El Senado aprobó el 26 de julio de 2022, en segundo debate, el proyecto de ley que ratifica el ingreso de Colombia al Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como Acuerdo de Escazú. 

A raíz de la aprobación por el Senado, en redes sociales empezaron a circular desinformaciones sobre el tema. “El acuerdo de Escazu va a prohibir cultivar con la Hp excusa de proteger el medio ambiente y va a matar a los colombianos de hambre mamertos 70 hps!” (sic), dice un trino publicado por el usuario @criticolombia, que en su biografía se describe como “uribista al 100%”.

El trino tenía más de 559 me gusta y había sido retuiteado por 266 personas, hasta el momento de la publicación de este chequeo, por lo que decidimos verificar si era cierto.

Asimismo, en Colombiacheck ya habíamos verificado otras desinformaciones publicadas por el perfil de Abuelo Emberracado. Entre ellas se encuentra la nota ‘Trino de Francia Márquez sobre “vivir como nuestros hermanos y hermanas venezolanas” es un montaje’, de marzo de 2022. 

Como lo dijimos en este explicador, el Acuerdo de Escazú  fue adoptado el 4 de marzo de 2018 en Escazú, Costa Rica. El periodo de firma de los países latinoamericanos y del Caribe estuvo abierto entre el 27 de septiembre de 2018 y el 26 de septiembre de 2020, tiempo durante el cual 24 países se adhirieron. Tras alcanzar los requisitos establecidos en su artículo 22, entró en vigor el 22 de abril de 2021.

Este Acuerdo Regional, originado en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20) y fundamentado en el Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992, es el fruto de una fase preparatoria de dos años y de nueve intensas reuniones de su Comité de Negociación. Además, según el texto del tratado, es el “único acuerdo jurídicamente vinculante derivado de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20), el primer tratado sobre asuntos ambientales de la región y el primero en el mundo que incluye disposiciones sobre los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales”.

Su objetivo, según el texto del acuerdo, es “garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible”.

Lina Muñoz Ávila, doctora en Derecho y directora de la Maestría en Derecho y Gestión Ambiental de la Universidad del Rosario, le dijo a Colombiacheck que la afirmación de que el Acuerdo de Escazú va a prohibir cultivar hace parte de una serie de mitos que se han construido sobre este tratado y que son infundados. 

“Cuando lees el objetivo del Acuerdo de Escazú no tiene que ver nada con la regulación de las actividades económicas. El Acuerdo no modifica ningún tipo de reglamentación con respecto al desarrollo de la agricultura, la ganadería, la pesca o los hidrocarburos. Eso sigue y seguirá siendo potestad soberana de los Estados”; explicó Muñoz.

Agregó que el Acuerdo de Escazú nos ayuda a entender cómo garantizar que haya información, participación y justicia a la hora de tomar decisiones ambientales, “pero eso no modifica las normas de licenciamiento ambiental, los permisos o autorizaciones que se dan a los sectores económicos para el desarrollo de sus emprendimientos. Lo que significa es que cuando se vaya a construir una hidroeléctrica o una carretera podamos tener información sobre por dónde va a pasar, cuántos árboles se van a deforestar, cómo se va a compensar, que es información ambiental y pública. O si voy a construir un proyecto minero al lado de tu casa al menos puedas participar y tu opinión sea escuchada y tenidas en cuenta”. 

Muñoz también aseguró que no es cierto que este acuerdo vaya a empobrecer  a los países o a prohibir los proyectos porque “la participación de las personas no significa un derecho al veto, sino a que sus opiniones sean debidamente consideradas a la hora de tomar las decisiones por parte de las autoridades”. 

Vanessa Torres, abogada ambientalista y subdirectora de la Asociación Ambiente y Sociedad, organización que participó en el proceso de negociación del Acuerdo de Escazú como representante del público, coincidió en que hay muchos mitos con relación al Acuerdo de Escazú debido al desconocimiento de su contenido. 

“El Acuerdo de Escazú contiene los pilares de la democracia ambiental, que no es más que la existencia de una armonía y concordancia entre las decisiones que se toman desde las instancias institucionales y las posturas por parte de la ciudadanía. Y para que pueda existir esa armonía se basa en tres derechos: acceso a la información, participación ciudadana y justicia ambiental. Adicionalmente, en el marco de las negociaciones la ciudadanía puso en la mesa un punto muy importante que es la protección de defensores y defensoras ambientales, que está en el artículo 9”, explicó Torres. 

La abogada ambientalista aclaró que el Acuerdo de Escazú no tiene el objetivo de profundizar en temas económicos como la agricultura, sino que lo que busca es hacer una revisión de los marcos normativos nacionales que tienen los países de América Latina y el Caribe, verificar que tan efectiva ha sido la implementación de estas normas y, en caso de no serlo, establecer nuevas normativas desde un escenario regional, que pueda permitir el acceso a la información, la participación ciudadana y justicia ambiental. 

Laura Santacoloma, directora (e) de la Línea de Justicia Ambiental de Dejusticia, resaltó que el Acuerdo de Escazú es un tratado internacional de Derechos Humanos relacionado con temas ambientales y es falso que tenga la capacidad de ingerir directamente en los proyectos productivos. 

“Cuando se suscribe un tratado internacional lo que se busca es llegar a un acuerdo de voluntades. Colombia se compromete con los países de la región a cumplir los compromisos pactados, que son garantizar el acceso a la información y la participación y para eso desarrolla en su derecho interno cuáles son esos mínimos a partir de los principios establecidos en el acuerdo y eso lo hace el poder ejecutivo. Eso requiere una reglamentación, no es que opere de un día para otro, y lo que se va a aclarar es cuáles son esas reglas que el Estado debe cumplir”, expresó Santacoloma. 

También, según Santacoloma, se va a afinar la ruta para la protección de los defensores y defensoras ambientales, teniendo en cuenta que Colombia ocupa el primer lugar en el mundo con más asesinatos de ambientalistas, según la ONG Global Witness. 

Por su parte, Rodrigo Botero, director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), advirtió que en ninguna parte del texto del Acuerdo de Escazú se hace referencia a la prohibición de cultivar. 

“Lo único que se está diciendo es que hay que cumplir la legislación, que implica la reglamentación del uso del suelo y en ese sentido hay que cumplirla. Lo otro es una interpretación sesgada porque hay gente que quiere sembrar en los páramos, los parques y dice que vamos a morirnos de hambre. No es así y en ninguna parte del texto lo dice, por el contrario lo que dice es que hay que cumplir la normatividad ambiental asociada al ordenamiento territorial que pasa en este país y en cualquier otro”, dijo Botero. 

¿Cómo va la ratificación en Colombia?

Como lo contamos en el explicador, el presidente Iván Duque anunció el 9 diciembre de 2019 que Colombia firmaría el Acuerdo de Escazú. Esta decisión fue resultado de los compromisos que el dirigente adquirió con los representantes de la Mesa de Diálogo Nacional Ambiental en la Gran Conversación Nacional, un espacio que abrió el Gobierno  para atender a las demandas del paro del 21N. Antes, el gobierno había sentado la posición de no adherirse al acuerdo porque consideraba que Colombia ya contaba con las herramientas para la protección del medio ambiente, argumento que también se ha usado en países como Paraguay. 

Dos días después, Guillermo Fernández de Soto, representante permanente de Colombia ante las Naciones Unidas, firmó el acuerdo en la sede de esta organización, en Nueva York. 

El despacho de Duque radicó el proyecto, el 23 de julio de 2020 en la Cámara de Representantes y el 27 de julio en el Senado, con mensaje de urgencia [eso significa que la aprobación es prioridad para el Gobierno y que se reducen a tres los cuatro debates que generalmente se necesitan], pero la sesión de presentación del proyecto de ley fue aplazada cuatro veces hasta que finalmente se realizó el 4 de noviembre y se decidió la realización de dos foros regionales antes de dar el debate. Además, varios miembros del Centro Democrático, el partido de Duque, se han pronunciado abiertamente en contra del acuerdo. 

Después de varias dilaciones, finalmente el 26 de julio de 2022 el Senado aprobó en segundo debate, con 73 votos a favor  y  23 en contra,  el proyecto de ley que ratifica el ingreso de Colombia al acuerdo. Ahora faltan dos debates en la Cámara de Representantes y la posterior revisión de la Corte Constitucional para establecer su viabilidad. 

Con todas estas evidencias, en Colombiacheck calificamos como falso que el Acuerdo de Escazú va a prohibir cultivar, pues según las explicaciones de los expertos este acuerdo no tiene nada que ver con la regulación de las actividades económicas como la agricultura, sino con el acceso a la información, participación ciudadana y justicia ambiental y además con la protección de los defensores del medio ambiente.