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Viernes, 04 Marzo 2022

Es cuestionable que “la reforma a la justicia lleva tramitándose 20 años” como dice José Santamaría

Por Juan Sebastián Lozada

Sí se han tramitado y aprobado enmiendas profundas al sistema judicial en aspectos señalados por el candidato al Senado, solo que él promete un cambio “integral” comparable a los que trajo la Constituyente.

El candidato que encabeza la lista al Senado por el partido Movimiento de Salvación Nacional (MSN), José Miguel Santamaría, aseguró en un debate de Caracol Radio del 10 de febrero de 2022 que: “La reforma a la justicia lleva tramitándose 20 años y no ha salido adelante”.

Cuando consultamos con su equipo de comunicaciones las fuentes en las que se basaba para esa declaración nos respondieron que “en cualquier página de noticias de internet salen los intentos fallidos de reforma a la justicia”. Y agregaron las razones: “No han prosperado y todo ha acabado en un choque de trenes porque hay mucha gente que no está de acuerdo con este cambio”.

Santamaría repitió estas declaraciones en una entrevista con El Espectador el 28 de febrero de 2022. Allí dijo que su partido está trabajando en un “proyecto integral” de la reforma a la justicia y que el Congreso no ha “sacado una reforma integral a la justicia”. En una columna de Semana, Santamaría dice que la Constitución de 1991 generó un desbalance que se debe corregir con una nueva reforma.

Pero el candidato no es el primero que plantea, en época electoral, el asunto de reformar la justicia. En las elecciones de 2018, algunos candidatos a la Presidencia también incluyeron el tema en sus programas de propuestas o, al menos, lo discutieron en el debate público.

Humberto de la Calle, quien ahora aspira al Senado, publicó un trino en ese entonces con una idea para la reforma. Por su parte, Germán Vargas Lleras propuso un referendo para reformar la justicia. También lo dijo Iván Duque, hoy presidente, en una entrevista con El Tiempo, antes de esos comicios. 

En Colombiacheck decidimos verificar la afirmación de Santamaría, teniendo en cuenta como referencia los últimos 20 años, es decir, desde el primer gobierno del expresidente Álvaro Uribe (2002-2006) hasta el mandato actual de Duque.

Sí ha habido propuestas fallidas para reformar la justicia, incluso recientemente cuando se archivó la reforma de diciembre de 2018, pero es cuestionable la afirmación de que esta “lleva tramitándose 20 años”. En este artículo de la revista Derecho del Estado de la Universidad Externado, Manuel Fernando Quinche, doctor en derecho y exmagistrado auxiliar de la Corte Constitucional, examina un número significativo de reformas estructurales que se han hecho al sistema de justicia en Colombia, incluyendo 55 enmiendas constitucionales. Tanto así que revisa tres escenarios o tipos de reformas y las considera según cómo se originaron: si en el Congreso o por iniciativa del Presidente.

“Ha habido muchas reformas”, dice el director de investigación del Sistema Judicial en Dejusticia, César Valderrama, “y abarcan aspectos diferentes, unas son más procesales o de la justicia ordinaria y otras que no cambian algo del sistema de justicia sino que incorporan algo nuevo, por ejemplo con el Acuerdo de Paz”.

Valderrama incluso alude a uno de los cambios más importantes en el sistema de justicia en los últimos 20 años, el paso de un sistema inquisitivo a uno acusatorio, cuyos cambios están contenidos en el Acto Legislativo 03 de 2002. Este se implementó progresivamente en los años siguientes.

En el Sistema Penal Acusatorio, las funciones de investigación recaen sobre la Fiscalía General de la Nación y, por ende, le otorga mayor autonomía, según un estudio de Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ) y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) que evaluó los primeros diez años de este modelo en el país.

También hacen parte de este sistema otros cambios sustanciales, como que los procesos judiciales sean orales –en el sistema inquisitivo la mayoría se daban por escrito– y que las pruebas o evidencias para acusar sean públicas y, en consecuencia, que el acusado pueda refutarlas.

En su artículo, Quinche menciona que los actos legislativos, o enmiendas, como esta que modifica la Constitución y reglamenta el sistema acusatorio, son también llamadas en Colombia “reformas constitucionales” (p. 298) que entran en el grupo que el autor revisa de reformas a la justicia.

Las principales reformas de los gobiernos desde 2002

Desde el gobierno del expresidente Álvaro Uribe, se han impulsado proyectos para reformar la justicia. No todos han prosperado pero sí algunas han entrado en vigencia y han modificado algunos aspectos del sistema.

En el primer gobierno de Uribe, el entonces ministro del Interior y de Justicia, Fernando Londoño, propuso un proyecto que terminó archivado. Dentro de sus disposiciones, pensaba acabar con el Consejo Superior de la Judicatura y modificar las altas cortes.

Luego, en el segundo mandato uribista (2006-2010), el ministro Fabio Valencia Cossio trató de reformar la justicia en medio de tensiones entre las ramas del poder, como reportó El Tiempo y se le cuestiona a Valencia Cossio en esta entrevista de Caracol Radio. Ese proyecto de reforma también fue archivado.

La tensión surgió, entre otras cosas, por los “fallos judiciales relacionados con el control de los estados de excepción decretados por ese presidente; las sentencias de la “parapolítica”; y la interceptación ilegal o ‘chuzadas’” (p. 302), menciona Quinche en su artículo.

Durante los gobiernos del expresidente Juan Manuel Santos también se radicaron dos proyectos de reforma judicial. El primero lo radicó Germán Vargas Lleras como ministro, pero Santos tuvo que objetar su propia reforma porque pudo haber paralizado procesos en contra de altos funcionarios por escándalos de corrupción, según reportó la BBC.

El segundo es el conocido proyecto de reforma de “equilibrio de poderes” (Acto Legislativo 02 de 2015), qué tenía algunas dudas, como la decisión de regular la tutela, según reportó en su momento La Silla Vacía. Esa enmienda fue declarada parcialmente inexequible (que no es acorde con la Constitución) por la Corte Constitucional, pero sí pasó todos los debates en el Congreso y tuvo sanción presidencial.

Gracias a esta reforma se eliminó la reelección presidencial en el país y se creó la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, que tiene la función de sancionar disciplinariamente a funcionarios y empleados de la Rama Judicial.

También existen otras reformas de carácter parcial. Por ejemplo, un acto legislativo que modifica la Justicia Penal Militar y dispone que se apliquen las normas del Derecho Internacional Humanitario a las conductas punibles de los miembros de la Fuerza Pública. Y, uno más conocido, el Acto Legislativo 01 de 2017, que crea el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR) con instituciones como la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Comisión de la Verdad y la Unidad para la Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD).

La “reforma integral” a la justicia

Santamaría dice en la entrevista con El Espectador que el partido MSN prepara una reforma integral a la justicia y, aunque no explica en qué consiste, menciona que actualmente el Congreso y las Cortes están cómodos con lo que hay y cita unos altos índices de impunidad. A Colombiacheck le dijo que lo que busca es hacer una reforma “donde los criminales, los corruptos y todos los que cometan acciones ilegales paguen por sus delitos”.

Pero Carolina Villadiego, asesora para América Latina de la Comisión Internacional de Juristas, dice que no es cierto que no se ha reformado el sistema para que los corruptos paguen sus delitos, y en otros aspectos del sistema de justicia: “Ha habido muchísimas”, advierte. Villadiego cita, justamente, el sistema penal acusatorio y además menciona que frecuentemente se modifica el Código Penal y se incrementan las penas en una suerte de ‘populismo punitivo’.

Además menciona que, más allá de eso, una reforma ‘integral’ o ‘estructural’ a la justicia es como “inventar todo el sistema”. La experta señala que algo así “implica modificar de manera sustantiva y estructural cómo funcionan las jurisdicciones y especialidades, así como reformar el gobierno judicial”, algo que, en su opinión, no es posible y “ni siquiera se hizo con la Constitución de 1991”, resalta.

Valderrama está en línea con esta apreciación y dice ser partidario de que una reforma a la justicia debe comprender cualquier tipo de modificación: “no solamente las constitucionales, también por la vía legal se pueden hacer muchos cambios significativos a la justicia, incluso por vía de decreto”, como ejemplo cita la reforma que permitió la justicia virtual en medio de la pandemia, producto de un decreto presidencial.

En conclusión, calificamos como cuestionable la afirmación de Santamaría porque es inexacta. Si bien no se ha visto en veinte años un cambio estructural como el que promete realizar el partido Movimiento de Salvación Nacional (similar a los que trajo la Constitución), sí se han tramitado y aprobado enmiendas que modifican significativamente el sistema judicial y las cuales permanecen vigentes actualmente.

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Lunes, 07 Marzo 2022

Caterine Ibargüen tergiversa la normatividad del estímulo para glorias del deporte

Por Alexander Campos Sandoval

La Ley 181 de 1995, a la que hizo referencia la medallista olímpica y cabeza de lista al Senado por el Partido de la U, no dice lo que ella planteó y tiene requisitos congruentes con las motivaciones por las que fue expedida.

En entrevista con el canal Caracol, Caterine Ibargüen realizó la siguiente afirmación: “Hay una ley, que es la 181, que dice que todo deportista con una medalla mundial de mayores puede adquirir una ayuda del Gobierno. Pero yo no puedo tenerla, porque es para mayores de 50 años que no devenguen más de cuatro salarios mínimos”.

Para verificar esta frase, consultamos la Ley 181 de 1995 que cita la candidata, expedida con el objeto de reglamentar “el patrocinio, el fomento, la masificación, la divulgación, la planificación, la coordinación, la ejecución y el asesoramiento de la práctica del deporte”, entre otras actividades. Para ello, uno de los objetivos rectores que consigna es “fomentar la adecuada seguridad social de los deportistas y velar por su permanente aplicación”. En ese sentido está planteado el artículo 45, que consigna el beneficio al que Ibargüen hizo alusión durante la entrevista.

Como se puede constatar, el texto original no dice que un deportista con una medalla mundial pueda adquirir una ayuda del Gobierno, como afirmó la candidata. Distinto a ello, establece que el Estado debe garantizar una pensión vitalicia a las glorias del deporte que cuenten con pocos o nulos recursos. En un parágrafo de este artículo, se especifica que estas "glorias" son "medallistas en campeonatos mundiales oficiales reconocidos por el Comité Olímpico Colombiano o medallistas de Juegos Olímpicos".

Dos años más tarde, el 15 de abril de 1997, el Gobierno de Ernesto Samper expidió el decreto 1083 que reglamenta la ley. Apenas entonces se establecieron las condiciones para acceder al beneficio de pensión vitalicia allí establecido. Dichos parámetros permanecen vigente, inscritos en la Parte 8 del Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo del Deporte, o decreto 1085 de 2015. 

Según el Artículo 2 del decreto 1083, el derecho al beneficio se obtiene al reunir las cinco condiciones allí enumeradas, entre las que se encuentran juntas el ser campeón o medallista de máxima categoría, haber cumplido 50 años de edad y no tener ingresos superiores a cuatro salarios mínimos mensuales legales vigentes. Así pues, el beneficio exige por igual ser una gloria del deporte, como lo es Caterine Ibargüen, y tener cumplidos los 50 años, cosa que la candidata no cumple. Al privilegiar un requisito sobre otro, su mensaje se vuelve engañoso.

Además, como lo señala Joe Bonilla, abogado experto en derecho deportivo, este no es el único beneficio contemplado en la Ley 181. En el artículo 36, por ejemplo, se estipula que los atletas con una medalla en “campeonatos nacionales, internacionales, olímpicos o mundiales” obtienen el amparo estatal en seguridad social en salud, auxilio funerario y seguro de vida o invalidez.

Consultamos al equipo de comunicaciones de Ibargüen sobre la fuente de su afirmación y nos remitió un enlace que resume el decreto 1083 de 1997, enumerando al final los cinco requisitos para obtener el derecho al beneficio.

Estímulo, pensión o ayuda económica

Según Caterine Ibargüen, la Ley establece que los medallistas de categoría mundial pueden adquirir una “ayuda del Gobierno”, forma en que de manera popular se conoce a programas sociales como Jóvenes en Acción o Ingreso Solidario, nacidos ambos por iniciativa del Gobierno de turno, a diferencia de la pensión vitalicia establecida por la rama legislativa en la Ley 181 de 1995.

Sobre el concepto de “ayuda del Gobierno”, consultamos a Alejandro Nicholas Benedetti, politólogo de la Universidad Javeriana, quien aclaró: “Es común que las personas asocien los programas gubernamentales como ayudas, porque se percibe que estas ayudas no son entregadas bajo criterios de universalidad, sino a dedo y a partir de favores políticos. Pero estas ‘ayudas’ al ser respaldadas legalmente, y como en este caso, designadas específicamente a personas que cumplen ciertos criterios (como ser un deportista glorificado del deporte nacional), son reconocimientos de derechos”. 

En los documentos que reglamentan el beneficio mencionado por la candidata, este no se presenta nunca como una “ayuda del Gobierno”. En principio se denominó “pensión vitalicia”, pero este término fue reemplazado posteriormente. 

El 18 de junio de 2010,  el Artículo 5 de la Ley 1389 de 2010  modificó el concepto “pensión vitalicia” por el término “estímulo” tanto en la Ley 181 de 1995 como en el decreto 1083 de 1997. Según Andrés Guapacha Orozco, abogado experto en derecho deportivo al que consultamos para esta verificación, el cambio se realizó al tener en cuenta que “no podría legalmente contemplarse una pensión a cargo de quien en ese momento era Coldeportes y hoy es Ministerio del Deporte”.

Este cambio implicó algunas distinciones dentro de la normatividad del beneficio, como expuso una ciudadana que demandó la modificación ante la Corte Constitucional: “la pensión no puede ser embargada, lo cual no ocurre con los estímulos o incentivos económicos [...] ni tampoco goza de una mesada adicional. El estímulo se puede suspender, extinguir, congelar previo procedimiento judicial y no tiene el reajuste anual que conserve su poder adquisitivo”. Pese al alegato, la Corte mantuvo la modificación, con la salvedad de sostener la pensión vitalicia a quienes la obtuvieron antes de la promulgación de la Ley 1389 de 2010.

Pese a los entresijos normativos del cambio en la terminología, este no supuso ninguna modificación en las condiciones para hacerse con el derecho al estímulo, por lo que a día de hoy se conservan los requisitos estipulados en 1995, en el sentido de proteger en su vejez a las glorias del deporte con bajos recursos.

Esto fue pasado por alto en la frase de Caterine Ibargüen quien, según lo entiende el abogado Andrés Guapacha, “como bandera y para asegurarse el voto del deporte, quiere hacer más amplios estos beneficios en su cobertura”. Cabe anotar que además del estímulo consagrado en la Ley 181, existen otros reconocimientos económicos para los deportistas destacados en competencias internacionales. En 2017 se reglamentaron los incentivos para los ganadores de medallas en los juegos panamericanos, olímpicos y mundiales, entre otros. Ya en 2021, los medallistas de Tokio obtuvieron desembolsos por este concepto.

En conclusión, calificamos lo afirmado por Caterine Ibargüen como cuestionable, pues si bien la Ley 181 existe, la candidata por el partido de La U tergiversó su sentido al asegurar que ella no puede acceder al beneficio que esta brinda. Ser medallista es sólo uno de los cinco requisitos para obtener el derecho al estímulo. La naturaleza de esta ley fue dar una especie de “pensión vitalicia' (término luego cambiado a estímulo) para glorias del deporte que no tenían una pensión para su vejez y no darles una “ayuda”, como dice.

Actualización 11 de marzo de 2022, 5:25 p.m.

El equipo de comunicaciones de Caterine Ibargüen nos hizo llegar este comunicado, como respuesta a la verificación que realizamos sobre su frase. En él, la candidata afirma que no “tergiversa” sino que “habla desde su experiencia como gloria deportiva de Colombia”. Sin embargo, mantenemos la calificación de su afirmación como cuestionable, a partir de las siguientes consideraciones.

En el comunicado, Ibargüen habla de los requisitos para el estímulo contemplado en el artículo 45 de la Ley 181 de 1995 como “injustas restricciones”, desconociendo de nuevo el sentido con el que nació el estímulo, llamado originalmente “pensión vitalicia” y cuyas condiciones existen en razón de reconocer el derecho de los deportistas destacados a nivel nacional de tener un auxilio asegurado en su vejez.

Como lo expusimos en el artículo, tanto ser una gloria del deporte colombiano como contar con 50 años cumplidos son requisitos de igual importancia para acceder a este estímulo, justamente en razón de la necesidad que este suplía cuando fue creado. Al priorizar un requisito sobre otro, la candidata tergiversa la normatividad del estímulo, dado que aminora la necesidad de requisitos relevantes en el reconocimiento de un derecho, equiparándolos a las condiciones y restricciones que aplican al concursar por un premio.

Ahora bien, Ibargüen desconoció el sentido de la ley en su frase y en el mismo contexto de la entrevista, cuando afirmó que la Ley del Deporte “lastimosamente es una Ley sin un fin. Hoy Caterine Ibargüen como deportista, como gloria olímpica, está desamparada”. Como explicamos en el artículo, esa norma contempla garantías en materia de seguridad social en salud, auxilio funerario y seguro de vida o invalidez.

Expusimos también que existen otros estímulos que se entregan directamente a los deportistas que consiguen medallas en ciertas categorías. Esto refleja que los requisitos estipulados en el estímulo contemplado en el artículo 45 de la Ley 181 tienen una razón de ser, ligada al derecho que se busca reconocer y que lo aparta de ser una bonificación estatal. 

Finalmente, la candidata afirma en su comunicado que buscará en el Senado modificar la Ley para que cualquier deportista acceda al beneficio de pensión vitalicia. Planteada de esa forma, a manera de propuesta, la afirmación es distinta y no está en la órbita de lo verificable por Colombiacheck. Sin embargo, cabe anotar que el concepto de “pensión vitalicia” desapareció del artículo que establece el beneficio, reemplazado por el concepto de “estímulo”. Un cambio que significó adendas legislativas, demandas y un pronunciamiento de la Corte Constitucional.

Así pues, mantenemos la calificación y aclaramos que nuestra verificación no responde a un “señalamiento equivocado y sesgado”, sino a la lectura rigurosa de la normatividad, la consulta a expertos del derecho deportivo y a bases documentales del ámbito jurídico y legislativo.