El candidato que encabeza la lista al Senado por el partido Movimiento de Salvación Nacional (MSN), José Miguel Santamaría, aseguró en un debate de Caracol Radio del 10 de febrero de 2022 que: “La reforma a la justicia lleva tramitándose 20 años y no ha salido adelante”.

Cuando consultamos con su equipo de comunicaciones las fuentes en las que se basaba para esa declaración nos respondieron que “en cualquier página de noticias de internet salen los intentos fallidos de reforma a la justicia”. Y agregaron las razones: “No han prosperado y todo ha acabado en un choque de trenes porque hay mucha gente que no está de acuerdo con este cambio”.

Santamaría repitió estas declaraciones en una entrevista con El Espectador el 28 de febrero de 2022. Allí dijo que su partido está trabajando en un “proyecto integral” de la reforma a la justicia y que el Congreso no ha “sacado una reforma integral a la justicia”. En una columna de Semana, Santamaría dice que la Constitución de 1991 generó un desbalance que se debe corregir con una nueva reforma.

Pero el candidato no es el primero que plantea, en época electoral, el asunto de reformar la justicia. En las elecciones de 2018, algunos candidatos a la Presidencia también incluyeron el tema en sus programas de propuestas o, al menos, lo discutieron en el debate público.

Humberto de la Calle, quien ahora aspira al Senado, publicó un trino en ese entonces con una idea para la reforma. Por su parte, Germán Vargas Lleras propuso un referendo para reformar la justicia. También lo dijo Iván Duque, hoy presidente, en una entrevista con El Tiempo, antes de esos comicios. 

En Colombiacheck decidimos verificar la afirmación de Santamaría, teniendo en cuenta como referencia los últimos 20 años, es decir, desde el primer gobierno del expresidente Álvaro Uribe (2002-2006) hasta el mandato actual de Duque.

Sí ha habido propuestas fallidas para reformar la justicia, incluso recientemente cuando se archivó la reforma de diciembre de 2018, pero es cuestionable la afirmación de que esta “lleva tramitándose 20 años”. En este artículo de la revista Derecho del Estado de la Universidad Externado, Manuel Fernando Quinche, doctor en derecho y exmagistrado auxiliar de la Corte Constitucional, examina un número significativo de reformas estructurales que se han hecho al sistema de justicia en Colombia, incluyendo 55 enmiendas constitucionales. Tanto así que revisa tres escenarios o tipos de reformas y las considera según cómo se originaron: si en el Congreso o por iniciativa del Presidente.

“Ha habido muchas reformas”, dice el director de investigación del Sistema Judicial en Dejusticia, César Valderrama, “y abarcan aspectos diferentes, unas son más procesales o de la justicia ordinaria y otras que no cambian algo del sistema de justicia sino que incorporan algo nuevo, por ejemplo con el Acuerdo de Paz”.

Valderrama incluso alude a uno de los cambios más importantes en el sistema de justicia en los últimos 20 años, el paso de un sistema inquisitivo a uno acusatorio, cuyos cambios están contenidos en el Acto Legislativo 03 de 2002. Este se implementó progresivamente en los años siguientes.

En el Sistema Penal Acusatorio, las funciones de investigación recaen sobre la Fiscalía General de la Nación y, por ende, le otorga mayor autonomía, según un estudio de Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ) y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) que evaluó los primeros diez años de este modelo en el país.

También hacen parte de este sistema otros cambios sustanciales, como que los procesos judiciales sean orales –en el sistema inquisitivo la mayoría se daban por escrito– y que las pruebas o evidencias para acusar sean públicas y, en consecuencia, que el acusado pueda refutarlas.

En su artículo, Quinche menciona que los actos legislativos, o enmiendas, como esta que modifica la Constitución y reglamenta el sistema acusatorio, son también llamadas en Colombia “reformas constitucionales” (p. 298) que entran en el grupo que el autor revisa de reformas a la justicia.

Las principales reformas de los gobiernos desde 2002

Desde el gobierno del expresidente Álvaro Uribe, se han impulsado proyectos para reformar la justicia. No todos han prosperado pero sí algunas han entrado en vigencia y han modificado algunos aspectos del sistema.

En el primer gobierno de Uribe, el entonces ministro del Interior y de Justicia, Fernando Londoño, propuso un proyecto que terminó archivado. Dentro de sus disposiciones, pensaba acabar con el Consejo Superior de la Judicatura y modificar las altas cortes.

Luego, en el segundo mandato uribista (2006-2010), el ministro Fabio Valencia Cossio trató de reformar la justicia en medio de tensiones entre las ramas del poder, como reportó El Tiempo y se le cuestiona a Valencia Cossio en esta entrevista de Caracol Radio. Ese proyecto de reforma también fue archivado.

La tensión surgió, entre otras cosas, por los “fallos judiciales relacionados con el control de los estados de excepción decretados por ese presidente; las sentencias de la “parapolítica”; y la interceptación ilegal o ‘chuzadas’” (p. 302), menciona Quinche en su artículo.

Durante los gobiernos del expresidente Juan Manuel Santos también se radicaron dos proyectos de reforma judicial. El primero lo radicó Germán Vargas Lleras como ministro, pero Santos tuvo que objetar su propia reforma porque pudo haber paralizado procesos en contra de altos funcionarios por escándalos de corrupción, según reportó la BBC.

El segundo es el conocido proyecto de reforma de “equilibrio de poderes” (Acto Legislativo 02 de 2015), qué tenía algunas dudas, como la decisión de regular la tutela, según reportó en su momento La Silla Vacía. Esa enmienda fue declarada parcialmente inexequible (que no es acorde con la Constitución) por la Corte Constitucional, pero sí pasó todos los debates en el Congreso y tuvo sanción presidencial.

Gracias a esta reforma se eliminó la reelección presidencial en el país y se creó la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, que tiene la función de sancionar disciplinariamente a funcionarios y empleados de la Rama Judicial.

También existen otras reformas de carácter parcial. Por ejemplo, un acto legislativo que modifica la Justicia Penal Militar y dispone que se apliquen las normas del Derecho Internacional Humanitario a las conductas punibles de los miembros de la Fuerza Pública. Y, uno más conocido, el Acto Legislativo 01 de 2017, que crea el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR) con instituciones como la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Comisión de la Verdad y la Unidad para la Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD).

La “reforma integral” a la justicia

Santamaría dice en la entrevista con El Espectador que el partido MSN prepara una reforma integral a la justicia y, aunque no explica en qué consiste, menciona que actualmente el Congreso y las Cortes están cómodos con lo que hay y cita unos altos índices de impunidad. A Colombiacheck le dijo que lo que busca es hacer una reforma “donde los criminales, los corruptos y todos los que cometan acciones ilegales paguen por sus delitos”.

Pero Carolina Villadiego, asesora para América Latina de la Comisión Internacional de Juristas, dice que no es cierto que no se ha reformado el sistema para que los corruptos paguen sus delitos, y en otros aspectos del sistema de justicia: “Ha habido muchísimas”, advierte. Villadiego cita, justamente, el sistema penal acusatorio y además menciona que frecuentemente se modifica el Código Penal y se incrementan las penas en una suerte de ‘populismo punitivo’.

Además menciona que, más allá de eso, una reforma ‘integral’ o ‘estructural’ a la justicia es como “inventar todo el sistema”. La experta señala que algo así “implica modificar de manera sustantiva y estructural cómo funcionan las jurisdicciones y especialidades, así como reformar el gobierno judicial”, algo que, en su opinión, no es posible y “ni siquiera se hizo con la Constitución de 1991”, resalta.

Valderrama está en línea con esta apreciación y dice ser partidario de que una reforma a la justicia debe comprender cualquier tipo de modificación: “no solamente las constitucionales, también por la vía legal se pueden hacer muchos cambios significativos a la justicia, incluso por vía de decreto”, como ejemplo cita la reforma que permitió la justicia virtual en medio de la pandemia, producto de un decreto presidencial.

En conclusión, calificamos como cuestionable la afirmación de Santamaría porque es inexacta. Si bien no se ha visto en veinte años un cambio estructural como el que promete realizar el partido Movimiento de Salvación Nacional (similar a los que trajo la Constitución), sí se han tramitado y aprobado enmiendas que modifican significativamente el sistema judicial y las cuales permanecen vigentes actualmente.