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Falso

Lunes, 11 Julio 2022

Es falso que casos de ‘falsos positivos’ que investiga la JEP sean solo 800, como dijo Enrique Gómez

Por Carlos Mayorga, especial para Colombiacheck

El excandidato presidencial por el Movimiento de Salvación Nacional califica de “mitología” la cifra de 6.402 víctimas de ejecuciones extrajudiciales y que “hoy no hay más de 800 casos que hayan sido radicados ante la JEP en los que haya víctimas”. Verificamos sus afirmaciones.

Enrique Gómez Martínez ha sido un crítico del Acuerdo de Paz que se firmó entre el Estado colombiano y las FARC en el 2016 y consecuentemente con las instituciones creadas a partir del mismo (JEP, CEV), así es como luego de la entrega del informe final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (CEV), el pasado 28 de junio, Gómez se convirtió en uno de los contradictores más activos en redes sociales del documento.

Dos días después de la entrega de la investigación de la CEV, que representa 43 meses de trabajo, Gómez aseguró en Semana TV, espacio moderado por la periodista Vicky Dávila, que alrededor de los ‘falsos positivos’ se han construido mitos “ajenos a la realidad judicial”.

Cabe recordar que el abogado bogotano fue candidato presidencial en las recientes elecciones con el movimiento Salvación Nacional, fundado por su tío, Álvaro Gómez Hurtado, tres años antes de ser asesinado por las FARC en 1995,, según reconocieron miembros del último Secretariado de esa guerrilla en agosto del año pasado. 

Esa colectividad había desaparecido, pero el Consejo Nacional Electoral le otorgó nuevamente personería jurídica en diciembre del año pasado, siguiendo lineamientos de reparación dictados por la Corte Constitucional, como lo hizo con los partidos Verde Oxígeno y Nuevo Liberalismo, porque la violencia y el conflicto armado los sacó del escenario electoral.

“Yo he hecho un seguimiento cuidadoso de los radicados reales de Justicia y Paz y la justicia permanente, por ejemplo, en el caso de los excesos operacionales que se han llamado ‘falsos positivos’. Ahí el país entero cabalga sobre la mitología de las 6.402 víctimas. Hoy no hay más de 800 casos que hayan sido radicados ante la JEP en los que haya víctimas (de ejecuciones extrajudiciales)”, sostuvo Gómez en la entrevista.

 

En su cuenta de Twitter subió su intervención, acompañado por un texto en el que asegura: “La mitología es lo que impera en la Comisión de la Verdad. A la fecha de hoy, ante la JEP de los excesos operativos o llamados ‘falsos positivos’, no hay más de 800 casos radicados. Sin embargo, se empeñan en la cifra falsa de 6.402. Esa construcción es mentira tras mentira”.

El tuit ya tiene más de 2.869 me gusta y más de 1.741 retweets y el video que lo acompaña obtuvo más de 144.000 visualizaciones, por lo que en Colombiacheck decidimos verificar las afirmaciones hechas por Gómez en el mencionado trino.

Sobre la responsabilidad del Estado en las ejecuciones extrajudiciales, varios sectores han  manifestado su inconformidad con las conclusiones de la Comisión de la Verdad, uno de esos fue el partido del expresidente Álvaro Uribe Vélez. El 28 de junio, mismo día en que salió el capítulo Hallazgos y Recomendaciones del Informe Final, el Centro Democrático expidió un comunicado de cuatro puntos buscando convencer a los internautas sobre la disposición del expresidente de acabar con los ‘falsos positivos’. 

En Colombiacheck ya verificamos esta publicación en el chequeo titulado “Medidas tomadas por el gobierno de Álvaro Uribe no acabaron los ‘falsos positivos’ en el país” y encontramos que tres de las afirmaciones eran falsas.

El análisis de Gómez deja varias preguntas y encontramos que el excandidato, con sus intervenciones, desconoce información que la misma Fiscalía ha presentado a la justicia transicional y a la Corte Penal Internacional sobre la magnitud del fenómeno de ‘falsos positivos’; indica conocer información del proceso de Justicia y Paz, donde no caben este tipo de investigaciones; y minimiza su interpretación a lo que expertos consideran busca referirse a las acreditaciones ante la JEP. Por eso, calificamos sus aseveraciones como falsas. Empecemos con los detalles.

“...Seguimiento cuidadoso de los radicados reales de Justicia y Paz”

En sus declaraciones, Gómez sostiene que ha revisado en los radicados de Justicia y Paz los casos de ‘falsos positivos’, pero ese sistema de justicia transicional no tenía por objeto conocer esos crímenes, por lo menos no de manera directa de parte de los uniformados, ni mucho menos procesarlos.

El 25 de julio de 2005 entró en vigencia la Ley 975 de 2005, conocida como Ley de Justicia y Paz. Su objetivo fue facilitar los “procesos de paz y la reincorporación individual o colectiva a la vida civil de miembros de grupos armados al margen de la ley, garantizando los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación”. Esto concierne tanto a paramilitares como guerrilleros.

“Sabiendo en principio que Justicia y Paz no tiene competencia frente a este tipo de hechos y sobre todo la responsabilidad de miembros de la Fuerza Pública, lo cual desde ahí empieza a plantear serias dudas acerca de la información que está intentando contrastar, por lo que dice que ha hecho un seguimiento cuidadoso”, señala Sebastián Bojacá, abogado de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ).

Según VerdadAbierta.com, “de los 32 mil desmovilizados de grupos armados al margen de la ley, solo el ocho por ciento están postulados al proceso de Justicia y Paz”, y ninguno de ellos llegó a esos tribunales como agente del Estado porque no eran competentes para juzgarlos. 

Lo que sí hicieron los magistrados y fiscales de Justicia y Paz fue remitir compulsas de copias a la justicia ordinaria para que investigara aquellos miembros o exmiembros de la Fuerza Pública nombrados por los exparamilitares como cómplices en varios de los crímenes perpetrados por esas organizaciones armadas ilegales, entre ellos algunos 'falsos positivos'. Pero es necesario insistir que bajo la Ley 975 no hubo procesos contra miembros de la Fuerza Pública, pues su articulado no lo contempla.

En la sentencia del 25 de julio de 2016 sobre la Estructura paramilitar del Bloque Centauros y Héroes del Llano y del Guaviare, la sala de Justicia y Paz hace un llamado a prestarle atención al fenómeno de los ‘falsos positivos’ por los señalamientos que paramilitares le hicieron a entonces militares adscritos al Batallón de Infantería No. 21 Pantano de Vargas, con sede en Granada, Meta. Pero, como se ha insistido en esta verificación, no investiga.

“Lo referente a los falsos positivos, advierte ahondar en dicho asunto como una práctica sistemática, que tuvo un auge en la operatividad tanto del Ejército como de las Autodefensas, con ocasión de la validación que se obtuvo por parte de diferentes funcionarios judiciales, en procedimientos como la inspección técnica de cadáver realizada por la policía judicial, en que se consideraba que había existido un combate, así como lo relacionado con el protocolo de necropsia, y la suspensión de la investigaciones de la justicia penal militar, y en la jurisdicción ordinaria –en caso de que llegaran a dicho estadio judicial–”, se lee en la página 272 de la sentencia. 

VerdadAbierta.com registró en 2010 cómo las versiones de paramilitares dentro de ese proceso judicial llegaron a la Fiscalía a investigar a miembros de la Fuerza Pública por haber coordinado con las autodefensas el asesinato de civiles inocentes para después presentarlos como muertos en supuestos combates. 

“A raíz de las denuncias por ‘falsos positivos’ de los ex jefes paramilitares del Bloque Centauros Daniel Rendón Herrera, alias ‘Don Mario’; Manuel de Jesús Pirabán, alias ‘Jorge Pirata’; Luis Arlex Arango, alias ‘Chatarro’ y Mauricio de Jesús Roldán Pérez, alias ‘Julián’ la Fiscalía Quinta de Justicia y Paz radicó copias contra el coronel del Ejército Héctor Alejandro Cabuya De León (r), Wilson Orlando Lizarazo y el mayor Ricardo Efraín Arcos Rosero”, registró ese medio.

Otro caso relevante es el del Bloque Norte, entonces comandado por Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’, que habría coordinado acciones con miembros del Batallón de Artillería No. 2 La Popa con sede en Valledupar, Cesar, para coordinar la entrega de de civiles que después fueron presentados como muertos en combates.

“El despacho 3 de Justicia y Paz logró documentar estos casos después de varias versiones libres de John Jairo Hernández Sánchez, alias ‘Centella’, Randys Julio Torres Maestre, alias ‘El Niño’, Adolfo Guevara Cantillo, alias ‘101, en las que los desmovilizados narraron cómo realizaron estos crímenes en supuesta complicidad con miembros de ese batallón militar”, precisó en junio de 2010 VerdadAbierta.com.

El otro punto al que hace referencia Enrique Gómez es a los radicados de la justicia permanente, los cuales sostiene no corresponden con la magnitud que ha hecho pública la JEP con la determinación de víctimas, sin embargo, la Fiscalía anunció que le entregó más de dos mil procesos al tribunal de justicia transicional sobre ejecuciones extrajudiciales. 

 

“Hoy no hay más de 800 casos que hayan sido radicados ante la JEP”


En julio de 2018, la Fiscalía General de la Nación (FGN) le entregó a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) el informe Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combates por agentes del Estado. Días después, la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas (SRVR) abrió el macrocaso 03, Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado.

“El Informe No. 5 de la Fiscalía a la JEP —se lee en un comunicado del 2018 del órgano de justicia transicional— identifica un total de 2.248 víctimas entre 1988 y 2014, de las cuales el 48% fueron hombres jóvenes entre los 18 y 30 años. Según el informe de la Fiscalía, el fenómeno allí descrito aumenta de manera sustancial a partir del año 2002 y muestra su etapa más crítica entre 2006 y 2008”.  

En el primer semestre del 2020, se conoció que la Fiscalía le entregó un informe a la Corte Penal Internacional para su evaluación anual sobre la situación del país, en el que da cuenta de 2.268 casos activos, en los cuales se contaban 3.876 víctimas de ‘falsos positivos’ a octubre de 2019.

“Por los homicidios de civiles a quienes luego hicieron pasar como muertos en combates había hasta esa fecha 10.742 personas investigadas y 1.740 personas condenadas”, precisó El Tiempo al referirse al informe del ente acusador.

Meses después, la Sala de Reconocimiento de la JEP realizó un cruce de bases de datos con información suministrada por la Fiscalía General de la Nación (FGN), el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) y la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU) y de allí determinó que entre 2002 y 2008 ocurrieron 6.402 ejecuciones extrajudiciales presentadas como bajas en combate por agentes del Estado, así lo registró el Auto 033 del 12 de febrero de 2021.

Aunque en ese periodo se presentaron los índices más altos de ‘falsos positivos’, la JEP pudo establecer víctimas de ese crímen desde 1978 hasta 2016, por lo cuál las 6.402 son solo un fragmento del universo total de víctimas en el país. 

Como lo precisa la Comisión de la Verdad en el capítulo de Hallazgos y Recomendaciones del Informe Final, página 147, “La JEP determinó que entre 2002 y 2008 se registraron por lo menos 6.402 víctimas de ejecuciones extrajudiciales en 31 departamentos del país, perpetradas bajo esta modalidad. A pesar de que existe un subregistro de épocas anteriores, según la JEP, ese periodo agrupa el 78 % del total de las ejecuciones extrajudiciales de las que hay registro en el periodo comprendido entre 1978 y 2016 (8.208 personas asesinadas en ese tipo de acciones)”.

 

 Tomado del Auto 033 del 12 de febrero de 2021 de la JEP
 

Al revisar la gráfica que la JEP presenta en el auto de 2021 y evaluar los datos del “Total”, se obtiene la cifra de 8.163 ‘falsos positivos’ identificados con nombre y número de cédula, cifra cercana a la que expone la CEV en su informe casi un año y medio después. El segundo dato relevante que se obtiene de la gráfica es de la Fiscalía, institución que le habría suministrado información de 5.041 ‘falsos positivos’ a la JEP. 

El análisis de información y bases de datos es un trabajo que varias organizaciones de la sociedad civil ya venía desarrollando para identificar los patrones de esta deleznable práctica. La Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) le solicitó información mediante derecho de petición a la Fiscalía, logrando consolidar una cifra de hechos y estableciendo un universo de casos. 

“Deberíamos empezar con que los hechos que Enrique Gómez  menciona como excesos operacionales realmente son homicidios contra la población civil”, precisó, en entrevista con este medio, Sebastián Bojacá, coordinador de Litigio Penal de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), organización que, desde el 2018, representa a víctimas de ‘falsos positivos’ ante la JEP. 

Y continuó: “No es que exista un mito ajeno a la realidad judicial, lo que pasa es que la realidad judicial es clara sobre la existencia de varios de estos casos que quieren ser descategorizados mencionándose como excesos operacionales”.  

“Las conclusiones de la CEV se encuentran amparadas en una metodología de investigación que el señor Gómez obviamente desconoce, y sus opiniones carecen de sustento y son con el único propósito de informar falsamente sobre este tema”, complementó, en entrevista con este medio Sebastián Escobar, abogado del Colectivo de Abogados José Albear Restrepo (CAJAR).

Sin embargo, el excandidato Gómez se empeña en sostener que la magnitud del flagelo es diez veces menor a las investigaciones de la JEP de las que se valió la Comisión de la Verdad para su informe. “En términos de víctimas, hoy en la JEP, sumados todos los repartos y suponga que quedan por llegar, no van a haber nunca más de mil víctimas en este proceso de 'falsos positivos'”, dijo en entrevista con Semana TV. 

Al respecto, Sebastian Escobar, abogado del CAJAR sentencia: “Solo revela el desconocimiento —de Gómez— por los hallazgos de los organismos del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición”. También agrega:

“La cifra de civiles ilegítimamente presentados como bajas en combate, ‘falsos positivos’, identificada por la JEP corresponde a la determinación de un universo provisional de hechos a partir de las fuentes de información que pueden aportar datos a la JEP. El universo provisional puede variar, incluso ser superior, si en el progresivo proceso de contrastación desarrollado por la JEP así lo determina. Así lo ha establecido en varias regiones del país en donde se han adoptado los primeros autos de determinación de hechos y conductas”.

El abogado de la CCJ resalta que las investigaciones que han llevado organizaciones no gubernamentales e internacionales apuntarían a que el universo de víctimas puede llegar a 10 mil ‘falsos positivos’.

“Estas subpriorizaciones que tiene la Jurisdicción Especial para la Paz en el caso 03 obedecen específicamente a una masividad de hechos cometidos en algunos territorios, en algunas épocas, pero que no aborda la totalidad de los períodos en todo el territorio nacional, esto para desmentir que solo sean 800 casos radicados en la JEP de manera determinante, de una práctica institucional o de una política nacional”.

El último punto sobre el que queda duda es a qué se refiere Gómez sobre “800 casos radicados” en la JEP. Abogados de víctimas y miembros de la oficina de prensa de la JEP, consultados por este portal, consideran que el excandidato presidencial podría referirse a las acreditaciones de víctimas. Sin embargo, tampoco así cuadra la cifra de Gómez, pues en el macrocaso 03 hay acreditadas 1.444 víctimas, según registros de la JEP con corte al 31 de diciembre de 2021. 

Cifra que refleja su error, pues más allá de exceder las 800 acreditaciones, debe tenerse en cuenta que el universo de víctimas no se define por estas, que son solo una parte de todas las víctimas existentes en el país y que reclaman justicia ante ese tribunal de justicia transicional.

Colombiacheck buscó a Enrique Gómez por medio de su hijo, Nicolás Gómez Arenas, para conocer a qué se refería con “seguimiento cuidadoso de los radicados reales de Justicia y Paz” sobre el tema de ejecuciones extrajudiciales, teniendo en cuenta que en esos despachos no se abrieron procesos por ‘falsos positivos’ cometidos por miembros del Estado. 

Además, para saber qué información tenía consolidada el excandidato presidencial sobre los procesos que había llegado la justicia ordinaria sobre ejecuciones extrajudiciales y si conocía sobre el informe y las bases de datos que la Fiscalía le había entregado al órgano de justicia transicional, pero a la fecha de esta publicación no suministró respuesta.

De tal manera que tras estas evidencias y análisis de los documentos judiciales disponible, concluimos que la afirmación de Gómez Martínez es falsa.

 

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Lunes, 01 Marzo 2021

Uribe no ordenó en 2003 que levantamientos en combate fueran hechos por el CTI

Por José Felipe Sarmiento

Un argumento del expresidente para defender su actuación frente a los “falsos positivos” es que dio una orden que, en realidad, hubiera sido contraria a otras decisiones del principio de su administración.

Entre las afirmaciones con las que el expresidente Álvaro Uribe ha defendido su gobierno luego de que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) revelara que en sus seis primeros años (2002-2008) hubo 6.402 asesinatos que el Estado hizo pasar por muertes en combate, una de las más repetidas es que él ordenó, en 2003, “no mover los cuerpos dados de baja hasta que la Fiscalía, el CTI [Cuerpo Técnico de Investigación], hiciera el levantamiento”.

La frase está en un trino que contiene otras dos afirmaciones ya verificadas por Colombiacheck: que su administración firmó un convenio con la Fiscalía en 2006 con ese mismo propósito (verdadera pero) y que autorizó el pago por información solo a civiles, no a militares (falsa). El dato también está en un comunicado suyo compartido en Twitter, en otro de su partido, el Centro Democrático, y en un hilo de mensajes que esta agrupación política publicó en la misma red social.

Trino de Álvaro Uribe sobre supuestas medidas de su gobierno contra falsos positivos

Trino del Centro Democrático sobre supuestas medidas de Uribe contra falsos positivos

Estas últimas fuentes fueron a las que su equipo de prensa pidió que nuestro portal se remitiera en los dos chequeos anteriores. Al ver la insistencia sobre ese punto en particular, decidimos revisar su veracidad y encontramos que es falso. El CTI ya hacía levantamientos de bajas en combate en 2003, pero no por orden de Uribe. De hecho, las decisiones de su administración al respecto en esos años iban en sentido contrario.

En una sentencia de 1993, la Corte Constitucional determinó que la coordinación de las actividades de policía judicial (entre ellas la inspección de cadáveres y lugares de los hechos) es una función exclusiva de la Fiscalía General de la Nación. O sea que la Presidencia no tiene potestad para dar órdenes al respecto.

En el 94 expidió otra en la que concluyó, además, que la Carta Política prohíbe que estas labores les sean asignadas a las Fuerzas Militares, incluso de manera transitoria. Desde entonces, se ha pronunciado varias veces en el mismo sentido, al igual que la Corte Suprema.

Es más, el Consejo Nacional de Policía Judicial del 4 de septiembre de 2002, cuando Uribe llevaba poco menos de un mes en la Casa de Nariño, discutió la propuesta de buscar una reforma constitucional para abrir esa posibilidad. En el acta consta que la idea contaba con el apoyo de Fiscalía, Procuraduría, Fuerzas Militares y el recién posesionado gobierno, a través de su director del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), Jorge Noguera; la ministra de Defensa, Marta Lucía Ramírez, y el de Interior y Justicia, Fernando Londoño.

El cambio quedó incluido en un acto legislativo de 2003. Este fue propuesto por el Gobierno con la firma, como ministro de Defensa encargado, de otro asistente a esa reunión: el general Jorge Enrique Mora Rangel, entonces comandante de las Fuerzas Militares.

Al notar que la aprobación del proyecto en el Congreso fue irregular porque se había desconocido una votación que debió causar su archivo, la Corte Constitucional lo declaró inexequible y, por tanto, lo dejó sin efecto. Sin embargo, la providencia dejó registro de que el gobierno lo defendió hasta el final, incluyendo el parágrafo que les daba funciones de policía judicial a los militares.

El propio presidente Uribe y sus nuevos ministros de Interior, Sabas Pretelt, y Defensa, Jorge Alberto Uribe, intentaron darle desarrollo a esa reforma constitucional con el proyecto de Estatuto Antiterrorista de 2004, que también fue aprobado por el Legislativo pero quedó sin piso tras la declaratoria de inconstitucionalidad de la norma superior a la que hacía referencia. Así que su administración en ese entonces no estaba realmente interesada en que “todos los levantamientos” de cadáveres fueran hechos por el CTI, como dice que lo ordenó.

Mientras tanto, sucedían casos como el asesinato del reciclador Wilfrido Chantrix Quiroz (quien tenía una discapacidad mental) en Agustín Codazzi, Cesar, el 21 de octubre de 2003. Los militares responsables, hoy sometidos a la JEP, movieron el cuerpo y alteraron la escena para simular una baja en combate antes de que llegara la Fiscalía al lugar para la inspección.

También ocurrieron homicidios como los de los vendedores ambulantes Alonso Rincón León y José Alfredo Castañeda, ejecutados en Viotá, Cundinamarca, el 26 de junio del mismo año para hacerlos pasar como paramilitares. El levantamiento de sus cuerpos en el sitio de los hechos fue evadido por los militares, que los trasladaron en un camión con la excusa de que la Fiscalía, a la que nunca contactaron, “no podía hacerlo” por razones de orden público (el mismo argumento propuesto para justificar la reforma).

El balance que el propio gobierno de Uribe publicó en abril de 2010, a cuatro meses de terminar su segundo mandato, sobre las medidas que tomó tras el escándalo que estalló en 2008 por los llamados “falsos positivos” de Soacha, Cundinamarca, tampoco menciona ninguna acción para fortalecer el trabajo con el CTI anterior al convenio de 2006. En cambio, cita directivas del Ministerio de Defensa en ese sentido que fueron posteriores y recuerda la jurisprudencia al respecto.

Incluso el exfiscal general encargado Guillermo Mendoza Diago, en ese entonces vicefiscal, considera que “no era necesario que hubiera un convenio en ese sentido” porque la competencia de la policía judicial estaba clara desde mucho antes. Además, como se detalla en el chequeo al respecto, considera que el acuerdo se cumplió pero que no era garantía para evitar los “falsos positivos”.

El informe de 2010 también menciona que el Código Penal Militar de 1999, todavía vigente para la época, permitía que la inspección de cuerpos fuera hecha por instrucción militar. Sin embargo, indica que se prefería dejarle la competencia a la policía judicial en virtud de lo dictaminado por las cortes y que el nuevo código contemplaría esto con mayor claridad.

A este proyecto solo le faltaba la sanción presidencial, pero Uribe no lo firmó antes de irse a pesar de que su trámite en el Congreso había terminado en 2008. Fue su sucesor, Juan Manuel Santos, quien lo convirtió en ley 10 días después de posesionarse.

Ya como expresidente en 2012, el mismo Uribe publicó una columna en la que de nuevo apoyaba una reforma para darle la competencia inicial sobre cualquier caso a la Justicia Penal Militar, como también está citado en el chequeo sobre el convenio de 2006. Es decir, volvió a expresar una posición contraria a la orden que hoy dice haber dado.

A pesar de todo esto, Colombiacheck hizo una búsqueda avanzada en Google para dar con la supuesta orden de 2003 y no apareció. El resultado fue el mismo al explorar los archivos digitales de medios de comunicación, en particular El Tiempo, El Espectador y Semana. Ni siquiera los registros históricos del portal de la Presidencia de la República arrojaron esas declaraciones.

Por el contrario, hay otro documento en el que el Uribe del pasado desmiente al actual. Se trata de las palabras que pronunció en el V Encuentro de la Jurisdicción Constitucional en agosto de 2009. “Desde hace casi dos años [o sea desde 2007] no puede haber el levantamiento de un cadáver sin presencia de la Fiscalía”, dijo el entonces jefe de Estado.

De modo que no hay pruebas de la orden que hoy dice haber dado en 2003. En realidad, lo que hizo al principio de su gobierno fue buscar que las facultades para hacer levantamientos fueran a manos de los militares y ha insistido en eso incluso después de dejar el cargo.