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Chequeo Múltiple

Jueves, 13 Agosto 2020

Chequeo a la oposición: Gustavo Bolívar

Por Luisa Fernanda Gómez, Fabio Posada y Laura Rodríguez Salamanca

Este artículo hace parte del chequeo al discurso de la oposición del 7 de agosto de 2020.

AL finalizar el discurso de Duque del pasado 7 de agosto, un grupo de congresistas y concejales de algunos partidos de la oposición se reunieron en un espacio virtual para exponer su postura con respecto a la gestión de los dos años de gobierno del presidente. 

Entre los oradores estuvo el senador Gustavo Bolívar, quien habló de medioambiente, cultivos ilícitos y desempleo. En Colombiacheck le pusimos la lupa a sus afirmaciones. 

“Duque se comprometió a no hacer fracking en Colombia”.

VERDADERO

A la hora y 19 minutos del discurso de la oposición, y después de que intervinieran sus compañeros, Gustavo Bolívar dijo: “Comienzo diciendo que en videos, sin sonrojarse, [Duque] se comprometió ante un auditorio a que no haría fracking en Colombia”

La posición frente al fracking del hoy Presidente de la República, Iván Duque, no era muy clara cuando era candidato.

El 18 de abril de 2018, publicamos en Colombiacheck un artículo que analizaba las posiciones de los candidatos a la presidencia en torno al fracking (y en este artículo explicamos ¿Qué es el fracking?).

En dicha nota, contamos que “en un foro, organizado por la ANDI a principios de 2018, el exsenador [Iván Duque] manifestó que no había que cerrarle la puerta al fracking bajo una lógica de economizar recursos, ya que los costos de extracción en el país son altos y las reservas cada vez menores. Sin embargo, Duque la semana pasada publicó una propuesta completamente diferente en Twitter”.

En el trino publicado el 10 de abril, Duque dijo: En nuestro gobierno no habrá ninguna actividad extractiva en zonas delimitadas de páramos 
 


Ese mismo día (10 de abril de 2018) Noticias Caracol realizó el debate de los jóvenes. Una ciudadana le preguntó a Duque si, caso de ser presidente, permitiría que se hiciera fracking, frente a lo cual respondió: 

“Yo no voy a dejar que se haga un solo proyecto en Colombia que afecte los ecosistemas, que afecte los acuíferos, que afecte las cuencas. Y he dicho, además en los foros especializados en materia de hidrocarburos, que en este momento Colombia no tiene ninguna necesidad de hacer exploración de yacimientos no convencionales porque lo que tenemos de potencial se puede hacer con los métodos convencionales, sin exponer ni la sismicidad, ni los acuíferos, ni la seguridad de nuestro país”.

Su respuesta fue compartida en la cuenta de Twitter de Noticias Caracol:

Al día siguiente (11 de abril de 2018), el mismo noticiero informó que en un foro de candidatos realizado en Bucaramanga el hoy mandatario aseguró que “en un posible gobierno suyo no se acudirá a esta práctica”.

Esto fue lo que dijo Duque:

“(...) acá tenemos una sobreposición de ecosistemas diversos y complejos. Acuíferos subterráneos de enorme riqueza y unos riesgos de mayor sismicidad por los tipos de suelos que tenemos. Por eso he dicho: en Colombia no se hará fracking”. 


Pero en definitiva es cierto, como dice Bolívar, que el hoy presidente Iván Duque dijo en una oportunidad y frente a un auditorio que no permitiría que se hiciera fracking, a pesar de que en otras intervenciones su posición fuera cambiante.

“Duque entregó el piloto de fracking a una empresa que le donó a su campaña”.

CUESTIONABLE

Bolívar, en su intervención en el discurso de la oposición, continúa diciendo sobre el fracking que fue falso su compromiso “y tiene un agravante”, dice Bolívar, “es que el piloto para ese fracking lo está haciendo una empresa que le entregó 700 millones primero, y 300 millones después, a las campañas del Centro Democrático y a la de él personalmente”. A esa empresa, Canacol Energy, le entregó él los pilotos de fracking, afirma el senador.

La respuesta de Bolívar:

Consultamos al equipo de Bolívar por la fuente de información y esto fue lo que nos respondieron:

“DINERO DESDE EL EXTERIOR PARA DESTRUIR LA NATURALEZA: CNE OIL & GAS

CNE OIL & GAS es filial en Colombia de la empresa canadiense Canacol Energy Ltd, la cual hizo una donación al Centro Democrático en 2018 por 700 millones de pesos. De esta empresa es accionista mayoritario el empresario venezolano Oswaldo Cisneros. 

Aunque la empresa es colombiana, esta es una figura que muestra la forma de incidencia de extranjeros en la política Colombiana.

¿La recompensa? 
Esta empresa es una de las principales beneficiarias de los contratos de fracking, cuyos pilotos ya están autorizados para iniciar en el Magdalena Medio zona donde CNE tiene su principal centro de producción, contra toda oposición el gobierno nacional ha insistido en el desarrollo de estos procesos”.

Nos enviaron, además, un artículo del portal Las 2 Orillas titulado “Empresa de fracking habría puesto dinero a la campaña de Duque” y que cita información del medio La Silla Vacía.

Es cierto que La Silla Vacía publicó una investigación sobre donaciones al Centro Democrático durante la campaña presidencial de 2018. Es cierto, también, que la empresa que realizó la donación fue Canacol Energy. Pero se equivoca en el valor de las donaciones: fueron dos, la primera de 400 millones y la segunda de 300 millones. Suponemos que confundió las cifras al afirmar que fue una de 700 millones y otra de 300 millones, pues la donación en total fue de 700 millones de pesos.

Las donaciones a la campaña

La Silla Vacía publicó el pasado 9 de julio que la campaña presidencial de Iván Duque en 2018 enfrentaría otro cuestionamiento: “la presunta financiación por parte del megaempresario venezolano Oswaldo Cisneros, de la cual se tuvo noticia por una revelación del diario El Tiempo, que dio a conocer un audio de Nubia Stella Martínez, directora del partido del Presidente, el Centro Democrático, en el que ella así lo afirma”.

Martínez aseguró en un audio que Cisneros ‘dio’ 300.000 dólares al partido en plena campaña presidencial. Aunque después negó los hechos, Martínez dijo que Oswaldo Cisneros (a quien mencionó Bolívar en su intervención el 7 de agosto) se acercó a donar a través de una familia de apellidos Ricaurte Silva. 

“La Silla Vacía encontró que, además de la donación de los Ricaurte, una empresa colombiana, filial de una extranjera en la que Cisneros tiene el 18 por ciento, donó 700 millones de pesos al Centro Democrático ese año, siendo así una de las donaciones más grandes. Como particularidad, los aportes de los Ricaurte (320 millones) y los de la empresa relacionada con Cisneros (700 millones) dan poco más de 300 mil dólares, a dólar de 2018 en 2.800 pesos en promedio. Justo la suma que menciona Nubia Stella Martínez en el audio en cuestión”, dice el artículo de La Silla.

La ley 1475 de 2011 prohíbe explícitamente que extranjeros financien campañas o partidos políticos en Colombia. Por lo cual, el dinero no ingresó directamente a la campaña de Iván Duque sino al partido que él representaba como candidato y ahora como presidente: el Centro Democrático. 

La Silla Vacía en su artículo lo cuenta así: “la plata llegó al partido y no directamente a la campaña de Iván Duque, esto es importante porque, como contamos en La Silla con respecto a la campaña de reelección de Juan Manuel Santos en 2014, la financiación a través de los partidos es el canal que utilizan algunas campañas presidenciales para sacarle el cuerpo a los topes legales que tienen los candidatos, pues las colectividades no tienen tope”. A eso es a lo que puede estarse refiriendo Bolívar al decir que el dinero entró “a la campaña del Centro Democrático y a la de él personalmente”.

“La empresa que donó al Centro Democrático es la filial en Colombia de la empresa de producción de gas natural Canacol Energy Ltd, de origen canadiense, en la que Cisneros tiene participación”, continúa el artículo de La Silla Vacía, “Canacol opera en Colombia a través de una filial cuya razón social es CNE Oil & Gas S.A.S., como consta en su certificado de existencia y representación legal”. 

Esta filial fue la que donó 700 millones lo hizo a través de dos donaciones: Una por 400 millones de pesos y otra por 300 millones.

Canacol y el fracking

Según le explicó a Colombiacheck Carlos Andrés Santiago, miembro de la Alianza Colombia Libre de Fracking, Canacol Energy es socia de la petrolera “ConocoPhillips en los contratos de los bloques VMM3 y VMM2 para el desarrollo del fracking”. Así lo menciona además ConocoPhillips en su página web:

Canacol

Santiago nos suministró, además, una presentación de Canacol en la cual la petrolera reconoce su interés en la extracción de yacimientos no convencionales (YNC); es decir fracking.

Canacol no convencionales

Por otro lado, en julio de 2018, el diario económico Portafolio le realizó una entrevista a Charle Gamba, presidente y CEO de la petrolera Canacol en la cual indagó por su interés en realizar explotación en Yacimientos No Convencionales.

En el primer párrafo, dice: “Si bien la petrolera canadiense Canacol Energy está vendiendo todos sus activos de crudo convencional en Ecuador y Colombia, decidió conservar dos bloques (VMM2 y VMM3) en los que desarrollará proyectos en Yacimientos no Convencionales (YNC)”.

En agosto de 2018, el mismo diario económico publicó que cuatro empresas petroleras “mostraron sus cartas por los YNC”. Ecopetrol, Canacol, ConocoPhillips y Drummond “están listas en el partidor, y solo esperan la señal del Estado para comenzar la operación de estos yacimientos”.

Esto dice la nota de Portafolio más adelante: 


"ConocoPhillips y Canacol, son las otras dos empresas petroleras que en asocio alistan motores para la producción de crudo en roca fracturada [el fracking es una técnica de extracción de hidrocarburos que consiste en la inyección de grandes volúmenes de fluidos a presión para generar fracturas en rocas y así crear vías de migración de los hidrocarburos hacia la superficie]. 

Las tareas se centrarán en los bloques VMM2 y VMM3. (...) “(...) Por su parte ConocoPhillips posee la tecnología de punta y la administración geológica para el desarrollo de los YNC”, señaló Charle Gamba, presidente y CEO de Canacol".

Pero hay un detalle más, y es que a la fecha de publicación de este chequeo no se está realizando ningún piloto de fracking porque “toda la normatividad está suspendida por el Consejo de Estado y no pueden avanzar hasta tanto no se expida la nueva normatividad y avancen otros trámites”, señala Santiago, quien además sostiene que “hoy sí se están explotando yacimientos no convencionales en el Cesar por parte de Drummond, pese al desacato en su contra en el Consejo de Estado”.

Actualmente, la sociedad Canacol - ConocoPhillips tiene un contrato que le permite explorar y explotar yacimientos no convencionales. Pero a raíz de la decisión del Consejo de Estado, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, suspendió los procesos de licencia ambiental en curso para realizar fracking, y ya había archivado dos solicitudes de licencia de ambas empresas. Por lo cual, hasta el momento, Canacol - ConocoPhillips no puede desarrollar, ni está desarrollando pilotos, extracción o explotación de YNC.

De modo que es inexacto lo que señala el senador Bolívar de que “el piloto para ese fracking lo está haciendo Canacol”, aunque la empresa haya manifestado su interés en explotar yacimientos no convencionales.

“[Duque] Se comprometió a proteger el medio ambiente, los páramos concretamente y va a entregar Santurbán, el agua de los santandereanos, un paraíso de agua que hay en Santander”

VERDADERO PERO

Luego de verificar la información disponible sobre el caso de Santurbán, calificamos lo dicho por el senador Bolívar como “verdadero, pero”, ya que si bien es cierto que está en marcha el proyecto de megaminería bautizado como Soto Norte, que pretende construir una mina en inmediaciones del páramo de Santurbán, su fase de explotación no ha comenzado y se encuentra pendiente del trámite de la licencia ambiental. Además, hasta el momento el área de influencia del proyecto se encuentra por fuera de los límites de dicho páramo, aunque en algunos puntos tan solo por 20 metros de distancia con esta zona protegida.

Como contamos hace poco en el chequeo “Duque y Santurbán, una promesa rota a medias”, el compromiso del presidente durante su campaña fue no permitir que actividades productivas, entre ellas la minería, se realizaran dentro de los límites de las zonas protegidas ambientalmente, entre ellas los páramos como Santurbán.

Sin embargo, esto podría cambiar porque la Corte Constitucional pidió al Ministerio de Medio Ambiente que adelante una nueva delimitación de Santurbán y que tenga en cuenta el bosque alto andino dentro de su límite. “Si la nueva línea protegiera más territorio el proyecto corre el riesgo de que el impacto previsto toque zona prohibida para explotación minera”, señala un artículo de La Silla Vacía.

Otro de los compromisos adquiridos por Duque como candidato y que está grabado en video, fue cuidar el agua de los habitantes de Santander: “he escuchado con mucha atención las preocupaciones de la comunidad de Santander. Es que eso no es si es aquí abajito o aquí arribita o acá… lo que está comprometido es un riesgo sobre las fuentes de agua y no se pueden adelantar proyectos que comprometan o pongan en riesgo las fuentes de agua de ciudades como Bucaramanga y de otros municipios”.

Sobre este otro compromiso, el presidente Duque no se ha vuelto a pronunciar pese a que el proyecto Soto Norte pone en riesgo de contaminación las fuentes hídricas de las que se surte el acueducto de Bucaramanga, ciudad con dos millones de habitantes, y las comunidades cercanas al proyecto. 

Es que según el estudio de impacto ambiental presentado por Minesa (la compañía árabe que gestiona el proyecto Soto Norte) para obtener la licencia ambiental de explotación, durante el tiempo que dure activa la mina se depositará un total de 34 millones de toneladas de material contaminante encima de una quebrada que será canalizada por una tubería y protegida con membranas impermeabilizantes. Sin embargo, el material contaminante está compuesto, además de la roca sobrante de la extracción, por concentraciones tóxicas de hierro, arsénico, cadmio, bismuto, antimonio, plomo, molibdeno, uranio y zinc, elementos que pueden causar daños permanentes en el medio ambiente y que son nocivos para los seres humanos.

Las dudas y observaciones sobre el proyecto Soto Norte y su estudio de impacto ambiental están contenidas en un informe presentado por Juan Carlos Cárdenas, alcalde de Bucaramanga.

“[El gobierno de Duque] se comprometió a entregarle a las 99.000 familias que se inscribieron en el PNIS los recursos para sustitución voluntaria, los recursos para reemplazar los cultivos de coca y marihuana con cultivos lícitos y el gobierno no les ha cumplido. Hoy solo 1.276 familias tiene proyectos productivos de esas 99.000 y tiene desfinanciado totalmente el PNIS. El PNIS necesitaba para este año 1.3 billones de pesos y solamente le entregó 49.000 millones, es decir, el 2,3%”.

CUESTIONABLE

Consultamos a la coordinadora de la unidad de trabajo legislativo del senador para solicitarle la fuente de la información. Aunque nos compartió los soportes para las demás frases que verificamos en este especial, sobre esta en particular nos escribió que la fuente de la información era un derecho de petición que le había remitido el senador a la Agencia para la Renovación del Territorio, pero que la información aún no era pública. 

Entonces solicitamos los datos a la Consejería Presidencial para la Consolidación y la Estabilización, de la que depende la agencia, y revisamos el último informe, del 31 de marzo de 2020, de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito,UNODC, sobre el PNIS para contrastar la información. Y encontramos que el senador mezcla datos verdaderos con otros falsos. 

Vamos por partes. Primero los datos. De acuerdo con el informe de UNODC, es verdad que, como dijo el senador Bolívar, 99.000 [exactamente 99.077] familias se inscribieron, individualmente, al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos, PNIS. Sin embargo, de acuerdo con los datos oficiales, de éstas 1.792 familias tienen proyectos productivos hasta el momento; no las 1.276 que nombró Bolívar. 

En lo que se refiere al presupuesto, es cierto que el gobierno al principio del año calculó que para 2020 se requerían 1,3 billones de pesos. Eso lo corroboramos con un documento que fue repartido en las mesa de trabajo para cultivos ilícitos de la Conversación Nacional y que nos compartió José Luis Bernal, investigador de la Fundación Ideas para la Paz, FIP. El dato  también lo confirmaron en la Consejería Presidencial para la Consolidación y la Estabilización. 

Sin embargo, de acuerdo con los datos que nos enviaron desde la consejería, el gobierno este año entregó 191.000 millones de pesos, que corresponden a al 11% del presupuesto requerido para este año; no los 49.000 millones de pesos [2,3%] que dijo el senador. Hay que aclarar que de estos recursos 41.000 millones estaban en ejecución y los restantes estaban en apropiación el 31 de julio de 2020.
 
Después de verificar los datos, revisamos si efectivamente el gobierno se comprometió a entregarle a las 99.000 familias que se inscribieron en el PNIS los recursos para sustitución voluntaria. 

Encontramos varias referencias. En el Plan Nacional de Desarrollo, específicamente en la página 785, se establece como una meta “impulsar el desarrollo social, económico y sostenible de los territorios afectados por la presencia de cultivos ilícitos vinculados al proceso de sustitución” y se define como estrategia el PNIS. Además encontramos que en el indicador de resultado de “porcentaje de familias con proceso de sustitución finalizado” la meta es del 100 por ciento para el cuatrienio. 

Metas sustitución Plan Nacional de Desarrollo

También, tanto en un comunicado de prensa de la Consejería para la Estabilización y la Consolidación [del cinco de julio de 2019] como en un informe de la FIP se hace referencia a que el Gobierno Nacional se comprometió a cumplir lo pactado con las 130.000 familias que firmaron los acuerdos colectivos [de éstas, solo 99.097 pudieron firmar acuerdos individuales, son a las que se refirió Bolívar] y expresaron intención de sustituir los cultivos de coca.

Además de esto, le pedimos a Bernal y Daniel Rico, investigadores que trabajan el tema de cultivos ilícitos revisar las declaraciones del senador. Los dos coincidieron en que Bolívar tiene razón al mencionar que el PNIS está desfinanciado y que hay retrasos. Pero ambos consideran que a sus declaraciones les falta algo de contexto para entender mejor el problema. 

“Este es un incumplimiento que venía desde el gobierno Santos, que creó el PNIS y que le entregó al gobierno Duque un caos, un desorden absoluto. Si bien el gobierno llega y se compromete a mantener el PNIS, lo que no tenía calculado era ese nivel de desorden y de caos. Al gobierno actual le ha tomado mucho más tiempo desenredar lo que venía del anterior, que era una cosa sin bases de datos, sin registros, con una opacidad absoluta. Entonces no es que recibieron un programa perfecto y han decidido no cumplirlo. Les ha tomado mucho tiempo ponerlo a andar”, señaló Rico. 

Por su parte, José Luis Bernal, de la FIP, señala: “eso sí va lento, pero también hay que tener en cuenta en la discusión que el PNIS no arrancó con la misma velocidad en todos los lugares y no está en la misma fase en todas partes, y los proyectos productivos son los últimos pasos dentro de todo el proceso del PNIS”. 

Entonces calificamos como cuestionables las declaraciones del senador Gustavo Bolívar en el discurso de la oposición sobre el PNIS. En sus afirmaciones mezcla datos falsos y verdaderos. Y aunque es cierto que falta plata y hay retrasos en el cumplimiento de los acuerdos con las familias que se acogieron al programa, de hecho, también con las 130.000 que se acogieron a los acuerdos colectivos, pero que no lograron entrar a los individuales, el senador no dio el contexto necesario para entender mejor el origen del asunto. 

“Colombia es, de todos los países de la OCDE, el país con mayor desempleo. Estamos llegando al 20 por ciento del total general y tenemos el 23 por ciento en los centros urbanos”.
 

VERDADERO PERO

La jefe de la unidad de trabajo legislativo del senador nos compartió por WhatsApp, un artículo de la revista Dinero titulado ‘Colombia será el país en Ocde con más desempleo en 2020 por covid-19’, que fue publicado en el 7 de julio de 2020.

En este se explica que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, en un informe sobre el panorama del mercado laboral de sus países miembros, “pronosticó que Colombia será el país con las mayores tasas de desempleo en 2020, entre las 37 naciones que conforman su grupo, ante la propagación de la enfermedad del coronavirus”. ¿Pero el senador Bolívar no hablaba en presente? 

Con esta duda en mente, consultamos el informe de la OCDE y encontramos que el documento, que fue publicado un mes antes del discurso de la oposición, correspondía a una proyección del mercado del trabajo publicado con el propósito de aconsejar a los países sobre algunas decisiones “críticas que se deben tomar” para reactivar la economía sin descuidar la salud de los trabajadores.

La única referencia que encontramos, en sus 370 páginas, a la información que compartió el senador estaba en una gráfica con información de mayo de 2020 para el caso de Colombia, información que también usó Dinero. La ilustración, efectivamente, mostraba que Colombia en ese mes presentaba la mayor tasa de desempleo de la OCDE. 

Desempleo países de la OCDE mayo

Fuente gráfica de la OCDE

Sin embargo, en el mismo documento se aclara que “esta primera evaluación del impacto inicial (...) debe considerarse como parcial y preliminar. Los cambios en las tasas de desempleo de los países desde el inicio de la crisis de COVID-19 han variado marcadamente”.

Uno de los ejemplos que presenta el mismo informe es el de Estados Unidos, en donde la tasa de desempleo saltó de su mínimo de 50 años del 3,5% en febrero al 14,7% en abril. Luego, cayó al 13,3% en mayo y fue de 11,1% en junio. 

Teniendo en cuenta esto, buscamos datos más actualizados para examinar la posición de Colombia con referencia a los demás países. Y de acuerdo con la información más actualizada de la OCDE [datos de junio para Colombia], nuestro país sigue encabezando la lista del desempleo de la organización. 

Desempleo OCDE 2019

Sin embargo, de acuerdo con Santiago Moreno, economista de la Universidad de Los Andes, se requiere un poco más de contexto para entender la pertinencia de la comparación.“Un asunto que no tiene en cuenta el senador es que resulta normal que tengamos la tasa de desempleo más alta de la organización en la pandemia porque también somos el país menos desarrollado de los miembros. Comparar de ese modo es mezclar peras con manzanas. En todas las estadísticas vamos a salir perdiendo”.

Es que los únicos países latinoamericanos en la OCDE, además de Colombia, son México y Chile, y en la comparación también entran otros miembros que se caracterizan por sus buenos indicadores como Alemania, Finlandia, Francia, Japón y Nueva Zelanda. 

“Además, hay que aclarar que somos el penúltimo país en entrar a la organización [28 de abril de este año] y justamente el propósito de entrar en la OCDE es buscar estandarizar prácticas y políticas públicas para homogeneizar un poco ese tipo de estadísticas. Como llevamos tan poco es normal una disparidad tan grande”, agrega Moreno. 

Además de la comparación, revisamos las tasas de desempleo que presentó Bolívar: cerca del 20% en el total general y 23% en los centros urbanos. Lo que encontramos: en el primer dato acertó y en el segundo erró. De acuerdo con la información publicada por el DANE el 31 de julio sobre el mercado laboral, la tasa de desempleo del país en junio fue de 19,8%. Pero la de ciudades y áreas metropolitanas fue de 24,9%. 

Así las cosas, calificamos como ‘verdadera, pero’ la afirmación del senador Gustavo Bolívar respecto a la tasa de desempleo de Colombia en referencia a la de los demás países de la OCDE. Si bien los datos que presenta son verdaderos, en su análisis no tiene en cuenta que la comparación la está haciendo con países, en su mayoría, desarrollados, y esto presenta una clara desventaja para el país, que recientemente entró a la organización. Esto no quiere decir que las cifras de desempleo del país no sean alarmantes, pero a su comparación le falta contexto. 

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Miércoles, 12 Agosto 2020

Chequeo a la oposición: Ángela María Robledo

Por Luisa Fernanda Gómez Cruz

Este artículo hace parte del chequeo al discurso de la oposición del 7 de agosto de 2020.

Después del discurso del senador Gustavo Petro, intervino la Representante y ex fórmula vicepresidencial Ángela María Robledo.

El tema de género y mujeres ha sido una de las banderas de Robledo, y en su intervención en el discurso de la oposición del 7 de agosto, no lo dejó a un lado. Le dijo al gobierno de Iván Duque que, “a pesar de tener una vicepresidenta y el 50 por ciento de paridad en su gabinete, eso no ha significado nada para la garantía de esta deuda histórica que tiene Colombia con las mujeres”. 

Señaló, además, que “hoy la pandemia nos ratifica que esta pandemia con todos sus dolores ha sido devastadora y tiene rostro de mujer”. Y para ejemplificarlo dijo una frase que decidimos verificar: “Durante estos meses [de pandemia] han asesinado cerca de 50 mujeres en sus casas, en sus vecindarios, las han quemado, las han empalado, las han desmembrado y durante este año ha habido 300 muertes de mujeres en Colombia”.

Esto fue lo que encontramos frente a las dos afirmaciones que hizo la representante Robledo:

“Durante estos meses han asesinado cerca de 50 mujeres en sus casas, en sus vecindarios, las han quemado, las han empalado, las han desmembrado” 

Cuestionable

De acuerdo con el equipo de prensa de la Representante Robledo, la cifra provino de un artículo de Cero Setenta publicado el pasado 8 de junio y titulado: Junio: 24 mujeres asesinadas. “Lo que hace la Representante es aproximar”, le dijo el equipo de prensa de la representante a Colombiacheck.

De acuerdo con este artículo, escrito por la editora de la revista digital Natalia Arenas, “este es el doloroso conteo de las mujeres que fueron asesinadas en el país en el mes que acaba de pasar, que se suman a los 42 feminicidios que contamos en los primeros 68 días de cuarentena”.

De modo que, según este conteo, serían 66 mujeres asesinadas por su condición de ser mujeres en todo el país en lo que va de la cuarentena. De acuerdo con Cero Setenta: 42 entre el 25 de marzo y el 1 de junio, más 24 de todo el mes de junio. No tan “cerca de 50”, como dijo la Representante.

Arenas le dijo a Colombiacheck que la información la obtiene, como menciona el artículo “rescatando los casos registrados por la prensa —en su inmensa mayoría regional y popular— y por organizaciones que defienden los derechos de las mujeres”. Además, que no se basan exclusivamente en los conteos de la Fiscalía porque “sabemos que la Fiscalía no siempre tipifica feminicidio a pesar de que haya muchas pistas que hagan pensar que fue un homicidio por la condición de género de la mujer”. Por eso el conteo es distinto al de entidades oficiales, como la Fiscalía o la Policía.

Según los datos de la Policía, ha habido 45 homicidios de mujeres entre marzo y junio. También consultamos en la Fiscalía, pero nos dijeron que esos datos se demoran en ser entregados. De modo que actualizaremos el artículo cuando obtengamos esa información.

Por otro lado, le preguntamos a Arenas si en su base de datos incluía el lugar en el que fueron asesinadas las mujeres, por lo que Robledo habla de “sus casas, sus barrios”, al igual que la manera en que fueron asesinadas. A lo que respondió: “sí, muchas fueron asesinadas dentro de sus casas o cerca de sus casas. Eso repite una tendencia que han mostrado varias organizaciones que defienden los derechos de las mujeres: el hogar suele ser uno de los lugares más peligrosos para las mujeres y por eso en la pandemia todas las alarmas están puestas ahí”.

Los datos de la Policía no incluyen esa información. Los únicos datos que tienen sobre el arma utilizada para el asesinato son: arma cortopunzante, arma de fuego, armas medios, artefacto explosivo y contundentes.

Preguntamos en la Fiscalía si contaban con esta información y el equipo de prensa nos respondió: “con esa especificación el sistema no nos arroja resultados. Nos entregarán la cifra de feminicidios y posiblemente en regiones”.

Revisamos el artículo de Cero Setenta de junio (“42 mujeres asesinadas en 68 días de cuarentena”) si tienen datos de que a las mujeres “las han quemado, las han empalado, las han desmembrado”, como dijo Robledo, y esto es lo que dice el informe: 

“Las mataron como generalmente lo hacen: apuñaladas, degolladas, a machetazos, golpeadas, a tiros, asfixiadas, violadas, desmembradas. A dos intentaron desaparecerlas en huecos que sus agresores abrieron en el patio de sus casa. A cuatro las botaron a ríos o caños”.

Sin embargo, no hay referencias de que las hayan “quemado” o “empalado”. 

De modo que calificamos la afirmación de Robledo como Cuestionable, pues aunque la cifra de las mujeres asesinadas en cuarentena está cerca, no es exacta; y la información sobre la modalidad del homicidio no aparece registrada en las bases de datos que pudimos acceder.

“y durante este año ha habido 300 muertes de mujeres en Colombia”. 

Verdadero, pero

Nuevamente consultamos al equipo de prensa de la Representante, quienes dijeron que la cifra hacía referencia a homicidios y que fue tomada de un artículo publicado por El País de España el pasado 28 de junio. Este artículo sostiene: “Solo entre enero y mayo, 315 mujeres han sido asesinadas en el país y 16.473 han sido víctimas de violencia intrafamiliar, de acuerdo con las cifras oficiales del Instituto de Medicina Legal”.

Revisamos el Boletín Estadístico más reciente de Medicina Legal (de mayo) y encontramos que, efectivamente, registra en la tabla de “Muertes violentas según sexo” 315 homicidios a mujeres entre enero y mayo de 2020.

Calificamos la afirmación de Ángela María Robledo como “Verdadera, pero” porque aunque el discurso fue dado el 7 de agosto, las cifras de Medicina Legal solo llevan el conteo de los primeros cinco meses del año.