Una de las voces más críticas en contra del informe final de la Comisión de la Verdad (CEV) es la de Carlos Alonso Lucio, exguerrillero del M-19 y exsenador de la República. En varios espacios, como foros y plataformas audiovisuales, ha manifestado su desacuerdo con varias de las recomendaciones y capítulos consignados en el informe final de la entidad.

En este video publicado en el canal de YouTube llamado ‘Los no alineados’, Lucio hace referencia a varios de los puntos señalados por en el capítulo de ‘Hallazgos y recomendaciones’. También en la cuenta de Twitter de la Fundación Escuela Libertad, en el marco del Foro ‘La Comisión de la Verdad, un legado de adoctrinamiento’, el pasado 13 de octubre, señaló distintos puntos del informe con los que dice no estar de acuerdo.  

En Colombiacheck decidimos verificar tres de las afirmaciones que Lucio hizo en estos espacios respecto al informe final de la CEV. Tras revisar lo que se dice en el informe final, encontramos que dos de las frases son falsas, y otra, es verdadera pero. 

 

Empecemos: 

"La Comisión de la verdad se gastó 500.000 millones de pesos en hacer el libro más caro de la historia de la humanidad” 

 

El jueves 13 de Octubre, la Fundación Escuela Libertad organizó el foro: “La Comisión de la Verdad, un legado para el adoctrinamiento”, un espacio de diálogo vía Periscope que buscaba cuestionar el trabajo de la entidad creada en virtud del Acuerdo Final de Paz entre el Estado y las FARC. El evento fue retransmitido en el twitter de la senadora del Centro Democratico María Fernanda Cabal, en donde ha recibido 256 ‘me gusta’ y ha sido compartido en 169 ocasiones.

En el minuto 41:12, Lucio afirmó: “Se gastaron 500.000 millones de pesos, el libro más caro de la historia de la humanidad. Es un libro muy costoso”. Luego insistió: “Se gastaron 500.000 millones de pesos para adelantar una operación ideológica”. 

 

 

La afirmación de Lucio constituye un nuevo cuestionamiento al trabajo de la Comisión. Sin embargo, chequeamos la afirmación y hallamos que es cuestionable.

La Comisión de la Verdad es una institución del Estado colombiano, de rango constitucional (Artículo 1° del Decreto 588 de 2017), autónoma e independiente, que trabajó desde mayo de 2018 hasta agosto de 2022 de la mano de 3.000 aliados nacionales e internacionales pertenecientes a organizaciones (1), plataformas sociales y territoriales, instituciones públicas nacionales y territoriales, comunidad internacional y academia para garantizar el derecho a la verdad de las víctimas y de la sociedad colombiana, una labor de tal magnitud necesitó de la implementación de una cantidad de  recursos financieros igualmente amplios. 

El informe de rendición de cuentas de la Comisión es el del primer semestre de 2022, el 29 de julio de 2022, un mes antes del fin del mandato de la entidad, que entró en liquidación tras completar su misión a finales de agosto. El entonces secretario general de la entidad Mauricio Katz García, afirmó que la ejecución presupuestal hasta ese momento era de 326.515 millones de pesos desde la creación de la institución en 2018: 212.721 millones corresponden a gastos de  funcionamiento y 113.794 millones, a inversión. 

 

 Rendición de cuentas Comisión de la Verdad. Fuente: Comisión de la Verdad.

 

El informe de gestión de la CEV para el primer trimestre de este año afirma que el Ministerio de Hacienda le asignó a la Comisión 81.000 millones en 2022, según lo autorizado en el Decreto 1793 del 21 de diciembre de 2021 que definió el presupuesto general de la Nación para 2022, lo que quiere decir que la comisión tuvo un costo final de 381.000 millones.

Ese dinero se destinó en el pago de honorarios al equipo de trabajo, los viajes dentro y fuera del territorio nacional, los espacios de escucha públicos y privados, la adquisición de bienes y servicios.

En detalle los gastos de funcionamiento incluye el gasto del personal, adquisición de bienes y servicios, transferencias e impuestos, por su parte, los gastos de inversión  se distribuyeron en tres (3) proyectos registrados ante el Banco de Proyectos del Departamento Nacional de Planeación (DNP):  esclarecimiento, reconocimiento y divulgación. 

Parte de los gastos se explican porque la Comisión contó con un equipo humano de 2.524 colaboradores entre empleados, contratistas y pasantes; tuvo 32 oficinas con 28 sedes territoriales, que luego del cierre operacional, fueron entregados a personerías, escuelas y a entidades públicas propias de cada región.

Además, la entidad adelantó 9.700 viajes y 1.909 eventos con dineros públicos, más aproximadamente 600 eventos extras y 300 viajes para cubrir el territorio nacional, financiados con los dineros de cooperación internacional Naciones Unidas y los acuerdos bilaterales con países de la Unión Europea, Estados Unidos y Canadá, que además ofrecieron su apoyo político y técnico. 

 

 

La comisión escuchó más de 30.000 testimonios y realizó casi 2.000 procesos de diálogo público en todo el territorio nacional y en 24 países del mundo. Además, recibió más de 1.000 informes de la sociedad civil organizada para elaborar su informe final y otros productos que lo trascienden.

En el explicador de Colombiacheck  “¿Qué es el informe final de la Comisión de la Verdad?”,  detallamos como la comisión adelantó un proceso previo de investigación que tuvo como objetivo central la construcción de guías y fichas de entrevistas, de la mano de documentos de profundidad, que permitieran comprender la naturaleza del conflicto armado interno, su persistencia, las reflexiones iniciales y las fichas metodológicas para abordar los relatos  de las víctimas en todas sus dimensiones.

Así, Fondo Documental o el Archivo de la Comisión está conformado por tres productos. El primero es la plataforma transmedia, una experiencia digital presente en la página web de la entidad. El segundo es el Sistema de Información Misional (SIM), que incluye todo lo relacionado a la base de datos. Y el tercero, es el Archivo Público de Derechos Humanos. 

 

 

Cómo es el proceso de gestión documental en la Comisión de la Verdad

En consecuencia, aunque la inversión total de la Comisión de la verdad fue de 381.000 millones, como lo aseguran las rendiciones de cuentas de la entidad y los reportes del Ministerio de Hacienda, es necesario detallar que ese costo no atañe exclusivamente la realización del informe final, como lo afirmó Lucio. 

Ante los anteriores sustentos documentales, en Colombiacheck calificamos como falsa la afirmación del ex-representante Lucio que sostiene que “la Comisión de la Verdad se gastó 500 mil millones de pesos en hacer el libro más caro de la historia de la humanidad” porque si bien la comisión hizo una inversión de 381.000 millones en el desarrollo de sus objetivos misionales, que también incluyen el informe final, este último no es el único producto final de esa inversión y además, no es el más caro de la historia. Por otro lado es importante detallar que si lo invertido en la Comisión, se le compara con el gasto militar colombiano esta inversión representaría  tan sólo el 0,2% de lo que ese sector gastó en cuatro años. 

Asimismo, hay que considerar  que el informe hace parte del legado que dejó la Comisión en su objetivo de esclarecer hechos, causas y consecuencias que generaron periodos de violencia  masiva, en el marco del conflicto armado de nuestro país, a partir de un relato amplio y comprensivo de los hechos y contextos que explican medio siglo de la guerra y un posible camino para superarla.Así, los recursos fueron puestos al servicio de la búsqueda de la verdad en 28 territorios distintos dentro de Colombia y en 24 países en donde viven los exiliados colombianos. 

Durante el desarrollo de este chequeo contactamos al ex-representante Carlos Alonso Lucio  para conocer el sustento de su afirmación, pero hasta el momento de la publicación de este contenido no habíamos obtenido su respuesta.

“No existe hacia las Farc una sola referencia de si han cumplido o no con lo afirmado en el Acuerdo de La Habana”

 

Primero, consultamos a Lucio para saber cuál había sido el origen, la base o el documento de su afirmación, pero, al momento de la publicación de este chequeo, no obtuvimos respuesta. 

Luego, revisamos el mandato y funciones de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad   y encontramos que entre las funciones de la Comisión no está la de verificar si alguna de las partes firmantes del Acuerdo de Paz ha cumplido o no con lo acordado. Entonces, nos comunicamos con Gustavo Gallón, director de la Comisión Colombiana de Juristas, quién explicó a Colombiacheck que la Comisión de la Verdad tiene 3 objetivos: 

“Verificar lo ocurrido, esclarecer lo ocurrido y proponer condiciones para la construcción de una convivencia pacífica. No está entre sus funciones la de hacerle seguimiento al proceso de implementación”. No Obstante, el jurista señala que, si bien la CEV no tiene entre su mandato la función de hacerle seguimiento a los aportes de exmiembros de la extinta guerrilla a la implementación del Acuerdo, la entidad “promovió espacios de encuentro y aporte a la verdad en los que se demuestra que los exmiembros de las FARC-EP sí han cumplido con lo acordado”. 

Muestra de ello quedó consignada en el capítulo de Hallazgos y recomendaciones del informe final (página 742), en el apartado que reconoce que -en total- fueron 86 los excombatientes de las FARC-EP quienes participaron en los 36 procesos de reconocimiento de responsabilidad, a diferencia de las AUC, que hicieron presencia con 31 exmiembros, y, también, a diferencia de la fuerza pública, que participó con 23 miembros activos y retirados. 

Ahora bien, el informe también hace referencia a que la participación de los excombatientes de las FARC participaron en los procesos de verdad de manera individual, “aunque privilegian su participación desde lo colectivo, especialmente quienes pertenecen a un proyecto político. La perspectiva de reconocimiento de responsabilidades por parte de los firmantes del Acuerdo de Paz se desarrolla en estrecha relación con la implementación del mismo y el avance de los procesos y sentencias que profiera la Justicia Especial para la Paz. Al respecto, el alcance y continuidad de los reconocimientos dependerá de las dinámicas de institucionalidad que se asuman y de la interlocución de la sociedad para efectos de la exigencia de reconocimiento público de responsabilidad”. 

En ese capítulo hay un intertítulo que dice “11.5.2. El lugar de los responsables y sus narrativas” (página 738), en este apartado, el informe les cuenta a los lectores el camino que los excombatientes de la extinta guerrilla de las FARC-EP han recorrido desde la firma del Acuerdo de Paz de cara al proceso de implementación. 

En el informe se mencionan varios de los aportes que exmiembros de la otrora guerrilla señalan para aportar al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías para la No Repetición; según el informe, “Los exmiembros de las antiguas FARC-EP han proporcionado diferentes grados de verdad y reconocimiento, dependiendo de los hechos, su relación con las víctimas y comunidades, así como su papel en la cadena de mando”.

La Comisión de la Verdad reconoce en su informe que, a diferencia de miembros de la fuerza pública y exmiembros de las AUC, los firmantes del Acuerdo por parte de las FARC “afirman su carácter político-militar, por lo cual hacen referencia al marco en el cual hacen los reconocimientos de responsabilidad y es el cumplimiento del Acuerdo, esto debido a la naturaleza política que viene de sus orígenes como agrupación guerrillera. Los reconocimientos sirven para reflexionar sobre su impronta ideológica y confrontar las decisiones y acciones que llevaron a cometer infracciones al DIH y crímenes en el marco de la guerra para tomar conciencia del daño y sufrimiento causados a la sociedad, mirando los rostros y las experiencias de las víctimas”.

Pero lo más importante de este chequeo es dejar claro que la CEV no es la encargada de hacer el proceso de verificación de la implementación, sino la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI), creada en el punto 6 del Acuerdo de Paz.   El apartado 6.3 del Acuerdo creó la comisión de notables internacionales que serían garantes de la implementación (comisión conformada por el expresidente de España, Felipe González y el expresidente de Uruguay José Mujica), así como la constitución de una Secretaría Técnica para hacerle el seguimiento a la implementación del Acuerdo de Paz. 

A través del Comunicado Conjunto No. 15 del 23 de marzo de 2017, el Gobierno Nacional y las Farc, en el marco de la CSIVI, designaron al Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep) y al Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC) para que tuvieran a su cargo el protocolo de la Secretaría Técnica del proceso de implementación del Acuerdo de Paz. 

De acuerdo con lo publicado en la página del Cinep, el objetivo de la mencionada Secretaría es el de “recolectar, analizar y preparar la información necesaria para los pronunciamientos públicos de los notables”, quienes deberán pronunciarse sobre “los avances que se realicen en la implementación de todos los acuerdos”. La Secretaría se constituyó teniendo como puntos de apoyo al Instituto Kroc, del Gobierno Nacional, del componente internacional de notables y del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común.  

De la mencionada recolección y análisis de procesos informativos relacionados con la implementación del Acuerdo de Paz, el Cinep y el CERAC constituidos como la Secretaría Técnica de la Verificación del Acuerdo de Paz, se empezaron a publicar informes que debían responder a los siguientes ejes y que, a su vez, debían ir mostrando si el Acuerdo iba cumpliendo cabalmente, o no, su proceso de implementación: 

 

• Cumplimiento, responde a la pregunta ¿la acción se llevó o no a cabo
• Tiempo, evalúa si la implementación se realizó en el momento establecido en el Acuerdo Final o dentro del plazo prudente y oportuno para evitar obstáculos en la implementación de otros subtemas.

• Correspondencia, que se entiende como la relación de concordancia entre lo que establece el Acuerdo Final y la implementación. 

El primer informe publicado fue en noviembre del año 2017. Y el último, correspondiente a la edición número 11  se publicó en agosto del 2022. En el documento, además de tener un balance ejecutivo de todos los frentes que están ligados a la implementación, se hace un estudio sobre cómo la la implementación de cada uno de los 6 puntos del Acuerdo de Paz. 

En su página 151, el documento desglosa todo lo relacionado con la implementación, verificación y refrendación del Acuerdo. Se centra en la financiación, en la implementación normativa, en la ejecución de los recursos destinados a la paz, enfoque de género, enfoque étnico y otros temas que contribuyen a comprender ampliamente la marcha de la implementación del Acuerdo. Por último, el documento señala oportunidades de mejoramiento para acercarse a la conquista de una paz estable y duradera.  

Por todo lo anterior, calificamos la afirmación de Lucio como falsa, pues, primero es la CSIVI, y no la CEV, a través de su Secretaría Técnica, la encargada de hacer la verificación de la implementación del Acuerdo y de comunicar públicamente los avances, retrasos o retrocesos, así como los aportes que los firmantes del Acuerdo hacen a la implementación de lo acordado. Y, por otra parte, contrario a lo que dice Lucio, el informe final de la Comisión, aún cuando no hacía parte de sus funciones ni de su mandato, sí hace referencia a las contribuciones que exmiembros de las FARC hicieron al Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.

 

"Según la tesis de la Comisión, la independencia del Fiscal General de la Nación se hace desvinculando absolutamente la participación del presidente de la República en términos de la postulación del fiscal general"

 

 

En el mismo video, Lucio aseguró que "según la tesis de la Comisión, la independencia del Fiscal general de la nación se hace desvinculando absolutamente la participación del presidente de la República en términos de la postulación del fiscal general". En Colombiacheck encontramos que dicha afirmación es Verdadera pero. 

Aunque para verificar esta frase también nos comunicamos con Carlos Alonso Lucio para saber cuál había sido la fuente de su afirmación, tampoco obtuvimos respuesta al momento de la publicación de este chequeo. 

En la página 831 del capítulo de Hallazgos y recomendaciones, el informe señala lo siguiente acerca de independencia e imparcialidad de acuerdo a las reformas constitucionales que propone en el documento: 

“En el primer grupo de recomendaciones sobre independencia e imparcialidad se proponen reformas institucionales. La primera de ellas está relacionada con el mecanismo de elección del Fiscal General, en la que el Ejecutivo no debería tener injerencia, para fortalecer la independencia desde el diseño institucional”. 

Y más abajo, en el subtítulo 5.1 titulado Independencia y Transparencia, el informe recomienda: “modificar la forma de elección del Fiscal General de la Nación para garantizar su independencia, sobre la base de criterios de mérito y reconocimiento de trayectoria profesional, publicidad y transparencia. Se recomienda que en la reforma del proceso de postulación y selección se incluya la participación de la academia y mecanismos para el control ciudadano”. 

Vamos por partes: actualmente, la Constitución establece que: “El Fiscal General de la Nación será elegido para un período de cuatro años por la Corte Suprema de Justicia, de terna enviada por el Presidente de la República”. De ahí que la recomendación de la Comisión de la Verdad frente a la mencionada reforma constitucional le pone la lupa a lo que podría ser una causa de falta de independencia que, de acuerdo a lo advertido por el informe, podría ser corregida por vías legales o constitucionales. 

Para Gina Cabarcas Maciá, directora del Laboratorio de Justicia y Política Criminal, “Interpretada literalmente, la Comisión de la Verdad propone que el Congreso, encargado de legislar y proponer reformas constitucionales, modifique la forma de elección del Fiscal General de la Nación, para garantizar una mayor independencia y un procedimiento público y transparente, que tenga en cuenta criterios de mérito y de trayectoria profesional”. 

La experta señala que, en su recomendación, la Comisión no incluye cómo debe ser la modificación y sugiere, comenta ella, “que el nuevo procedimiento incluya el concepto técnico que puede dar la academia y el control político ciudadano. La opción de que la modificación que haga el Congreso implique la eliminación del presidente del proceso de postulación y selección es una de las alternativas que podrían adoptarse”.

Por su parte, Rodrigo Uprimmy, jurista especializado en derecho constitucional y miembro del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas​, a quien también consultamos, considera que “los riesgos de una Fiscalía independiente del Ejecutivo son los problemas de coordinación y de la responsabilidad política por la falta de investigación criminal”.

Entonces, es cierto que la Comisión sí propone la independencia de la postulación del Fiscal General de la Nación del poder Ejecutivo, pero no como la única medida necesaria o el único problema a corregir.

Ahora bien, Uprimmy recalca que en un país “con un presidencialismo tan fuerte como el colombiano, la tentación de usar a la Fiscalía para perseguir políticamente a los enemigos es muy grande o tener una fiscalía amiga para garantizar la impunidad de los crímenes cometidos por el Gobierno serían los dos grandes riesgos de una fiscalía dependiente del Ejecutivo. Esos son riesgos mucho mayores que los de la falta de coordinación o los de falta de responsabilidad política por la impunidad”. 

De ahí que Uprimmy advierte que Carlos Alonso Lucio “no es preciso” en sus afirmaciones, pues, de acuerdo con el experto, “lo que plantea la CEV es que deben buscarse mecanismos que garanticen la independencia de la Fiscalía. Uno de esos mecanismos sí podría ser la desvinculación del Ejecutivo y de cualquier incidencia en el nombramiento por el presidente de la República, pero ese no es el único mecanismo que existe para garantizar la independencia de la Fiscalía”.  

Cabarcas Maciá comenta que “Habría que valorar otras alternativas para el procedimiento de postulación y selección del Fiscal general que tuvieran en cuenta los riesgos de que este proceso solo dependiera de la Corte Suprema de Justicia”. Y es clara en señalar que “quitar al presidente no redunda necesariamente en mayor independencia de la Fiscalía de los poderes políticos”.

Por tanto, la afirmación es "verdadera pero" pues tiene razón en que la Comisión de la Verdad plantea que el Ejecutivo, incluido el Presidente, que es su jefe, no debe tener injerencia en el proceso de elección del Fiscal General de la Nación. Sin embargo, omite que esa no es la única recomendación que hace el informe final para lograr la independencia del ente judicial.