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Cuestionable

Miércoles, 16 Diciembre 2020

Es cuestionable que se requiera consulta previa antes de la ratificación del Acuerdo de Escazú, como dice Ernesto Macías

Por Laura Rodríguez Salamanca

El senador ha sostenido este argumento en varias ocasiones. Pero un par de expertos en derecho ambiental a los que consultamos ponen esto en tela de juicio.

En medio de la discusión en el Congreso sobre la ratificación del Acuerdo de Escazú, el senador Ernesto Macías ha señalado que es necesario realizar una consulta previa a las comunidades indígenas y afrodescendientes antes de continuar con el proceso legislativo.

Hay que recordar que, como explicamos con mayor profundidad en otro artículo, el Acuerdo de Escazú es una herramienta diseñada con el propósito de “garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales”. Fue firmado por Colombia el 11 de diciembre de 2019, pero hasta que no se ratifique [primero en el Congreso y con la revisión de la Corte Constitucional] no entrará en vigor. 

El congresista por el partido Centro Democrático usó dicho argumento en la sesión de presentación del proyecto para la ratificación en el Congreso, el 4 de noviembre, y envió una carta al Ministerio del Interior pidiendo “suspender el trámite legislativo [para aprobar el acuerdo], hasta tanto no se surta la consulta previa”. 

Pero, según coinciden Laura Serna, joven champion en Colombia para el Acuerdo de Escazú; Andrés Briceño Chaves, doctor en derecho, profesor de la Universidad de La Sabana y experto en derecho ambiental, y Daniela Varón, consultora de Relaciones, Gobierno y Asuntos Internacionales de WWF Colombia, de acuerdo con la normatividad, para la ratificación de Escazú no se requiere consulta previa. Hay que aclarar que esto no quiere decir que no se pueda requerir en el futuro o por alguna norma derivada de la entrada en vigor. 

De acuerdo con la Sentencia C-252 de 2019 de la Corte Constitucional, “solo es necesario someter a consulta previa los tratados internacionales que impliquen una afectación directa a las comunidades indígenas, tribales, rom, afro-descendientes y raizales”. 

Es decir, cuando el tratado implique una “afectación directa sobre el territorio o sobre aspectos definitorios de la identidad cultural de las comunidades titulares de este derecho [el de la consulta previa]”, tenga “disposiciones que regulen de manera desfavorable a tales sujetos, impongan limitaciones, gravámenes o beneficios particulares a los mismos” o contenga disposiciones que “alteren el estatus de tales comunidades”

En caso de que aplique, la consulta debe ser antes de que se presente la norma para su aprobación en el Congreso de la República. Pero la afectación, hay que aclarar de nuevo, “debe ser directa, no accidental o circunstancial”, según la misma sentencia. 

En palabras de Serna, “partiendo de esa base, la consulta previa no aplica para Escazú. El tratado contiene disposiciones generales para el Estado colombiano que no alteran el estatus de los pueblos étnicos y que no tiene ninguna afectación directa sobre sus territorios o sobre su identidad cultural porque el acuerdo se enfoca en reforzar el acceso a la información ambiental, la promoción de la participación y a fortalecer el rol de todos los ciudadanos en la toma de decisiones”. 

La solicitud de consulta previa antes de seguir el trámite legislativo para la ratificación es, de acuerdo con Briceño, “una forma de distorsionar el debate”. En sus términos: “hay que entender que frente a los acuerdos tenemos una normatividad en la Constitución que está conectada con la Convención de Viena de 1969 del derecho de los tratados y que determina que el control de la ratificación lo da la Corte Constitucional. Es esta la que debe verificar que el acuerdo sea acorde a las exigencias constitucionales y la que podría alumbrar el alcance con relación a la consulta previa, con relación a los mismos estándares que ella ha fijado”. Es decir, este no es el papel del Congreso en este punto del proceso de ratificación. 

Es más, la Mesa Permanente de Concertación con los Pueblos y Organizaciones Indígenas, envió una carta al Gobierno y al Congreso rechazando el pedido del senador Macías y la “instrumentalización de la consulta previa”. 

Además escribió:

 “Las organizaciones que conformamos la MPC consideramos que este tratado contiene disposiciones que no restringen, sino que fortalecen las garantías de participación para los pueblos indígenas. Consideramos que hay complementariedad entre el acuerdo de Escazú y las garantías para la participación indígena que ya están reconocidas en el Convenio 160 de la OIT, la ley 21 de 1991 y múltiples pronunciamientos de las altas cortes colombianas”.

Entonces, en Colombiacheck calificamos el argumento del senador como cuestionable. 

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Verdadero pero...

Miércoles, 23 Septiembre 2020

Boyacá sí es pionero del esquema de pago por servicios ambientales, pero no por la reciente gestión de la Gobernación

Por entreojos.co

Chequeamos la afirmación de Ramiro Barragán y averiguamos que la primera estrategia de su tipo surgió en 2008 en el páramo de Iguaque.

El pasado 24 de agosto de 2020 la Gobernación de Boyacá informó a través de su página web que este departamento se convertía en pionero en materia de conservación de páramos al poner en marcha una estrategia de pago por servicios ambientales (PSA) en el páramo de Rabanal. 

Rabanal es un ecosistema estratégico que comparten los municipios de Villapinzón, Lenguazaque y Guachetá, en Cundinamarca; y Ventaquemada, Samacá y Ráquira, en Boyacá. 

Según el Instituto Alexander von Humboldt, de él depende el abastecimiento del embalse La Esmeralda y las cuencas que surten a la laguna de Fúquene, al río Suárez y al río Moniquirá; también al río Teatinos y a la quebrada Cortaderal que alimentan el acueducto de Tunja

El día de la presentación del programa ‘Salvapáramos Rabanal, incentivos a la conservación’, que cobija a 71 familias residentes en el páramo del mismo nombre, en jurisdicción de Ventaquemada, el gobernador Ramiro Barragán insistió en su intervención en que Boyacá era departamento piloto en la implementación de este tipo de acciones para proteger el agua. 

“Hoy la noticia para Colombia y el planeta es que como piloto estamos inaugurando el proyecto de pago por servicios ambientales, es decir el pago por salvaguardar nuestros páramos. Boyacá es piloto hoy en un proyecto que busca que los campesinos que trabajan la tierra en el páramo puedan tener la posibilidad de empezar a disminuir el área que afectan de páramos a través de una remuneración que se les da”, aseguró Barragán. 

Cuando le consultamos al gobernador a que se refería con que Boyacá fuera pionera en este tema en Colombia, nos dijo “ya ha habido este tipo de servicios, PSA, pero el departamento como tal, la gobernación es la pionera que hace eso, como gobierno departamental”.

entreojos.co chequeó la aseveración de Barragán y para ello consultó al Ministerio de Ambiente y a la Corporación para el Manejo Sostenible de los Bosques (Masbosques), responsable del programa Banco2 y reconocido nacionalmente por el impulso de la estrategia de PSA en varias regiones del país.

El primer PSA fue con aporte ciudadano

Desde la Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles del Ministerio de Ambiente se informó que el primer programa de pago por servicios ambientales del que se tiene registro se remonta al año 2008 en Boyacá, en el complejo de páramos de Iguaque del que se benefician los municipios de Arcabuco, Villa de Leyva, Chíquiza y Gachantivá. 

Jorge Jiménez, responsable de esa dependencia, informó que esa primera estrategia de conservación de su tipo se financió con aportes voluntarios de los usuarios de los acueductos rurales y urbanos de Villa de Leyva, especialmente aquellos que dependen de las microcuencas de Chaina y la Colorada. 

A partir de su novedad, y de lo que representaba para el futuro de los ecosistemas, esta experiencia fue acompañada por el Ministerio de Ambiente y sirvió de base para diseñar políticas como las contenidas en el CONPES 3886 de 2017 y en el Decreto Ley 870 de 2017.

Jiménez dijo además que el esquema de pago por servicios ambientales en Colombia lleva más de 20 años en diseño e implementación de diferentes formas y matices, “pero en los últimos 10 años se ha desarrollado un marco de política pública para que su implementación sea ordenada, eficiente y equitativa”.

Respecto a la implementación de este modelo de compensación por conservación en ecosistemas de páramo, Jorge Jiménez se remitió al reporte entregado por las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) y otros actores públicos y privados, que en 2019 identificaron 36.194 nuevas hectáreas cobijadas con este tipo de reconocimiento a comunidades campesinas en zonas de alta montaña, y destacó particularmente los proyectos impulsados por Corpochivor y la Gobernación de Cundinamarca.

La experiencia de Banco2

Jaime Andrés García Urrea, director ejecutivo de Masbosques, de la que depende Banco2, aseguró que hace 30 años, aproximadamente, se viene hablando del tema. Dijo que con la puesta en marcha de Banco2 hace ocho años se logró dinamizar el trabajo con las comunidades y hacer eficiente el mecanismo de entrega de los recursos a los campesinos comprometidos.   

El trabajo comenzó en alianza con la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare (Cornare), en el departamento de Antioquia, y consistió en el diseño de un modelo encaminado a proteger áreas estratégicas a partir de reconocer a las personas que habitan esos territorios, comprender la razón de ser de sus actividades y los conflictos asociados a la expansión de la frontera agrícola, la tala ilegal de madera y la caza, relacionados en muchas ocasiones a prácticas de subsistencia. 

“Donde estaban esas riquezas naturales, estaban las comunidades más pobres, hay una relación directa entre falta de oportunidades, necesidades para sobrevivir y el deterioro ambiental”, explicó García Urrea. 

A partir de Banco2, la Corporación Masbosques en alianza con algunas CAR “se hicieron visibles esas realidades, contextualizaron el territorio con respecto al mejoramiento ambiental y a las necesidades de mantener, conservar y reconocer a esas comunidades que conviven con páramos, bosques y cuerpos de agua”. 

“La conservación se tiene que hacer reconociendo a esas comunidades y vinculándolas a los procesos de conservación”, enfatizó el director de Masbosques.  

El camino recorrido ha permitido implementar proyectos productivos de aprovechamiento de recursos como el agua, el aire y la biodiversidad, “no podemos hablar solo de agricultura y ganadería sostenibles, debemos valorar todos los bienes y servicios ambientales que provee la naturaleza”, apuntó Jaime Andrés García  

Sobre el esquema de pago por servicios ambientales en páramos, García refirió a varias de las acciones ejecutadas en el país, y dio como ejemplo los páramos de Sonsón y Urrao, en Antioquia; otros en Tolima y Cundinamarca. 

Mencionó el proyecto de PSA entre el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) y la Empresa de Acueducto de Bogotá como “una de las iniciativas de mayor durabilidad y resultados a través del esquema de Banco2”.

PSA desde la CAR

Rafael Robles, director de Gestión de Ordenamiento Ambiental y Territorial de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca y los Valles de Ubaté y Chiquinquirá (CAR), sostuvo que esa entidad ejecuta un programa de pago por servicios ambientales desde 2015 en convenio con la Gobernación de Cundinamarca y Patrimonio Natural. 

A instancias de este trabajo conjunto se han concretado 128 acuerdos voluntarios individuales y cuatro acuerdos colectivos con los cuales ha sido posible conservar 4.795 hectáreas. 

El funcionario señaló además que a la fecha ha sido posible preservar un total de 7.671 hectáreas desde el inicio del programa, en 2015, y en él han participado además Corpoguavio y Corporinoquia.

Una estrategia similar se ejecuta con Banco2 y vincula a 92 familias, y al tiempo se han logrado dos acuerdos con comunidades indígenas para salvaguardar 1.834 hectáreas.

Qué se ha publicado sobre el tema

El portal Semana Sostenible publicó el 25 de abril de 2017 un artículo titulado “Pago por Servicios Ambientales: una alternativa para la conservación”. Allí se destaca que Cornare, a través de Banco2 y la Corporación Masbosques, empezaron a aplicar este esquema en 2013 con 64 familias del oriente antioqueño que vivían de la extracción ilegal de madera. 

Se menciona adicionalmente lo siguiente: “En Colombia el concepto de los PSA no es nuevo. Desde hace 20 años el Estado ha creado incentivos para promover la conservación como el Certificado de Incentivo Forestal a la Conservación (CIF), en el cual se reconoce el costo en el que incurre un propietario por conservar en su predio ecosistemas boscosos o invertir en nuevas plantaciones forestales”.

El 26 de agosto de 2016, el mismo portal daba cuenta de una iniciativa a cargo de la CAR en la que 23 campesinos recibían su primer pago por conservar los páramos. 

“Uno de los primeros beneficiarios es Alirio Jiménez, un campesino de Sesquilé que tiene 10 hectáreas dentro del complejo de páramos de Chingaza y quien se comprometió a no aumentar la extensión de sus cultivos de papa para proteger el bosque nativo que tiene en su finca. Como la suya, otras 22 familias de Cundinamarca recibieron ayer el primer pago por conservar estos ecosistemas en el departamento”, se menciona en la publicación. 

Verdadero pero…

Calificamos de “Verdadero, pero” la afirmación del gobernador de Boyacá, Ramiro Barragán Adame, pues si bien en 2008 se realizó el primer programa de pago por servicios ambientales del que el Ministerio de Ambiente tenga registro, y fue precisamente en Boyacá, no es cierto que la estrategia ‘Salvapáramos Rabanal, incentivos a la conservación’ presentada por el mandatario regional el pasado 24 de agosto en ese páramo sea la primera que se realiza en el país.