En la instalación del Congreso, el pasado 20 de julio, la senadora María Fernanda Cabal fue la primera en hacer la réplica de la oposición después de la intervención del presidente, Gustavo Petro, y la única de las voceras que incorporó múltiples datos verificables a su intervención.

En su discurso, la parlamentaria del Centro Democrático afirmó que “Colombia no es una potencia mundial de la vida y el mundo tampoco se va a acabar”. Además, aseguró que hoy el país enfrenta “el peor estallido de violencia en los últimos años”. 

De esta forma, Cabal cuestionó la agenda del gobierno Petro con respecto a la política de “Paz Total”, que privilegia el diálogo con los grupos armados ilegales y bandas criminales, porque según la congresista, estos grupos son los que mandan en los territorios y “han fortalecido el narcotráfico, cometido masacres y aumentado la violencia”. 

Igualmente, la congresista cuestionó la transición energética de cara a la crisis climática. Así, remarcó que hay proyectos eólicos que están frenados y existe una preocupación de empresas nacionales y extranjeras por “la inseguridad jurídica que ha generado este gobierno”.

Además, presentó un escenario de crisis del sector vivienda debido a las dificultades de las clases populares para acceder a casa propia y rezago en la construcción.  

En Colombiacheck encontramos tres afirmaciones verificables, con base en nuestra metodología, relacionadas con las cifras de masacres y líderes sociales asesinados, las muertes de niños menores de cinco años por desnutrición infantil en algunos departamentos del país y la disminución de la construcción de vivienda durante el actual gobierno.

Le preguntamos al equipo de prensa de Cabal sobre las fuentes en las que se basó para hacer cada una de las frases chequeadas y nos respondieron que, con relación a las cifras sobre masacres y líderes asesinados, usó los datos arrojados por la Fundación Escuela Libertad y el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz); sobre los niños que han muerto por desnutrición, en artículos de prensa y, sobre la caída en el sector de la construcción, en información entregada por la Cámara Colombiana para la Construcción (Camacol).

Al final, encontramos que, de las tres frases verificadas, dos ‘verdadero pero…’ y una cuestionable. A continuación están los chequeos, en el mismo orden en el que aparecen en el discurso de Cabal.

“Desde el 7 de agosto, día de su posesión, hasta hoy, ha habido 88 masacres, 303 muertos y el asesinato de 154 líderes”

El equipo de prensa de la senadora Cabal respondió que la fuente de esta frase son los datos arrojados por el Observatorio de Derechos Humanos de la Fundación Escuela Libertad y del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz  (Indepaz), “donde hay concordancia con las cifras de masacres, muertos en esos hechos y líderes asesinados”. 

Es importante aclarar que las cifras de masacres y asesinato de líderes sociales son monitoreadas por distintas entidades del Estado e independientes, que manejan metodologías distintas, por lo tanto no coinciden entre sí. 

En un boletín, publicado el 3 de julio de 2022, el Observatorio de Derechos Humanos de la Fundación Escuela Libertad, que hace seguimiento a las masacres y asesinatos de líderes sociales desde el 7 de agosto de 2022, día en que se posesionó el hoy presidente Gustavo Petro, informó que se habían cometido 76 masacres, donde les quitaron la vida a 266 personas, y habían sido asesinados 136 líderes sociales.

De acuerdo con los datos del Observatorio de Derechos Humanos, Conflictividades y Paz de Indepaz, entre el 7 de agosto de 2022 y el 20 de julio de 2023, se cometieron 87 masacres, que dejaron 293 víctimas en el país.

Para el Observatorio de Indepaz, una masacre es “el homicidio intencional y simultáneo de varias personas (3 o más) protegidas por el Derecho Internacional Humanitario (DIH), y en estado de indefensión, en iguales circunstancias de tiempo, modo y lugar”.

También revisamos la base de datos del Ministerio de Defensa sobre masacres (oficialmente, “homicidios colectivos”) y el número de víctimas, entre el 18 de agosto de 2022 y el 23 de marzo de 2023, que es el último mes que tienen disponible. Se registraron 22 masacres, que dejaron 108 víctimas. 

Para el ente gubernamental, en esta categoría entran aquellos hechos en los cuales resultan muertas cuatro o más personas; sin contar los casos en donde por acción de la Fuerza Pública, en cumplimiento de su deber constitucional, resultan muertos cuatro o más delincuentes; tampoco si las víctimas son de la Fuerza Pública.

Igualmente, según datos de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), que también hace seguimiento a las cifras de masacres y al asesinato de líderes sociales, entre agosto de 2022 y julio de 2023 se cometieron 91 masacres. 

Fuente: Fundación Pares.

Asesinato líderes sociales

Con relación al asesinato de líderes sociales, según el Observatorio de Derechos Humanos, Conflictividades y Paz de Indepaz, entre el 7 de agosto de 2022 y el 20 de julio de 2023  fueron asesinados 161.  El mes con la cifra más alta de líderes sociales asesinados en lo que va del gobierno de Petro fue abril con 22 muertos.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo reveló que entre enero y julio de 2022 se presentaron 122 casos de homicidios de líderes sociales y defensores de Derechos Humanos y el total al finalizar ese año fue de 215 casos; es decir que entre agosto y diciembre de 2022 se registraron 93 asesinatos. Igualmente, informó que en el primer semestre de 2023 se registraron 92 de estos crímenes. En total, de agosto de 2022 a junio de 2023, la entidad registró 195 asesinatos de líderes sociales.

“La entidad advirtió en el informe que, aunque [en el primer semestre de 2023] hubo una disminución en el número de homicidios con respecto a los 114 casos registrados en el mismo periodo de 2022, preocupa que la violencia en contra de esta población se pueda exacerbar en los próximos meses. Esto es especialmente preocupante debido a que el país se encuentra previo a los comicios electorales regionales de octubre”, dice un comunicado.

Por último, de acuerdo con las cifras de la Fundación Pares, entre agosto de 2022 y julio de 2023 se cometieron 171 asesinatos de líderes sociales. El mes con la cifra más alta de asesinatos también fue abril con 21 casos. 

Fuente: Fundación Pares

En suma, las cifras sobre masacres y líderes sociales asesinados que más se aproximan a lo dicho por Cabal son las reportadas por el Observatorio de DDHH, Conflictividades y Paz de Indepaz. En el caso de las masacres, en total es una menos y con 10 víctimas menos que lo afirmado por la congresista, mientras que en el caso de los líderes sociales asesinados, son seis más que lo dicho por la senadora. 

Juana Cabezas Palacios, investigadora del Observatorio de Indepaz, dijo que al comparar las masacres cometidas entre en lo que va del gobierno de Gustavo Petro y el último año del gobierno de Iván Duque (entre el 7 de agosto de 2021 y el 31 de julio de 2022 fueron 89 masacres) se ha mantenido la tendencia en las cifras, que son casi iguales.

“Hay meses en los que sí se han dado diferencias notables entre uno y otro gobierno, pero eso no es comparativo y no puede significar algún indicio en específico, sino que es el comportamiento normal que suba o baje por algunas tomas de decisiones. Por ejemplo, en enero de 2022 hubo 13 masacres y enero de 2023 hubo 12, en esos meses el número es similar y es alto”, explicó Cabezas. 

La investigadora aseguró que una de las razones para que el número de masacres se mantenga alto es que la política de seguridad de ambos gobiernos ha tenido hasta el momento un enfoque más dirigido a lo rural y a combatir la criminalidad de los grupos armados ilegales. “La Ley de Seguridad Ciudadana ha dejado de lado toda la violencia urbana que está normalmente asociada a la presencia de grupos o bandas locales que ejercen presiones, sobre todo en las ciudades principales, para cuidar dinámicas de economías ilegales como el microtráfico, el ‘gota a gota’, las casas de apuestas y la prostitución. De hecho, las masacres en su mayoría se cometen en ciudades principales”, dijo Cabezas. 

Por su parte, Francisco Daza, coordinador de la línea de paz, posconflicto y derechos humanos de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), coincidió en que en el primer año de Petro frente al último año de Duque no hubo una disminución sustancial en las masacres. 

Con relación al asesinato de líderes sociales, Cabezas aseguró que al comparar las cifras de lo que va del gobierno de Petro con el último año de Duque hubo una disminución. 

“Entre el 7 de agosto de 2021 y el 31 de julio de 2022 fueron asesinados 185 líderes sociales. En promedio, 15 casos por mes. En este gobierno se ha reducido a 12 asesinatos por mes. Sin embargo, esto no es una gran disminución si se identifica que está muy ligado a los ceses al fuego con los grupos armados ilegales en el primer semestre de 2023, que ayudó a que bajaran las cifras, pero igual vemos repuntes como en abril, que fue el mes con más asesinatos (22), y en julio también hubo un aumento (a corte 20 de julio iban 16)”, explicó Cabezas y advirtió que la tendencia es que en el segundo semestre del año aumente el asesinato de líderes sociales debido a las elecciones regionales de octubre. 

Por su parte, Daza dijo que el asesinato de líderes sociales ha aumentado en lo que va del gobierno de Petro en comparación con el último año de Duque, según los datos de Pares. “Entre agosto de 2021 y julio de 2022 hubo 159 líderes sociales asesinados y entre el 7 de agosto de 2022 y el 31 de julio de 2023 fueron asesinados 171 líderes sociales”, expresó Daza.

Agregó que esto obedece a varios factores, según el investigador, como el descuido de la seguridad a nivel nacional y la falta de implementación de acciones de prevención de violencias. 

“El año pasado se publicó un plan de emergencia para la protección a personas líderes sociales, defensoras de DDHH y firmantes de paz y estas cifras nos muestran que, al parecer, este plan de emergencia no está siendo ejecutado de forma correcta o quedó en el papel. También hay que tener en cuenta que no hay una suspensión de acciones armadas por parte de los grupos armados ilegales, así se estén haciendo unos acercamientos con el Gobierno en el marco de la política de Paz Total”, dijo Daza. 

En conclusión, en Colombiacheck calificamos como ‘verdadero pero…’ la afirmación sobre masacres y asesinatos de líderes sociales dicha por la senadora Cabal en el discurso del 20 de julio porque las cifras se aproximan a las de Indepaz, al tener en cuenta las de diferentes entidades que les hacen seguimiento, sobre todo en el caso del asesinato de líderes sociales, pero no hay consenso sobre si  aumentaron o no en comparación con la situación que dejó el gobierno de Iván Duque, copartidario de la congresista.

“Según el Instituto Nacional de Salud en Colombia, a lo largo de 2023 y hasta el corte del 17 de junio, han muerto 141 menores de cinco años por desnutrición y causas asociadas: 39 niños en la Guajira, 17 en el Chocó, 10 en el Cesar”. 

Cabal se refirió a las cifras emitidas por el Instituto Nacional de Salud (INS) en su Boletín Epidemiológico Semanal del 11 al 17 de junio de 2023, en donde, en efecto, se reportaron 141 casos y muertes por desnutrición y causas asociadas en niños menores de cinco años. Sin embargo, esta cifra fue aún mayor durante el mismo periodo de 2022, al final del gobierno de Duque, y según expertos y estudios al respecto, es una problemática estructural que ha venido creciendo especialmente desde la última década. 

La senadora nos contestó que la información del INS fue expuesta en varios medios de comunicación colombianos, como Blu Radio, 90 minutos y El Tiempo. Tanto estos como la congresista se refieren a un comunicado de la Defensoría del Pueblo del 25 de junio del 2023, en donde el defensor, Carlos Camargo Assis, solicitó al Gobierno Nacional fortalecer las rutas de atención por las muertes por desnutrición de niños y niñas en el país.

“Es una vergüenza que como Estado sigamos registrando muertes de niñas y niños por desnutrición sin que se logre una estrategia que ponga fin a esta situación tan dolorosa, lo que muestra indolencia, indiferencia y desidia de los gobiernos nacional, departamentales y municipales”, reclamó el funcionario. Agregó que “entre el 1 de enero y el 17 de junio de este año, el Instituto Nacional de Salud reportó un total de 141 muertes por desnutrición y causas asociadas en menores de 5 años en el país. La Guajira es el departamento con más casos, 39; seguido de Chocó, con 17, y Cesar, con 10”.

Al respecto, el INS señala en el citado boletín que, en lo que va del 2023 hasta el 17 de junio, se confirmaron 88 casos de muertes por desnutrición aguda (DNT) en niños y niñas menores de cinco años. Otros 53 casos están en estudio, para un total de 141 casos.

De acuerdo con la entidad, la mayor proporción de casos de desnutrición aguda se reportó en los niños y niñas menores de 1 año (32,1 %); seguido del grupo de 1 año (28,3 %). La tasa de mortalidad fue de 2,38 casos por cada 100.000 menores de cinco años y que, para 2022, el número de casos confirmados a la semana epidemiológica 24 fueron 156, con una tasa de mortalidad de 4,14 casos por cada 100.000 menores de cinco años. 

Respecto a los casos registrados en las distintas regiones mencionadas por Cabal, el INS dice que, hasta el 17 de junio de 2023, se han reportado 39 en La Guajira (29 casos confirmados y 10 en estudio), 17 en Chocó (10 confirmados y 7 en estudio) y 10 en el Cesar (5 confirmados y 5 en estudio).

Según el último boletín epidemiológico disponible del INS, que corresponde a la semana epidemiológica 29 (hasta el 22 de julio de 2023) se han notificado 188 muertes probables en menor de cinco años por desnutrición, de las cuales 105 fueron confirmadas, 26 fueron descartadas y 57 se encuentran en estudio. 

Sin embargo, la problemática denunciada por la senadora ha venido en aumento desde años anteriores. Para el mismo periodo de 2022, según el mismo boletín del INS, el número de casos confirmados de muertes por desnutrición en menores de cinco años fue de 195.

En 2022, según un informe de la Defensoría del Pueblo emitido el 26 de enero de 2023, se reportó el fallecimiento de 308 niños y niñas menores de 5 años debido a la desnutrición y enfermedades asociadas a la misma, lo que representa 111 casos más que los registrados en 2021. Allí, el defensor Camargo también llamó la atención sobre los departamentos de La Guajira, Chocó y Cesar, que aparecían con el mayor número de casos.

El nutricionista dietista Cristian David Murcia Peñuela, magíster en Seguridad Alimentaria y Nutricional, le dijo a Colombiacheck que el problema de la desnutrición aguda en el país ha empeorado en los últimos 10 años y que los datos sobre esta problemática indican que, de no tomarse acciones concretas a diferentes niveles, la situación relacionada con la vulneración del derecho humano a la alimentación podría empeorar. 

“Actualmente, el Estado sigue implementando medidas que se han consolidado durante la última década. Es crucial evaluar el impacto de decisiones adoptadas por el gobierno actual, como la declaratoria de emergencia en La Guajira, la activación del Plan Pacífico y la implementación de acciones de búsqueda activa de niños y niñas con desnutrición en zonas apartadas del país. No obstante, el éxito de estas acciones no se medirá únicamente en términos de número de casos encontrados, sino en la prevención de la mortalidad asociada a la desnutrición. Por ello, es necesario construir medidas a corto, mediano y largo plazo que impacten estructural y singularmente la vida de la población en Colombia”.

Según el experto, el principal error que se ha cometido para el abordaje de la desnutrición aguda moderada y severa en el país, ha sido la visión sectorial aislada, donde se han centrado en hablar de seguridad alimentaria y nutricional por un lado y en crear programas de abordaje única y exclusivamente de la niñez.

“Cuando se ve de manera desligada el abordaje alimentario de los niños y niñas sin contar con una lectura de lo familiar (sus cuidadoras) se pierde una lectura integral. La lactancia materna, la agricultura familiar, el ordenamiento territorial en torno al agua, el respeto por lo cultural, entre otras son visiones del derecho humano a la alimentación”, señala Murcia.

En la investigación ‘Causas de la desnutrición infantil y su impacto económico y social en Colombia y el mundo’ del año 2023, realizada por Laura del Pilar Arcila Carmona, Paola Alejandra Hurtado Castrillón y Mayerly Pacheco Orduz, de la Corporación Universitaria Alexander Von Humboldt, se menciona entre las principales causas de la desnutrición infantil la pobreza; la falta de cuidados prenatales y de nutrición antes del embarazo, durante y luego del nacimiento del bebé; la falta de acceso a servicios públicos; una mala calidad de educación y distintos aspectos económicos, como el desempleo, la informalidad y la desigualdad entre las zonas rurales y urbanas.

“Este problema, que está además mediatizado por factores étnicos, de género o de ubicación geográfica, también es recurrente donde hay una mayor falta de higiene y prevalencia de trabajo infantil, carga de enfermedad y otros factores que agravan la insuficiencia alimentaria. Esto no significa que ser pobre sea equivalente a estar desnutrido, pero el riesgo de desnutrición se incrementa de forma paralela al gradiente de pobreza”, resalta el estudio.

Por su parte, el nutricionista Murcia concuerda con que una de las principales causas de esta problemática está asociada a la pobreza, pero también a la falta de acceso a agua potable y a una educación “que respete la diversidad cultural”.

Sobre los factores que pueden estar influyendo en que sean los departamentos de La Guajira, Chocó y Cesar los de mayores casos de muertes por desnutrición en menores de cinco años, el experto hace especial mención a la corrupción en esos territorios, pero señala que “se debe seguir insistiendo en una descentralización de los programas para poder avanzar en logros eficaces sobre el hambre”.

“No se puede gobernar desde Bogotá en todo el territorio nacional, las instituciones del Estado a nivel nacional deben ser quienes den la línea técnica para hacer posibles los cambios en lo territorial pero esto es imposible sin una recepción armónica y comprometida en cada municipio, ciudad o departamento. Lo que pasa hoy en estos departamentos tiene condiciones estructurales que pasan por comprometer a las y los alcaldes y sus gobernadoras y gobernadores a incidir en transformar dichas condiciones”.

Cabe detallar que la inseguridad alimentaria sigue afectando a una gran parte de la población del departamento de La Guajira. Según el boletín del INS de la semana epidemiológica 29, durante este primer semestre y hasta el 22 de julio de 2023, en Colombia se han notificado 14.097 casos de desnutrición aguda, severa y moderada en menores de cinco años, de los cuales, 1.358 fueron registrados en La Guajira.

Según la entidad, hasta el 22 de julio de 2023, se observaron diferencias significativas en la notificación de casos de desnutrición en niños menores de cinco años en los departamentos de Antioquia, La Guajira, Chocó, Cesar, que han resultado en aumento comparado con las cifras históricas.

Fuente: Boletín Epidemiológico Semanal (BES) Semana epidemiológica 29 - INS

El año anterior, según el documento ‘Escala de experiencia de inseguridad alimentaria (2022)’ del  Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), La Guajira alcanzó una prevalencia de inseguridad alimentaria moderada y grave en hogares, superando el 59,7%. Este porcentaje fue seguido por los Departamentos de Sucre con el 47,9% y Atlántico con el 46,1%.

Por otra parte, un estudio del 2022, titulado ‘Desnutrición Infantil En Colombia, Una Mirada Desde La Política Pública’, de la investigadora Érika Lorena Mora Acosta, especialista en Salud Familiar y Comunitaria de la Universidad del Rosario, menciona algunas sugerencias que buscan enriquecer la discusión alrededor de las políticas públicas de lucha contra la desnutrición, tales como:

1. Incentivar en todos los casos la modalidad extramural (servicios que se ofrecen a la población en espacios no destinados a salud o espacios de salud de áreas de difícil acceso), pues facilita la identificación de falencias que usualmente pasan desapercibidas dentro de las acciones que se realizan al interior de las instalaciones de un centro médico.

2. Reconocer gestantes con bajo peso gestacional y realizarles seguimiento desde el momento de la identificación hasta 6 meses después del parto. Según la investigadora, de esta forma se disminuye el porcentaje de casos notificados como bajo peso al nacer. 

3. Priorizar la población rural y dispersa, permitiendo fácil acceso a servicios de salud. Esto, debido a que las zonas con menor accesos a los servicios públicos o medios de transporte asisten con menor regularidad a centros de salud, siendo así las de mayor riesgo de desnutrición.

En conclusión, Colombiacheck califica como ‘verdadero pero…’ la afirmación de la senadora María Fernanda Cabal, pues aunque las cifras concuerdan con lo informado por el Instituto Nacional de Salud, la desnutrición y las muertes en menores de cinco años asociadas a esta condición han venido en aumento en los últimos años.

“Hoy se está construyendo menos de la mitad de lo que se construía ya antes”

La senadora Cabal, durante su intervención el 20 de julio también habló acerca de una caída de la construcción a menos de la mitad hoy en día en el país y al consultarle sobre la fuente de su afirmación, nos dijo que se apoyó en información entregada por la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol). 

Al revisar los datos del gremio en su sistema de información “Coordenada Urbana”, encontramos que documentan una caída principalmente de la construcción de nuevas viviendas, ya que las iniciaciones de unidades cayeron un 25% en lo corrido de 2023 hasta junio, en comparación con el mismo periodo del año pasado. 

Los lanzamientos y las ventas también se redujeron y hasta la mitad en el mismo tiempo. El año pasado se pusieron en el mercado 118.411 unidades entre Viviendas de Interés Social Prioritario (VIP), cuyo valor máximo es de 90 salarios mínimos mensuales; Viviendas de Interés Social (VIS), valoradas entre 135 y 150 salarios mínimos mensuales, y Viviendas de No Interés Sociales (No VIS), que superan los 150 salarios mínimos mensuales. A mitad de este año apenas fueron 57.043 unidades.

Por otra parte, a junio del año pasado se habían vendido 137.531 viviendas, pero en los primeros seis meses de este 2023 la cifra solo llegó a 64.266, es decir, una reducción del 53% de las ventas. 

“Actualmente, nos preocupa que todos los indicadores mencionados caen. Como ya mencionamos, las ventas y las iniciaciones registran contracciones en todos los periodos de análisis (último año, último semestre y último mes). Así mismo, los lanzamientos cayeron el 51,8% en lo corrido de 2023, siendo particularmente marcada la caída de la VIS (-57,2%)”, nos dijo Camacol.

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) también reportó una caída en el inicio de la construcción de nuevas viviendas y su culminación para el primer trimestre de este año en comparación con el mismo lapso del año anterior. En el  renglón de unidades VIS se registra una reducción de 3,8% en el país, atribuidas principalmente a la caída de las iniciaciones en Bogotá (-21,8%) y el área urbana de Ibagué (-41,2%). 

En cuanto a la categoría No VIS, hubo una variación de -0,8% en relación con el mismo periodo del año 2022 y parte de esto se explica por la caída del inicio de construcciones en Medellín y Oriente (Área Metropolitana), Cundinamarca y Manizales (área urbana) que restaron 9,7 puntos porcentuales a esta variación.

También hubo una disminución en las construcciones residenciales finalizadas, lo que resultó en una reducción de casi 8 puntos porcentuales en las unidades de interés social (VIS) y un descenso del 14,4% en las unidades que no son de interés social (no VIS).

Fuente: DANE.

Al examinar los datos proporcionados por el DANE sobre el estado general de las construcciones en el país, incluyendo no solo viviendas, sino también oficinas, comercios, bodegas e instalaciones educativas y hospitalarias, se evidencia un aumento en el área total de obras en diversas fases: en proceso, detenidas y finalizadas. Durante el primer trimestre del año anterior, se registraron un total de 44.319 miles de metros cuadrados de construcción, mientras que para el mismo período en 2023, esta cifra se elevó a 46.277 miles de metros cuadrados.

Fuente: DANE. 

A este escenario, sin embargo, se le debe añadir que el DANE en su monitoreo del PIB en el primer trimestre subrayó que a pesar de que la economía colombiana se expandió 3%, el sector de la construcción fue el único de 11 que presentó una desaceleración, con una contracción anual de -3,1 y una contribución de -0,1 puntos porcentuales.

Fuente: DANE.

Los datos desagregados reflejaron que la construcción de obras civiles se ubicó como el segmento con la caída más pronunciada en ese lapso, con 14,9%, mientras que el sector edificador mostró un crecimiento de 2,6%.

“Estas cifras nos demuestran dos realidades diferentes en el país y opuestas, porque si bien nos demuestran que hay una menor inversión pública, existe un aumento de inversión privada en edificaciones de viviendas, bodegas o construcciones para empresas, lo que muestra un avance en la inyección de capital en el país”, indicó Alejandro Useche, profesor de economía de la Universidad del Rosario, en entrevista a Portafolio.

¿Por qué ha caído la venta de viviendas?

Camacol nos explicó que la compra de viviendas ha disminuido producto del alza de las tasas de interés para controlar la inflación, una medida que el Banco de la República ha aplicado desde el año pasado para contener el alza de precios, lo cual ha encarecido el costo de financiamiento para proyectos inmobiliarios y de las cuotas hipotecarias para el pago de los créditos para la adquisición de una casa o apartamento. 

La última vez que el BanRep subió las también llamadas tasas de intervención fue en abril, cuando las ubicó en 13,25%, lo cual al compararse con principios de 2022, significa que han aumentado más de 10 puntos porcentuales desde entonces. El movimiento ha sido criticado por el presidente Petro por su impacto en la “economía productiva”, pero a su vez, esta medida ha contribuido a desacelerar la inflación.

 

Guillermo Herrera, presidente del Camacol, en una nota de El Colombiano indicó que las altas tasas de interés está afectando la operación de las pequeñas y medianas empresas al momento de desarrollar los proyectos de vivienda, “ya que están pagando alrededor del 1,5% mensual de las obligaciones financieras para ejecutarlas obras cuando el margen de utilidad del negocio está entre el 7% y 10%, lo que no les permite tener utilidad y que está derivando en la pérdida de recursos de inversión”.

También desde la organización, aseguran que existen rezagos en la ejecución del programa gubernamental de “Mi Casa Ya” mediante el cual les otorga un subsidio para la compra de vivienda nueva, principalmente de la categoría VIS, a aquellas personas en condición de vulnerabilidad. 

“Poner al día los pagos de Mi Casa Ya, y crear las condiciones para que nuevos hogares puedan acceder a los subsidios, son dos factores clave para la reactivación [de la venta de viviendas]”, nos dijo la Cámara de Construcción. 

La ministra de Vivienda, Catalina Velazco, informó recientemente que a partir del 15 de agosto se retomaría la asignación de hasta 75.000 subsidios como parte del programa, esto luego de que se adicionara un billón de pesos para esa meta al Presupuesto General de la Nación.  “Los recursos de la adición han sido sancionados por el señor presidente, están en trámites presupuestales y el 15 de agosto estarán en las arcas del Ministerio de Vivienda”, dijo la funcionaria. 

Daniel Alfonso, especialista en inversiones inmobiliaria, opina que en general los últimos tres años han sido duros para el sector de la construcción por la incertidumbre a raíz de los temas de costos, inflación, política interna y externa, y esto ha terminado impactando en la venta de viviendas en el país. 

La intención de compra de una vivienda, de hecho, ya venía en declive el año pasado de acuerdo con un estudio de Fedesarrollo y se ubicó en niveles similares a los de 2020, en plena pandemia de covid-19.

Se debe aclarar que esta no es una tendencia exclusiva de Colombia, ya que para nuestro chequeo “Wilson Arias es impreciso sobre causa de la caída de venta de vivienda y cifras de otros países” indicamos que datos del Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) muestran una caída de la demanda de vivienda y un retroceso de los precios en muchos países del mundo, también por el alza de las tasas de interés por los bancos centrales que ha impactado en el costo del financiamiento. 

En ese artículo apuntamos que Canadá reportaba para febrero de este año una caída del 40% en las ventas anuales de viviendas y España, para el mismo mes, un descenso de 7,1% en la compraventa de unidades residenciales. Estados Unidos, para abril, sufría una disminución del 23,2% de las ventas anuales. 

En resumen, calificamos de cuestionable la afirmación de la congresista Cabal porque los datos disponibles apuntan, 1) la construcción de nuevas casas y su culminación sí registran una disminución según Camacol y el DANE, pero tampoco llegan a la mitad de lo que era el año pasado, 2) lo que sí se ha reducido “a menos de la mitad”, como dijo la senadora, son las ventas y los lanzamientos de viviendas en el país.