El candidato presidencial por la coalición Equipo por Colombia, Federico Gutiérrez, sostuvo en un debate transmitido el 18 de marzo de 2022 que en el territorio colombiano existían “más de 2 millones hoy (sic) de venezolanos sufriendo en las calles de Colombia”. Esto en respuesta a cuál sería su política hacia la migración venezolana.

Como parte de nuestro proyecto Conectando Caminos, en el que hacemos verificaciones de interés para la población migrante venezolana, colombiana retornada y para las comunidades de acogida, decidimos verificar la frase. El resultado que obtuvimos fue que la cifra del aspirante a la Casa de Nariño es falsa si se evalúa desde dos factores: habitabilidad de calle y trabajo ambulante.

En principio nos comunicamos con el equipo de prensa de Gutiérrez para aclarar a qué se refería con la declaración y de dónde obtuvo la información. Sin embargo, hasta el momento de la publicación de esta verificación no había proporcionado respuesta.

Procedimos entonces a cotejar los datos con las cifras de Migración Colombia. En la página Visibles, de esta institución, con cifras al 22 de marzo, se indicaba que 2’039.108 ciudadanos venezolanos habían culminado su Registro Único de Migrantes Venezolanos (RUMV) para optar por el Permiso por Protección Temporal (PPT). Por lo tanto, la cantidad de migrantes citada por Gutiérrez coincide con la de esa base de datos.

Esto no quiere decir que todos estén en la misma situación. Ya en 2018, cuando apenas se calculaba que había 550.000 personas venezolanas en Colombia, Colombiacheck había calificado como “ligera” una afirmación del senador Roy Barreras en la que relacionaba esa cifra de migración con un aumento de la pobreza (en ese entonces, nuestro sistema de calificaciones era diferente). Ahora hay más datos que permiten señalar la falsedad de la afirmación de Gutiérrez.

Por eso, nos enfocamos en determinar cómo es la habitabilidad de calle. El Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) en diciembre de 2021 publicó su Censo de Habitantes de la Calle, un estudio que comprendió Bogotá y 391 municipios colombianos durante cuatro años, y empadronó a 34.091 personas, de las cuales, extranjeras eran: 

• 2017: 66 (0,7%).
• 2019: 450 (3,4%).
• 2018: no hubo sondeo.
• 2020: 231 (4,6%).
• 2021: 1.012 (16,2%).

De la población nacida en otro país, el director de la institución, Juan David Oviedo, aclaró que es principalmente venezolana. “De la categoría de personas habitantes de calles provenientes de otro país en este caso somos conscientes que el país predominante de esta respuesta es Venezuela”, explicó.

Situación en frontera 

En relación con dormir en las calles, en algunas ciudades fronterizas esta situación le ha tocado a parte de las personas procedentes de Venezuela. En Maicao, la Oficina para los Refugiados de la ONU, Acnur, aplicó una encuesta en 2019 en la que 3.500 de los entrevistados afirmaron haber vivido en las calles o asentamientos informales. En ese entonces, allí se encontraban 30.000 refugiados y migrantes, por lo tanto, ese número equivale al 11,67% del total.

En su Evaluación conjunta de necesidades de junio 2021 de la Plataforma de Coordinación para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V), de la ONU, advirtió sobre la situación que se seguía viviendo en ese lugar de acogida. “En 2020, en el departamento de La Guajira se registró un alto número de desalojos, situación que llevó a muchos hogares en Maicao y Riohacha a ubicarse en asentamientos informales o quedar en situación de calle”.

En relación con la población pendular, concerniente a los venezolanos que cruzan la frontera de manera recurrente pero vuelven a su país, R4V también expuso que en Arauca, La Guajira y Norte de Santander, dos de cada diez encuestados, entre junio y julio de 2021, aseguraban haber pernoctado en la calle. Extrapolando estos resultados con la estimación del Plan de respuesta regional para refugiados y migrantes, el cual apunta que en 2022 habrá 1,87 millones venezolanos pendulares, estaríamos hablando de que 374.000 dormirán en la calle durante este año.

El riesgo de desalojo 

El temor de quedarse en la calle se avivó más en los ciudadanos venezolanos durante la pandemia. Mediante sondeos en 2020, la ONU pudo detectar que más de las tres partes de los encuestados había sido desalojado en Colombia, Perú y Ecuador, y además, tres de cada cuatro hogares expulsados se enfrentaban a un nuevo riesgo de desalojo, sin recibir ninguna ayuda gubernamental.

En Colombia, el 75% de los entrevistados identificaron la situación de calle como la principal consecuencia de ser desalojados, superando el contagiarse de COVID-19 y la falta de acceso a servicios básicos. 

En la informalidad o con trabajo ambulante

El DANE, en su informe “Perfil demográfico, educativo y laboral de la población migrante de Venezuela en Colombia”, señaló que en 2021 la participación laboral de los venezolanos era mayor a la colombiana, situándose en 70,4% versus 60,3%; al igual que en la tasa de ocupación, con 58,2% frente a 51,1%.

Otro estudio de la misma institución, la “Encuesta Pulso a la Migración”, también de 2021, mostró que de casi 1,2 millones de venezolanos que habían trabajado en “la última semana”, aproximadamente la mitad desarrolló su labor en un local fijo, oficina o fábrica, seguido por un 17,8% que lo había hecho en la calle (en un lugar ambulante o estacionario), lo que se traduce en 211.547 personas venezolanas.

Entre las principales ocupaciones que tenían, según los resultados de la misma encuesta en su segunda ronda, más de la tercera parte se desempeñaba como "trabajadores de servicios, vendedores de comercios y mercancía”; luego un 27% en “ocupaciones elementales” y un 17,4% como “oficial, operario y artesano en arte mecánicas y otros oficios”.

La entidad, además, reiteró el año pasado que existía una predominante condición de informalidad en muchos ciudadanos venezolanos. “El principal problema laboral de los migrantes venezolanos es la informalidad laboral. Puede argumentarse que ello se deriva de su estatus migratorio irregular”, alertó.

Aunque en su reporte de perfil demográfico y la Encuesta Pulso no precisa sobre ese contexto, la “Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) de 2019” ofreció un panorama del alto nivel de empleo informal que venían viviendo los migrantes de acuerdo con varios indicadores. Cerca de 9 de cada diez no poseía seguridad social, el 88% no estaba afiliado a una aseguradora de riesgos laborales (ARL) y más del 70% estaba como empleado informal.

La “Encuesta de Calidad de Vida e Integración de los Migrantes Venezolanos en Colombia” del Proyecto MigraVenezuela también señaló en 2021 una cifra similar a la del DANE, al ubicar la informalidad en 92,5%, tomando como criterio de medición las cotizaciones para obtener la pensión.

Retomando los resultados de la GEIH-2019, las principales posiciones en el mercado de trabajo para ese entonces eran empleos independientes (46,7%) y asalariados en el sector privado y público (43,2%). Dentro de los asalariados, solo la cuarta parte poseía un contrato escrito de trabajo y la temporalidad se había duplicado en cinco años, superando el 41%.

Acnur, por su parte, contabiliza para 2021 que 24.804 venezolanos poseían un contrato de trabajo y se encontraban registrados en la plataforma del Registro Único de Trabajadores Extranjeros en Colombia, habilitada por el Ministerio del Trabajo. A la par, 70.464 estaban registrados en el sistema de aportes a la seguridad social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes.

En resumen, una vez revisados los datos disponibles, podemos concluir que es falsa la frase del aspirante presidencial Federico Gutiérrez porque, si bien dos millones de migrantes venezolanos están optando por su regularización, un número muy reducido vive o trabaja en las calles.

Este contenido se produce con el fin de ofrecer información verificada y pertinente, que apoye el desarrollo de mediano y largo plazo para migrantes venezolanos, colombianos retornados y comunidades receptoras en Colombia. Es realizado en el marco de Conectando Caminos por los Derechos, programa de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), e implementado por el consorcio integrado por Pact, ABA-ROLI, Freedom House e Internews, que promueve la cohesión comunitaria y la seguridad ciudadana para garantizar el derecho de todos los miembros de la sociedad a vivir libres de toda forma de crimen y violencia, independientemente de su estado legal en el país.

*Integrante de la red de corresponsales del proyecto Conectando Caminos por los Derechos.