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Cuestionable

Lunes, 06 Julio 2020

‘El anónimo lo asumieron dos magistrados, cada uno por su lado’: Cuestionable

Por José Felipe Sarmiento

Esta es una de las respuestas dadas por el expresidente Álvaro Uribe en su entrevista en La Silla Vacía. En Colombiacheck verificamos varias de sus afirmaciones.

-¿Cuál es su explicación de que, en este anónimo tan detallado, digan que usted es el principal benefactor de estos perfilamientos ilegales? -le preguntó León.

“ (sic) Una cosa no buena que pasó en la Corte. El 15 de mayo, no obstante que eso lo estaban investigando, lo empezó también a investigar, el mismo anónimo, otro magistrado y solamente lo comunicó a la opinión pública dos días después de que el expresidente Pastrana y yo le dimos una entrevista a una colega suya sobre la campaña Santos y Odebrecht. [...] El anónimo lo asumieron dos magistrados, cada uno por su lado” -respondió Uribe.

Aunque los hechos que relata Uribe son ciertos, las actuaciones que podrían considerarse irregulares derivan del uso del anónimo en la primera investigación más que de la apertura de la segunda. De hecho, toda la información recopilada con base en ese mensaje fue sacada del proceso antiguo y llevada al nuevo dos días antes de la entrevista, pero por motivos diferentes a la supuesta duplicidad que él critica y que fue una tesis rechazada por la mayoría de magistrados. Así que el argumento es cuestionable.

La Corte Suprema de Justicia trinó el 2 de junio que había abierto una indagación preliminar contra el senador “como posible destinatario de la información de seguimientos ilegales de inteligencia militar en 2019”. La decisión fue tomada el 15 de mayo por el magistrado Héctor Alarcón y le fue informada al señalado congresista ese mismo día, como consta en la notificación que él mismo publicó al día siguiente del anuncio público del tribunal.

Es cierto que pasaron 18 días entre la apertura y el anuncio público. También lo es que este se dio dos días después de la entrevista mencionada por el congresista del partido Centro Democrático. Uribe y el también exmandatario Andrés Pastrana fueron entrevistados el 31 de mayo por la directora de Semana TV, Vicky Dávila, sobre la supuesta relación del más reciente exjefe de Estado, Juan Manuel Santos, con la corrupta multinacional brasileña Odebrecht.

Sin embargo, no hay evidencia de que lo uno tenga que ver con lo otro. Tampoco hay plazos establecidos por ley para que este tipo de información se haga pública. De acuerdo con la penalista Diana Muñoz Castellanos, ni siquiera existe la obligación de comunicarle al procesado las decisiones de esta etapa previa a la investigación formal. A pesar de esto, el senador afectado fue notificado tan pronto se inició, como consta en el documento que él mismo compartió.

Por otro lado, el mismo anónimo sí hacía parte ya de otra investigación: la que se lleva desde 2014 por el espionaje del hacker Andrés Sepúlveda, que trabajó para la campaña del candidato presidencial uribista de ese entonces, Óscar Iván Zuluaga. Pero esa acción en el proceso no necesariamente es una irregularidad, aunque sí hubo debate al respecto.

Dos magistrados cuestionaron la decisión que tomó la sala de allegar el anónimo a dos procesos diferentes, como contó el diario El Tiempo el 10 de junio, porque consideraron que se estaba adelantando una actuación doble por los mismo hechos, lo que está prohibido por la Constitución en el marco del derecho al debido proceso. No obstante, la mayoría de la sala decidió separar los hechos que menciona el mensaje para investigarlos por aparte. Por eso, en la entrevista de La Silla, León dijo que “una [indagación] es sobre las acusaciones del hacker y la otra es sobre los perfilamientos, que aparecen en el mismo anónimo”.

Los medios de comunicación han dado a conocer el correo electrónico anónimo que llegó en diciembre de 2019 con la denuncia en el que, en efecto, se mencionan ambos casos por separado. “El señor Uribe Vélez no solo se benefició con las interceptaciones ilegales del escándalo del hacker. Durante este año, varias unidades de inteligencia y contrainteligencia militar se han dedicado a usar sus capacidades para realizar interceptaciones ilegales de comunicaciones cuyo destinatario de esas acciones al margen de la ley es el señor Uribe Vélez” (sic), se lee en el mensaje.

Las actuaciones con base en el anónimo en el expediente que indaga sobre la relación de Uribe con el caso de Sepúlveda fueron iniciadas desde el día que llegó. Como contó el periodista Daniel Coronell en una columna, quien se encargó de dar las órdenes entonces fue la magistrada exmilitar Cristina Lombana. Según Coronell, ella ya había sido apartada de otro proceso contra el exmandatario por el impedimento que le genera el haber sido subordinada suya como integrante del Ejército en su gobierno.

El senador omite que toda la documentación relacionada con el mensaje se había unificado el 10 de junio, dos días antes de la entrevista de La Silla. Tampoco dice que fue sacado del expediente Sepúlveda al nuevo proceso del que está a cargo Alarcón, porque la discusión siempre estuvo en que el correo solo mencionaba el escándalo del hacker de forma tangencial, por eso algunos magistrados consideraban que no tenía relación directa con esa indagación; de modo que las acciones que el mensaje motivó en la primera indagación eran las que estaban en duda, no la apertura de la más reciente.

Además, como profundizamos en otra verificación de esta misma entrevista, el mismo día que lo referente al anónimo quedó en una sola carpeta, a Lombana le aceptaron el impedimento que había declarado en mayo en el caso del hacker, ahora en manos de César Reyes (uno de los críticos de la decisión inicial de separar los hechos), por haber aparecido como posible víctima de interceptaciones ilegales. Pero sus órdenes de diciembre le permitieron al abogado de Uribe, Jaime Granados, que también había sido jefe de la magistrada hace años, acceder a información clave sobre los allanamientos y testimonios meses antes de que se abriera la indagación actual, como reveló Coronell.

El expresidente presenta como una posible irregularidad vigente un debate jurídico en el que solo una minoría de dos magistrados defendía su posición y que, en todo caso, ya se había superado. Además, lo que denuncia como un posible perjuicio en realidad le permitió tener acceso incluso a los nombres de posibles informantes en su contra con antelación a la apertura de la investigación definitiva, por medio de la inclusión del anónimo en otra con la que no estaba claramente relacionado.

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Falso

Lunes, 30 Julio 2018

Declaraciones antiguas de Álvaro Uribe generan cadena falsa en contra del exmagistrado Rubén Darío Pinilla

Por Carlos González

En los últimos días se ha estado moviendo por redes sociales una imagen relacionada, al parecer, con la investigación en curso contra del expresidente Álvaro Uribe, acusado de soborno y fraude procesal en un caso de manipulación de testigos.

En esta imagen se afirma no solo que el exmagistrado Rubén Darío Pinilla Cogollo “ordenó iniciar la investigación contra Alvaro Uribe Vélez en época electoral”, sino además que fue guerrillero del M-19 y participó en la toma del Palacio de Justicia.

Publicación falsa sobre magistrado Pinilla

Colombiacheck encontró que estas dos afirmaciones son falsas.

Por una parte, no es claro a qué investigación se refiere la imagen. Rubén Darío Pinilla no pudo haber comenzado la investigación actual contra Uribe, pues fue magistrado del Tribunal Superior de Medellín (y no de la Corte Suprema, la entidad que tiene a cargo la investigación contra Uribe que se ha movido en estos días) hasta 2017. Ese año renunció a su cargo a través de una carta en la cual aclaró que no estaba de acuerdo con algunas decisiones que venían tomando varios jueces. 

Sin embargo, Pinilla sí inició una investigación en contra de Uribe en 2013 (año en la que no hubo elecciones ni presidenciales, ni legislativas, ni locales en Colombia) por supuestos vínculos con el paramilitarismo y su relación con las masacres de El Aro y La Granja.

(Lea aquí la providencia de Pinilla contra Uribe)

A causa de esa investigación, Uribe mismo ya había afirmado, por lo menos desde 2015, que Pinilla había sido integrante de la guerrilla del M-19, pero sin dar pruebas de su afirmación.

Desde principios de este año, Uribe ha aumentado los ataques contra Pinilla. En febrero, por ejemplo, dijo: “Pido a la Fiscalía y a la Procuraduría adelantar la investigación al exmagistrado Rubén Dario Pinilla Cogollo, exmilitante del M19, que de acuerdo con testigo, que comuniqué a la Fiscalía y a la Procuraduría, puede estar involucrado en el holocausto del Palacio de Justicia”. Sin embargo, nunca reveló el nombre del testigo, ni las pruebas de esas declaraciones.

Pinilla nunca ha dicho haber sido parte del M-19, a pesar de que es de conocimiento público la militancia de buena parte de los desmovilizados de esa guerrilla (que entregó las armas en 1990) que ahora ocupan cargos públicos. Por ejemplo, Everth Bustamante, exsenador del Centro Democrático, el partido del presidente Uribe, fue militante de esa guerrilla.

Además, las fechas de la carrera laboral de Pinilla no cuadran con una supuesta militancia en el M-19. Según un perfil de El Tiempo, el abogado nació en Montería en 1956 y muy joven se trasladó a Medellín. Según su hoja de vida, Pinilla estudió la carrera de derecho en la Universidad de Antioquia, de donde se graduó en 1980 y en donde, según el perfil de El Tiempo, coincidió con Álvaro Uribe en asambleas estudiantiles.

En 1970, cuando se formó el M-19, Pinilla apenas tenía 14 años. Nueve años después, justo antes de graduarse de derecho, el exmagistrado empezó a trabajar como segundo juez del juzgado civil de Turbo, Antioquia. Después pasó a ocupar el mismo cargo en Fredonia, Antioquia, y luego empezó a trabajar, entre 1981 y 1989, como fiscal de los juzgados 8 y 15 Superior de Medellín. Así que en 1985, cuando fue la toma del Palacio de Justicia, Pinilla era funcionario público.

Su esposa Gloria López, en declaraciones a El Tiempo, reseñó que Pinilla “entró a la universidad a los 16 años, fue juez a los 22 y magistrado a los 33”.

En 1989 (un año antes de la desmovilización del M-19), empezó a desempeñarse como magistrado de conocimiento de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín. En 2011 pasó a ser magistrado de la Sala Penal del mismo Tribunal, del cual fue presidente entre 2005 y 2007.

Desde marzo, aunque Pinilla ya no hace parte de la rama judicial, el exmagistrado ha denunciado amenazas de muerte a causa de las acusaciones de Uribe.