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Jueves, 20 Febrero 2020

Explicador: Preguntas y respuestas sobre el derecho al aborto en Colombia

Por Luisa Fernanda Gómez Cruz

En estos días la Corte Constitucional estudia la posibilidad de despenalizar el aborto por completo en los primeros tres meses del embarazo. ¿Cuáles son las normas actuales que regulan la interrupción voluntaria?

*Foto tomada por @JóvenesVIVE1

El martes 18 de febrero el magistrado Alejandro Linares radicó una ponencia en el ente judicial para permitir la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) sin incurrir en delito alguno dentro de las primeras 16 semanas de gestación. 

La ponencia surge a raíz de dos demandas que buscan la penalización total del aborto en Colombia, echando para atrás los 14 años de sentencias que ha emitido la Corte Constitucional y que han permitido que miles de mujeres interrumpieran voluntariamente su embarazo en tres causales específicas.

En Colombiacheck resolvimos algunas preguntas a través de este Explicador para aclarar cuáles son esas causales y en qué consiste cada una y, en términos generales, para entender qué dice actualmente la normativa en Colombia en relación al derecho al aborto.

Pero además, teniendo en cuenta también la polémica que generó la semana pasada que un hombre hostigara y posteriormente demandara a su expareja por querer interrumpir su embarazo, quisimos responder otras preguntas que están en el aire: ¿Puede la pareja o familia de una mujer embarazada decidir si esta debe continuar o interrumpir un embarazo? ¿Es “homicidio” la realización de un aborto en el séptimo mes de embarazo?

Iremos actualizando este artículo conforme la normativa en Colombia sufra modificaciones a raíz de la decisión que está por tomar la Corte Constitucional.

¿Qué es una Interrupción Voluntaria del Embarazo?

El Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia define la IVE como un derecho fundamental de las niñas y las mujeres que fue reconocido como tal por la Corte Constitucional Colombiana mediante la Sentencia C-355 de 2006

La Corte, en dicha sentencia, despenalizó el aborto en tres circunstancias o causales:

  1. Cuando la continuación del embarazo constituya peligro para la vida o la salud (física y mental) de la mujer.

  2. Cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su vida, certificada por un médico.

  3. Cuándo el embarazo sea el resultado de una conducta, debidamente denunciada, constitutiva de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento, abusivo o de inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado no consentidas, o de incesto.

Es importante entender que el reconocimiento de este derecho crea la opción, más no la obligación, de que cualquier mujer que no quiera llevar a término un embarazo pueda optar por la interrupción voluntaria, “con lo cual se ratifican los derechos a la autonomía y la autodeterminación reproductiva”, de acuerdo con el Minsalud.

Como explicamos en un chequeo anterior, tanto la Corte Constitucional como distintos comités y tratados internacionales han reconocido en varias ocasiones el derecho a la autonomía de la mujer, a disponer de su cuerpo y a interrumpir voluntariamente el embarazo como una manera de hacer efectivo los derechos a la vida, a la salud, a la dignidad y a la igualdad.

¿El aborto es legal en Colombia?

Sí, desde 2006 el aborto está despenalizado por la Corte Constitucional y es legal en Colombia si se enmarca dentro de las tres causales que acabamos de mencionar. Es decir que ninguna mujer puede ser procesada judicialmente por abortar si se encontraba dentro de las causales permitidas. No obstante, la falta de información y acceso a servicios de salud dificultan que todas las mujeres y personas gestantes en Colombia puedan acceder a la IVE de manera libre e informada para ejercer su derecho.

¿Cuál es la diferencia entre una ‘IVE’ y un ‘aborto’?

Una interrupción voluntaria es un aborto voluntario. Y un aborto implica una interrupción del embarazo, pero no necesariamente de forma voluntaria. Dentro del término “aborto” se entienden los espontáneos, forzados e inducidos.

En términos legales, la Corte Constitucional permite el aborto por medio de la Interrupción Voluntaria del Embarazo dentro de las tres causales.

¿En qué consiste cada causal para acceder a una IVE?

Peligro para la vida o la salud de la mujer

La Corte Constitucional en varias sentencias se ha acogido a la definición de salud integral que ha adoptado la Organización Mundial de la Salud (OMS) que entiende como salud “el estado de completo bienestar físico, mental, espiritual, emocional y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”.

Esto incluye los casos en los que continuar con el embarazo (incluso deseado) signifique una probabilidad de daño físico o mental para el bienestar de la mujer. Como por ejemplo, si requiere de un tratamiento para el cáncer que está contraindicado para embarazadas, o si, directamente, continuar el embarazo puede llevar a la muerte a la persona gestante.

Además, dentro de la causal salud se incluyen aquellos casos de mujeres que estén sufriendo angustia por llevar a cabo un embarazo no deseado o que estén mentalmente afectadas por el hecho de no sentirse listas para enfrentar la maternidad. 

Incompatibilidad con la vida extrauterina

Las malformaciones del feto incompatibles con la vida extrauterina son aquellas que, como su nombre lo indica, tengan como consecuencia que el feto no pueda sobrevivir fuera del útero. 

Laura Gil, médica vocera de la Campaña Justa de La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, y Juan Carlos Vargas, asesor científico de Profamilia, sostienen que dentro de estas condiciones médicas se encuentran la anencefalia (malformación cerebral congénita caracterizada por la ausencia parcial o total del cerebro, cráneo y cuero cabelludo) y la agenesia renal bilateral (ausencia de ambos riñones), por poner un par de ejemplos.

Según la doctora Gil, anteriormente se pensaba que únicamente las malformaciones o síndromes, frente a los cuales había total certeza de que el bebé no iba a sobrevivir se podía realizar la IVE. Sin embargo, la sentencia SU-096 de 2018 aclaró que se puede tener en cuenta la causal cuando exista la posibilidad, sin certeza, de que el feto no sobreviva como consecuencia de los problemas que se están observando. Nuevamente, teniendo en cuenta que la IVE es una opción cuya última decisión es tomada por la persona gestante.

Además, sobre esta causal ha habido mucha desinformación, pues hay quienes aseguran que cualquier discapacidad que presente el feto puede ser presentada como malformación incompatible con la vida y, por lo tanto, es posible interrumpir el embarazo de un embrión que no se encuentre en perfecto estado de salud. Sin embargo, esto no es así, la condición que hace imposible la vida del feto fuera del útero tiene que estar certificada por un médico, como explicamos más arriba.

Violencia sexual

Esta causal hace referencia a cuando una niña o mujer es víctima de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento, abusivo o de inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado sin su consentimiento, o de incesto.

En el caso de que la mujer sea menor de 14 años, se presume jurídicamente que la misma fue víctima de algún tipo de violencia sexual, sin importar que haya consentimiento por parte de la menor, de acuerdo con el artículo 208 del Código Penal colombiano.

¿Cómo puede una mujer acceder a una IVE?

Acercándose a su Entidad Prestadora de Salud (EPS) o a cualquier centro de salud. Esta deberá entregarle toda la información sobre dónde se encuentra disponible el servicio, de modo que la mujer pueda acceder a una valoración integral de su estado de salud. Si la persona embarazada no está afiliada a ninguna EPS, el ente territorial (municipios o gobernaciones) o la EPS (si la persona acude primero allí) deberán afiliarla de forma inmediata, según el Decreto 64 de 2020.

Una vez hecha la valoración en el centro médico, el especialista en salud que la atendió debe certificar si la paciente se encuentra en alguna de las tres causales y, en caso afirmativo, el procedimiento se debe realizar dentro de los cinco días siguientes a cuando la mujer acude a la EPS.

¿Cuáles son los requisitos para cada causal?

Cada causal cuenta con un requisito.

Para la causal salud, el Ministerio de Salud ha establecido que un médico(a) o psicólogo(a) “debe certificar que existe esta probabilidad de daño, pero es la mujer quien decide el nivel de riesgo o peligro que está dispuesta a correr, es decir, hasta donde permitirá que la gestación altere su bienestar”. 

El ministerio precisa, además, que “para una IVE por salud mental no debe exigirse la existencia de un diagnóstico psiquiátrico o una discapacidad psicosocial. La causal de salud mental es procedente cuando se presente dolor psicológico o sufrimiento mental, y se afecten cualquiera de las esferas de la salud de la mujer”.

En el caso de las malformaciones del feto incompatibles con la vida se requiere un certificado médico expedido por un profesional de la salud. Tanto el ministerio, como Vargas, precisan que no se requiere que el médico o médica sea especialista en fetología, perinatología, ni pediatría, pues “el médico en su conocimiento básico es capaz de hacer una certificación”, dice el asesor de Profamilia.

Y finalmente, para la causal de violencia sexual se requiere una copia de la denuncia penal. Exceptuando:

  1. Cuando la mujer embarazada es una menor de 14 años.

  2. En víctimas de violencia en el marco del conflicto armado, a quienes el artículo 23 de la ley 1719 de 2014 les da el derecho a obtener atención integral y gratuita en salud independientemente de la existencia de denuncia penal.

¿Qué pasa en los casos en los cuales aplique una doble causal?

Existen casos en los cuales se pueden presentar dos causales al mismo tiempo. Por ejemplo, una mujer víctima de violencia sexual puede tener una afectación a su salud mental por cuenta del evento violento. 

La Corte Constitucional, en la sentencia T-301 de 2016 ha dicho que “en aquellos casos en los que se evidencie una coexistencia de causales, los operadores o prestadores del servicio de salud, no podrán imponer exigencias no previstas o dilaciones para proteger el derecho fundamental a la IVE”. 

Con que la mujer acredite un requisito (el que le sea más fácil presentar) es más que suficiente y se debe proceder a realizar la interrupción sin exigirle que la otra causal se encuentre certificada. 

¿La certificación sólo puede ser expedida por la EPS a la cual se encuentre afiliada la mujer?

No. La sentencia SU-096 de 2018 ha dejado claro que se deben hacer válidos los certificados de profesionales de la salud, incluso si no se encuentran dentro de la red del prestador de servicios. Cualquier certificado expedido por un profesional de la salud es perfectamente válido.

La misma sentencia determina, además, que si la EPS tiene algún tipo de reparo frente a la certificación expedida por un profesional que no está dentro de su red, debe proceder a realizar la valoración “dentro de los cinco días que constituyen el plazo para contestar a la solicitud de la IVE y proceder a la misma”.

“Permitir un debate científico y médico que se extienda más allá de este término dilataría la realización de una intervención médica que se hace más compleja y riesgosa cuanto más avanza la gestación y podría llegar a frustrar la posibilidad de realizar la IVE si el nacimiento se produce”, aclara la Corte.

¿Hay algún límite de tiempo gestacional para realizarse una IVE?

En la sentencia SU-096 de 2018, la Corte aclaró que una interrupción voluntaria se puede realizar en cualquier momento de la gestación, sin ningún límite de tiempo. 

De acuerdo con cifras de Profamilia, el 92,7 por ciento de las IVE se realizan en el primer trimestre del embarazo. Pero para el porcentaje restante, las entidades prestadoras de salud deben tener disponible el servicio en todas las etapas de gestación, de forma que la interrupción se realice de forma segura.

¿El aborto es gratis en Colombia?

La IVE está incluida dentro de los servicios del Plan de Beneficios (anteriormente POS) de las EPS. Los recursos provienen del pago mensual que hace el afiliado por los servicios de salud, en caso de quienes hacen parte del régimen contributivo. Para quienes se encuentran en el régimen subsidiado, la IVE está cubierta por el Sisbén o la modalidad de afiliación que se tenga.

¿Puede ser considerado legalmente “homicidio” o “asesinato” la interrupción de un embarazo a los siete meses de gestación?

El establecimiento de las causales excluye totalmente la posibilidad de que una mujer sea procesada penalmente por interrumpir su embarazo debido a que se entiende que en esos casos no constituye un delito y, por el contrario, el derecho al aborto debe estar garantizado por el Estado.

“Un aborto es un aborto y es distinto a un homicidio”, dice Sandra Mazo, coordinadora de la organización Católicas por el derecho a decidir, “un homicidio se comete contra una persona y según la Corte Constitucional y la Constitución misma, persona es desde el momento en que respira por primera vez de manera independiente de la madre”.

El debate sobre si hay vida desde la concepción fue zanjado en la jurisdicción colombiana en 2006 cuando salió la sentencia C-355 (que ya mencionamos más arriba). Desde ese momento se decidió que, aunque se puede establecer una protección a la vida prenatal, esta protección no puede ser superior ni eliminar por completo los derechos de las personas gestantes. Es decir, en la ponderación de derechos no se puede poner por encima de la vida de una persona la vida de quien no ha nacido; pues “la característica, los derechos y la potestad de persona se adquieren al momento en que se nace”, dice Gil.

¿El progenitor, o la pareja, amigos o familia de la mujer embarazada pueden o deben dar su consentimiento o autorización para que una mujer decida terminar un embarazo o para que no lo haga?

No. La Corte Constitucional lo ha reiterado en varias sentencias. Pero,“si yo como mujer creo que la opinión de mi pareja o familia es relevante para esta discusión, entonces, en ese caso, es válido tenerla en cuenta”, dice Cristina Rosero, asesora legal para América Latina y el Caribe del Centro de Derechos Reproductivos (Ceder). Sin embargo, eso lo decide cada mujer y, legalmente, no es necesario contar con la autorización de alguien además de la persona gestante.

Si, por otro lado, una mujer no desea continuar con su embarazo y su círculo cercano opina diferente, siempre la voluntad de la persona gestante será la que prime. De lo contrario, precisa Rosero, se estaría obligando a la mujer a llevar un embarazo forzado y esto sí constituiría una clara violación a los derechos sexuales y reproductivos de la mujer. Del mismo modo lo es también obligar (y forzar) a una mujer a abortar si su deseo es continuar con el embarazo.

Pero además, se estaría poniendo a la mujer en servicio de la voluntad de terceros, en contra de su propia voluntad. Es decir, “estaríamos instrumentalizando una persona persona para los deseos de otro al continuar un embarazo que no quiere continuar”.

Como contamos en un chequeo anterior, el Comité contra la tortura ha dicho que, para una mujer, llevar a cabo un embarazo cuando está dentro de las causales de aborto implica un trato cruel, inhumano y degradante.

Asimismo, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha dicho que: “debido a la capacidad reproductiva de las mujeres, la realización del derecho de las mujeres a la salud sexual y reproductiva (y esto incluye la autonomía para decidir si tener o no hijos, cuándo, cuántos y con qué espaciamiento) es esencial para la realización de todos sus derechos humanos”. 

¿Los detalles de la historia clínica pueden publicarse y deben ser de conocimiento público?

No. Las únicas personas que pueden acceder a la historia clínica son la misma paciente, los médicos tratantes (no cualquier médico) o la persona que designe un juez con orden judicial, según aclara Gil. Esto aplica para todo procedimiento médico, no solo una interrupción del embarazo, e incluye a la familia: ni siquiera la familia del paciente puede conocer detalles de la historia clínica.

“Todos estos casos están protegidos por reserva y por lo tanto las mujeres no pueden ver sus datos ni su información privada de historia clínica en los medios. Las EPS como los médicos tienen un deber de guardar la confidencialidad en todos estos casos”, señala Rosero, quien explica que cualquier revelación de estos datos constituye una violación a la privacidad que es susceptible de investigarse tanto por las autoridades como por la ética médica.

Otros datos sobre aborto

A pesar de que el aborto fue despenalizado en Colombia hace 14 años, en la práctica las mujeres siguen encontrando dificultades para hacer efectivo su derecho, aclara Rosero, porque muchas no tienen acceso a los profesionales de la salud o especialistas que puedan certificar los riesgos en el caso de las incompatibilidades, especialmente si enfrentan pobreza o viven en una zona rural del país.

Como contamos en otro chequeo, no hay cifras consolidadas ni actualizadas sobre el aborto en Colombia. Para Juliana Martínez Londoño, ex Coordinadora de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres [actualmente Secretaria de la Mujer de Medellín], hay una deficiencia en el sistema de información que tiene que ver tanto con cómo capturan los datos quienes prestan los servicios y los reportan a las autoridades, como con los estigmas que rodean al aborto. “Ese estigma conduce a que las interrupciones voluntarias del embarazo se hagan por fuera del sistema de salud, lo que hace pensar que hay un subestimado. Sería imposible saber con certeza la cantidad de abortos que ocurren por fuera del sistema de salud”, indicó.

Las cifras son importantes para conocer las dimensiones de un problema o de una situación social, pero además, y sobre todo, para conocer sus características.

Y finalmente, las complicaciones relacionadas con el embarazo son más comunes en el parto que en el aborto. Un estudio realizado en 2012 en Estados Unidos por el Instituto Guttmacher encontró que el parto es cuatro veces más peligroso que un aborto legal. “La tasa de mortalidad asociada al embarazo entre las mujeres que dieron a luz a recién nacidos vivos fue de 8,8 muertes por cada 100.000 nacidos vivos. La tasa de mortalidad relacionada con el aborto inducido fue de 0,6 muertes por cada 100,000 abortos”, dice el estudio.

Miércoles, 07 Marzo 2018

Los obstáculos a los que se enfrenta la bancada de mujeres

Por Camila Osorio

La rama legislativa colombiana sigue sin cumplir las cuotas mínimas de participación de las mujeres. Estas elecciones no son la excepción. La agenda de género tampoco ha estado dentro de sus prioridades. Análisis.

El saliente Congreso que se renueva el próximo 11 de marzo sigue en deuda con la inclusión de las mujeres en la política. También con una agenda de equidad. De 268 parlamentarios electos en el 2014, tan solo el 20% fueron mujeres, lejos de cumplir con el 30% al que aspira la ley de Cuotas que rige en el país desde el 2000.

A esta falta de participación de las mujeres, se suma que de las 56 congresistas, al menos 14 no buscarán su reelección para el período 2018-2022. Entre las más conocidas están Claudia López (Alianza Verde) y Viviane Morales (antes partido Liberal, ahora por el partido Somos), que decidieron lanzarse a la vicepresidencia y presidencia, respectivamente, y Thania Vega (Centro Democrático), quien cedió su postulación a su esposo, el coronel Alfonso Plazas Vega, absuelto por la Corte Suprema por la desaparición de dos personas en la retoma del Palacio de Justicia.

Esta investigación revisó lo que hizo el saliente Congreso para tramitar leyes e iniciativas que le dieran un vuelco a la discriminación contra las mujeres y les garantizara un mayor acceso a la política y a cargos públicos. De igual forma, verificó e identificó el rol que tuvieron las congresistas en los debates más álgidos que vivió el país en los últimos cuatro años.

También se revisaron las listas de aspirantes al nuevo Congreso para constatar si los partidos políticos cumplieron con la ley de Cuotas. Este es el resultado.

Las listas, al límite

El panorama de participación de las mujeres en el próximo Congreso no es alentador. Como ha sido la costumbre, la mayoría de partidos tratan de cumplir con el mínimo de cuotas en sus listas, pero no son una prioridad.

Según datos de la Misión de Observación Electoral -MOE- publicados en El Tiempo, de los 2.730 candidatos inscritos, 943 son mujeres, lo que representa un 34.5%. Pero solo el MIRA y el Partido de La U, sobrepasan ese porcentaje cuando se analiza su lista a Senado, mientras que el resto tienen en sus listas el 30% obligatorio de mujeres (Polo, Centro Democrático, Alianza Verde, Farc, Partido Liberal y Conservador).

En su lista al Senado, el partido de La U incluyó mujeres en un 50%, aunque la mayoría de ellas no son cabeza de lista (a excepción de la senadora Maritza Martínez). La lista del MIRA, que ha sido reconocido en elecciones pasadas como el partido más incluyente, este año tiene el 60% de mujeres.

Pocos consensos

Ser mujer no garantiza que se trabaje en una agenda género ni en conjunto con la bancada de mujeres. Al revisar el trabajo de las congresistas en los últimos cuatro años se evidencia que llegaron con propuestas radicalmente distintas y hubo pocos proyectos que lograron unirse. Sin embargo, en lo que sí coinciden es en la necesidad de una mayor participación política para ellas.

La bancada de mujeres defendió de forma conjunta tres propuestas que podrían facilitar el acceso a cargos políticos. La más importante exigía a los partidos que aumentaran el número de mujeres en sus listas: 40% para las elecciones de 2022 y 50% para las de 2026.

Beatriz Quintero, de la Red Nacional de Mujeres, que apoya a la bancada con proyectos de ley relacionados con el tema de género, afirma que, en el papel, todos los congresistas se comprometieron con esta agenda, pero a la hora de las votaciones la realidad fue otra. “Ningún hombre fue capaz de decir no a la paridad, pero luego se ausentaron en la votación”, agregó.

El proyecto arrancó en el Senado con el apoyo de todas las congresistas y logró ser aprobado en primer debate. “Pero en el momento de las votaciones, a algunos hombres les costó apoyarla,” dijo la representante por el Partido Liberal, Clara Rojas.

La iniciativa tuvo otro traspiés cuando se sumó al debate de la reforma política, que terminó hundiéndose en la última legislatura. “Las mujeres del Centro Democrático se oponían a toda la reforma del Gobierno, entonces no votaron,” añadió Rojas.

La bancada de mujeres también apoyó un proyecto para que fueran obligatorias las comisiones especiales para la mujer en concejos y asambleas (aún no aprobado); otro que proponía crear un Ministerio para la Mujer (archivado) y, apoyó la iniciativa para crear la Dirección de Mujer Rural en el Ministerio de Agricultura, aunque el Gobierno se demoró en nombrar a una directora, como lo denunció entonces la senadora Claudia López en audiencias públicas.

Viviane Morales, la polarizadora

A la falta de equidad de género en el poder político, se suma que la bancada de mujeres sufrió de la misma polarización que vive el país por cuenta del proceso de paz con las FARC. En especial, por dos hechos políticos: la campaña por el NO al plebiscito para el acuerdo de paz y la llamada ideología de género, fundamental para que los colombianos no refrendaran el primer acuerdo que firmó la guerrilla y el gobierno de Juan Manuel Santos.

En el centro del debate estuvo la senadora por el partido Liberal, Viviane Morales. Ella fue la creadora del proyecto para realizar un referendo que buscaba impedir la adopción de niños a las parejas homosexuales y a madres solteras. El proyecto, que finalmente se hundió, no sólo dividió al país sino también al grupo de congresistas.

“Morales fue de las mujeres que lideró la iniciativa de Ley de Cuotas al Congreso hace muchos años,” dijo Angélica Bernal, profesora de Ciencia Política en la Universidad Tadeo Lozano. “Incluso cuando llegó a la Fiscalía, fue celebrada por ser la primera mujer”. Las organizaciones de mujeres también celebraron sus esfuerzos por investigar crímenes sexuales; así como cuando, en 2011, se opuso a lo que se denominó “populismo punitivo” en el proyecto de la senadora Gilma Jiménez, que proponía cadena perpetua a violadores de niños. “Era vista como una política progresista, hasta que llegó el referendo de adopción,” dijo Bernal.

Esta propuesta no sólo dividió a la bancada de mujeres, sino que alejó a las organizaciones de mujeres que trabajan con las congresistas y que han sido fundamentales para crear proyectos a favor de la equidad de género. “Indudablemente, sus posiciones sobre las parejas del mismo sexo y la ideología de género alejaron a las activistas,” dijo Beatriz Quintero, de la Red Nacional de Mujeres.

El proyecto logró llegar a la Cámara para su tercer debate, pero finalmente se hundió cuando la representante Angélica Lozano logró el apoyo de sus colegas. “Por muchos meses hice sondeos a la posición de cada uno en mi comisión y fortalecí mi relación con ellos discutiendo otros proyectos. En esto funciona mucho el colegaje”, dijo Lozano.

Todo este debate dejó al descubierto las distintas posiciones de género en la bancada de parlamentarias y en el Congreso. Cuando se trata de temas LGBTI, “hubo muy poca iniciativa,” dijo Marcela Sánchez, directora de Colombia Diversa. Sánchez calificó el Congreso como un espacio que “no es seguro” para este tipo de iniciativas que confrontan al país conservador con las minorías.

“En el Congreso, si se trata de iniciativas sobre mujeres que no reten la idea de familia tradicional de papá y mamá, se pueden pasar. Pero si lo enfrentan, no pasa. El Congreso es conservador y dogmático,” dijo la representante de la Alianza Verde, Ángela María Robledo.

Una agenda tradicional

Otros proyectos que fueron presentados al Congreso y que proponían mejorar las condiciones y derechos de las madres colombianas consiguieron más fácilmente el apoyo de la mayoría de las bancadas.

La senadora Clara Rojas, del Partido Liberal, logró que se aprobara la creación de salas amigas para las mujeres lactantes en entidades privadas y públicas. Ahora quiere que se apruebe otra iniciativa que refuerce los derechos de las mujeres durante el parto.

“Espero que ayude a las mujeres en zonas apartadas que rechazan la medicina como la conocemos nosotros, y puedan ser acompañadas por parteras si lo desean. Eso ayuda a que las mujeres accedan al sistema”, explicó Rojas. “Yo tuve mi hijo en la selva y por eso soy sensible a este tema”, agregó.

El Congreso también aprobó la iniciativa para aumentar cuatro semanas la licencia de maternidad, presentada por la representante del CD, Tatiana Cabello, y un proyecto que establece nuevos lineamientos laborales para las madres comunitarias que trabajan con el ICBF, presentado por el MIRA, pero que fue objetado por la Presidencia.

Otras propuestas que tuvieron apoyo tienen que ver con los derechos económicos de las mujeres. El congresista Mauricio Lizcano y el partido de La U impulsaron la reducción del número de semanas a cotizar para que las mujeres se pensionen más rápido (luego objetado por Presidencia argumentando una falta de sostenibilidad financiera), y las representantes del Partido Verde Angélica Lozano y Ángela María Robledo lograron que se aprobara el proyecto que reconoce el derecho de las trabajadoras domésticas a una prima de servicios.

El partido MIRA, por su parte, propuso prohibir las pruebas de embarazo como requisito para una entrevista laboral, y estabilidad laboral para las mujeres embarazadas con contratos de prestación de servicios. Y, la senadora de La U, Maritza Martínez, logró evitar que en la reforma tributaria se grabaran las toallas higiénicas y tampones con un 19 por ciento (quedó en 5 por ciento). “Todas las mujeres de la bancada me acompañaron,” aseguró Martínez.

Más populismo punitivo y menos política educativa

La senadora del Partido Verde, Gilma Jiménez, quien llegó al Senado en 2010 con una de las mayores votaciones que ha tenido una mujer, contaba con el apoyo de miles de personas que respaldaron su propuesta de hacer un referendo para imponer cadena perpetua a violadores de niños.

Jiménez no logró que se aprobara su iniciativa (falleció en 2013) pero dejó en el Congreso lo que se conoce como ´populismo punitivo´, el cual privilegia el castigo sobre otras formas de prevención del delito. Este enfoque sigue ganando adeptos cuando se trata de violencia sexual, incluyendo en la bancada actual de mujeres.

La senadora de La U, Maritza Martínez, por ejemplo, propuso la castración química para los violadores de menores. “Presenté ese proyecto escéptica, pero fue aprobado en la Comisión Primera de Senado rápidamente,” contó. Otro proyecto de su autoría, que buscaba imponer sanciones no penales a padres que no cumplan a tiempo con las cuotas alimentarias, avanzó pero con mayor lentitud.

Los ejemplos de proyectos que privilegian la mano dura son múltiples. Desde el partido Conservador, la senadora Nadya Blel propuso inhabilitar políticamente a quienes hayan cometido delitos sexuales contra menores. Un proyecto que impulsó el MIRA aumentó las penas a aquellos que atacan a las mujeres con ácido. La senadora del Centro Democrático, María del Rosario Guerra, intentó que se prohibiera la maternidad subrogada con fines de lucro. Y, finalmente, desde el Partido Liberal, la representante Clara Rojas buscó penalizar a los hombres que pagan por prostitución.

En el tema de violencia sexual, que es un problema recurrente que enfrentan las mujeres, las soluciones son difíciles de aplicar y por eso no es fácil conseguir un apoyo diferente al de la línea dura. Pero más penas no implica, necesariamente, menos crímenes, coinciden los expertos en seguridad, sobre todo si no hay institucionalidad que haga cumplir nuevas normas.

La bancada de mujeres que llegue al Congreso este año traerá caras conocidas y otras nuevas. Pero tanto las primíparas como las que repitan, ya sea que busquen más poder político o repensar el rol de la mujer en la sociedad colombiana, se encontrarán con un muro.

* Camila Osorio: Politóloga, periodista y miembro del equipo editorial de la revista The New Yorker.