En su discurso del 22 de septiembre ante la máxima instancia de la Organización de Naciones Unidas, Duque afirmó que “las constantes violaciones a los derechos humanos por parte de la dictadura [de Nicolás Maduro en Venezuela], las que denunciamos en nuestro país y las que hemos denunciado en los foros internacionales, incluyendo la Corte Penal Internacional [CPI], han sido confirmadas recientemente por la ONU”.

El 26 de septiembre de 2018, los gobiernos de Colombia, Chile, Argentina, Perú, Paraguay y Canadá enviaron una carta a la CPI en la que pedían abrir una investigación sobre Venezuela por crímenes de lesa humanidad cometidos en su territorio desde febrero de 2014, durante el gobierno de Maduro, para “determinar si una o más personas específicas deberían ser acusadas”. Además, Duque lideró un grupo de congresistas colombianos y chilenos que ya le habían presentado una petición similar al tribunal en julio de 2017.

Hoy presentamos denuncia contra Maduro firmada por más de 100 congresistas de Colombia y Chile ante Fiscalía de CPI https://t.co/sHAaWygG4b pic.twitter.com/z9KNASNeGh

— Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) July 18, 2017

La frase es verdadera porque una misión independiente de la ONU sí presentó un informe ante el Consejo de Derechos Humanos de ese organismo el 15 de septiembre, en el que se concluye que hay “motivos razonables para creer” que Venezuela ha sido escenario de ese tipo de actos.

Según la reciente declaración, han ocurrido encarcelamientos arbitrarios, asesinatos, violaciones y otras formas de violencia sexual, torturas y desapariciones forzadas que se habrían cometido “en el marco de un ataque generalizado y sistemático dirigido contra una población civil, con conocimiento del ataque, de conformidad con una política estatal o en apoyo de ella”. Por tanto, considera que cumplen con los criterios que establece el Estatuto de Roma, que rige a la CPI, para determinar que son crímenes de lesa humanidad.

La carta de los presidentes Iván Duque, Sebastián Piñera, Mauricio Macri, Martín Vizcarra, Mario Abdo Benítez y el primer ministro Justin Trudeau contenía la misma lista de señalamientos con base en tres fuentes. La principal era un informe de expertos internacionales elaborado en mayo de 2018 con la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA), que le pedían al tribunal tener en cuenta.

Pero los mandatarios también citaban un reporte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicado en diciembre de 2017 y otro de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) de junio de 2018. Este último incluía “violaciones de derechos humanos, como las ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos, cometidas por las autoridades estatales desde 2014”.

Aunque el alto comisionado de ese entonces, Zeid Ra’ad Al Hussein, todavía no catalogaba esos actos como crímenes de lesa humanidad, su informe sí motivó a que la Asamblea General de la ONU emitiera una resolución en la que le pidió a su sucesora, Michelle Bachelet, la elaboración de nuevos reportes sobre el país para los años siguientes. Esto ocurrió el mismo día que Duque y los demás jefes de Gobierno enviaron su remisión del caso a la Corte.

No obstante, el reciente informe de la misión independiente es el primero en el marco de la ONU que se refiere a las violaciones de derechos humanos bajo el gobierno de Maduro como crímenes de lesa humanidad. En ese sentido, se puede decir que sí “confirmó” lo que Duque ha denunciado.

Entre tanto, el proceso en la CPI (que no es parte de las Naciones Unidas sino una institución aparte, como está descrita en un explicador) todavía está en examen preliminar. Esto quiere decir que no se ha abierto la investigación pedida por Colombia y compañía. Tampoco existe un plazo perentorio para abrirla, aunque el informe sobre los avances hasta diciembre de 2019 anunciaba que en 2020 terminaría la evaluación sobre la competencia del tribunal, que precisamente implica determinar que hay “fundamento razonable para creer” que se cometieron crímenes de lesa humanidad u otros cobijados por el Estatuto.

Además, la eventual apertura de una investigación depende de otros dos factores. Uno es la admisibilidad, que evalúa si el Estado está ejecutando las acciones judiciales pertinentes con voluntad y capacidad de hacerlo de forma eficaz e imparcial o si, por el contrario, hay un riesgo de impunidad. El otro es el interés de la justicia, que revisa la gravedad de las conductas en términos del número de víctimas u otras consecuencias e incluso tiene en cuenta la edad y la salud del presunto autor para decidir si vale la pena seguir adelante.

La fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, tomó la decisión de abrir el expediente sobre Venezuela en febrero de 2018, siete meses antes de la remisión de los estados americanos. En ese entonces, aseguró que le estaba haciendo seguimiento a la situación venezolana desde 2016 y anunció que analizaría hechos sucedidos por lo menos desde abril de 2017.

“En particular, se ha alegado que fuerzas de seguridad del Estado con frecuencia utilizaron fuerza excesiva para dispersar y reprimir manifestaciones, y que han detenido y encarcelado a miles de miembros de la oposición, reales o aparentes, algunos de los cuales habrían sido presuntamente sometidos a graves abusos y maltrato durante su detención. También se ha informado que algunos grupos de manifestantes habrían recurrido a medios violentos, resultando en lesiones o muertes de algunos miembros de las fuerzas de seguridad”, declaró.

Después de recibir la remisión de los seis países en septiembre de 2018, la misma Bensouda dijo que el examen sobre Venezuela seguiría “su curso normal”. Esa solicitud solo podría acelerar el proceso si la fiscal decide abrir la investigación formal con base en esa denuncia, porque así no tendría que pedir el aval de la Sala de Cuestiones Preliminares como si lo hiciera de oficio; pero el penalista y defensor de derechos humanos Élmer Montaña aclara que ella tiene autonomía para escoger cualquiera de los dos caminos.

Adicionalmente, la institución le dio inicio a un segundo examen sobre Venezuela en febrero de 2020, luego de que el mismo gobierno de Maduro envió una remisión en la que responsabiliza a Estados Unidos por crímenes de lesa humanidad en el territorio venezolano. Por ahora permanecen como expedientes separados, aunque podrían unificarse. Montaña explica que esto depende de principios del derecho como la unidad probatoria: “si las pruebas, los tiempos, los lugares, las víctimas y otras circunstancias son iguales, no tiene sentido llevar dos procesos aparte”.

De modo que el nuevo informe sí confirmó que hay motivos para creer en las denuncias de Duque sobre la situación en Venezuela. Ahora falta ver qué determina la CPI al respecto en su proceso independiente sobre el caso.