En los últimos meses se han publicado numerosos pronunciamientos de políticos y líderes de opinión en contra de la ratificación del Acuerdo de Escazú, nombre corto del “Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe”, adoptado en 2018 en Escazú, Costa Rica, y firmado por Colombia hace un año, el 11 de diciembre de 2019. 

“En la elaboración de este tratado, que ya ha sido ratificado por Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Guyana, San Cristóbal y Nieves y San Vicente y las Granadinas, en nada intervino el Gobierno”, escribió, por ejemplo, Germán Vargas Lleras en una columna publicada a principios de octubre en El Tiempo. 

La senadora María Fernanda Cabal, por su parte, dijo en un video que posteó en sus cuentas de redes sociales y que ha tenido más de 1.900 reacciones en Facebook, que “todo [el contenido del acuerdo] está en el marco normativo interno y en el bloque de constitucionalidad” y que “[el acuerdo] es parte de la propaganda ambientalista que lo que quiere es someter todo el desarrollo de nuestro país a la decisión de terceros”.

Además de verificar varias de estas afirmaciones [puede leer los artículos aquí 1, 2 y 3], en Colombiacheck decidimos investigar qué es el Acuerdo de Escazú y en qué va el proceso de ratificación en Colombia.

¿De dónde viene?

En junio de 1992 se llevó a cabo la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo o “Cumbre de la Tierra”, un encuentro global en el que jefes de Estado, científicos, periodistas y ONG de 179 países se reunieron para intentar “reconciliar el impacto de las actividades socio-económicas humanas en el medio ambiente y viceversa”, según la página de las Naciones Unidas. 

Esta conferencia, que se realizó en Río de Janeiro, dejó, entre varios resultados, la Declaración de Río Sobre Medio Ambiente y Desarrollo, una lista de 27 principios “universalmente aplicables para ayudar a guiar la acción internacional basándose en la responsabilidad medioambiental y económica”. 

De estos, el Principio 10 fue el más relevante años luego para el Acuerdo de Escazú. Ese principio dice que:

“El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población poniendo la información a disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre éstos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes”.

En 2012, 20 años después de “Cumbre de la Tierra”, este principio tomó especial relevancia durante la Conferencia de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, también conocida como Río+20. “Después de la convención se empieza a hablar del Principio 10, de la importancia de la democracia ambiental. Diferentes sectores de la sociedad empiezan a hablar de la necesidad de sentarse como Estados y comprometerse a hacer un acuerdo en materia de democracia ambiental para la región de Latinoamérica y el Caribe”, explica Laura Serna, joven champion en Colombia para el Acuerdo de Escazú. 

Como resultado de esas conversaciones, en 2012 los gobiernos de Chile, Costa Rica, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay publicaron la “Declaración sobre la Aplicación del Principio 10 de la Declaración de Río Sobre Medio Ambiente y Desarrollo”. En este documento señalaron que la región ha avanzado en materia de participación, acceso a la información ambiental y acceso a la justicia, pero reconocieron que se requieren mayores esfuerzos y un trabajo regional para alcanzar los compromisos adquiridos con respecto a estos tres derechos, y se comprometieron a implementar un plan para conseguirlo. 

“Manifestamos nuestra voluntad de iniciar un proceso que explore la viabilidad de contar con un instrumento regional que puede ir desde guías, talleres, buenas prácticas hasta un Convenio Regional abierto a todos los países de la Región y con la significativa participación de toda la ciudadanía interesada”, dice el documento en el que, además, solicitaron el apoyo técnico de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Cepal.

¿Qué es, entonces, el Acuerdo de Escazú?

Como resultado de la voluntad de dichos países para alcanzar los compromisos establecidos en el Principio 10 de la Declaración de Río, en 2018 nació el Acuerdo de Escazú. Y, de acuerdo con el propio texto del tratado, es el “único acuerdo jurídicamente vinculante derivado de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20), el primer tratado sobre asuntos ambientales de la región y el primero en el mundo que incluye disposiciones sobre los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales”.

Pero vamos por partes. El tratado es, antes que nada, un instrumento regional que tiene como objetivo “garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales”. 

A lo largo de sus 25 artículos se establecen, por ejemplo, parámetros para el acceso a la información como tiempos de respuesta, exenciones y el deber de garantizar este derecho a la población vulnerable, y estándares que deben cumplir los Estados para la “generación y divulgación ambiental” como la inclusión de “sistemas de información actualizados” con información sobre normatividad ambiental, estudios científicos, fuentes de consulta y el listado de zonas contaminadas, entre otras sugerencias. 

En el texto también se detalla que “el procedimiento de participación pública contemplará plazos razonables que dejen tiempo suficiente para informar al público”, que para garantizar el acceso a la justicia, cada Estado contará con “órganos estatales competentes con acceso a conocimientos especializados en materia ambiental” y que cada parte “garantizará un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad”. 
 
Además de esto, hay artículos sobre fortalecimiento de capacidades nacionales y la cooperación y el intercambio de información y de expertos para la implementación del acuerdo. 
 
En ese sentido, en palabras de Andrés Briceño Chaves, doctor en derecho, profesor de la Universidad de La Sabana y experto en derecho ambiental, “el Acuerdo de Escazú es esencial porque cerraría esa brecha de protección que las constituciones parecen no haber colmado, ayudaría a tratar de propugnar por una protección más eficaz del medio ambiente y es una alternativa para mejorar las herramientas que nosotros ya tenemos e integrarnos a un sistema de protección internacional, a unos estándares convencionales que son necesarios para tratar aquellas deficiencias que tiene el mismo modelo constitucional”. 
 
Y para Laura Santacoloma, directora de la Línea de Justicia Ambiental de Dejusticia, “en un país como Colombia, que tiene índices altísimos de homicidios de líderes sociales que se dedican a temas ambientales, un acuerdo que le da herramientas al país y le propone el fortalecimiento y la cooperación frente a un asunto que no ha logrado contener es un beneficio, una ventaja”, 
 
El tratado, como ya dijimos, fue adoptado el 4 de marzo de 2018 en Escazú, Costa Rica. Estuvo abierto a las firmas de los países latinoamericanos y del Caribe entre el 27 de septiembre de 2018 y el 26 de septiembre de 2020, tiempo durante el cual 24 países se adhirieron. Y entrará en vigor a principios de 2021, después de que lo ratificaran 11 de los firmantes, condición necesaria para la entrada en vigencia. 

¿Cómo va la ratificación en Colombia?

El presidente Duque anunció el 9 diciembre de 2019 que Colombia firmaría el tratado. Esta decisión fue resultado de los compromisos que el dirigente adquirió con los representantes de la Mesa de Diálogo Nacional Ambiental en la Gran Conversación Nacional, un espacio que abrió el Gobierno  para atender a las demandas del paro del 21N. Antes, el gobierno había sentado la posición de no adherirse al acuerdo porque consideraba que Colombia ya contaba con las herramientas para la protección del medio ambiente, argumento que también se ha usado en países como Paraguay. 

Dos días después, Guillermo Fernández de Soto, representante permanente de Colombia ante las Naciones Unidas, firmó el acuerdo en la sede de esta organización, en Nueva York. 

Sin embargo, a pesar de que el despacho de Duque radicó el proyecto, el 23 de julio de 2020 en la Cámara de Representantes y el 27 de julio en el Senado, con mensaje de urgencia [eso significa que la aprobación es prioridad para el Gobierno y que se reducen a tres los cuatro debates que generalmente se necesitan], las Comisiones Segundas Conjuntas no han citado el primero de los tres debates que se requieren para la aprobación del tratado. Luego tendría que pasar la revisión de la Corte Constitucional. 

La sesión de presentación del proyecto de ley fue aplazada cuatro veces hasta que finalmente se realizó el 4 de noviembre y se decidió la realización de dos foros regionales antes de dar el debate. Además, varios miembros del Centro Democrático, el partido de gobierno, se han pronunciado abiertamente en contra del acuerdo. 

Este tipo de dilaciones han generado el rechazo de varias organizaciones ambientalistas en el país: los integrantes de la Mesa de Diálogo Nacional Ambiental enviaron una carta al presidente el 25 de octubre solicitando su intervención para cumplir con su compromiso y más de 150 organizaciones le pidieron en el mismo mes al mandatario “redoblar el esfuerzo en pro de la ratificación”. 

Otro grupo que se opone al tratado es el Consejo Gremial (que está integrado por organizaciones como Acoplásticos, Analdex, ANDI, Asocaña, Asocolflores, Camacol, Fedegán, Fedepalma, Fenavi y la Sociedad de Agricultores de Colombia). Este Consejo envió al presidente un análisis de conveniencia en contra de la ratificación. “A nuestro entender, la aprobación del Acuerdo puede eventualmente incluir nuevos instrumentos de diálogo que podrían tener situaciones insolubles para llevar a cabo los proyectos de desarrollo que el país necesita”, dice, por ejemplo, el documento. 

El 23 de noviembre se llevó a cabo en Cúcuta el primero de los foros regionales acordados para continuar la discusión del proyecto. Aún no se ha definido la fecha para el segundo. Lo que es claro es que este año no se dará la votación del proyecto, pues la agenda legislativa termina el 16 de diciembre. Ya no hay tiempo.