectos relacionados con los sectores de vivienda e infraestructura, proyectos especiales de renovación urbana y desarrollo espacial”. Fue la confirmación de algo que ya se sabía: que Vargas Lleras iba a ser el amo y señor del sector infraestructura.

Lo había dicho él mismo semanas antes de la expedición del 1647: “El presidente de la República espera que desde la Vicepresidencia asumamos competencias relacionadas con apoyar y dar impulso al ambicioso plan que en materia de infraestructura va a ejecutarse a lo largo de este cuatrienio”.

Para ese momento la construcción de la doble calzada Bogotá-Villavicencio ya había sido otorgada a Coviandes -un consorcio creado precisamente para esta obra y cuyo mayor accionista es el multimillonario Luis Carlos Sarmiento- en virtud de un viejo Contrato de Concesión: el 444 de 1994.

El 22 de enero de 2010, finalizando el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, el INCO y Coviandes firmaron un adicional al contrato para la realización de una doble calzada entre El Tablón (Cundinamarca) y Chirajara (Meta). Todo -contrato y adicional- por un valor de 3.1 billones de pesos y con 2023 como fecha de terminación. Los diseños, en particular, costaron 12.478 millones y fueron reconocidos con el Premio Nacional de Ingeniería del año 2010. Ese año se dio inicio a la construcción de un primer tramo.

Desde que llegó a la Vicepresidencia, Vargas Lleras se puso al frente de la obra. El 2 de octubre de 2014, recorrió la construcción junto con la entonces ministra de Transporte Natalia Abello y el entonces director de la ANI, Luis F. Andrade. Y dijo que las obras iban “a todo vapor” y que los colombianos “van a ver lo que este país es capaz de lograr cuando se propone sacar algo adelante”.

El primer tramo, de los ocho en los que se dividió la obra, se inauguró el 5 de junio de 2015 en un evento en el que el entonces vicepresidente aseguró que, con esta obra, “seguimos cumpliendo el compromiso del Gobierno para dejar atrás el rezago en infraestructura que tenía el país”.

La inauguración de esos primeros 12.5 kilómetros vino acompañada de un anuncio: que el gobierno y Sarmiento Angulo habían llegado a un acuerdo para que Coviandes, en virtud de un contrato de Iniciativa Privada por un valor de $1.9 billones, construyera el resto de la doble calzada. Es decir: desde el final del sector 4A, en el que se encuentra el puente Chirajara, hasta Villavicencio. Esto explica la importancia que tiene, para la doble calzada, el desplomado puente Chirajara, sobre el que hoy se discute si terminarlo o demolerlo.

Pero, para ese momento, el puente estaba, apenas, en planos, aunque su construcción ya había sido entregada, por parte de Coviandes, a dos subcontratistas que ya contaban con experiencia en la realización de puentes, en particular, en esta vía: Gisaico e ICMO.

El pasado 4 de febrero, en entrevista con Colprensa, el gerente de ICMO, Camilo Torres, explicó que primero Coviandes (en realidad, Coninvial, una firma que fue delegada por esta) subcontrató a Gisaico. Y luego, a los pocos meses, Gisaico subcontrató a ICMO “para hacer la estructura”.

Las obras del puente de 458 metros de largo empezaron, de acuerdo con Gisaico, en abril de 2016.

En septiembre de ese año, Vargas Lleras visitó la obra e inauguró otro tramo. Hasta le alcanzó el tiempo para hacer señalamientos en contra de la gobernadora del Meta, Marcela Amaya, a la que criticó por demoras en la construcción de la malla vial del departamento y hasta acusó de corrupta.

Finalmente la gobernadora se fue del lugar malhumorada y el vicepresidente cortó el listón sólo. En ese momento dijo que lo complacía “mucho inaugurar y entregar obras modernas y seguras”. Seguramente, de haber seguido en la vicepresidencia, Vargas Lleras habría asistido a la inauguración más reciente, la del pasado 17 de noviembre, pero no pudo porque para ese momento ya era candidato presidencial.

Ahora no quiere saber nada de la doble calzada. Pero en redes sociales le recordaron todas las veces que inauguró sonriente tramos de la carretera Bogotá-Villavicencio. Y no solo los internautas. Por ejemplo, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, le respondió a Vargas Lleras diciendo que “al Gobierno actual le ha encantado inaugurar las obras que les dejamos, sin recordar de dónde vienen (...) Vargas Lleras me acusa de haber contratado el puente derrumbado. Siquiera me preocupé por construirle doble calzada al Llano”.

 

 

Así que, aunque es cierto que esta obra se contrató en 2010 y tampoco es cierto que pueda atribuirse de manera apresurada toda la responsabilidad a un funcionario, tampoco es real que Vargas Lleras no tuviera responsabilidad alguna frente al proyecto, pues la obra se construyó bajo su mandato como coordinador de proyectos en el sector de infraestructura. Valga la pena recordar lo que dijo en un reportaje de febrero de 2015, publicado por la revista Semana: “Si uno no está encima de las cosas estas no se hacen”. Pero ahora Vargas Lleras niega haber estado encima porque las cosas no se hicieron bien.