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Jueves, 07 Julio 2022

El informe de la Comisión de la Verdad no “absuelve terroristas”, como lo dijo Uribe

Por Pablo Navarrete

Una de las figuras que ha demostrado públicamente su descontento luego de la publicación del informe es el expresidente. Este chequeo cuenta por qué el informe final del conflicto no habla de absolución.

Son muchas las voces disonantes frente al informe final del conflicto armado entregado el 28 de junio por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV). Una de las más críticas es la del expresidente de Colombia y líder del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, quien en su cuenta de Twitter aseguró, el pasado primero de julio, que el mencionado informe “absuelve terroristas”.

En su tuit, el exmandatario asegura lo siguiente: “Comisión de la Verdad: Nació de desconocer un plebiscito; Su informe absuelve terroristas que determinaron el nacimiento de otros; Su sesgo contra las FFAA y sectores productivos aumenta la fractura  entre colombianos. Necesario cotejar con Aporte a la Verdad de Mindefensa”.

 

En Colombiacheck decidimos verificar si, como lo señala Uribe, el informe de la Comisión “absuelve terroristas” y encontramos que esta afirmación es falsa por los siguientes motivos: 

En primer lugar, nos comunicamos con la jefa de prensa del expresidente, para saber en qué argumento o fuente se basó su afirmación, pero al momento de publicarse este chequeo, seguíamos sin obtener respuesta. 

Como lo detallamos en este explicador publicado el pasado 28 de junio y titulado “Qué es el informe final de la Comisión de la Verdad”, el mandato de esta entidad es claro en afirmar que “la Comisión no juzga y el objeto del informe no busca señalar a nadie, pues pretende superar el negacionismo de los hechos que conforman el conflicto colombiano y promover la sensibilidad de la sociedad para responder a las expectativas de las víctimas, de los responsables y así trascender hacia un proceso de reparación colectiva”.

Más particularmente, en el artículo 4 del decreto 588 de 2017, se establece que el carácter de la entidad no es judicial: “La CEV será un mecanismo extrajudicial. Por tanto sus actividades no tendrán carácter judicial, ni servirán para la imputación penal ante ninguna autoridad jurisdiccional. La información que reciba o produzca la CEV no podrá ser trasladada por ésta a autoridades judiciales para ser utilizada con el fin de atribuir responsabilidades en procesos judiciales o para tener valor probatorio, ni las autoridades judiciales podrán requerírsela”.

Aquí vale la pena indicar que, contrario a lo que indica Uribe en su tuit, el mandato de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, indica en su numeral 2 del aparte ‘Mandato, funciones, atribuciones y metodología’ que:

“La CEV tendrá como mandato esclarecer y promover el reconocimiento de Las responsabilidades colectivas del Estado, incluyendo del Gobierno y los demás poderes públicos, de las FARC-EP, de los paramilitares, así como de cualquier otro grupo, organización o institución, nacional o internacional, que haya tenido alguna participación en el conflicto”, centrando así su misión en el esclarecimiento de los hechos acaecidos durante el conflicto para explicar el impacto humano, social y emocional que trajo consigo las acciones cometidas por los múltiples actores que participaron en la guerra. 

Adicionalmente, Gonzalo Sánchez, experto en construcción de memoria y temas relacionados con el conflicto, le dijo a Colombiacheck que “de tener un papel judicial, los investigadores de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, así como las comunidades y actores que hablaron estarían en peligro. La Comisión de la Verdad tiene una función sanadora y eso se verá en el informe final”.

Agregó Sánchez que “el informe no opina ni hace señalamientos individuales, solo esclarecerá y promoverá el reconocimiento de responsabilidades colectivas (salvo que una persona, por voluntad propia, reconozca su responsabilidad y papel en un hecho específico). La Comisión mostrará en su informe los resultados de la investigación, eso será lo que leerá el país”.

Pero antes de ver lo que advierte el informe en relación a las responsabilidades de los distintos actores armados en el conflicto, en Colombiacheck quisimos saber lo que, según el Código Penal en relación al terrorismo. De acuerdo con el artículo 343 del Código, el terrorismo está tipificado como un delito que “El que provoque o mantenga en estado de zozobra o terror a la población o a un sector de ella, mediante actos que pongan en peligro la vida, la integridad física o la libertad de las personas o las edificaciones o medios de comunicación, transporte, procesamiento o conducción de fluidos o fuerzas motrices, valiéndose de medios capaces de causar estragos”. 

Teniendo en la cuenta lo que el Código Penal concibe como terrorismo, podríamos volver a leer este chequeo en el que detallamos un aparte de la página 231 del  informe final en el que se explica que “las guerrillas utilizaron entre sus estrategias de guerra el secuestro y los asesinatos selectivos, además de los ataques a infraestructuras, incluyendo aquellas que estaban en las comunidades o en las ciudades, así como las tomas guerrilleras, orientadas a destruir instalaciones militares u otras, con enorme afectación a las propias comunidades por combates en las comunidades, con afectación, entre otras, a las escuelas, o el uso de cilindros-bomba y otras armas indiscriminadas como minas antipersona, que convirtieron los territorios y las comunidades en escenarios de violencia donde no había ningún respeto por la población civil”.

En ese sentido, se puede nombrar distintos actos de terrorismo que la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad indica en el capítulo de ‘Hallazgos y Recomendaciones’  informe como hechos claves en la historia del conflicto como, por ejemplo: “La caída del Muro de Berlín, la internacionalización del conflicto armado colombiano y la convergencia entre narcotráfico y guerra contrainsurgente, marcan el tercer momento de conexión, caracterizada por la intensificación del conflicto armado en el marco de la guerra contra las drogas y contra el terrorismo. De esta forma, los ojos de la comunidad internacional miraron con detenimiento a Colombia, pues desde inicios de los años 90 se hicieron los primeros llamados de atención frente a las violaciones a los derechos humanos cometidas por el Estado y los grupos paramilitares” (página 284). 

El documento también indaga en cómo desde la década de los años 50 se creó un discurso  en torno a los movimientos políticos alternativos y sociales, equiparándolos como el ‘enemigo’, esto “evolucionó en el tiempo con diferentes discursos y denominaciones, con una base siempre contrainsurgente (guerra contra las drogas y la guerra contra el terrorismo)” (página 495). 

Ahora bien, en el mismo capítulo de ‘Hallazgos y Recomendaciones’, el informe advierte que, como consecuencia de la guerra en Colombia, el “enojo social” se convirtió en una especie de coraza que “ha condicionado las respuestas frente al proceso de paz o ha sido utilizado para reforzar posiciones políticas. Esta emocionalidad, en la cual el resentimiento se dirige hacia un sector o lo que puede representar, atribuye perversidad a unos y bondad o heroísmo a otros, más allá y al margen de cualquier esfuerzo por ponerse en su lugar o de hacer un análisis objetivo de la realidad” (página 58).

Añade el texto que, “los malos, los agresores, los victimarios del Estado o los terroristas se convierten en alguien que condensa lo destructivo ligado a su identidad, sin posibilidad de negociación o cambio, predominando las respuestas estereotipadas y acusaciones inamovibles, estáticas, limitando las oportunidades de transformación o de diálogo. Estos estereotipos han funcionado en distintos momentos como dispositivos emocionales contra la búsqueda de acuerdos de paz, como en el plebiscito sobre el acuerdo de paz con las FARC-EP”. 

Por otra parte, el mismo documento señala que las distintas perspectivas que se pueden tener sobre la guerra tienen distintos niveles de apreciación que, frecuentemente, implican una “valoración moral, (...)  Para quienes han creído que se trataba de una guerra justa, se esperan héroes. Para quienes piensan que es una guerra injusta, se dirá probablemente que los responsables son psicópatas o terroristas” (página 83).

El informe profundiza en los testimonios y evalúa los hechos, indaga en las versiones de los perpetradores y pone en su lugar el papel que cumplieron los distintos bandos en los años de la guerra; por eso mismo, en el mismo capítulo de “Hallazgos y recomendaciones” del informe final se hace un recorrido amplio y detallado frente a las distintas acciones de quienes fueron actores vivos del conflicto.

Y así quedó consignado, “las acciones supuestamente heroicas del Ejército mostraron que lo presentado como resultado de la guerra era en realidad una muestra de la barbarie. Las acciones indiscriminadas de las FARC-EP no fueron errores, sino violaciones cometidas contra la población civil. Los horrores cometidos por los paramilitares no tienen justificación alguna y se extendieron mientras eran vistos por el Estado y parte de la sociedad como «un mal menor»”.

 

¿Hubo una absolución simbólica?

 

Más allá de las consideraciones del informe y las interpretaciones al mismo hechas por Álvaro Uribe, en el tuit objeto de este chequeo,  su afirmación puede causar confusión, por lo que contactamos a Kyle Johnson, investigador de la Fundación Conflict Responses. Él le dijo a Colombiacheck que la palabra absolver en el contexto mencionado por Uribe “tiene varios sentidos. Sin embargo, hay que ser claros en que la Comisión de la Verdad no puede absolver a nadie legalmente y tampoco puede acusar a nadie legalmente. Es común que las comisiones de la verdad responsabilicen a instituciones o colectividades pero en lo legal no absuelve ni juzga”.

Ahora bien, el investigador asegura que en un sentido más analítico, se puede absolver desde lo simbólico, “a través de la verdad no jurídica, a ciertos responsables. Pero la Comisión de la Verdad existe para decir lo que se hizo y no lo que no se hizo, entonces, en ese sentido es rara la afirmación de Uribe. El informe no absuelve a nadie, hay clara información de quién hizo qué, según los estimados estadísticos de lo que pasó en la guerra y, en ese sentido, no hay porqué absolver a nadie de hechos cometidos en el marco del conflicto”. 

En el ya mencionado capítulo de ‘Hallazgos y recomendaciones’, el informe es claro en anotar los ataques bélicos que distintos grupos armados dirigían hacia otras facciones armadas, poniendo en riesgo a comunidades enteras. 

En el caso de la guerrilla, el informe señala que “emplearon armas explosivas en espacios públicos, contra instalaciones militares o policiales en pueblos o ciudades y también contra bienes civiles, como escuelas, hospitales, iglesias, buses, empresas y negocios, ya fuera con una intencionalidad como parte de acciones de intimidación o ataques a sectores específicos o bien como ataques a instalaciones militares o convoyes que tuvieron este carácter indiscriminado. Los ataques incrementan el terror en las regiones, llevan a la quiebra a las víctimas, ocasionan desplazamiento forzado y dejan secuelas físicas y psicológicas en las víctimas sobrevivientes” (página 187). 

En el mismo capítulo se explica que las guerrillas utilizaron artefactos explosivos “para atacar objetivos militares, pero también para atentar directamente contra personas y bienes civiles. La base de datos de «atentados terroristas» del Centro nacional de Memoria Histórica (CNMH) distingue estos ataques indiscriminados entre los dirigidos contra objetivos militares y los dirigidos contra personas y bienes civiles, a los que se suman aquellos casos en los que no se pudo establecer el presunto objetivo. De las 676 víctimas civiles registradas en esa base, 77 % se dio en ataques a personas o bienes civiles, 21 % en ataques a objetivos militares y el 2 % restante contra objetivos no establecidos” (página 187).


El informe señala que, entre 2001 y 2009, las FARC y el ELN sembraron de manera indiscriminada minas antipersona con el objetivo de cercar las zonas que estaban bajo su control y ponerle así un alto al paso de la Fuerza Pública y a la expansión paramilitar. 

 

Casos de minas antipersona y municiones sin explotar, por fuente (1980-2022)

 

 

Fuente: Informe de la Comisión de la Verdad. Capítulo de Hallazgos y Recomendaciones. 

 

De acuerdo con datos tomados por la Comisión, “la responsabilidad, existe un desconocimiento alto de la autoría (47,6 %), el patrón del resto de los casos muestra que la responsabilidad fue especialmente de las FARC-EP (42,1 %) y el ELN (7,2 %)” (página 189). 

A su vez, el informe condensa índices de secuestros cometidos cometidos por guerrillas como M-19, FARC y ELN: “De 1995 a 2004 se incrementó el número de casos de manera vertiginosa: Se calcula que en esos 10 años hubo aproximadamente 38.926 víctimas (77 % del total de secuestros) y que solo entre 2002 y 2003 fueron 11.643 (23 % del total)” (página 161).

 

 Víctimas de secuestro por año, según la integración final de datos

Fuente: Informe de la Comisión de la Verdad. Capítulo de Hallazgos y Recomendaciones. 

 

La palabra absolver en el informe final

 

Ahora, de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, la palabra ‘absolver’ tiene los siguientes significados: 

“Liberar de algún cargo u obligación. Declarar libre de responsabilidad penal al acusado de un delito. En el proceso civil, desestimar, a favor del demandado, las pretensiones contenidas en la demanda. En la religión católica, remitir a alguien sus pecados en el tribunal de la penitencia, o levantarle las censuras en que hubiere incurrido”. 

Y, para saber si alguno de estos conceptos podría aplicar al desarrollo del contenido del informe final del conflicto de la Comisión, Colombiacheck contactó a Gustavo Gallón, abogado y director de la Comisión Colombiana de Juristas. Según él, “en estricto sentido, la Comisión de la Verdad no señala ni absuelve a nadie. Por lo formal, el expresidente está equivocado, pero, por lo sustancial, también, pues la Comisión de la Verdad no tiene una responsabilidad judicial, sino social, por lo que no puede absolver a nadie”. 

Gallón también advierte que el mandato de la Comisión se sostiene, a su vez, por varios pilares: “La Comisión tiene un triple objeto: esclarecer lo ocurrido durante el conflicto, reconocer a las víctimas y promover la convivencia en los territorios a partir de lo publicado en el informe final, en ningún lado se busca absolver a nadie, eso no es competencia de la Comisión”.

También buscamos en los capítulos publicados del informe si en algún lado se hacía referencia a la palabra ‘absolver’ ó ‘absolución’. Y encontramos que ‘absolver’ se encuentra 2 veces. La primera en el Capítulo de “Hallazgos y recomendaciones” (página 510) al hacer referencia a la absolución del general Faruk Yanine Díaz, militar señalado por varios exparamilitares de haber sido padrino de las Autodefensas del Magdalena Medio e investigado por su presunta participación en la masacre de La Rochela.

La segunda vez aparece en el capítulo testimonial (página 372), en el aparte titulado ‘Dolores que congregan’:  “La respuesta está en el seno de «Dolores que congregan», donde se narran las hermandades que nacieron del reconocimiento del dolor, de ese tejido de afectos y sentimientos que produjo la experiencia común de la violencia. Todas las sociedades –todos los seres humanos– necesitan explicar el sufrimiento, y más cuando trata de absolverlos en su existencia. De esas explicaciones surgen las religiones o los grandes sistemas de pensamiento”.

Y, contrario a una absolución, los capítulos hasta ahora publicados del informe ofrecen un detallado recorrido por distintos episodios y facciones de la guerra, como por ejemplo, la mutación que tuvo el fenómeno del paramilitarismo en Colombia: su relación con la fuerza pública, los entramados que se desarrollaron desde los altos mandos de las estructuras paramilitares para la acumulación del poder, el fortalecimiento del terror como estrategia de control territorial y el ingreso del paramilitarismo en las instituciones estatales. También, publica en el mismo apartado (“Hallazgos y recomendaciones”) varias gráficas que ilustran el movimiento paramilitar en los años de la guerra: 

 

 Distribución territorial de las acciones violentas de las AUC en 1997

 

Fuente: Informe de la Comisión de la Verdad. Capítulo de Hallazgos y Recomendaciones. 


 

Distribución territorial de las acciones violentas de las AUC en 2002

 

Fuente: Informe de la Comisión de la Verdad. Capítulo de Hallazgos y Recomendaciones. 

Por todo lo que alberga el informe y por la información utilizada para su formulación, por el mandato que la rige y el objeto de su existencia extrajudicial, así como los retos que tiene de cara a la ruta del esclarecimiento de la verdad de los hechos ocurridos en el marco del conflicto, reiteramos que el informe no absuelve a ningún grupo terrorista, por lo que calificamos lo señalado por Álvaro Uribe como falso.  

 

 

 

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Sábado, 09 Septiembre 2017

¿Sabía que hace cinco años morían dos campesinos diarios por minas antipersonas?

Por Óscar Felipe Agudelo B.

En un solo trino Ernesto Samper dijo dos cosas falsas. No es cierto que en Colombia murieran dos campesinos al día por minas antipersonal, ni que haya terminado el desminado de 10.000 kilómetros cuadrados. En este último caso replicó, sin verificar, una información de El Tiempo.

El pasado jueves 17 de agosto el presidente Juan Manuel Santos estuvo en Cocorná, Antioquia. Allí anunció que catorce municipios ya están libres de sospecha de minas antipersonal y que en otros 152 se avanzó en la liberación de territorios a través de la cualificación de información, actividad en la cual, por medio de consejos de seguridad en cada municipio, se verifica o se completa la información registrada en el Sistema de Gestión sobre Minas Antipersonal, de esa forma se descarta la sospecha o presencia de minas antipersona, permitiendo declararlos libres de reporte de contaminación.

Según el anuncio del Presidente, en el último año, “a través de operaciones de despeje y de cualificación de información, el país logró liberar 1.593.411 metros cuadrados. A la fecha, los metros cuadrados liberados alcanzan 4.233.687, frente a una estimado total de 52 millones de metros cuadrados”.

 

 

El anuncio fue replicado desde las cuentas de Twitter no solo de Santos, sino también de Rafael Pardo, Alto Consejero para el Posconflicto. Ambos funcionarios publicaron datos sobre el avance en desminado humanitario que adelanta el Gobierno para dar cumplimiento a uno de los compromisos del Acuerdo de Paz, específicamente el 3.1.7.1 que menciona “la limpieza y descontaminación de los territorios afectados por minas antipersonal”.

 

 

Para cumplir con el compromiso sobre desminado el Gobierno se ha puesto la meta de tener el territorio libre de esos artefactos antes del 2021, así está explícito en el sitio web del programa Descontamina Colombia, el cual está a cargo de la Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal, entidad que depende de la Presidencia de la República pero que coordina el Alto Consejero Presidencial para el Posconflicto, es decir, el propio Pardo.

 

 

Un día después de este anuncio el expresidente liberal, Ernesto Samper Pizano, se sumó a los buenos comentarios que sobre el panorama de la erradicación de las minas antipersonal en Colombia se hacían por las redes sociales y trinó:

 

 

Samper, quien también fue Secretario General de Unasur, no solo se refirió al número de kilómetros cuadrados que se terminaron de desminar sino que hizo referencia al supuesto costo, en términos de vidas humanas, que este flagelo generaba en Colombia hace cinco años, es decir, en 2012.

Varios usuarios de Twitter como Tania Vargas y César Burgos, entre otros, reaccionaron a su trino con incredulidad. Colombiacheck decidió verificar qué tan cierto es lo que afirmó Samper.

 

 

Para ello consultamos al expresidente sobre la fuente que respalda su aseveración pero no obtuvimos una respuesta clara. A través de su vocero de comunicaciones dijo que tomó las cifras de un artículo de El Espectador, sin embargo, no pudimos encontrarlo.

Actualización

Una vez publicado este chequeo, el domingo 10 de septiembre en horas de la mañana contactó a Colombiacheck la oficina de comunicaciones de Samper, ellos aclararon que la publicación referida fue realizada en el diario El Tiempo y nos enviaron el enlace a un artículo publicado por esa casa editorial el pasado 17 de agosto (firmado por los periodistas Michelle Quiñones y Javier Forero), cuyo título es: Santos declara a 14 municipios del país libres de minas antipersonal.

En el quinto párrafo de dicho texto se lee lo siguiente: "En total, la brigada de desminado humanitario del Ejército liberó a nivel nacional 10.000 kilómetros cuadrados. En desarrollo de la labor en estos 14 municipios se encontraron 39 minas, de las cuales solo en Cocorná se destruyeron 26; las otras 13 se destruyeron en Sabana de Torres". Así las cosas, es claro que al expresidente liberal esta publicación lo indujo al error, pero también que ni él ni su equipo de comunicaciones se tomaron el tiempo para revisar los datos disponibles y replicaron la información sin verificarla, una práctica reprochable dada su importancia como figura pública (expresidente de Colombia, exsecretario general de Unasur) y formador de opinión.

Sobre el dato errado en la publicación de nuestros colegas de El Tiempo, no conocemos los pormenores, pero esperamos que los revisen y aclaren.

Con este punto aclarado, Colombiacheck buscó la fuente oficial de los datos por eso recurrimos al programa Descontamina Colombia. Allí nos remitieron las cifras de muertos y heridos por minas antipersonal registrados en el país desde 1990 y hasta julio de 2017.

Las estadísticas sobre este tipo de víctimas se dividen en dos categorías: civiles y miembros de la Fuerza Pública. No aparecen desagregadas las cifras por campesinos, sin embargo, voceros del programa Descontamina Colombia nos explicaron que dentro de los civiles se encuentran registrados los campesinos.

Aunque de acuerdo con los datos oficiales es imposible conocer con exactitud cuántos de los civiles que murieron o fueron heridos por minas antipersonal son campesinos, quisimos conocer el promedio de civiles muertos por la explosión de este tipo de artefactos y compararlo con lo que afirmó Samper.

Según el tuit del expresidente liberal, recordado por la infiltración de dineros del narcotráfico en la financiación de su campaña, “hace 5 años morían dos campesinos diarios”, lo cual significa que en el año 2012 debieron morir 730 campesinos en total, víctimas de las minas antipersonal, cifra que resulta de multiplicar los días del año (365) por dos, tal como dijo Samper.

Pero los datos oficiales tomados del programa Descontamina Colombia dicen una cosa muy diferente: los civiles muertos por minas antipersonal en 2012 fueron apenas 52 personas, guarismo que incluye a los campesinos, lo cual muestra una diferencia abismal con la frase publicada por Samper.

Si además buscamos obtener el promedio de civiles muertos en 2012 por minas antipersonal, y entonces dividimos los 52 casos registrados por los 365 días del año, obtenemos que cada día murieron apenas 0.14 civiles (incluidos los campesinos) por este flagelo en Colombia. Cifra muy lejana a los dos campesinos que según Samper morían a diario en Colombia por ese flagelo.

¿Desminado imaginario?

Colombiacheck verificó si en en el país ya se terminó de desminar el número de kilómetros cuadrados que adujo el expresidente y encontró que, de acuerdo con la información del programa Descontamina Colombia, esa afirmación tampoco es cierta.

Al mencionar la cantidad de territorio desminado, dicho programa no lo hace en kilómetros cuadrados (como lo hizo Samper) sino en metros cuadrados. Pero haciendo una sencilla conversión es posible determinar la cantidad del territorio desminado y expresarla en kilómetros cuadrados.

Los 52 millones de metros cuadrados que se estima es el área total del territorio colombiano que se encuentra contaminada por minas antipersonal, corresponde a 52 kilómetros cuadrados.

De ese universo total el Gobierno informó que ya se han liberado 4.233.687 metros cuadrados, lo que equivale a 4.2 kilómetros cuadrados. Y de acuerdo con el programa Descontamina Colombia, de donde se tomaron todas las cifras para este chequeo, “el último año se logro liberar 1.593.411 metros cuadrados de territorio”, lo cual corresponde tan solo a 1.5 kilómetros cuadrados.

Según el trino de Samper, Colombia habría terminado de desminar un área de 10.000 kilómetros cuadrados que expresados en metros cuadrados son 10.000 millones, lo que equivale a una superficie de terreno equivalente a la suma de las áreas de los departamentos de Caldas (7.888 kilómetros cuadrados) y Quindío (1.845 kilómetros cuadrados), y todavía faltarían 267 kilómetros cuadrados para completar los diez mil.

Por todos los datos aquí consignados, Colombiacheck califica las dos afirmaciones del trino del expresidente liberal como desproporcionadas y falsas.

Con su publicación en Twitter Samper puede confundir a los lectores, por eso vale la pena aclarar que las víctimas por este flagelo en Colombia sí han descendido de manera considerable, como lo corroboran las cifras conseguidas y publicadas por Colombiacheck para esta verificación.

Los resultados muestran que en los primeros siete meses de este año solo se han presentado dos muertos por la explosión de minas antipersonal, un civil y un miembro de la fuerza pública. De mantenerse esa estadística, 2017 sería el año con menos muertos por este flagelo desde 1990, cuando comenzaron a llevarse los registros oficiales.

Precisamente 1990 es hasta ahora el año en el que menos muertos por minas antipersonal hubo. Solo 12 personas, un civil y el resto miembros de la fuerza pública. El año con más víctimas fue 2006, cuando se registraron 1.232 afectados sumando heridos y muertos.