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Verdadero pero...

Miércoles, 23 Septiembre 2020

Boyacá sí es pionero del esquema de pago por servicios ambientales, pero no por la reciente gestión de la Gobernación

Por entreojos.co

Chequeamos la afirmación de Ramiro Barragán y averiguamos que la primera estrategia de su tipo surgió en 2008 en el páramo de Iguaque.

El pasado 24 de agosto de 2020 la Gobernación de Boyacá informó a través de su página web que este departamento se convertía en pionero en materia de conservación de páramos al poner en marcha una estrategia de pago por servicios ambientales (PSA) en el páramo de Rabanal. 

Rabanal es un ecosistema estratégico que comparten los municipios de Villapinzón, Lenguazaque y Guachetá, en Cundinamarca; y Ventaquemada, Samacá y Ráquira, en Boyacá. 

Según el Instituto Alexander von Humboldt, de él depende el abastecimiento del embalse La Esmeralda y las cuencas que surten a la laguna de Fúquene, al río Suárez y al río Moniquirá; también al río Teatinos y a la quebrada Cortaderal que alimentan el acueducto de Tunja

El día de la presentación del programa ‘Salvapáramos Rabanal, incentivos a la conservación’, que cobija a 71 familias residentes en el páramo del mismo nombre, en jurisdicción de Ventaquemada, el gobernador Ramiro Barragán insistió en su intervención en que Boyacá era departamento piloto en la implementación de este tipo de acciones para proteger el agua. 

“Hoy la noticia para Colombia y el planeta es que como piloto estamos inaugurando el proyecto de pago por servicios ambientales, es decir el pago por salvaguardar nuestros páramos. Boyacá es piloto hoy en un proyecto que busca que los campesinos que trabajan la tierra en el páramo puedan tener la posibilidad de empezar a disminuir el área que afectan de páramos a través de una remuneración que se les da”, aseguró Barragán. 

Cuando le consultamos al gobernador a que se refería con que Boyacá fuera pionera en este tema en Colombia, nos dijo “ya ha habido este tipo de servicios, PSA, pero el departamento como tal, la gobernación es la pionera que hace eso, como gobierno departamental”.

entreojos.co chequeó la aseveración de Barragán y para ello consultó al Ministerio de Ambiente y a la Corporación para el Manejo Sostenible de los Bosques (Masbosques), responsable del programa Banco2 y reconocido nacionalmente por el impulso de la estrategia de PSA en varias regiones del país.

El primer PSA fue con aporte ciudadano

Desde la Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles del Ministerio de Ambiente se informó que el primer programa de pago por servicios ambientales del que se tiene registro se remonta al año 2008 en Boyacá, en el complejo de páramos de Iguaque del que se benefician los municipios de Arcabuco, Villa de Leyva, Chíquiza y Gachantivá. 

Jorge Jiménez, responsable de esa dependencia, informó que esa primera estrategia de conservación de su tipo se financió con aportes voluntarios de los usuarios de los acueductos rurales y urbanos de Villa de Leyva, especialmente aquellos que dependen de las microcuencas de Chaina y la Colorada. 

A partir de su novedad, y de lo que representaba para el futuro de los ecosistemas, esta experiencia fue acompañada por el Ministerio de Ambiente y sirvió de base para diseñar políticas como las contenidas en el CONPES 3886 de 2017 y en el Decreto Ley 870 de 2017.

Jiménez dijo además que el esquema de pago por servicios ambientales en Colombia lleva más de 20 años en diseño e implementación de diferentes formas y matices, “pero en los últimos 10 años se ha desarrollado un marco de política pública para que su implementación sea ordenada, eficiente y equitativa”.

Respecto a la implementación de este modelo de compensación por conservación en ecosistemas de páramo, Jorge Jiménez se remitió al reporte entregado por las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) y otros actores públicos y privados, que en 2019 identificaron 36.194 nuevas hectáreas cobijadas con este tipo de reconocimiento a comunidades campesinas en zonas de alta montaña, y destacó particularmente los proyectos impulsados por Corpochivor y la Gobernación de Cundinamarca.

La experiencia de Banco2

Jaime Andrés García Urrea, director ejecutivo de Masbosques, de la que depende Banco2, aseguró que hace 30 años, aproximadamente, se viene hablando del tema. Dijo que con la puesta en marcha de Banco2 hace ocho años se logró dinamizar el trabajo con las comunidades y hacer eficiente el mecanismo de entrega de los recursos a los campesinos comprometidos.   

El trabajo comenzó en alianza con la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare (Cornare), en el departamento de Antioquia, y consistió en el diseño de un modelo encaminado a proteger áreas estratégicas a partir de reconocer a las personas que habitan esos territorios, comprender la razón de ser de sus actividades y los conflictos asociados a la expansión de la frontera agrícola, la tala ilegal de madera y la caza, relacionados en muchas ocasiones a prácticas de subsistencia. 

“Donde estaban esas riquezas naturales, estaban las comunidades más pobres, hay una relación directa entre falta de oportunidades, necesidades para sobrevivir y el deterioro ambiental”, explicó García Urrea. 

A partir de Banco2, la Corporación Masbosques en alianza con algunas CAR “se hicieron visibles esas realidades, contextualizaron el territorio con respecto al mejoramiento ambiental y a las necesidades de mantener, conservar y reconocer a esas comunidades que conviven con páramos, bosques y cuerpos de agua”. 

“La conservación se tiene que hacer reconociendo a esas comunidades y vinculándolas a los procesos de conservación”, enfatizó el director de Masbosques.  

El camino recorrido ha permitido implementar proyectos productivos de aprovechamiento de recursos como el agua, el aire y la biodiversidad, “no podemos hablar solo de agricultura y ganadería sostenibles, debemos valorar todos los bienes y servicios ambientales que provee la naturaleza”, apuntó Jaime Andrés García  

Sobre el esquema de pago por servicios ambientales en páramos, García refirió a varias de las acciones ejecutadas en el país, y dio como ejemplo los páramos de Sonsón y Urrao, en Antioquia; otros en Tolima y Cundinamarca. 

Mencionó el proyecto de PSA entre el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) y la Empresa de Acueducto de Bogotá como “una de las iniciativas de mayor durabilidad y resultados a través del esquema de Banco2”.

PSA desde la CAR

Rafael Robles, director de Gestión de Ordenamiento Ambiental y Territorial de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca y los Valles de Ubaté y Chiquinquirá (CAR), sostuvo que esa entidad ejecuta un programa de pago por servicios ambientales desde 2015 en convenio con la Gobernación de Cundinamarca y Patrimonio Natural. 

A instancias de este trabajo conjunto se han concretado 128 acuerdos voluntarios individuales y cuatro acuerdos colectivos con los cuales ha sido posible conservar 4.795 hectáreas. 

El funcionario señaló además que a la fecha ha sido posible preservar un total de 7.671 hectáreas desde el inicio del programa, en 2015, y en él han participado además Corpoguavio y Corporinoquia.

Una estrategia similar se ejecuta con Banco2 y vincula a 92 familias, y al tiempo se han logrado dos acuerdos con comunidades indígenas para salvaguardar 1.834 hectáreas.

Qué se ha publicado sobre el tema

El portal Semana Sostenible publicó el 25 de abril de 2017 un artículo titulado “Pago por Servicios Ambientales: una alternativa para la conservación”. Allí se destaca que Cornare, a través de Banco2 y la Corporación Masbosques, empezaron a aplicar este esquema en 2013 con 64 familias del oriente antioqueño que vivían de la extracción ilegal de madera. 

Se menciona adicionalmente lo siguiente: “En Colombia el concepto de los PSA no es nuevo. Desde hace 20 años el Estado ha creado incentivos para promover la conservación como el Certificado de Incentivo Forestal a la Conservación (CIF), en el cual se reconoce el costo en el que incurre un propietario por conservar en su predio ecosistemas boscosos o invertir en nuevas plantaciones forestales”.

El 26 de agosto de 2016, el mismo portal daba cuenta de una iniciativa a cargo de la CAR en la que 23 campesinos recibían su primer pago por conservar los páramos. 

“Uno de los primeros beneficiarios es Alirio Jiménez, un campesino de Sesquilé que tiene 10 hectáreas dentro del complejo de páramos de Chingaza y quien se comprometió a no aumentar la extensión de sus cultivos de papa para proteger el bosque nativo que tiene en su finca. Como la suya, otras 22 familias de Cundinamarca recibieron ayer el primer pago por conservar estos ecosistemas en el departamento”, se menciona en la publicación. 

Verdadero pero…

Calificamos de “Verdadero, pero” la afirmación del gobernador de Boyacá, Ramiro Barragán Adame, pues si bien en 2008 se realizó el primer programa de pago por servicios ambientales del que el Ministerio de Ambiente tenga registro, y fue precisamente en Boyacá, no es cierto que la estrategia ‘Salvapáramos Rabanal, incentivos a la conservación’ presentada por el mandatario regional el pasado 24 de agosto en ese páramo sea la primera que se realiza en el país. 

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Lunes, 05 Octubre 2020

“15.000 [familias] se encuentran bajo esquema de Pago por Servicios Ambientales para cerca de 219.000 hectáreas”

Por Laura Rodríguez Salamanca

Este es uno de los chequeos a la intervención del presidente, Iván Duque, ante la 75ª Asamblea General de la ONU.

En su más reciente discurso en la Asamblea General de Naciones Unidas, Iván Duque se refirió, además de muchos otros temas que también verificamos en este especial,  a los Pagos por Servicios Ambientales, PSA, y otros incentivos para los propietarios que protegen y conservan áreas ambientales estratégicas.“15.000 [familias] se encuentran bajo esquema de Pago por Servicios Ambientales para cerca de 219.000 hectáreas”, dijo el mandatario. 

En Colombiacheck calificamos esta frase como cuestionable porque las cifras que dio el presidente son verdaderas, pero corresponden en realidad al número acumulado de familias y hectáreas que el país ha logrado incluir en el esquema y que efectivamente han recibido algún pago desde 2017, cuando se reglamentó el programa; no a la cantidad de familias que en este momento se están beneficiando de los incentivos. 

Como hemos explicado en las demás verificaciones de la alocución, primero nos comunicamos con los asesores de prensa de Duque para solicitar información sobre las fuentes de los datos. Pero, a pesar de que insistimos durante varios días, no accedieron a recibirnos el cuestionario que preparamos. Este paso hace parte de nuestra metodología de verificación del discurso público. 

Entonces rastreamos el origen de la información por nuestra cuenta. Hicimos una búsqueda avanzada de Google y encontramos que tanto Presidencia como el Ministerio de Ambiente usaron las mismas cifras antes del discurso para explicar los resultados del esquema, pero no señalaron que los beneficiarios fueran actuales. 

Por ejemplo, MinAmbiente en un comunicado del 5 de agosto de 2020 escribió: “15.000 familias han sido beneficiadas [los subrayado son nuestro] con el Pago por Servicios Ambientales e incentivos a la conservación”. Así como en dos trinos del 3 y el 7 de agosto, la misma cartera repitió la cifra, pero en los siguientes términos: “hemos beneficiado a cerca de 15.000 familias con el Pago por Servicios Ambientales. A la fecha son 219.912 hectáreas acumuladas bajo esquemas de pagos por servicios ambientales”.

Así mismo, en un comunicado de prensa de Presidencia fechado el 6 de agosto de 2020 se lee: “un total de 219.912 hectáreas acumuladas bajo esquemas de Pagos por Servicios Ambientales (PSA) e incentivos a la conservación, benefician a cerca de 15 mil familias”. 

Acumulado no es igual a beneficiarios actuales 

Los comunicados daban ciertas luces del error en el que cayó Duque, pero encontramos otras evidencias de que efectivamente en este momento no se están beneficiando 15.000 familias, ni están bajo el esquema más de 219.000 hectáreas, sino que el dato es el número acumulado desde que se inició formalmente la estrategia, una cifra que se usa para evaluar si efectivamente el país va en buen camino en comparación a otros y en relación a la meta propuesta: alcanzar 1 millón de hectáreas bajo el esquema para el año 2030, según el CONPES 3886 [Lineamientos de Política y Programa Nacional de Pago por Servicios Ambientales] 

Tal como lo indican los informes de gestión del Ministerio de Ambiente [2018-2019 y 2019-2020], en 2017, 65.000 hectáreas habían pasado por el programa. Y durante el gobierno de Duque se ha aumentado ese número de hectáreas y, por ende, el de familias que en algún momento se han beneficiado por ser propietarias o poseedoras de los terrenos. 

En junio de 2019, el gobierno reportó ante el Congreso de la República que el año anterior se habían alcanzado las“183 mil hectáreas y más de 11 mil familias beneficiarias de estos esquemas”.

Y en el informe más reciente de la cartera [agosto de 2019-junio de 2020], se explica que “en 2018 se identificaron proyectos de PSA e incentivos a la conservación que vincularon acumulativamente un total de 183.718 hectáreas y para el año 2019, de manera acumulada más 215 mil hectáreas, donde se suscribieron acuerdos voluntarios individuales y colectivos con más de 10 mil familias”. 

Así se representó la proyección [de nuevo, acumulativa] en el informe:

Informe Pago por Servicios Ambientales

Aunque estas hectáreas y beneficiarios se cuentan de forma acumulativa, hay que aclarar que esto no quiere decir que las familias que se van sumando se mantengan indeterminadamente en el programa. 

Según el Decreto 1007 de 2008, que establece las directrices para el Pago por Servicios Ambientales y otros incentivos para la conservación, el término de duración de los acuerdos voluntarios con los propietarios o poseedores de los terrenos que reciben los incentivos “podrá ser hasta por cinco (5) años, prorrogables de manera sucesiva según la evolución del proyecto y los recursos disponibles para el cumplimiento del objeto del incentivo”. Pero el convenio también puede ser por menor tiempo. 

Por ejemplo, encontramos uno que fue firmado en Cali para cumplirse entre el 31 de mayo de 2019 y el 15 de diciembre del mismo año para conservar algunas áreas de cuencas hidrográficas priorizadas en la ciudad. Entonces, por supuesto que los beneficiarios de este acuerdo voluntario cuentan para la cifra de acumulados y para la meta del país. Pero sería incorrecto decir que actualmente se están beneficiando, cuando hace más de nueve meses no reciben el incentivo,  

En resumen, la razón por la que consideramos cuestionable la frase del presidente es que las cifras que ofrece son reales y es normal que se cuenten de forma acumulativa, pero decir que las familias y las hectáreas “se encuentran” bajo el esquema en este momento bajo el esquema no solo es técnicamente incorrecto, sino engañoso. 

¿Cómo va la meta?

Aunque la expresión de Duque desinforma, su gobierno no está lejos de superar la meta de hectáreas incluidas en el esquema de Pago por Servicios Ambientales que se propuso en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. 

Como ya escribimos, cuando se inició su mandato en el país se había empleado el mecanismo en 65.000 hectáreas y, como aparece en la página 491 del Plan Nacional de Desarrollo, el objetivo propuesto para este cuatrienio era alcanzar las 260.000 hectáreas. Hasta el momento, la meta se ha cumplido casi en un 83%. 

Meta Duque Pago por Servicios Ambientales