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Falso

Jueves, 22 Octubre 2020

Destrucción de 63 laboratorios para procesar base de coca no tiene relación con la minga

Por Ana María Saavedra

En un portal y en redes sociales publicaron que el operativo de la Policía se había dado por la ausencia de los indígenas que participan en la minga en Bogotá. Esta conclusión es falsa. 

Una nueva desinformación sobre la minga indígena  circula desde el pasado lunes 19 de octubre. Esta vez, tanto en redes sociales como en un portal hacen una interpretación falsa de una noticia divulgada por las autoridades acerca de la destrucción de 63 laboratorios rústicos para procesar base de coca.

La desinformación, que se viralizó tanto en Facebook como en Twitter hace parecer como si las cocinas de base de coca les fueron incautadas a los indígenas. Es así como en un portal llamado Potilika titulan: ‘AUSENCIA DE INDÍGENAS DEL CAUCA Y CAQUETÁ POR MINGA, PERMITIÓ A ANTINARCÓTICOS DESTRUIR 63 LABORATORIOS DE COCA

La nota también asegura: “Mientras la Minga se desplazó hacia la capital de la República las fuerzas de seguridad del Estado han aprovechado para ingresar a los territorios Cauca de dominio indígena para destruir más de 63 laboratorios de procesamiento de coca protegidos por los indígenas y pertenecientes a los grupos armados ilegales que se encuentran en la zona del Cauca y Caquetá”.

Sin embargo, en Colombiacheck verificamos esta información y encontramos que es falso que los operativos de la Policía Antinarcóticos tengan relación con la minga indígena. Además, la zona en la que fueron realizados no es de “dominio indígena”, como aseguran.

Según el boletín de la Policía, el operativo se realizó “en el marco de la Estrategia Integral Contra el Narcotráfico” y se  “logró dar un contundente golpe a las finanzas de las estructuras criminales, con la destrucción de 63 laboratorios rústicos para la extracción de base de cocaína”. Las operaciones se presentaron en zona rural de los municipios de Piamonte (Cauca), San José del Fragua, Puerto Rico, Valparaíso y Milán (Caquetá)”.  

En la oficina de prensa de la Policía Antinarcóticos nos indicaron que 34 de las ‘cocinas’ fueron halladas en el municipio de Piamonte (Cauca) y 29 en San José del Fragua, Valparaíso, Puerto Rico y Milán (Caquetá).  También nos explicaron que los laboratorios para procesar pasta de coca pertenecían a la estructura Carolina Ramírez, de las disidencias de la Farc.

En ninguna parte del reporte de prensa de la Policía Antinarcóticos hablan de alguna relación de los laboratorios con las comunidades indígenas. Esta es  una de las evidencias que muestra la falsedad de la información publicada en el portal politika y en redes. 

Daniel Rico, investigador en temas de economías criminales y experto en narcotráfico,  nos dio otros elementos que demuestran la falsedad de la conclusión de estas publicaciones. “63 laboratorios rústicos no es una diferencia grave para el narcotráfico. Es una operación normal. Al ver el comparativo del número de laboratorios destruidos por mes se evidencia que no es una cifra fuera de lo común”.

Al revisar los datos del Ministerio de Defensa encontramos que en septiembre pasado en Colombia se destruyeron 409 laboratorios para procesar coca (entre cocinas y cristalizaderos). El año pasado la cifra fue de 5,461, según el Monitoreo de Cultivos Ilícitos de la ONU. Así que, como dice Rico, esta no es una cifra representativa en la lucha contra el narcotráfico.

Rico también nos recalcó que no hay una causalidad entre los operativos y la minga. “No tiene que ver que haya habido una minga con unos operativos normales de la Policía Antinarcóticos”, dijo.

Entre tanto, la minga que salió del norte del Cauca, primero rumbo a Cali y luego a Bogotá, estuvo conformada en su mayoría por delegados del Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, y de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte de Cauca, ACIN. A la minga se sumaron organizaciones campesinas y de la asociación indígena de Caldas, entre otras. 

Este es otro de los elementos que evidencia la falsedad de la relación entre la minga y el operativo de la Policía, pues las operaciones ocurrieron en el departamento de Caquetá y el único municipio caucano es más cercano a Putumayo y Caquetá que al norte del departamento.

Mapa 

Mapa

En el municipio de Piamonte están los resguardos del pueblo Inga de San Miguel y la Leona. “Del pueblo Inga fueron cinco guardias en representación y de los compañeros de Caquetá no tuvimos representantes”, nos explicó Joe Sauca, coordinador de Defensa de la Vida y Derechos Humanos del CRIC.

 

“En el Cauca somos 260.000 indígenas aproximadamente y en la minga nosotros éramos como 7.000, así que tampoco es cierto que los territorios se hayan quedado solos”, dijo.

Sauca agregó que esta es una más de las informaciones falsas con la que pretender desviar las peticiones reales de la minga al Gobierno y estigmatizarlos al señalarlos de narcos.  

Así se movió la desinformación

Luego de que el lunes 19 de octubre, el portal politika publicara que relacionaba los operativos policiales con la minga, en redes sociales empezó a moverse un pantallazo de la  noticia falsa. Además, se publicaron memes y trinos con una información similar. 

También circuló una cadena de WhatsApp con el mensaje: “Esta es la explicación de por qué la minga se devuelve al Cauca y sólo quedan unos pocos en Bogotá para el paro del 21. El gobierno se les metió a “sus territorios” para dialogar con los indígenas que no están con la minga y verificar donde han invertido los inmensos recursos que le hemos dado. También el ejército y la policía se les metió en los laboratorios de coca y cultivos de marihuana. Jugadas maestras en lo estratégico y táctico del gobierno....!Bravo presidente Duque y fuerzas militares!...quedó al descubierto la “narcominga”. Al final tenía un enlace a una nota de El Espectador acerca de la destrucción de los 63 laboratorios, en la que no se menciona ningún dato que relacione esta operación con las comunidades indígenas o la minga. 

Además de esto, en Colombiacheck encontramos, gracias a una plataforma a la que tenemos acceso por una alianza con Facebook, que la desinformación ha sido difundida en varias páginas y perfiles. Por ejemplo, la página Vox Colombia, que ya había compartido otra desinformación de la minga, publicó ese lunes un pantallazo de la nota de El Espectador con el mensaje: “LA MINGA SE FUE A PASEAR Y DESCUIDÓ EL CHUZO — POLICÍA ANTINARCÓTICOS LOGRÓ LA DESTRUCCIÓN DE 63 LABORATORIOS PARA LA PRODUCCIÓN DE BASE DE COCA EN CAUCA Y CAQUETÁ”.

También hallamos que el 20 de agosto se publicó la misma información difundida por politika en la página  MCN 24 horas informando. En la misma plataforma de Facebook encontramos que ese mismo día, en la tarde, el grupo Resistencia Civil difundió un pantallazo de la noticia falsa difundida por politika.

El mismo pantallazo de esa imagen fue publicado por Leonardo Cuervo, un expolicía que se convirtió en un youtuber.

Asimismo,  en esta red social compartieron un meme con el mensaje: “Mientras la minga le hacía un juicio acusatorio, el presidente les quemó 63 laboratorios”.

En cuanto a Twitter, encontramos que El Expediente trinó: “Dato: La minga indígena regresa a sus lugares de origen luego que el @COL_EJERCITO destruyera 63 laboratorios de Cocaina en el Cauca. Golpe de mano de @IvanDuque y @CarlosHolmesTru a esas estructuras del narcotráfico”.

Ese mensaje fue retuiteado por el director del portal, Gustavo Rugeles, quien agregó: Datos: Jaque Mate de Duque a la Minga cocalera. ¿Cómo fue el operativo de la dirección antinarcoticos de la Policia en el Cauca?

Estas fueron algunas de las publicaciones con la desinformación que detectamos en Twitter y Facebook. 

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Lunes, 15 Julio 2019

Las cuatro falsedades de Pastrana en su entrevista con El Espectador

Por Ana María Saavedra y Sania Salazar

Cuatro de las afirmaciones que le dio el expresidente Pastrana a El Espectador sobre coca, la violencia de su gobierno, la CPI y las Farc son falsas.

El pasado 6 de julio, el expresidente Andrés Pastrana (quien gobernó el país entre 1998 y 2002) le dio una entrevista al periódico bogotano El Espectador sobre el proceso de paz con la guerrilla desmovilizada de las Farc. De esa entrevista vino su polémica frase “el de Santos fue el peor proceso de paz”.

Para sustentar esa posición, Pastrana dio varias opiniones y afirmaciones. En Colombiacheck encontramos cuatro afirmaciones verificables. Revisamos las cuatro y encontramos que todas son falsas.

Colombiacheck contactó al expresidente a través de WhatsApp y le envió las preguntas para conocer las fuentes en las que basa sus afirmaciones, pero nos remitió a su secretaria, quien nos dijo que él nos podía atender solo cuando volviera al país, a finales de agosto.

 

Falsa

“Cuando dejamos 40.000 hectáreas de coca con el Plan Colombia; cuando habíamos derrotado a las Farc, porque lo que las lleva a sentarse en la mesa de negociación es el Plan Colombia, ¿que nos dejó Santos?: 300.000 hectáreas de coca (...).

Esta fue la respuesta a la pregunta: “las Farc fueron uno de los males más grandes de Colombia durante cincuenta años y hoy ya no lo son, ¿eso no es suficiente?“

Aunque Pastrana no nos contestó la pregunta de en qué periodo las cifras de cultivos de coca llegaron a 40.000, encontramos que en 2017 el expresidente en una entrevista con W Radio había hablado del mismo tema. 

“Cuando llegó en 1998 Ernesto Samper me había dejado a mí como Presidente y al país cerca de 180.000 hectáreas de coca. En dos años, entre el 2000 y el 2002, las reduje a 90.000 hectáreas de coca y el presidente Uribe, que continuó el Plan Colombia, lo deja en 40.000 hectáreas”. Además, añadió: “de 40.000 hectáreas de coca hoy estamos entre 200.000 y 230.000 hectáreas”, señaló en ese momento.

Esta frase la verificamos en el chequeo “¿Cálculos de Andrés Pastrana sobre cultivos de coca son correctos?” y encontramos que era falsa.

En Colombia, explica Daniel Rico en su columna “¿Y las cifras de la coca?”, existen tres monitoreos de cultivos ilícitos: “el primero que paga el Gobierno y calcula el Simci (Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos) de las Naciones Unidas, en este se censan las hectáreas de coca una vez al año desde 1999. El segundo es el más viejo y lo construye una agencia del sector defensa de los Estados Unidos (CNC) desde los años ochenta, usa más algoritmos que análisis de imágenes y por eso se publica más temprano. El nuevo sistema es el Siima (Sistema Integrado de Información y Monitoreo Antinarcóticos), que opera la Policía Antinarcóticos desde hace un par de años. De este se sabe poco y no difunde estimaciones de manera oficial”.

Los dos primeros son públicos y han sido difundidos en los últimos años. Al revisar las cifras de los dos monitoreos encontramos que Pastrana no acierta en ninguno de los números de hectáreas de coca.

Adam Isaacson, director para la veeduría defensa de Wola (Washington Office on Latin America), una organización civil a favor de los derechos humanos en Washington, recopiló en el siguiente gráfico las cifras de los dos monitoreos de las hectáreas de coca en Colombia desde 1994.

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En las cifras se puede ver que en ningún año Colombia ha tenido 40.000 hectáreas. Cuando Pastrana asumió la presidencia, en 1998, según las cifras de Estados Unidos, teníamos 102.000 hectáreas y en su salida, en 2002, las hectáreas aumentaron a 144.000.

La medición de la ONU, como se ve en el recuadro, arranca a partir de 1999, con 160.100 y muestra 102.000 hectáreas en 2002. 

Pastrana asegura que el Plan Colombia durante su gobierno y el de Uribe logró reducir a 40.000 las hectáreas de coca, pero en 2010, el último año del Gobierno de Uribe, los dos informes hablan de cifras mayores: 100.000 hectáreas (EE.UU.) y 62.000 (ONU). 

La cifra más baja de cultivos ilícitos se reportó en 2012, durante el gobierno del presidente Santos: 78.000 hectáreas (EE.UU) y 48.000 (ONU).

Otra de las cifras dadas por Pastrana de los cultivos de coca es que Santos nos dejó “300.000 hectáreas de coca”. Sin embargo, este número también es falso. El informe de los cultivos de 2018 de la ONU aún no ha salido, pero el de 2017 dio la cifra de 180.000 hectáreas.

En cuanto al informe de Estados Unidos, revelado recientemente, fue de 208.000 hectáreas. Una cifra que difiere en 92.000 hectáreas a la dada por el expresidente. 

Falsa

“Eso de los 2.000 actos al año se desvirtuó, porque lo que el Ejército hacía era que, en las llamadas “pescas” de las Farc, por ejemplo, retenían diez buses y si en cada uno de ellos iban cien personas, se contaban entonces como mil secuestrados. Nunca escuché la cifra de 2.000”.

Con esa frase, el expresidente Pastrana respondió la pregunta: “en el pasado, las Farc cometían hasta 2.000 actos terroristas al año: atentados, secuestros, tomas de pueblos. Hoy esas cifras no llegan ni a cien por parte de las disidencias, ¿eso no es suficiente para apoyar el proceso de paz, así tenga falencias?”.

Para verificar esta afirmación, nos remitimos a las bases de datos del Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica. Al descargar los datos, buscamos los siguientes actos cometidos por las Farc: acciones bélicas (sin contar los combates), asesinatos selectivos, masacres, ataques a poblaciones, atentados terroristas, atentados que ocasionaron daños en bienes civiles (explosivos y atentados contra la infraestructuras eléctrica o petrolera) y secuestros.

La información de estos documentos está por casos y no por número víctimas. Asimismo, Memoria Histórica define un atentado terrorista como “todo ataque indiscriminado perpetrado con explosivos contra objetivos civiles en lugares públicos, con el fin de ocasionar una alta letalidad y devastación sobre la población civil. Se trata de ataques que pretenden asegurar una visibilidad pública de la violencia que contribuya a generar pánico entre la ciudadanía y a propagar una percepción de desestabilización”. 

La base datos incluye hechos ocurridos desde 1965 hasta 2016. Revisamos los años en los que Pastrana fue presidente del país: asumió el poder en agosto de 1998 y lo entregó en agosto de 2002.

Es así como en 1998 encontramos que se presentaron 1900 actos de violencia cometidos por las Farc; en 1999, 2.163; en 2000, 2.321; en 2001, 2.232, y en 2002, 2.874.

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Con esta información, extraída de la base de datos del conflicto, calificamos la afirmación de Pastrana como falsa, pues, en sus años de Gobierno la cifra de acciones de las Farc sí superó los 2000 casos.

Asimismo, encontramos notas de prensa que mostraban las altas cifras de violencia durante esos años. Por ejemplo, una nota de Caracol Radio, titulada “Colombia rompió todos los records de violencia en 2000”. La nota relataba que, “pese a los esfuerzos de paz del presidente Andrés Pastrana, Colombia rompió todos sus récords de violencia en el 2000, con un registro de más de 38.000 muertes violentas, 205 masacres y más de 3.000 personas secuestradas, entre ellas 35 extranjeros”, indicaba la noticia.

Falsa

“En mi gobierno me tocó negociar la CPI y pedí una moratoria de siete años para no cerrarle la puerta a mi sucesor, a ver si las Farc querían hacer la paz”.

Colombiacheck califica la afirmación como falsa, pues Pastrana lo que hizo fue acogerse a un artículo del Estatuto de Roma que permitía un plazo de siete años para que la Corte Penal Internacional, CPI, pudiera juzgar específicamente crímenes de guerra cometidos en Colombia.

Colombiacheck contactó al expresidente y le preguntó a qué se refería con que le había tocado “negociar la CPI”, pero como ya explicamos, nos remitió a su sercretaria, quien dijo que el expresidente solo se pronunciaría después de volver a Colombia en agosto.

La CPI es un institución con la facultad de juzgar a personas que hayan cometido crímenes graves de trascendencia internacional cuando los Estados no hayan procesado y castigado a esas personas.

Colombia suscribió el Estatuto de Roma, instrumento que constituyó la Corte Penal Internacional, en 2002, año en que esta entró en vigencia, pero se acogió al artículo 124 del Estatuto, que establece que los Estados pueden abstenerse de aceptar la competencia de la CPI durante siete años contados a partir de la fecha en la que lo firman específicamente para los crímenes de guerra.

Es decir, Pastrana no tuvo que negociar ese plazo, el Estatuto ya lo contemplaba, lo que hizo fue firmarlo con esa condición en junio de 2002. El proceso de paz de ese gobierno con la guerrilla de las Farc se había roto en febrero del mismo año. 

René Fernando Urueña Hernández, profesor de la facultad de derecho de la Universidad de Los Andes, le explicó a Colombiacheck que acogerse al artículo 124 del Estatuto era una opción que tenían los países y que solo lo hicieron Colombia y Francia.

“Hacerlo implicaba un costo político, los países se unían al Estatuto y no usaban esa oportunidad. Hacerlo mostraba que Colombia no sentía que podía cumplir sus obligaciones con el Tratado de Roma inmediatamente, entonces eso es costoso internacionalmente y nacionalmente era costoso porque el Estatuto le servía al Gobierno para forzar a los guerrilleros a negociar, entonces cuando el Gobierno Pastrana decide no tener esa herramienta, al menos para crímenes de guerra durante siete años, es un costo político, porque eso mina su posición en la negociación”, indicó el profesor.

Urueña Hernández explicó que los países adoptan los tratados voluntariamente y que los tratados normalmente permiten reservas, es decir, adherirse, pero solicitar que no aplique alguna cláusula, pero el Estatuto de Roma no permite esas reservas, entonces los Estados que lo negociaron decidieron incluir el artículo 124 para los crímenes de guerra. El profesor aclaró que los países pueden acogerse a ese artículo solo al firmar el tratado y por una sola vez.

El Tratado entró en vigor en Colombia desde el 1 de noviembre de 2002, para los crímenes de lesa humanidad y genocidio, pero no para crímenes de guerra (homicidio intencional, tortura, toma de rehenes, dirigir intencionalmente ataques contra bienes civiles, es decir, bienes que no son objetivos militares, entre otros).

Falsa

“Las Farc [son] el mayor cartel del narcotráfico del mundo”

Colombiacheck ya había chequeado esta frase, pues la habían mencionado en varias ocasiones el expresidente Álvaro Uribe y otros miembros del Centro Democrático, partido de Uribe.

La conclusión del chequeo, después de consultar varias fuentes y de revisar documentos al respecto es que, si bien hay pruebas de que ese grupo estuvo involucrado en dicha actividad ilegal, su papel no alcanzó las dimensiones para configurarse como el mayor cartel de narcotráfico del mundo.