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Jueves, 05 Marzo 2020

Aborto es un delito y también un derecho

Por Luisa Fernanda Gómez Cruz

El exconcejal Marco Fidel Ramírez publicó un trino con cuatro afirmaciones sobre la ponencia del magistrado Linares y la discusión sobre el aborto. Se rajó en dos, pero le atinó a las otras dos.

En las últimas semanas se reabrió el debate del aborto en Colombia. Primero, por la polémica generada por un hombre que se oponía a que su expareja accediera a su derecho a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Luego, por la ponencia que presentó el magistrado de la Corte Constitucional Alejandro Linares para despenalizar por completo el aborto en las primeras 16 semanas de embarazo.

La discusión de la ponencia de Linares en la Corte se fijó para el pasado lunes 2 de marzo. Ese día, grupos de mujeres y organizaciones autodenominadas “provida” se reunieron frente a la Corte Constitucional para hacer un plantón a favor y en contra, respectivamente, de la despenalización del aborto.

También ese día, Marco Fidel Ramírez, exconcejal de Bogotá (quien se hace llamar el “concejal de la familia”) publicó un trino (que fue compartido en su Facebook) luego de que la corte anunciara su decisión. En la publicación, Ramírez dijo: “Derrotada la ponencia herodiana del magistrado Linares en la @CConstitucional . Votación 6-3 . Aborto en Colombia sigue siendo un delito. El aborto no es un derecho, es un crimen”.

Revisamos una a una las cuatro afirmaciones verificables de su trino y encontramos una verdadera, una verdadera pero, una cuestionable y una falsa.

El contexto

Antes de entrar a la verificación de las afirmaciones de Ramírez vale la pena devolverse un poco en los hechos para contextualizar.

La ponencia del magistrado Linares surgió porque la abogada Natalia Bernal presentó el año pasado dos demandas de inconstitucionalidad contra el artículo 90 del Código Civil y el artículo 122 del Código Penal.

El primero determina que “la existencia legal de toda persona principia al nacer, esto es, al separarse completamente de su madre. La criatura que muere en el vientre materno, o que perece antes de estar completamente separada de su madre, o que no haya sobrevivido a la separación un momento siquiera, se reputará no haber existido jamás”.

El artículo del Código Penal tipifica el delito del aborto y establece que:

“La mujer que causare su aborto o permitiere que otro se lo cause, incurrirá en prisión de dieciséis (16) a cincuenta y cuatro (54) meses. 

A la misma sanción estará sujeto quien, con el consentimiento de la mujer, realice la conducta prevista en el inciso anterior”. 

La Corte Constitucional, sin embargo, en la Sentencia C-355 de 2006 estudió la constitucionalidad del artículo 122 del Código Penal y despenalizó dicha conducta en tres circunstancias específicas (que explicamos en un artículo anterior):

  1. Cuando la continuación del embarazo constituya peligro para la vida o la salud (física y mental) de la mujer.

  2. Cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su vida, certificada por un médico.

  3. Cuando el embarazo sea el resultado de una conducta, debidamente denunciada, constitutiva de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento, abusivo o de inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado no consentidas, o de incesto.

Lo que buscaba Bernal, por medio de la demanda de constitucionalidad a los dos artículos de los códigos señalados, es que la Corte volviera a penalizar el aborto bajo el argumento de que existe evidencia científica para asegurar que el derecho a la vida debería regir antes del nacimiento. Además, que “el aborto inducido afecta la dignidad, la integridad psicológica y física de las mujeres que abortan voluntariamente, pone en peligro la conciencia y la salud mental de los médicos que realizan el procedimiento con autorización de los Estados, atenta contra la vida, la dignidad, la intimidad y la integridad de los niños y niñas indefensos”, según el boletín 25 de la Corte Constitucional.

Es decir, la abogada pretendía tumbar lo dicho por la entidad judicial desde 2006,

La demanda llegó a la Corte Constitucional y le fue asignada a Alejandro Linares quien la admitió. No obstante, la ponencia que redactó el magistrado iba en contravía de lo que pretendía la demanda de Bernal. 

Según un artículo publicado por El Espectador, que revisó la ponencia, el proyecto: 

“Apunta que lo que debe hacer la Corte Constitucional en este momento es avanzar aún más en la despenalización del aborto y declararlo completamente legal antes de las 16 semanas, sin que haya causales de por medio, e insistirle al Estado y sus instituciones en que no pueden existir más barreras que solo tienen como objetivo que las mujeres colombianas no accedan a este derecho fundamental. La propuesta es que, después de la semana 16 de gestación, las causales ya aprobadas entren a regir”. 

Linares presentó la ponencia a los demás magistrados de la Corte para que la estudiaran y la discusión se fijó, como mencionamos al comienzo, para el 2 de marzo.

Ese lunes, al final de la tarde, la Corte Constitucional dio a conocer a la opinión pública la decisión que tomó frente a la ponencia del magistrado Linares, y tal y como tituló La Silla Vacía su artículo, la Corte decidió no decidir. El ente judicial se inhibió de pronunciarse.

Ahora, ¿qué tan ciertas son las afirmaciones de Ramírez al respecto?

“Derrotada la ponencia”

Cuestionable

 

 

Para Jorge Enrique Roa Roa, docente de derecho constitucional de la Universidad Externado, afirmar que la ponencia del magistrado Linares fue derrotada es una cuestión de perspectiva.

Podría decirse que sí fue derrotada porque el aborto no se despenalizó por completo en el primer trimestre de gestación, como pretendía la ponencia.

Pero, también podría decirse que no fue derrotada porque ni siquiera llegó a discutirse; la corte se inhibió.

Según Diego Castillo, abogado especialista en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, un auto inhibitorio se da cuando un tribunal (de cualquier tipo) considera que por distintas razones existe una imposibilidad para pronunciarse. Puede ser, como en este caso, porque la demanda no estaba bien fundamentada.

De acuerdo con el boletín 25 de la entidad judicial, “la ausencia de claridad, certeza, especificidad, pertinencia y suficiencia en los cargos de inconstitucionalidad formulados en contra del artículo 122 del Código Penal, condujo a que la Corte se inhibiera de proferir una decisión de fondo”.

“La Corte encontró que el artículo 122 del Código Penal fue objeto de un pronunciamiento previo por parte de este Tribunal mediante sentencia C-355 de 2006 y que la demandante no presentó argumentos suficientes para desvirtuar la existencia de cosa juzgada constitucional”, señala el mismo boletín.

Como la corte ni siquiera llegó a discutir el fondo de la ponencia (la pertinencia de despenalizar el aborto hasta la semana 16), sino que se concentró en la forma de la demanda, para Cristina Rosero, asesora legal del Centro de Derechos Sexuales y Reproductivos, no se puede decir que “fue derrotada”. 

Y en esto también coincide Roa Roa, pues “el magistrado [Linares] puede decir que no hubo derrota ni victoria porque el tema ni siquiera se discutió”. 

Como lo que quería la demandante no se cumplió, no se puede decir que fue una victoria de los sectores religiosos y autodenominados provida, pues la IVE sigue estando despenalizada en los casos establecidos desde 2006. Es decir, todo queda como estaba antes de la polémica.

Entonces, dado que no existe un consenso sobre cuál es la interpretación correcta de la afirmación del exconcejal Ramírez, calificamos este punto como cuestionable.

“Votación 6-3”

Verdadero

 

 

De acuerdo con el boletín 25 de la Corte Constitucional, “los magistrados Alejandro Linares Cantillo, José Fernando Reyes Cuartas y Alberto Rojas Ríos salvaron el voto en relación con la providencia anterior”. Es decir, no compartieron las razones aducidas por la mayoría en la sentencia.

Los otros seis magistrados estuvieron de acuerdo con la inhabilidad. De modo que es verdadero que la votación quedó 6-3, como señala Ramírez.

“Aborto en Colombia sigue siendo un delito”

Verdadero, pero

 

 

Efectivamente, como explicamos al comienzo, el aborto es un delito tipificado en el artículo 122 del Código Penal. Sin embargo, también como ya explicamos, no lo es si la mujer o persona gestante se encuentra en una de las tres causales.

Y como tras la discusión en la corte el pasado lunes no cambió nada, pues es cierto que el aborto sigue siendo un delito en Colombia, pero no en todos los casos; por eso calificamos esta afirmación de Ramírez como “verdadera, pero”.

“El aborto no es un derecho, es un crimen”

Falso

 

 

“Sí es un derecho y es un derecho fundamental desde la sentencia C-355 de 2006 hasta la SU-096 de 2018”, dice Roa Roa. El docente señala que incluso esta última sentencia dice: “Derecho fundamental a la IVE” y reafirma los derechos reproductivos (la protección de la autodeterminación reproductiva y el acceso a servicios de salud reproductiva) como derechos fundamentales.

“Los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres han sido finalmente reconocidos como derechos humanos, y como tales, han entrado a formar parte del derecho constitucional”, dice la sentencia C-355.

Y, como contamos en un chequeo anterior, la sentencia T585 de 2010 ha estipulado que la Constitución no tiene que decir explícitamente que existe el derecho a abortar para saber que ese es un derecho. Esto es lo que dice la sentencia:

“Esta Sala concluyó que las prerrogativas que conceden los derechos reproductivos, incluida la IVE, son parte de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución de 1991 pues especifican las facultades que se derivan necesariamente de su contenido en los ámbitos de la reproducción. En este sentido, los derechos reproductivos, con ellos la IVE, están implícitos en los derechos fundamentales a la vida digna (artículos 1 y 11), a la igualdad (artículos 13 y 43), al libre desarrollo de la personalidad (artículo 16), a la información (artículo 20), a la salud (artículo 49) y a la educación (artículo 67), entre otros”.

El abogado Jorge Enrique Roa resume el asunto con un ejemplo: El derecho al voto solo aplica cuando hay elecciones. Eso no quiere decir que el resto del tiempo no haya derecho al voto. De la misma manera, que el aborto sea delito en unos casos no quiere decir que no exista el derecho al aborto, ni que en todos los casos sea un delito ni un crimen, como dijo Ramírez. Por esta razón, calificamos esta última afirmación como falsa.
 

***

El 3 de marzo contactamos a Marco Fidel Ramírez vía WhatsApp para consultarle por las fuentes y razones en las que basó sus afirmaciones. Aunque leyó nuestros mensajes, no nos respondió. Lo contactamos, además, vía Twitter en respuesta al trino objeto de esta verificación y obtuvimos lo mismo: silencio de su parte.

Verdadero pero... Verdadero pero... Verdadero pero... Verdadero pero... Verdadero pero... Verdadero pero... Verdadero pero... Verdadero pero...

Verdadero pero...

Jueves, 19 Julio 2018

La ayudita de Marta Lucía Ramírez a las mujeres para ser generales

Por Sania Salazar

Aunque es verdad que ayudó a que el personal del cuerpo administrativo (incluidos hombres y mujeres) llegaran al grado de general, ya se habían impulsado cambios en pro de las mujeres cuando ella llegó.

A la nueva vicepresidenta electa de Colombia le elogian haber conseguido ser la primera mujer en ese cargo, pero también haber sido la primera ministra de defensa, un sector dominado históricamente por los hombres.

En entrevista con La W Radio, Marta Lucía Ramírez aseguró que en su paso por esa cartera “fue bien interesante haber logrado que se le abriera el espacio a las mujeres para que fueran generales”, pues según contó, cuando ella llegó a dirigir ese ministerio, a las mujeres solo se les permitía llegar hasta el grado de coronel. “No podían subir porque eran muy pocos los cargos para generales”, explicó.

Colombiacheck investigó y concluyó que la frase de la vicepresidenta electa es Aproximada, pues ella impulsó una modificación a una ley para que el personal de carrera administrativa (profesionales de otras áreas, como abogados, médicos, etc, que entran a las fuerzas militares para desempeñar allí sus labores como oficiales) pudiera llegar al rango de general. Inicialmente, solo los oficiales de escuela (es decir, quienes cursaban lo que coloquialmente se conoce como “carrera militar”), podían acceder a este rango.

Después de la gestión de Ramírez las primeras dos mujeres del Ejército, ambas de carrera administrativa, llegaron al grado de generales.

Cuando Ramírez llegó al ministerio en 2002 las mujeres, en teoría, podían llegar al grado de generales, pues fuerzas como la Armada y la Fuerza Aérea habían abierto cursos de oficiales para mujeres. Pero, como para llegar al grado de general hay que hacer una carrera de unos 29 años, solo las mujeres de la Policía estaban cerca de serlo.

Esto es porque, según le explicó el Ministerio de Defensa a Colombiacheck, los ascensos a los distintos grados los ha definido cada fuerza. La primera fuerza en abrirles la posibilidad a las mujeres de llegar al grado de general fue la Policía Nacional, cuando se abrió el primer curso de oficial al que ellas podían ingresar en enero de 1980.

Ramírez fue ministra de defensa entre 2002 y 2003. La primera mujer en ser general de la Policía fue Luz Marina Bustos Castañeda, quien llegó a ese grado en 2009, después de hacer la carrera de oficial de esa fuerza, pero quien se desempeñaba en el campo administrativo. En el Ejército la primera general fue María Paulina Leguizamón, quien hace parte del cuerpo administrativo y ascendió a ese rango en 2013.

La general Clara Esperanza Galvis fue la segunda mujer en el Ejército en ser general. Actualmente es la directora del Hospital Militar. Ella le explicó a Colombiacheck que, inicialmente, quienes hacían parte del cuerpo administrativo del Ejército, como ella, no podían llegar al grado de general y que fue una modificación introducida en la Ley 1405 de 2010 lo que se los permitió.

En el capítulo 5 de dicha ley dice que, para ascender a brigadier general, contraalmirante o brigadier general del aire, el Gobierno nacional escogerá entre los coroneles del cuerpo administrativo y de la justicia penal militar que hayan cumplido con las condiciones exigidas.

Galvis indicó que se empezó a trabajar en la modificación de esa ley durante la gestión de Marta Lucía Ramírez en la cartera de defensa, según se lo comentó la ministra en ese momento. También, otras mujeres que hacen parte de las fuerzas armadas han comentado que Ramírez sí ha movido el tema. Es el caso de la general retirada de la Policía Luz Marina Bustos Castañeda, quien le dijo a Colombiacheck que Ramírez “siempre ha generado espacios de discusión sobre este tema”.

Un empujoncito previo

En 2001, la Corte Constitucional falló que la disposición en la que se exigía que quien fuera a ingresar a la carrera de oficial o suboficial de las Fuerzas Militares fuera “colombiano” no eximía a las mujeres. Aunque una lectura literal podría interpretar que solo los hombres colombianos podrían ingresar a estos cursos, según la Corte, esta palabra restringía la nacionalidad pero no el género de los aplicantes.

La Corte también falló que “los criterios que en oportunidad anterior ha vertido en torno al derecho a la igualdad y al libre desarrollo de la personalidad de ambos sexos respecto al acceso a las escuelas de formación de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares”.

Las mujeres en las otras fuerzas

Según el libro Mujeres Militares: Historias de grandeza al servicio de la paz, en la Armada Nacional la incorporación de mujeres oficiales se dio a partir de 1984 y en la Fuerza Aérea y la Infantería de Marina en 1997.

Esta publicación de ONU Mujeres y el Comando General de las Fuerzas Militares de Colombia recuerda que fue el Mayor General Alfonso Ordóñez Quintana, director de la Escuela Militar de Aviación, quien en 1995 lideró la iniciativa para que las mujeres entraran a la escuela y se graduaran como oficiales con posibilidad de mando.

Pero no en todas las fuerzas esta apertura se dio por iniciativa propia. Según el mismo libro, las mujeres pudieron aspirar a ser oficiales de Infantería de Marina “luego de que el Tribunal Superior de Bogotá avaló una decisión de la Corte Constitucional contenida en la Sentencia T-624 de 1995, que permitiría abrir las puertas a todas las mujeres colombianas aspirantes a oficiales, tenientes de corbeta y de fragata”.

Falta camino por recorrer

Según el documento Misiones militares y posconflicto: Una mirada regional sobre Colombia, el ingreso de mujeres a la carrera militar como oficiales en el Ejército se produjo en 2009, por lo que se estima que, según el número de años que se necesitan para alcanzar cada grado, estas mujeres estarían llegando a brigadieres generales (el primer grado de general) en 2041.

Pero el documento advierte que en el caso de las oficiales de armas, aunque como futuras oficiales tendrán mando de tropa y podrán aspirar al grado de General de la República, en la práctica se les restringe la participación directa en hostilidades.

“Ello puede significar, a futuro (y si se mantienen tendencias a mantenerlas alejadas de zonas en conflicto), que se comprometan sus posibilidades de carrera, pues existen ciertas condiciones para los ascensos que están referidas a los puestos y mandos sostenidos. Por ejemplo, haber comandado una unidad fundamental o especial o haber sido segundo al mando en las llamadas unidades técnicas y especiales para poder ascender al grado de Capitán”.

Estas limitantes, resalta el documento, pueden ser los llamados “techos de cristal”, por lo que concluye que se necesitan acciones concretas más allá de la creación de normas.