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Lunes, 05 Octubre 2020

"Denuncias contra Maduro fueron confirmadas por la ONU"

Por José Felipe Sarmiento

Este es uno de los chequeos a la intervención del presidente, Iván Duque, ante la 75ª Asamblea General de la ONU.

En su discurso del 22 de septiembre ante la máxima instancia de la Organización de Naciones Unidas, Duque afirmó que “las constantes violaciones a los derechos humanos por parte de la dictadura [de Nicolás Maduro en Venezuela], las que denunciamos en nuestro país y las que hemos denunciado en los foros internacionales, incluyendo la Corte Penal Internacional [CPI], han sido confirmadas recientemente por la ONU”.

El 26 de septiembre de 2018, los gobiernos de Colombia, Chile, Argentina, Perú, Paraguay y Canadá enviaron una carta a la CPI en la que pedían abrir una investigación sobre Venezuela por crímenes de lesa humanidad cometidos en su territorio desde febrero de 2014, durante el gobierno de Maduro, para “determinar si una o más personas específicas deberían ser acusadas”. Además, Duque lideró un grupo de congresistas colombianos y chilenos que ya le habían presentado una petición similar al tribunal en julio de 2017.

La frase es verdadera porque una misión independiente de la ONU sí presentó un informe ante el Consejo de Derechos Humanos de ese organismo el 15 de septiembre, en el que se concluye que hay “motivos razonables para creer” que Venezuela ha sido escenario de ese tipo de actos.

Según la reciente declaración, han ocurrido encarcelamientos arbitrarios, asesinatos, violaciones y otras formas de violencia sexual, torturas y desapariciones forzadas que se habrían cometido “en el marco de un ataque generalizado y sistemático dirigido contra una población civil, con conocimiento del ataque, de conformidad con una política estatal o en apoyo de ella”. Por tanto, considera que cumplen con los criterios que establece el Estatuto de Roma, que rige a la CPI, para determinar que son crímenes de lesa humanidad.

La carta de los presidentes Iván Duque, Sebastián Piñera, Mauricio Macri, Martín Vizcarra, Mario Abdo Benítez y el primer ministro Justin Trudeau contenía la misma lista de señalamientos con base en tres fuentes. La principal era un informe de expertos internacionales elaborado en mayo de 2018 con la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA), que le pedían al tribunal tener en cuenta.

Pero los mandatarios también citaban un reporte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicado en diciembre de 2017 y otro de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) de junio de 2018. Este último incluía “violaciones de derechos humanos, como las ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos, cometidas por las autoridades estatales desde 2014”.

Aunque el alto comisionado de ese entonces, Zeid Ra’ad Al Hussein, todavía no catalogaba esos actos como crímenes de lesa humanidad, su informe sí motivó a que la Asamblea General de la ONU emitiera una resolución en la que le pidió a su sucesora, Michelle Bachelet, la elaboración de nuevos reportes sobre el país para los años siguientes. Esto ocurrió el mismo día que Duque y los demás jefes de Gobierno enviaron su remisión del caso a la Corte.

No obstante, el reciente informe de la misión independiente es el primero en el marco de la ONU que se refiere a las violaciones de derechos humanos bajo el gobierno de Maduro como crímenes de lesa humanidad. En ese sentido, se puede decir que sí “confirmó” lo que Duque ha denunciado.

Entre tanto, el proceso en la CPI (que no es parte de las Naciones Unidas sino una institución aparte, como está descrita en un explicador) todavía está en examen preliminar. Esto quiere decir que no se ha abierto la investigación pedida por Colombia y compañía. Tampoco existe un plazo perentorio para abrirla, aunque el informe sobre los avances hasta diciembre de 2019 anunciaba que en 2020 terminaría la evaluación sobre la competencia del tribunal, que precisamente implica determinar que hay “fundamento razonable para creer” que se cometieron crímenes de lesa humanidad u otros cobijados por el Estatuto.

Además, la eventual apertura de una investigación depende de otros dos factores. Uno es la admisibilidad, que evalúa si el Estado está ejecutando las acciones judiciales pertinentes con voluntad y capacidad de hacerlo de forma eficaz e imparcial o si, por el contrario, hay un riesgo de impunidad. El otro es el interés de la justicia, que revisa la gravedad de las conductas en términos del número de víctimas u otras consecuencias e incluso tiene en cuenta la edad y la salud del presunto autor para decidir si vale la pena seguir adelante.

La fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, tomó la decisión de abrir el expediente sobre Venezuela en febrero de 2018, siete meses antes de la remisión de los estados americanos. En ese entonces, aseguró que le estaba haciendo seguimiento a la situación venezolana desde 2016 y anunció que analizaría hechos sucedidos por lo menos desde abril de 2017.

“En particular, se ha alegado que fuerzas de seguridad del Estado con frecuencia utilizaron fuerza excesiva para dispersar y reprimir manifestaciones, y que han detenido y encarcelado a miles de miembros de la oposición, reales o aparentes, algunos de los cuales habrían sido presuntamente sometidos a graves abusos y maltrato durante su detención. También se ha informado que algunos grupos de manifestantes habrían recurrido a medios violentos, resultando en lesiones o muertes de algunos miembros de las fuerzas de seguridad”, declaró.

Después de recibir la remisión de los seis países en septiembre de 2018, la misma Bensouda dijo que el examen sobre Venezuela seguiría “su curso normal”. Esa solicitud solo podría acelerar el proceso si la fiscal decide abrir la investigación formal con base en esa denuncia, porque así no tendría que pedir el aval de la Sala de Cuestiones Preliminares como si lo hiciera de oficio; pero el penalista y defensor de derechos humanos Élmer Montaña aclara que ella tiene autonomía para escoger cualquiera de los dos caminos.

Adicionalmente, la institución le dio inicio a un segundo examen sobre Venezuela en febrero de 2020, luego de que el mismo gobierno de Maduro envió una remisión en la que responsabiliza a Estados Unidos por crímenes de lesa humanidad en el territorio venezolano. Por ahora permanecen como expedientes separados, aunque podrían unificarse. Montaña explica que esto depende de principios del derecho como la unidad probatoria: “si las pruebas, los tiempos, los lugares, las víctimas y otras circunstancias son iguales, no tiene sentido llevar dos procesos aparte”.

De modo que el nuevo informe sí confirmó que hay motivos para creer en las denuncias de Duque sobre la situación en Venezuela. Ahora falta ver qué determina la CPI al respecto en su proceso independiente sobre el caso.

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Martes, 06 Octubre 2020

“Hemos reducido la deforestación en un 19% en los últimos dos años”

Por Fabio Posada

Iván Duque sacó pecho en la ONU por la reducción de la deforestación durante lo corrido de su mandato. Verificamos y su afirmación es “cuestionable” porque, además de imprecisa, según los expertos, sus ejecuciones son insuficientes.

Iván Duque, presidente de Colombia, envió un mensaje pregrabado de 15 minutos a la 75 Asamblea de las Naciones Unidas en el que dedicó una tercera parte a su agenda ambiental. En el minuto 2:50 del discurso dijo: “Hemos reducido la deforestación en un 19% en los últimos dos años y, por medio de la campaña Artemisa, ejecutado nuestra decisión de hacer de la diversidad un activo estratégico”. 

Frase que decidimos verificar por la importancia pública y estratégica que para Colombia tiene su biodiversidad y el manejo que de ella viene haciendo el gobierno. 

Luego de confrontar la cifra dada por el presidente sobre deforestación, calificamos su afirmación como “cuestionable”, pues el dato del 19% corresponde solo a la reducción reportada en el último año por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, Ideam, en su informe de monitoreo sobre este flagelo, además, porque según expertos, hay serias dudas sobre la efectividad y ejecución de su política para el manejo del medio ambiente.

La afirmación sobre la campaña Artemisa también obtuvo la misma calificación: “cuestionable”, ya que, si bien los datos aportados para este chequeo por el Ministerio de Defensa, muestran resultados positivos logrados con esta iniciativa enfocada en contrarrestar la deforestación, el impacto alcanzado es muy pobre y existen fundadas críticas de ambientalistas sobre la continuidad y consolidación de dichos resultados.

Deforestación

Contactamos a la fuente oficial para conocer de dónde provenían los datos mencionados por Duque. En este caso nos comunicamos desde el miércoles 23 de septiembre con Mauricio González, funcionario del área de prensa de la presidencia, quien atendió nuestra solicitud e indicó que se la trasladaría al área encargada de preparar los discursos del primer mandatario. 

Transcurrida una semana y después de múltiples intentos, la oficina de comunicaciones de presidencia no nos dio ninguna respuesta, así que este chequeo se publica sin conocer la fuente original de los datos. Sin embargo, en este video se puede constatar que Duque sí dijo la frase que verificamos.

Para confrontar la veracidad del dato sobre la reducción de la deforestación mencionado por el presidente ante la ONU, recurrimos al Ideam, que es la “institución pública de apoyo técnico y científico al Sistema Nacional Ambiental”. 

Desde el sitio web del Ideam descargamos el más reciente balance sobre la deforestación en Colombia, presentado el pasado 9 de julio. En la tercera página del documento se presentan los resultados de la superficie deforestada en 2019 y se destaca que se logró una reducción del 19% en comparación con la superficie deforestada el año anterior. En términos de superficie la reducción reportada representó un total de 38.265 hectáreas de bosque primario que se salvaron de ser arrasadas.

Pese a que esta es la misma cifra dada por Duque en su discurso, dicha deforestación no comprende los dos últimos años, como dice el mandatario. Para conocer la cifra acumulada de disminución de la deforestación durante los dos últimos años, tomando como punto de partida el 22 de septiembre de 2020 fecha en que dio el discurso, tendríamos que tener en cuenta datos de 2018, cuando la reducción fue de 10% frente a 2017, y datos de 2020, año que apenas se está monitoreando y del cual no se conocen los resultados, según explica el Ideam en este comunicado publicado el 1 de octubre.

Aunque no se tienen cifras oficiales sobre el comportamiento de la deforestación en 2020, la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible, Fcds, una organización no gubernamental que desde 2011 promueve la gestión integral del territorio en Colombia, alertó desde el pasado 15 de abril por el incremento inusitado de hectáreas arrasadas en la región amazónica durante el primer trimestre del año. Según su reporte en ese lapso se habría deforestado un total de 75.000 hectáreas en dicha región. 

Esta alerta concuerda con los datos del balance de 2019 del Ideam, el cual señala que, pese a la reducción de 39.920 hectáreas de deforestación en la región amazónica, está zona del país sigue ocupando el primer lugar en este flagelo con un 62% del total de la superficie deforestada. En su balance, el mismo Ideam alertó sobre la deforestación en la región pacífico que prácticamente dobló su impacto, pasando de tener 7.454 hectáreas en 2018 a un total de 14.120 hectáreas en 2019.

Los resultados sobre reducción de la deforestación mencionados por el presidente ante la ONU también fueron analizados en un panel conformado por Mayerly López, Brigitte Baptiste, Manuel Rodríguez y Rodrigo Botero, cuatro expertos y activistas del medio ambiente que debatieron en el programa Semana en Vivo, que dirige María Jimena Duzán, emitido el pasado martes 29 de septiembre.

Sus conclusiones no niegan las cifras positivas que presentó Duque, pero sí cuestionan con detalle la eficiencia de sus políticas frente al manejo de los páramos que están amenazados por la política minera, así como la falta de herramientas judiciales para atacar la deforestación, ya que esta práctica ni siquiera está tipificada en el código penal. Además, señalaron que el gobierno ha sido incapaz de investigar a fondo el ingreso de capitales desde paraísos fiscales a empresas fachada que serían las que están dinamizando la deforestación en la región amazónica. 

Artemisa

Esta campaña, que en septiembre llegó a su sexta fase, fue lanzada por el presidente Duque en abril de 2019 y tomó su nombre de la diosa griega que según la mitología es la protectora de los animales salvajes y el terreno virgen. 

Esta es una campaña liderada por las fuerzas militares, con acompañamiento de la Fiscalía, cuyo objetivo es perseguir a quienes adelantan procesos de deforestación asociados a apropiación de tierras, ganadería y narcotráfico en zonas de protección especial como parques naturales, con un énfasis especial en la región amazónica.

Por el carácter militar de la iniciativa, consultamos al ministerio de Defensa para verificar si efectivamente a través de la campaña Artemisa se ha ejecutado la decisión del presidente Duque de “hacer de la biodiversidad un activo estratégico”.

De acuerdo con los resultados presentados por la oficina de comunicaciones del Mindefensa, “durante las seis fases de Artemisa, se ha logrado la recuperación de 6.156 hectáreas protegidas en departamentos como Meta, Guaviare, Caquetá y Putumayo. Asimismo, se han capturado 56 personas por delitos ambientales, inhabilitado 30 construcciones en zonas de protección ambiental e incautado elementos usados para la deforestación”.

En términos cuantitativos, tras 18 meses que lleva Artemisa, las 6.156 hectáreas recuperadas representan el 3.8% del total de hectáreas deforestadas durante 2019. Un resultado que se antoja insuficiente y que pone en tela de juicio la ejecución de la intención presidencial de convertir la biodiversidad en un activo estratégico para el país.

Las dudas sobre la efectividad de Artemisa no son solo a nivel cuantitativo. Para Rodrigo Botero, director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible, esta campaña tiene varias falencias entre las que señala “no hay sostenibilidad en la operación, no hay un acompañamiento civil de largo plazo y no hay una consolidación territorial”.

Como ejemplo de sus señalamientos Botero contó el caso de un lote de 1.800 hectáreas deforestadas en la zona sur del parque natural de Chiribiquete, el cual fue intervenido por medio de la campaña Artemisa, pero dos meses después del operativo militar, el lote volvió a ser usado para actividades de pastoreo de ganado y construcción de vías, continuando con su deforestación.

El experto también refirió el caso de una carretera ilegal que atraviesa por la mitad del parque natural Chiribiquete y que Artemisa no ha intervenido a pesar de que “tienen la información desde hace 18 meses”. La mayor crítica de Botero hacia esta campaña de corte militar tiene que ver con su capacidad judicial. “De las personas (56) judicializadas en 18 meses, ninguna es un gran determinador de la deforestación. Están todavía buscando motosierras, trocheros, agregados, cocineros y no a quienes están financiando esto”, concluyó.