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Sábado, 26 Julio 2025

Narcotráfico: críticas sobre todo verdaderas de opositoras rebaten malabares de Petro con las cifras

Por Alexander Campos Sandoval

El presidente defendió su gobierno con declaraciones engañosas sobre incautaciones y cultivos de coca, mientras que Valencia, Castillo y Garrido dijeron más verdades.

3 DATOS CLAVE:

  1. La defensa de Petro a su gestión incurrió en argumentos engañosos sobre el número de hectáreas sembradas con coca y de toneladas de cocaína incautadas.
  2. Paloma Valencia presentó datos fidedignos sobre la relación entre la producción e incautación de la droga, aunque se le fue la mano al referirse a la erradicación. 
  3. Marelén Castillo y Lina María Garrido también acertaron en la mayoría de sus afirmaciones, aunque la segunda exageró un poco con las cifras.

Como parte de nuestra labor de verificación a los discursos de instalación del Congreso del pasado 20 de julio, analizamos el intenso cruce de cifras que el presidente Petro y tres representantes de la oposición sostuvieron sobre producción e incautación de cocaína, persistencia de cultivos ilícitos, erradicación, criminalidad y acción de grupos armados ilegales. Inicialmente, el mandatario afirmó:

“Hemos incautado 2.366 toneladas de cocaína en estos tres años, un 62% más que el gobierno pasado. [...] Mientras el número de hectáreas de hoja de coca se mantiene relativamente constante”.

A su turno, la senadora y precandidata presidencial del Centro Democrático Paloma Valencia contestó:

“Hay que combatir las 2.600 toneladas métricas que se están generando en este país, 70% de la cocaína del mundo [...]. Su gobierno, en proporción a la cocaína disponible, tiene las cifras más bajas en la última década de incautaciones que se haya hecho en la historia de Colombia. Y ni hablar de la erradicación, que la acabó”.

Por su parte, la representante a la Cámara de la Liga de Gobernantes Anticorrupción por el Estatuto de Oposición, Marelén Castillo, afirmó:

“Más de 250.000 hectáreas de coca se mantienen activas, mientras se dialoga con ocho grupos armados sin cerrar un solo frente de violencia”.

Y Lina María Garrido, representante a la Cámara por Arauca del partido Cambio Radical, agregó:

“Hoy los grupos armados han aumentado en un 50% su criminalidad, financiados por el narcotráfico, por las más de 300.000 hectáreas de coca sembradas, por las más de 3.000 toneladas de cocaína que se producen. Usted tiene razón, presidente Gustavo Petro: este es el gobierno que más ha incautado, porque es el gobierno que más ha permitido que se produzca en la historia del país”.

El balance general muestra que el presidente Petro utilizó las cifras de incautación y hectáreas sembradas de manera engañosa, por lo que recibió la calificación cuestionable.  La oposición, por su parte, presentó varios datos ciertos sobre magnitud de la producción y la caída de la erradicación, aunque también incurrió en afirmaciones sin sustento suficiente. En total recibieron dos veces la calificación verdadero, tres veces ‘verdadero, pero…’, una cuestionable y una inchequeable.

Otras entregas de esta serie sobre los discursos del 20 de julio son:

“Hemos incautado 62% más, con hectáreas relativamente constantes”: Petro

Para analizar la relación propuesta por el mandatario entre coca sembrada y droga incautada, empezamos por analizar el más reciente Informe Mundial sobre las Drogas, emitido en el pasado mes de junio por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc, en inglés), que hizo oficial la cifra de 253.000 hectáreas de hoja de coca sembradas en Colombia con corte a 2023. Esta representa el 67% del total de hectáreas utilizadas en la producción mundial de cocaína, que completan territorios de Perú y Bolivia [Pág. 13].

La línea roja del gráfico muestra las toneladas potenciales de cocaína que se producirían con las hectáreas existentes. Un factor deliberadamente soslayado por el presidente, pues entre la coca que se siembra y las cargas que se incautan, está la droga que se produce.

Como se ve en el gráfico, al menos hasta 2017 había una fuerte correlación entre una variable y otra: cuando las hectáreas bajaban, la producción potencial lo hacía también. Mismo caso cuando dicha área subía. Sin embargo, como explicamos en 2021, cuando el entonces presidente, Iván Duque, alardeaba por la reducción del área total sembrada con hoja de coca, desde 2018 viene mejorando el rendimiento por hectárea, lo que hasta 2020 se tradujo en que con un territorio cada vez menor, se producía cada vez más. 

La consideración de este dato, omitido por el presidente Petro en su discurso, hace engañosa su afirmación sobre el número de hectáreas sembradas. En primer lugar, porque aún si no hay un crecimiento desmedido, continúa la tendencia al alza que inició en 2020, como se puede ver en la anterior gráfica. Pero, aún más importante, porque deja de lado el extremo salto que dio la producción de cocaína entre un informe y otro.

Según el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos - SIMCI [Pág. 11], entre 2022 y 2023 el rendimiento de una hectárea cosechada pasó de 7,8 a 10,7 kilos de clorhidrato de cocaína. Mientras 230.000 hectáreas en 2022 representaban una producción potencial de 1.738 toneladas métricas (tm), las 253.000 de 2023 corresponden potencialmente a 2.664 tm. Así pues, un aumento del 10% en el área sembrada bastó para que la producción potencial creciera en un 53%.

Ahora bien, según cifras del Ministerio de Defensa, con corte al pasado 30 de junio, el gobierno Petro había incautado 2.345 toneladas de cocaína, contando a partir del 7 de agosto de 2022. La misma base de datos arroja que al 30 de junio de 2021, las toneladas de cocaína incautadas por el gobierno Duque fueron 1.418 toneladas. Esto significa un aumento del 65,37% entre un período y el anterior.

Este aparente logro correspondería a los datos entregados por el presidente. Sin embargo, en el sentido al que apuntan los datos presentados anteriormente, Pedro Arenas, exalcalde de San José del Guaviare y cofundador de la Corporación Viso Mutop, nos explicó que “dado que los últimos informes [...] muestran que ha habido más productividad de cocaína, es probable que la incautación no le esté haciendo cosquillas al mercado mundial”.

Comparamos los datos oficiales del Ministerio de Defensa con la producción potencial calculada por Unodc y encontramos que, si bien las cifras de incautación han aumentado durante el actual gobierno y las de 2023 se presentaron como un récord histórico, el porcentaje de lo incautado frente a lo disponible es muy bajo.

Así pues, calificamos como cuestionable la afirmación del presidente, dado que omitió el factor de producción potencial de cocaína en la relación que propuso como un logro. En realidad, aunque hayan aumentado las incautaciones y el crecimiento de las hectáreas sembradas no sea desmedido, cada vez se produce un mayor volumen de droga, lo que proporcionalmente reduce la magnitud de las cargas decomisadas.

“Las incautaciones más bajas en proporción a la cocaína disponible”: Valencia

En consecuencia de lo explicado anteriormente, el análisis de la precandidata del Centro Democrático apuntó a un hecho verídico: el porcentaje de incautación frente al potencial de producción se ubicó en 28% para 2023, estableciendo un nuevo mínimo desde el 32% registrado en 2017, durante el segundo gobierno de Juan Manuel Santos. Desde entonces, la estadística se mantuvo entre el 37% y 41%, a excepción del año 2021, cuando se alcanzó un 48%.

Consultada por Colombiacheck, la senadora explicó que obtuvo los datos del mismo informe de la Unodc, cruzados a su vez con cifras oficiales del Ministerio de Defensa.

Al margen de la veracidad de los datos utilizados, Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) llamó a precisar dentro de la comparación que “el número de producción es estimado mientras que la incautación son kilos reales. A eso se suma que la producción de información sobre la estimación de producción llega usualmente con año y medio de retraso por la complejidad de la recolección de información primaria”.

Así pues, establecida esta precaución sobre los datos disponibles, calificamos como verdadero lo dicho por la senadora. Proporcionalmente, las incautaciones de 2023 representan el porcentaje más bajo de la última década en relación con el potencial de producción de cocaína.

“Acabó la erradicación”: Valencia

Las cifras oficiales del Ministerio de Defensa muestran la caída abrupta de la erradicación forzosa, que el gobierno Petro decidió suspender casi por completo. En 2024 la cifra de erradicación anual fue más pequeña que la de 2014, que hasta entonces era la más baja de la serie histórica (partiendo de 2007).

Consultada por Colombiacheck, la senadora explicó que utilizó dichas cifras oficiales del Ministerio de Defensa, comparando los primeros 34 meses de la administración Duque con los de Petro. Estos periodos comprenderían del 7 de agosto de 2018 al 7 de junio de 2021 para el primero y del 7 de agosto de 2022 al 7 de junio de 2025 para el segundo.

Los datos que allegó en su respuesta varían ligeramente de los que encontramos para esos períodos en la base de datos, pero coinciden en una variación negativa de 81% entre un gobierno y otro. Esto significa que en lo corrido de la presidencia actual se ha erradicado menos de una quinta parte de lo que se erradicó en el mismo período de la anterior.

Datos Respuesta de la senadora Paloma Valencia Contrastación Colombiacheck
Erradicación Duque 291,626 291.272,98
Erradicación Petro 55,150 54.356,82
Disminución neta -236,477 -236.916,16
Porcentaje de disminución 81% 81,33%


Así pues, aunque los datos muestran una caída a niveles mínimos de la erradicación de coca, tocando la cifra más baja de la serie histórica durante 2024, es exagerado el señalamiento de la senadora, que calificamos como 'verdadero, pero…', pues aunque representa fielmente la tendencia de extrema caída, no se puede asegurar tajantemente que la labor haya desaparecido. 

“300.000 hectáreas de coca, 3.000 toneladas de cocaína”: Garrido

Tal como sus colegas de la oposición, la representante araucana buscó enfatizar la magnitud de los cultivos de uso ilícito y la producción potencial de cocaína. Sin embargo, a diferencia de ellas, Garrido redondeó hacia arriba, exagerando cifras que ya están en máximos de sus respectivas series históricas.

La siguiente tabla compara los datos ofrecidos por la congresista con las cifras oficiales, consignadas en el informe mencionado anteriormente.

Como se ve, aunque las cifras realmente han aumentado durante el gobierno actual, la afirmación de la representante añade entre un 12% y un 18% a los datos reales, que representan el techo de la serie histórica registrada por Unodc. Por estas razones, la calificamos como cuestionable.

“El gobierno que más ha incautado, porque es el que más ha permitido que se produzca”: Garrido



Como se vio anteriormente, aunque la productividad potencial de cocaína ha aumentado durante el actual gobierno, es importante mencionar que la tendencia viene creciendo desde 2017 y se ha acelerado vertiginosamente desde 2020, aún cuando Duque implementaba esfuerzos intensos de erradicación.

Según el informe de Unodc [Pág. 76], dicha mejoría se debe a “mejores prácticas agroculturales”, que han hecho crecer el rendimiento de las plantaciones de coca. Por tanto, al margen de la política estatal, también hay factores ajenos que influyen en el citado aumento.

Así pues, aunque la producción potencial efectivamente se ha disparado en el actual gobierno, el crecimiento de dicha productividad no atañe específicamente a la acción de esta administración, pues la mejoría en el rendimiento de las hectáreas de coca responde también a otros factores, incluso de corte agrícola. Es una tendencia que viene desde finales del segundo mandato de Juan Manuel Santos y que no se pudo revertir durante el de Duque, pese a las altas cifras de erradicación forzosa.

Por estas razones, calificamos la frase como ‘verdadera, pero…’.

“Se están generando 2.600 tm en este país, 70% de la cocaína del mundo”: Valencia



Según el informe de Unodc antes citado, el potencial de producción de cocaína en Colombia es de 2.664 toneladas métricas [Pág. 18], que representan el 71,8% de las 3.708 proyectadas a nivel mundial [Pág. 13].

 La senadora confirmó en respuesta a Colombiacheck que utilizó como fuente el citado informe.

Esto deriva en que lo dicho por la senadora es verdadero y redondeó a la baja las cifras exactas de producción colombiana de cocaína y su proporción con el potencial mundial.

“250.000 hectáreas de coca mientras se dialoga con ocho grupos sin cerrar frentes”: Castillo



Como mencionamos previamente, la cifra más reciente emitida por Unodc es de 253.000 hectáreas con corte a 2023. En este sentido, se evidencia que la representante redondeó la cifra a la baja.

Aunque Castillo mencionó que el gobierno “dialoga con ocho grupos” en el marco de la política de Paz Total, según nos informó la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) realmente se encuentran activos 9 procesos que involucran al menos a 16 agrupaciones armadas ilegales de diferentes tipos.

Entre todos estos procesos destaca el adelantado con los Comuneros del Sur, un frente que se separó del ELN. El pasado mes de abril de 2025 se convirtió en el primer grupo armado que entregó oficialmente armas en el marco de la Paz Total para su destrucción bajo supervisión internacional y de la Conferencia Episcopal. Sin embargo, persisten dudas sobre el armamento entregado y sobre el diseño del programa de reintegración de las personas que conforman la agrupación.

También cabe mencionar que el Gobierno autorizó la creación de una zona de ubicación temporal (ZUT) en Tibú, Norte de Santander, para concentrar al Frente 33 de las disidencias de las FARC, pese a que no se ha comprometido aún con dejar las armas. Esto, después de la escalada del conflicto armado a inicios de año en el Catatumbo, en la que el ELN casi eliminó a esa estructura en medio de violaciones a los derechos humanos que afectaron sobre todo a la población civil y dejaron al menos 117 personas asesinadas y 65.000 desplazadas. En todo caso, la concentración tampoco se ha concretado.

En el caso de las organizaciones que operan en áreas urbanas, como las de Buenaventura, Quibdó y Medellín, existe tensión ante la falta de un marco normativo para su desmovilización. Cabe resaltar que la relación entre estas bandas y las hectáreas de coca mencionadas por Castillo es indirecta, ya que tiene que ver especialmente con el eslabón del microtráfico (1, 2, 3).

Por demás, son pobres los resultados gubernamentales en la ambición de detener la violencia armada. Entre 2024 y 2025, se evidencian aumentos en el número de afectados por desplazamientos masivos, confinamientos y secuestros, así como en los enfrentamientos y ataques contra la fuerza pública.

Además, el provecho que los grupos armados tomaron de los ceses al fuego para recomponerse y expandirse (1, 2, 3) completan un balance negativo para la política de Estado. Esto sustenta la crítica de Castillo a los diálogos que se adelantan “sin cerrar un solo frente de violencia”.

Por estas razones, calificamos su afirmación como ‘verdadera, pero…’, pues los datos respaldan el número de hectáreas de coca que mencionó y, además, evidencian la forma en que los diálogos en el marco de la Paz Total se han sostenido sin impactar la realidad del conflicto. De hecho, en ciertas regiones, ha derivado en que esta se agudice. Sin embargo, precisamos que las negociaciones no se adelantan con “ocho grupos armados”, sino con al menos 16 en 9 distintas mesas, que incluyen agrupaciones urbanas sin relación directa con los cultivos de uso ilícito.

“Armado han aumentado 50% su criminalidad, financiados por narcotráfico”: Garrido


Un informe de la Defensoría del Pueblo [Pág. 23], publicado en 2018, expuso la relación simbiótica entre el negocio del narcotráfico y la evolución de los grupos armados en Colombia:

“El narcotráfico no se puede entender sin considerar los actores armados que garantizan su funcionamiento. Así mismo, el tamaño de los actores armados, la expansión que lograron, el cubrimiento territorial que alcanzaron, la capacidad de intimidación, los métodos que seleccionaron, la fortaleza que adquirieron y el impacto en la sociedad que ocasionaron, no es entendible sino por sus relaciones con el narcotráfico y/o con otras economías ilegales”.

Al respecto, la subdirectora de Pares, Laura Bonilla, nos explicó que “el narcotráfico, como casi todas las economías ilegales, requiere de servicios de protección ilegal y de control territorial”. Por su parte, el cofundador de Viso Mutop Pedro Arenas constató también que esta actividad ilegal “genera enormes rentas con las cuales se corrompen autoridades y se financian grupos armados”.

Según un informe del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) [Pág. 22] emitido en 2023, año de corte del Informe Mundial sobre las Drogas, ciertos grupos armados estaban volcándose hacia otras rentas ilícitas, como la extorsión y la minería irregular de oro. Sin embargo, la producción de cocaína sigue siendo una de las principales economías ilegales.

Aunque la criminalidad es un concepto cuantificable y existen iniciativas reveladoras como el Reloj de la Criminalidad, que elabora anualmente la Corporación Excelencia en la Justicia, no encontramos una medición oficial de este dato ni un cálculo independiente que recoja adecuadamente los factores que lo componen en los grupos armados y su evolución. Le consultamos a Garrido por la fuente de su cifra de aumento, pero hasta el momento de publicar no recibimos respuesta.

Bonilla nos explicó que, dentro de los delitos asociados con estas estructuras delictivas, hay indicadores complicados pues, por ejemplo, se deben incluir las cifras de secuestro, que también es perpetrado por la delincuencia organizada, o se debe considerar el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes, del que no hay datos fiables. Consultada por el supuesto aumento del 50%, la investigadora explicó que, salvo el desplazamiento forzado en el Catatumbo, “no hay incrementos en violencia asociada a grupos armados de ese nivel” bajo la administración de Gustavo Petro.

Así pues, calificamos como inchequeable la afirmación de la congresista araucana sobre el aumento de la criminalidad, pues no encontramos una fuente confiable que haya monitoreado la evolución de dicha variable. Además, si bien el narcotráfico es una de las principales economías ilegales que financian a grupos armados, no es la única.