Pasar al contenido principal

Falso Falso Falso Falso Falso Falso Falso Falso

Falso

Lunes, 05 Octubre 2020

"780 millones de dólares para la paz benefician a 6 millones de personas"

Por José Felipe Sarmiento

Este es uno de los chequeos a la intervención del presidente, Iván Duque, ante la 75ª Asamblea General de la ONU.

En su discurso del 22 de septiembre ante la máxima instancia de la Organización de Naciones Unidas, Duque afirmó que “la política de Paz con Legalidad está beneficiando a más de 6 millones de compatriotas en sus territorios, con una inversión que supera los 780 millones de dólares”.

Según dijo, esta se fundamenta “en la estabilización social y la consolidación institucional de los territorios más golpeados históricamente por la violencia y la pobreza”. Oficialmente, estos son los 170 municipios de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), en los que efectivamente viven 6,4 millones de personas según la priorización de la Mesa Internistitucional de Población.

Al corroborar la información encontramos que la frase es falsa porque el monto que dio el mandatario ante la Asamblea General de la ONU no cuadra con las cuentas detalladas de su propio gobierno. Para contrastar en pesos, Colombiacheck tomó como referencia los 2,9 billones que reportó el informativo de la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación el 21 de septiembre, porque su equivalente en dólares se aproxima al mencionado en el discurso con las tasas de cambio de los últimos dos meses.

Según el video, las inversiones están representadas “en obras PDET, proyectos productivos, obras por impuestos y recursos del [Órgano Colegiado de Administración y Decisión] OCAD Paz por regalías”, pero no especifica cuánta plata corresponde a cada uno de los cuatro componentes. Solo detalla el primero: de 888 obras entregadas por 141.500 millones de pesos.

Otras fuentes oficiales dan totales distintos. Dependiendo de los rubros que se sumen, los recursos pueden ser mucho menores o mucho mayores a 2,9 billones. Nunca coinciden exactamente.

El jefe de prensa de la Consejería, Francisco Tulande, le envió a Colombiacheck unas cifras desagregadas y una presentación para sustentarlas. El problema es que estas no son iguales entre sí y tampoco corresponden con lo que dijeron Duque y el citado informativo.

Las diapositivas hablan de 5,4 billones de pesos distribuidos así:

  • 1,75 billones del OCAD.
  • 164.000 millones de obras PDET.
  • 470.000 millones de obras por impuestos.
  • 1,25 billones de lo que el Plan Nacional de Desarrollo llama “trazador presupuestal para la paz”, que son las partidas destinadas a la implementación del Acuerdo del Teatro Colón por entidades nacionales.
  • Cerca de 1,8 billones en recursos de cooperación internacional (el aporte del Reino Unido no está especificado).

El funcionario dijo que eran 4,3 billones porque solo contó 703.400 millones de pesos de cooperación internacional, aunque no explicó por qué. En todo caso, ambas cifras superan por mucho a la del presidente.

El informe oficial sobre los dos años de la política de Paz con Legalidad, publicado el 16 de septiembre con corte hasta agosto, da otros datos. La versión corta destaca que las obras PDET, contando 82 en ejecución, representan 164.000 millones de pesos. Por el lado del OCAD Paz, dice que hay proyectos aprobados por 1,7 billones en esas zonas. Finalmente, cuenta los 186.358 millones de 25 proyectos de obras por impuestos que ya están asignados a empresas para su desarrollo. El total es de 2 billones de pesos (515 millones de dólares).

Al tomar los 11 proyectos aprobados por impuestos que todavía no están asignados a empresas para su ejecución, que representan 153.829 millones de pesos más, y contar las obras PDET por el valor total de 226.000 millones, incluyendo interventorías y otros costos por 62.000 millones adicionales, el monto sube apenas a 2,2 billones de pesos (566 millones de dólares). Quedan faltando otros 700.000 millones de pesos para llegar a la cifra del presidente, casi la cuarta parte, y no se menciona la cooperación internacional.

La versión larga del informe habla de “planeación” en esos 170 municipios e incluye 52 acciones, aunque no todas corresponden a inversión. Las que tienen montos específicos y, según lo que se desprende del texto, ya están por lo menos en ejecución o terminadas son las siguientes:

  • 1.575 millones de pesos de la ATR para la estrategia ‘Yo me subo a mi PDET’, que implementa iniciativas de organizaciones comunitarias.
  • 28.120 millones de pesos en apoyo de esa entidad al Ministerio de Salud, con plata del Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para el Sostenimiento de la Paz, con el fin de fortalecer la atención primaria en salud, incluyendo la prevención y la respuesta a la pandemia de COVID-19.
  • 45.900 millones de pesos del primer desembolso de un crédito del Ministerio de Educación con banca multilateral para invertir en colegios de municipios PDET.
  • 23.300 millones de pesos en material pedagógico entregado por esa misma cartera para el trabajo en casa durante el aislamiento.
  • 2.636 millones de pesos en apoyos a propuestas de esas regiones que fueron seleccionadas por la convocatoria ‘Comparte lo que somos’ del Ministerio de Cultura, en el marco de la emergencia económica por la pandemia.
  • 238.515 millones de pesos para agua potable y saneamiento básico.
  • 35.560 millones de pesos en financiación a emprendimientos campesinos escogidos en una convocatoria del Ministerio de Agricultura exclusiva para PDET.
  • 19.380 millones de pesos para iniciativas de mujeres rurales ejecutados por esa misma cartera con plata de la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (Koica).
  • 900 millones de pesos en restauración ecológica.
  • 678 millones de pesos en planes de negocio para productos agropecuarios con la estrategia ‘Comercializadoras Saludables’ de la Organización de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), la ATR y la Agencia de Desarrollo Rural (ADR).
  • 25.407 millones de pesos de la ADR para 22 Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario con Enfoque Territorial (PIDAR), aunque en este caso la cuenta es desde 2017, o sea que incluye al gobierno anterior.

Otros puntos incluidos en el documento todavía están en estructuración o pendientes de buscar financiación (varios detallan los montos). También están mezclados con avances más generales, como expediciones de documentos o reuniones que no se presentan asociados a recursos específicos.

Además, el informe recuerda que el Presupuesto General de la Nación de 2020 incluía 634.958 millones de pesos destinados a 41 proyectos en zonas PDET en el anexo respectivo al “trazador” para la paz. No aclara si las acciones mencionadas antes están incluidas total o parcialmente ahí o si, por el contrario, se trata de un valor adicional.

En todo caso, los rubros que están en la lista anterior suman otros 2 billones de pesos (515 millones de dólares). Así que a Duque y al informativo de la Consejería están contando cosas diferentes a los que tienen en cuenta las dos versiones del informe de su propio gobierno, que a su vez son distintas de las que incluye la presentación de la misma entidad. O hay inversiones que se mencionan aparte a pesar de ya estar incluidas en componentes más grandes sin aclararlo.

Para completar la confusión, un trino de Presidencia dio otra versión del cálculo. Cuando un usuario cuestionó la cifra del discurso, la cuenta le respondió que el monto sale al sumar los 164.000 millones de pesos de las obras PDET más 49.000 millones para el funcionamiento de los antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) donde se instalaron algunos exguerrilleros de las Farc tras dejar las armas y 1,6 billones de pesos en indemnizaciones a víctimas del conflicto armado.

Hilo de Twitter donde Presidencia le responde cifras distintas de inversión en PDET a un usuario

Estas cifras coinciden con datos del informe de la Consejería, pero los dos últimos rubros no están específicamente relacionados como inversión en PDET. Además, el total de esa operación da apenas 1,8 billones de pesos (463 millones de dólares).

Por otro lado, según un informe elaborado por 14 congresistas de seis partidos sobre la implementación del Acuerdo Final de Paz del Teatro Colón en los dos primeros años del gobierno Duque, los PDET requieren una inversión mínima de 4,67 billones de pesos al año. La mayoría de las sumas que dio el mismo gobierno, incluso los 780 millones de dólares de los que habló el presidente, están por debajo del monto necesario.

Colombiacheck se comunicó con los equipos de dos de los autores (Juanita Goebertus, representante a la Cámara por Bogotá de la Alianza Verde, y Roy Barreras, senador del Partido de la U), pero tampoco supieron de dónde sale la cuenta de Duque. Además, desde el equipo de la congresista Goebertus aclararon que las inconsistencias en la información de cooperación internacional son de vieja data porque “es muy difícil hacerles seguimiento a esos datos y saber cuál es el monto exacto”.

Entre tanto, la Procuraduría le acaba de entregar un informe al Congreso (con corte hasta marzo de 2020) en el que llama la atención sobre la falta de claridad sobre el seguimiento a las inversiones, su articulación con otros componentes del acuerdo e incluso su enfoque reparador para la población. En especial, resalta que solo una de las 16 subregiones PDET tiene una hoja de ruta definida. Sobre las obras, en particular, dice que se espera una intervención “más robusta e integral”.

El ente de control también advirtió retrasos en la ejecución de los recursos aprobados por OCAD Paz en general, no solo en PDET (donde son uno de los mayores componentes de la inversión según casi todas las versiones de las cifras del Gobierno). En abril, menos del 1 por ciento estaba en inversiones terminadas y casi la mitad, 47 por ciento, no habían firmado acta de inicio, incluyendo 23 por ciento que ya tenían contrato.

En todo caso, la cifra que dio el presidente ante la ONU es falsa porque contradice otros informes más detallados de su propio gobierno, que de todas formas son opacos o incluyen rubros inexactos, como el de cooperación internacional, o sin contexto necesario, como los del OCAD Paz. Además, está muy por debajo de lo que debería estar invirtiendo en los PDET, según el informe de los congresistas, y sus avances concretos son poco claros o están desarticulados, de acuerdo con la Procuraduría.

Verdadero Verdadero Verdadero Verdadero Verdadero Verdadero Verdadero Verdadero

Verdadero

Domingo, 28 Agosto 2016

“El tratado de Roma no habla de cárcel, habla de sanciones, que hoy son restaurativas”, Gaviria

Por Sania Salazar

Cesar Gaviria, expresidente de Colombia y líder de la campaña por el sí en el plebiscito, demuestra que son falsos los rumores de la oposición en los que asegura que los guerrilleros deben pagar sus delitos con cárcel y no mediante mecanismos alternativos como los que se pactaron en el Acuerdo Final.

El pasado 24 de agosto, día en el que se anunció el cierre de la negociación entre el Gobierno y las Farc, César Gaviria, expresidente y líder de la campaña por el voto positivo al plebiscito, aseguró en entrevista con el periodista Yamid Amat, director del noticiero de televisión CM&, que el Tratado de Roma no habla de cárcel sino de sanciones. Frase que, luego de chequearla, calificamos como verdadera.

Para comenzar nuestra verificación, quisimos confirmar con Gaviria cómo sustenta su afirmación o de dónde la había sacado, pero John Álvarez, quien maneja sus relaciones con los medios de comunicación, nos dijo que tenía la agenda copada y que no nos podía atender hasta la próxima semana.

Entonces revisamos el Estatuto de Roma, que se constituye en la norma que reglamenta el funcionamiento de la Corte Penal Internacional, tribunal que juzga a personas acusadas de cometer crímenes de guerra o de lesa humanidad, entre otros, y al cual se ciñó el Acuerdo Final entre el gobierno y las Farc.

Hicimos el ejercicio básico de buscar la palabra en todo el documento y solo apareció una vez el término “encarcelación”. Se ubica en el artículo 7 de la Parte I titulada “Crímenes de lesa humanidad” describiendo uno de los actos considerados como tal, acciones que no serán objeto de amnistía ni indulto para las Farc tal como consta en el Acuerdo Final.

Las palabras sanción o sanciones están seis veces en el documento y se refieren, sobre todo, a correctivos ante conductas inadecuadas frente a la Corte

Después revisamos la Parte VII del documento, artículos 77 y 78, que hablan sobre las penas. Allí se habla de reclusión, la cual no puede exceder los 30 años y solo justifica penas a perpetuidad por “la extrema gravedad del crimen y las circunstancias personales del condenado”. El Tratado habla además de imponer multas y de decomisar productos, bienes o haberes procedentes del crimen.

Carlos Montoya, investigador de la Fundación Paz y Reconciliación, resaltó que “la Jurisdicción Especial para la Paz, concertada en el Acuerdo Final, estará encargada de administrar justicia e investigar y sancionar las violaciones a los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario”, garantizando el debido proceso que exige la Corte Penal Internacional, CPI.

“La alternatividad que da la justicia transicional coincide en que no tiene que haber cárcel para que haya una sanción y eso garantiza que no haya impunidad”, concluyó Montoya.

Por todo lo explicado hasta aquí, Colombiacheck considera falsas las declaraciones del senador Jaime Amín y de Christian Garcés, ambos del Centro Democrático, que aseguran que la justicia internacional exige cárcel para delitos de lesa humanidad.

 

 

 

 

Colombiacheck ya había chequeado una frase del expresidente Uribe en el que se explica cómo serán las sanciones privativas de la libertad a las que se exponen los guerrilleros de las Farc.