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Lunes, 05 Octubre 2020

"780 millones de dólares para la paz benefician a 6 millones de personas"

Por José Felipe Sarmiento

Este es uno de los chequeos a la intervención del presidente, Iván Duque, ante la 75ª Asamblea General de la ONU.

En su discurso del 22 de septiembre ante la máxima instancia de la Organización de Naciones Unidas, Duque afirmó que “la política de Paz con Legalidad está beneficiando a más de 6 millones de compatriotas en sus territorios, con una inversión que supera los 780 millones de dólares”.

Según dijo, esta se fundamenta “en la estabilización social y la consolidación institucional de los territorios más golpeados históricamente por la violencia y la pobreza”. Oficialmente, estos son los 170 municipios de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), en los que efectivamente viven 6,4 millones de personas según la priorización de la Mesa Internistitucional de Población.

Al corroborar la información encontramos que la frase es falsa porque el monto que dio el mandatario ante la Asamblea General de la ONU no cuadra con las cuentas detalladas de su propio gobierno. Para contrastar en pesos, Colombiacheck tomó como referencia los 2,9 billones que reportó el informativo de la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación el 21 de septiembre, porque su equivalente en dólares se aproxima al mencionado en el discurso con las tasas de cambio de los últimos dos meses.

Según el video, las inversiones están representadas “en obras PDET, proyectos productivos, obras por impuestos y recursos del [Órgano Colegiado de Administración y Decisión] OCAD Paz por regalías”, pero no especifica cuánta plata corresponde a cada uno de los cuatro componentes. Solo detalla el primero: de 888 obras entregadas por 141.500 millones de pesos.

Otras fuentes oficiales dan totales distintos. Dependiendo de los rubros que se sumen, los recursos pueden ser mucho menores o mucho mayores a 2,9 billones. Nunca coinciden exactamente.

El jefe de prensa de la Consejería, Francisco Tulande, le envió a Colombiacheck unas cifras desagregadas y una presentación para sustentarlas. El problema es que estas no son iguales entre sí y tampoco corresponden con lo que dijeron Duque y el citado informativo.

Las diapositivas hablan de 5,4 billones de pesos distribuidos así:

  • 1,75 billones del OCAD.
  • 164.000 millones de obras PDET.
  • 470.000 millones de obras por impuestos.
  • 1,25 billones de lo que el Plan Nacional de Desarrollo llama “trazador presupuestal para la paz”, que son las partidas destinadas a la implementación del Acuerdo del Teatro Colón por entidades nacionales.
  • Cerca de 1,8 billones en recursos de cooperación internacional (el aporte del Reino Unido no está especificado).

El funcionario dijo que eran 4,3 billones porque solo contó 703.400 millones de pesos de cooperación internacional, aunque no explicó por qué. En todo caso, ambas cifras superan por mucho a la del presidente.

El informe oficial sobre los dos años de la política de Paz con Legalidad, publicado el 16 de septiembre con corte hasta agosto, da otros datos. La versión corta destaca que las obras PDET, contando 82 en ejecución, representan 164.000 millones de pesos. Por el lado del OCAD Paz, dice que hay proyectos aprobados por 1,7 billones en esas zonas. Finalmente, cuenta los 186.358 millones de 25 proyectos de obras por impuestos que ya están asignados a empresas para su desarrollo. El total es de 2 billones de pesos (515 millones de dólares).

Al tomar los 11 proyectos aprobados por impuestos que todavía no están asignados a empresas para su ejecución, que representan 153.829 millones de pesos más, y contar las obras PDET por el valor total de 226.000 millones, incluyendo interventorías y otros costos por 62.000 millones adicionales, el monto sube apenas a 2,2 billones de pesos (566 millones de dólares). Quedan faltando otros 700.000 millones de pesos para llegar a la cifra del presidente, casi la cuarta parte, y no se menciona la cooperación internacional.

La versión larga del informe habla de “planeación” en esos 170 municipios e incluye 52 acciones, aunque no todas corresponden a inversión. Las que tienen montos específicos y, según lo que se desprende del texto, ya están por lo menos en ejecución o terminadas son las siguientes:

  • 1.575 millones de pesos de la ATR para la estrategia ‘Yo me subo a mi PDET’, que implementa iniciativas de organizaciones comunitarias.
  • 28.120 millones de pesos en apoyo de esa entidad al Ministerio de Salud, con plata del Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para el Sostenimiento de la Paz, con el fin de fortalecer la atención primaria en salud, incluyendo la prevención y la respuesta a la pandemia de COVID-19.
  • 45.900 millones de pesos del primer desembolso de un crédito del Ministerio de Educación con banca multilateral para invertir en colegios de municipios PDET.
  • 23.300 millones de pesos en material pedagógico entregado por esa misma cartera para el trabajo en casa durante el aislamiento.
  • 2.636 millones de pesos en apoyos a propuestas de esas regiones que fueron seleccionadas por la convocatoria ‘Comparte lo que somos’ del Ministerio de Cultura, en el marco de la emergencia económica por la pandemia.
  • 238.515 millones de pesos para agua potable y saneamiento básico.
  • 35.560 millones de pesos en financiación a emprendimientos campesinos escogidos en una convocatoria del Ministerio de Agricultura exclusiva para PDET.
  • 19.380 millones de pesos para iniciativas de mujeres rurales ejecutados por esa misma cartera con plata de la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (Koica).
  • 900 millones de pesos en restauración ecológica.
  • 678 millones de pesos en planes de negocio para productos agropecuarios con la estrategia ‘Comercializadoras Saludables’ de la Organización de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), la ATR y la Agencia de Desarrollo Rural (ADR).
  • 25.407 millones de pesos de la ADR para 22 Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario con Enfoque Territorial (PIDAR), aunque en este caso la cuenta es desde 2017, o sea que incluye al gobierno anterior.

Otros puntos incluidos en el documento todavía están en estructuración o pendientes de buscar financiación (varios detallan los montos). También están mezclados con avances más generales, como expediciones de documentos o reuniones que no se presentan asociados a recursos específicos.

Además, el informe recuerda que el Presupuesto General de la Nación de 2020 incluía 634.958 millones de pesos destinados a 41 proyectos en zonas PDET en el anexo respectivo al “trazador” para la paz. No aclara si las acciones mencionadas antes están incluidas total o parcialmente ahí o si, por el contrario, se trata de un valor adicional.

En todo caso, los rubros que están en la lista anterior suman otros 2 billones de pesos (515 millones de dólares). Así que a Duque y al informativo de la Consejería están contando cosas diferentes a los que tienen en cuenta las dos versiones del informe de su propio gobierno, que a su vez son distintas de las que incluye la presentación de la misma entidad. O hay inversiones que se mencionan aparte a pesar de ya estar incluidas en componentes más grandes sin aclararlo.

Para completar la confusión, un trino de Presidencia dio otra versión del cálculo. Cuando un usuario cuestionó la cifra del discurso, la cuenta le respondió que el monto sale al sumar los 164.000 millones de pesos de las obras PDET más 49.000 millones para el funcionamiento de los antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) donde se instalaron algunos exguerrilleros de las Farc tras dejar las armas y 1,6 billones de pesos en indemnizaciones a víctimas del conflicto armado.

Hilo de Twitter donde Presidencia le responde cifras distintas de inversión en PDET a un usuario

Estas cifras coinciden con datos del informe de la Consejería, pero los dos últimos rubros no están específicamente relacionados como inversión en PDET. Además, el total de esa operación da apenas 1,8 billones de pesos (463 millones de dólares).

Por otro lado, según un informe elaborado por 14 congresistas de seis partidos sobre la implementación del Acuerdo Final de Paz del Teatro Colón en los dos primeros años del gobierno Duque, los PDET requieren una inversión mínima de 4,67 billones de pesos al año. La mayoría de las sumas que dio el mismo gobierno, incluso los 780 millones de dólares de los que habló el presidente, están por debajo del monto necesario.

Colombiacheck se comunicó con los equipos de dos de los autores (Juanita Goebertus, representante a la Cámara por Bogotá de la Alianza Verde, y Roy Barreras, senador del Partido de la U), pero tampoco supieron de dónde sale la cuenta de Duque. Además, desde el equipo de la congresista Goebertus aclararon que las inconsistencias en la información de cooperación internacional son de vieja data porque “es muy difícil hacerles seguimiento a esos datos y saber cuál es el monto exacto”.

Entre tanto, la Procuraduría le acaba de entregar un informe al Congreso (con corte hasta marzo de 2020) en el que llama la atención sobre la falta de claridad sobre el seguimiento a las inversiones, su articulación con otros componentes del acuerdo e incluso su enfoque reparador para la población. En especial, resalta que solo una de las 16 subregiones PDET tiene una hoja de ruta definida. Sobre las obras, en particular, dice que se espera una intervención “más robusta e integral”.

El ente de control también advirtió retrasos en la ejecución de los recursos aprobados por OCAD Paz en general, no solo en PDET (donde son uno de los mayores componentes de la inversión según casi todas las versiones de las cifras del Gobierno). En abril, menos del 1 por ciento estaba en inversiones terminadas y casi la mitad, 47 por ciento, no habían firmado acta de inicio, incluyendo 23 por ciento que ya tenían contrato.

En todo caso, la cifra que dio el presidente ante la ONU es falsa porque contradice otros informes más detallados de su propio gobierno, que de todas formas son opacos o incluyen rubros inexactos, como el de cooperación internacional, o sin contexto necesario, como los del OCAD Paz. Además, está muy por debajo de lo que debería estar invirtiendo en los PDET, según el informe de los congresistas, y sus avances concretos son poco claros o están desarticulados, de acuerdo con la Procuraduría.

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Martes, 04 Octubre 2016

“Plebiscito no tiene efecto jurídico alguno, el efecto es político”: Timochenko

Por Sania Salazar

Aunque el comandante máximo de las Farc quiera negarlo, el plebiscito tuvo efectos jurídicos: la imposibilidad de implementar el Acuerdo Final ante el triunfo del No y de sostener el cese al fuego bilateral más allá del 31 de octubre próximo, según anuncio del Presidente.

Un día después de un plebiscito que no era obligatorio realizar, el comandante de las Farc, Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko, aseguró que ese mecanismo de refrendación del acuerdo entre el Gobierno y esa guerrilla solo tiene efecto político. La implementación del acuerdo está en veremos porque triunfó el No en las urnas y frenó los mecanismos jurídicos para adelantarlo. Por eso Colombiacheck califica la frase como falsa.

En su discurso Jiménez habló de una sentencia de la Corte Constitucional en la que consta que el plebiscito no tiene efecto jurídico.

Le solicitamos a las Farc mediante correo electrónico y WhatsApp una entrevista con Jiménez para saber en qué punto específico de la sentencia basa su afirmación, pero no hemos obtenido respuesta.

A continuación revisamos la sentencia C 379 de 2016 en la que la Corte Constitucional avaló el plebiscito como mecanismo de refrendación del acuerdo Gobierno-Farc, que en la página 288 dice: “la refrendación popular del Acuerdo tiene naturaleza exclusivamente política, consistente en un mandato al Presidente de la República para la implementación de una decisión política a su cargo, a través de los canales y procedimientos dispuestos por la Constitución y la ley para ese efecto”.

Pero, en la páginas 291 y 293 la Corte deja claro que hay consecuencias jurídicas: en el caso de la aprobación del plebiscito la obligación del Presidente de implementar los acuerdos, pero en el caso del triunfo del No, la imposibilidad de llevarlos a cabo.

“Así, las consecuencias de la decisión del Pueblo convocado en plebiscito también son de la mayor entidad y en modo alguno pueden comprenderse como una mera sugerencia, sino como mandatos con soporte jurídico constitucional, derivado del contenido y alcance del principio de soberanía popular”, deja en claro la sentencia.

Lo político incide en lo jurídico

Colombiacheck consultó a María Luisa Rodríguez Peñaranda, profesora asociada de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional y doctora en Derecho Constitucional, quien aclaró que los efectos políticos y jurídicos están directamente relacionados.

Rodríguez Peñaranda explicó que el efecto político es simbólico. Significa un mensaje de la sociedad al Estado diciéndole que está de acuerdo o no con su política. Es una manifestación abierta que en el caso del Acuerdo Final no era un paso obligatorio. Haber optado por realizar el plebiscito tenía el objetivo de revestir de mayor democracia la decisión. Era abrir un acuerdo Gobierno-Farc a Colombia para volverlo un pacto de todos.

El efecto jurídico está más asociado con normas que imponen procedimientos, que establecen mandatos, que otorgan derechos, precisó Rodríguez Peñaranda.

La profesora indicó que cuando se estableció el plebiscito como uno de los pasos adquirió efectos jurídicos, que fue una decisión política con impacto jurídico porque el resultado es que el país no está de acuerdo.

“Políticamente ya no se puede negar que también tiene un efecto jurídico, es decir, los acuerdos estaban condicionados a que pasaran por las urnas y que se validara con el Sí, ahora que ganó el No es muy difícil meterle el gol al país de decirle que ese paso no era tan importante, después de que se nos convocó a las urnas, eso se convierte en un acto que tiene efectos que no se pueden negar”, resaltó.

El efecto jurídico de darles voz a los ciudadanos para que se pronunciaran sobre el proceso y se sintieran parte de él tiene efectos tangibles.

“La Corte dice que acto seguido al plebiscito que validaría los acuerdos seguiría el paso de radicar ante el Congreso lo que sería la refrendación como tratado internacional para ser parte del bloque de constitucionalidad y ese es un acto jurídico”.

Ese efecto jurídico que suena tan abstracto no es más que esa incertidumbre en la que está Colombia sobre qué va a pasar, pues tal como está el Acuerdo no se puede implementar hasta que no se llegue a un consenso con quienes votaron No.

Una consecuencia directa de la negativa a aceptar el Acuerdo Final con las Farc, que se negoció durante más de cinco años, es poner en riesgo la pacificación alcanzada en buena parte de Colombia, como documentó el Centro de Recursos de Análisis de Conflictos, Cerac, y lo contó Colombiacheck tomando como ejemplo la experiencia de 147 días sin homicidios por el conflicto armado que registró Puerto Asís, Putumayo.

Prueba de lo anterior es que hoy el presidente Santos anunció que el cese bilateral y definitivo con las Farc solo irá hasta el próximo 31 de octubre.