En los últimos dos meses, la Comisión de la Verdad fue publicando uno tras otro los 10 capítulos de su Informe Final. En los primeros días varios internautas aseguraron que el informe no contó los hechos en los que las Farc tenía responsabilidad, se advertía un sesgo en contra de la Fuerza Pública y volvió a levantar revuelo por las cifras de ‘falsos positivos’. Aun con todos los capítulos publicados, varias de estas afirmaciones se mantuvieron en redes sociales.

Algunos de estos se atrevieron a dar un “resumen” del documento, como lo hizo Renata Sokolov Andrade, una cuenta de Twitter que dice pertenecerle a una politóloga. Según este usuario, los documentos de la Comisión de la Verdad plantean que las “FARC era un grupo de scouts inconformes”, el “M19 si a caso asesinó a 2 personas y de resto pues eran perseguidos por el Estado sin razón” y “Los del ejército nacional (sic) son los culpables de todo el conflicto y muertos”.

Y aunque el trino fue escrito en un tono sarcástico, de fondo, las afirmaciones hechas pretenden desinformar sobre el informe final de la CEV. Con más de 685 retweets y 1.399 me gusta, desde Colombiacheck analizamos cada una de las afirmaciones y encontramos que todas son falsas. 

“FARC era un grupo de scouts inconformes”

Desde el primer capítulo del Informe que la Comisión reveló, titulado Hallazgos y Recomendaciones, se precisa que a las FARC se le podía caracterizar, entre 1964 y 1977, como una “guerrilla partisana, defensiva en lo militar, con un lento crecimiento territorial y organizativo, y prácticamente confinada en los territorios de colonización armada donde lograron la construcción de fuertes lazos de identidad política y comunitaria con la población civil”. 

Entre 1978 y 1991, las FARC pasaron a una fase de guerrilla ofensiva y emprendieron un plan estratégico hacia la toma del poder. “A su vez, comenzó su inserción gradual en las economías regionales de la coca, lo cual transformó de manera radical las relaciones que había establecido esta guerrilla con los pobladores en sus zonas de influencia”, se lee en ese capítulo.

Y agrega que “las FARC-EP llevaron a cabo grandes operativos militares contra bases del Ejército o la Policía, como el ataque a Patascoy (Nariño), Las Delicias (Putumayo), la base antinarcóticos de la Policía en Miraflores (Guaviare) o el ataque a Mitú (Vaupés), entre otros”. Lo que representó un cambio de la guerra de guerrillas a una movilización de fuertes contingentes de guerrilleros y enfrentamientos bélicos con cientos de efectivos. 

Además es preciso en graficar que los principales responsables del secuestro fueron las FARC, solo superada por el ELN entre mediados de 1988 a inicios de 1990. Además, entre 1990 al 2002 fueron los principales responsables de reclutar menores para la guerra, presentando un pico en 1999 con más de mil jóvenes reclutados. 

Asimismo, describe varias de las tomas guerrilleras en la que las FARC tienen responsabilidad, como las de Granada, Antioquia (1998 y 2000); Almaguer, Cauca (2001); Colombia, Huila (2000); Caldono, Cauca (1998); Roncesvalles, Tolima (2000); Puerto Saldaña, Tolima (2000); y San Juan de Arama, Meta (1997).

Por eso es falso decir que el Informe Final se empeña en presentar  a los miembros de las FARC como "scouts inconformes".

“M19 si a caso asesinó a 2 personas y de resto pues eran perseguidos por el Estado sin razón” 

Tras el fraude de las elecciones presidenciales de 1970, en las que Misael Pastrana Borrero asumió la presidencia sobre Gustavo Rojas Pinilla, surgió el Movimiento 19 de Abril, conocido como M-19. En este, se alzaron en armas militantes urbanos que desertaron de las FARC y de miembros de la Alianza Nacional Popular (Anapo), extinto partido político.

Así lo precisa el Informe Final y describe un importante número de crímenes en los que ese grupo guerrillero tiene responsabilidad, como Colombiacheck ya lo había publicado semanas atrás. Uno de esos crímenes fue el reclutamiento de menores, es el caso del municipio de Chaparral, Tolima, en el que el M-19 reclutó fuertemente en la década de los ochenta.

Sobre el secuestro, la Comisión señala que esa guerrilla conformó estructuras especiales para cada una de las etapas del secuestro, adaptó casas para mantener encerradas y aisladas a sus víctimas y se alió con bandas criminales para obtener información o comprar secuestrados. 

Los plagiados eran retenidos en lo que esa guerrilla llamaba “cárcel del pueblo”. Como ocurrió con Miguel de Germán Ribón, el 25 de marzo de 1978 en Bogotá. Lo mantuvieron en una casa de clase media en Bogotá, donde habían cavado un sótano que contenía entre ocho y diez celdas estrechas e individuales y un pasillo por donde podían caminar los secuestrados. En septiembre del mismo año fue liberado, tras el pago que hicieron sus familiares. 

“A partir de los setenta, dicha práctica comenzó a hacerse más recurrente y a extenderse por el territorio nacional. El M-19 fue el principal grupo que llevó a cabo estas acciones como un instrumento central para el desarrollo de la guerra y tuvo fines tanto extorsivos como de propaganda o presión política”, se lee en el capítulo Hasta la Guerra tiene límites.

Entre febrero y abril de 1976, el M-19 secuestró y asesinó a José Raquel Mercado, sindicalista de la Confederación de Trabajadores de Colombia. También se menciona el secuestro, el 29 mayo de 1978 en Bogotá, de Nicolás Escobar Soto, gerente de la Texas Petroleum Company, quien murió el 3 de enero del año siguiente mientras se desarrollaba la operación de rescate por parte del Ejército.

No todos sufrieron un final fatídico. El 19 de agosto de 1977, fue secuestrado Hugo Ferreira, exministro de Agricultura y gerente general de Indupalma S. A., posteriormente liberado en el Paro Cívico Nacional de 1977. 

En los ochenta, los casos de secuestro incrementaron. Un ejemplo es la toma de la Embajada de la República Dominicana, en la que el M-19 retuvo a 16 diplomáticos, entre el 27 de febrero y el 25 de abril de 1980 en Bogotá.  El 29 de mayo de 1988, el M-19 también secuestró al político conservador Álvaro Gómez Hurtado en Bogotá. Con el secuestro, el grupo armado pretendía iniciar una nueva agenda de diálogo con el gobierno de Virgilio Barco (1986-1991) a través de la convocatoria a una «Cumbre de Salvación Nacional» con distintos sectores políticos y sociales.

El otro gran tema que menciona el Informe final es la toma por parte del M-19 del Palacio de Justicia y la retoma por las Fuerzas Armadas, entre el 6 y 7 de noviembre de 1985, “ también marcaron un punto de inflexión en el crecimiento de las desapariciones forzadas”, precisa en el tomo Hasta la guerra tiene límites. Un hecho de la guerra del que se señala al M-19 de mantener secuestradas a más de 300 personas durante día y medio, con el objetivo declarado de forzar una negociación política, y que tras la incursión militar dejó más de 100 muertos y por lo menos once desaparecidos y varios sobrevivientes fueron objeto de torturas.

Sobre la supuesta persecusión que refiere el trino objeto de este chequeo, en Hasta la guerra tiene límites, la Comisión de la Verdad recuenta varios casos de tortura que sufrieron integrantes de esa guerrilla a manos de la Fuerza Pública, con el objetivo de sacar información sobre el M-19 y conseguir acciones cortas como la recuperación de la espada de Simón Bolivar, robada por esos guerrilleros de la casa Quinta de Bolívar el 17 de enero de 1974. Uno de los casos que recoge es el de la exsenadora y exguerrillera del M-19, Vera Grabe.

De esta manera, es falso señalar que el Informe Final muestra únicamente a los exguerrilleros del M-19 como víctimas “perseguidas por el Estado”.

“Los del ejército nacional (sic) son los culpables de todo el conflicto y muertos”

En el capítulo de Hallazgos y Recomendaciones se establece la responsabilidad de las Fuerzas Militares al operar, en acción u omisión, con tropas paramilitares para arreciar con la presencia de guerrillas como las FARC y el ELN, tal como ocurrió desde 1997 en el Caribe, en especial en los Montes de María y las sabanas de Córdoba y Sucre, la zona bananera del Magdalena, la Sierra Nevada de Santa Marta, el sur de La Guajira y la serranía del Perijá.

El Informe Final también señala que la Fuerza Pública es responsable de infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) en el marco del conflicto armado, sin embargo, en la página 192 de su primer capítulo precisa que la responsabilidad recae sobre el Estado: “Lo más importante, ante el hecho de que el Estado no había logrado ganar la legitimidad y confianza de sus pobladores frente a las conflictividades sociales, políticas, económicas e incluso ambientales, allí la regulación armada y el control violento fueron asumidos por los grupos armados”.

Por otro lado, como lo habíamos verificado ya en Colombiacheck, la Comisión de la Verdad sí estableció la responsabilidad de diferentes actores armados en el conflicto y no sólo de la Fuerza Pública.

Sobre la antigua guerrilla más grande del país, señala que “las crueles acciones ejecutadas por las FARC-EP tuvieron impacto en el relato y en las imágenes de las personas secuestradas; los ataques a comunidades y los atentados con bombas pusieron en evidencia la inhumanidad de las situaciones vividas”. Así se lee en la página 56 del capítulo de Hallazgos y Recomendaciones.

Del ELN cuenta, en la página 103 de ese mismo documento, que “se consolidó en Arauca y regiones de explotación de oro (Chocó, Cauca, Sur de Bolívar, entre otras) en las que hicieron pactos políticos con sectores tradicionales y expoliaron rentas públicas o se sumaron a la explotación ilegal de los recursos naturales”.

Sobre los grupos armados ilegales ubicados en el espectro político opuesto al de las guerrillas, la Comisión de la Verdad afirma que “las masacres y atrocidades perpetradas por grupos paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), como parte de una estrategia de terror en todo el país, en muchos casos no provocaron una indignación social o una movilización de las conciencias frente a lo intolerable”.

Por eso es falso que a los únicos que se les señala de tener responsabilidad en las dinámicas del conflicto sea al Ejército, pues está claro que tanto las guerrillas como los paramilitares fueron documentados en el informe final por los diversos crímenes que cometieron en el marco del conflicto armado colombiano.

(*) Este texto hace parte del proyecto Memorias del Conflicto que verifica la desinformación que circula en redes sociales sobre el Informe Final de la Comisión de la Verdad y es financiado por el Centro Internacional de Justicia Transicional y la Embajada de Noruega en Colombia.