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Falso

Viernes, 27 Marzo 2020

Es falso que Perú haya ‘acabado de nacionalizar hospitales y clínicas’ por el coronavirus, como trinó Petro

Por Ana María Saavedra

El excandidato presidencial y actual senador lo publicó en su Twitter ante las medida anunciadas por el vecino país por la emergencia del coronavirus (Covid-19).

Este artículo fue publicado originalmente por medio peruano Ojo Público el 18 de marzo de 2020. Este contenido es reproducido aquí como parte de #CoronaVirusFacts, un esfuerzo global liderado por la International Fact-Checking Network, IFCN (de la cual Colombiacheck es miembro), para combatir la desinformación al respecto del brote de coronavirus en el mundo. 

El exalcalde de Bogotá y actual senador, Gustavo Petro, publicó un tuit en que afirmó que, como parte de las medidas que se están tomando en distintos países para afrontar la pandemia de coronavirus, el Perú ha dispuesto la nacionalización de las clínicas, es decir los servicios privados de salud. 

Tras revisar su mensaje original y contrastarlo con la información oficial en el Perú, OjoPúblico señala que esa versión es falsa. 

El político colombiano hizo esa afirmación como parte de sus críticas a las medidas adoptadas en Colombia, donde hasta la mañana del miércoles  18 de marzo las cifras oficiales indicaban que hay 93 infectados con el virus. A la fecha de hoy  27 de marzo, la cifra era de 539. 

Petro había reclamado medidas más drásticas: "Si no hay intervención sobre Eps y hospitales y clínicas privadas, cuando se dispare la demanda por camas de cuidados intensivos, estas no serán usadas por la gente con menores posibilidades económicas. La desigualdad hará presencia entre los enfermos", señaló.

Y ese 18 de marzo, a las 8:50 a.m., publicó el siguiente tuit comparativo con la situación en el Perú.

 

Como sustento de su afirmación, Gustavo Petro adjuntó el link de una nota de OjoPúblico sobre las medidas tomadas por el Ejecutivo como parte del Estado de Emergencia Nacional para reforzar el Sistema Nacional de Salud en todo el territorio.

La nota aludida lleva el titular: "Clínicas privadas quedan bajo dirección del Minsa durante la emergencia".

Según el Decreto de Urgencia 044-2020-PCM, en medio de este estado de excepción, el Ejecutivo le puede imponer a las clínicas la ejecución de “servicios extraordinarios por su duración o por su naturaleza”. “El Ministerio de Salud (Minsa) puede ejercer aquellas facultades que resulten necesarias respecto de los centros, servicios y establecimientos de salud de titularidad privada, de acuerdo a la disponibilidad de cada establecimiento y previa evaluación de la Autoridad Sanitaria Nacional”, añade.

Como parte de estas acciones, por ejemplo, se les ordenó cancelar la atención de consultas externas y enfocarse solo en la cobertura de emergencias y el cuidado de pacientes que ya están internados en sus instalaciones.

Sin embargo, el decreto no hace referencia alguna a la propiedad de los establecimientos privados. Se trata de una medida temporal que incluye "la posibilidad de determinar la mejor distribución en el territorio de todos los medios técnicos y personales, de acuerdo con las necesidades que se pongan de manifiesto en la gestión de esta emergencia sanitaria".

A una consulta para esta verificación, Alejandro Langberg La Rosa, presidente de la Asociación de Clínicas Particulares del Perú (ACP), señaló: "Nosotros en el sector privado estamos coordinando permanentemente con el Estado, pero de ninguna manera nos han nacionalizado ni nada parecido".

Enviamos una consulta a Gustavo Petro a través de la red social que ha estado utilizando a lo largo de la mañana, pero no obtuvimos respuesta.

En función a lo revisado, OjoPúblico concluye que la afirmación de que el exalcalde de Bogotá Gustavo Petro, acerca de que el Perú ha dispuesto la nacionalización de las clínicas como parte de las medidas para combatir la epidemia de coronavirus, es falsa.

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Martes, 18 Agosto 2020

Cuentas alegres: la repartición mal hecha de 117 billones de pesos para la pandemia que hacen en redes

Por José Felipe Sarmiento

Una publicación dice que a cada colombiano le tocaban 2,3 millones de pesos en subsidios por COVID-19. Esa es solo una división simple de la plata que el Estado tiene para enfrentar la crisis.

En una publicación de Facebook, compartida 29.000 veces, aseguran lo siguiente: “Duque afirma que gastó 117 billones en pandemia, es decir “cada colombiano ha recibido 2’340.000 pesos en ayudas-subsidio”.

Publicación de Facebook sobre gasto del Gobierno en pandemia

Sin embargo, al verificar este mensaje que se volvió viral en redes encontramos que es cuestionable. Lo único real es la cifra, que corresponde con la que ha anunciado el Gobierno como inversión de cara a la crisis económica y sanitaria por el COVID-19 y que, de hecho, sí ha sido cuestionada por expertos. Pero las declaraciones del mandatario están descontextualizadas, mientras que el cálculo por persona se basa en una simple operación matemática que tampoco corresponde con la realidad.

El pasado 27 de mayo, en su programa de televisión diario sobre la gestión del Gobierno frente a la emergencia global, Duque presentó un gráfico sobre “todo el aporte económico que ha hecho Colombia” con ese propósito. “Estamos hablando de casi 11,04 por ciento del PIB [producto interno bruto]. Es una cifra que supera los 117 billones de pesos”, agregó.

En seguida mostró un diagrama para especificar los diferentes rubros sumados para obtener esos datos. El mayor equivale a 60,2 billones de pesos, 5,67 por ciento del PIB, de capitalización al Fondo Nacional de Garantías (FNG) para créditos de nómina. Le siguen 24,8 billones, 2,33 por ciento del PIB, que corresponden al Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME) y 23 billones, 2,17 por ciento del PIB, que el Banco de la República destinó a subastas de liquidez, entre otros.

Esto implica, en primer lugar, que los 117 billones totales no son para distribuirlos solo en ayudas y subsidios para ciudadanos individuales y que incluyen medidas que no dependen exclusivamente de Presidencia. En particular, este es el caso de los recursos inyectados al sistema financiero por el Emisor que, como explicamos en otro chequeo, tiene una junta directiva que toma esas decisiones con independencia del mandatario de turno.

De hecho, Duque le dio paso enseguida al viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, quien afirmó que “el Estado, como un todo, ha venido haciendo un esfuerzo muy, muy grande por atender la emergencia”. Así, reconoció que las cuentas presentadas en el gráfico incluían recursos de entidades estatales en general, no solo la plata que depende directamente del primer mandatario y su gabinete.

Por otro lado, la revisión de los datos presentados en la emisión también permite concluir que estaban contando dineros que no habían sido utilizados todavía sino que se habían dejado disponibles para usarlos más adelante. Es el caso, por ejemplo, de los que están destinados a garantizar los créditos de nómina en caso de que las empresas beneficiarias incumplan con los pagos en el futuro.

Otros rubros, en lugar de ser ayudas entregadas, correspondían a alivios por los que la Nación dejó de recibir recursos. De esta manera, incluyeron 2,21 billones de pesos por descuentos o aplazamientos en el cobro de impuestos dentro de los 117 billones totales.

Hacia el final de su intervención, que duró casi cinco minutos, Londoño resumió los “esfuerzos” con la mención de varias categorías, con lo que corroboró lo anterior. Dijo que las medidas contabilizadas eran “de gasto directo, de compromiso de recursos futuros en caso de que los créditos no se den, de disminución de ingresos por parte de la Nación al decir ‘no cobro ciertos impuestos’ y de disponer de recursos para para que todo nuestro sistema de intercambio funcione, como lo ha hecho el Banco de la República”.

Las críticas al gobierno

El comunicado que emitió el gobierno ese día, con base en las cifras y declaraciones de Duque y Londoño en el programa, cambió los tiempos verbales usados por ellos (“Colombia invierte”, “está invirtiendo”) pero mantuvo las cifras. Estas fueron defendidas un mes después por Diego Molano, director del Departamento Administrativo de la Presidencia, en entrevista con el diario El Tiempo, después de que el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana publicó un informe en el que cuestionó la manera de sumar del gobierno.

El documento académico señaló que los recursos dispuestos para garantía de créditos no cuentan como gasto en la atención de la pandemia. De entrada, esto excluyó 6 de los 11 puntos del PIB que habían incluido en sus cuentas tanto el presidente como el usuario de Facebook que calculó la supuesta repartición.

“La principal fuente de recursos que verdaderamente pueden constituir un gasto”, según la institución, es el FOME. No obstante, el decreto que lo creó también admite que la plata sea utilizada en capitalizaciones y garantías, como está explicado en el especial de Colombiacheck y Cuestión Pública que detalla la norma. En todo caso, el fondo representa una quinta parte de los 117 billones y apenas el 2,4 por ciento del PIB. Además, esta cifra era apenas de recursos disponibles “a la mano”, pero tampoco correspondía a lo ya gastado, como se interpreta en la publicación viral.

“Si bien no es de esperarse que todos los recursos destinados a la emergencia hayan sido ejecutados, es extremamente preocupante –e incumple con el espíritu de la Ley de Transparencia (Ley 1712 de 2014)– que no exista un plan de gasto detallado para la respuesta a la pandemia que pueda ser conocido por el público, y que la única fuente a través de la cual la ciudadanía puede enterarse de los planes del gobierno sean declaraciones casuales de funcionarios”, advirtió el informe del Observatorio Fiscal.

Hasta el pasado 3 de agosto, el FOME había desembolsado 11,2 billones de pesos, el 44 por ciento de su contenido. De este monto, la universidad confirmó que 7,9 billones se destinaron a subsidios. Esto es apenas el 6,7 por ciento de los 117 billones que la publicación divide con ligereza entre 50 millones de colombianos.

Ni siquiera ese monto, mucho más pequeño, se reparte así. Un poco más de la mitad, 4,1 billones de pesos, fueron para financiar el programa Ingreso Solidario. Este beneficia a 3 millones de personas que están por fuera de otros programas sociales del Gobierno y que se escogen por medio de un cruce de bases de datos para que sean quienes realmente lo necesitan, de acuerdo con lo establecido por el Departamento Nacional de Planeación en la resolución y el manual operativo sobre este beneficio.

Otros 2,1 billones han sido para las transferencias adicionales de Familias en Acción, Jóvenes en Acción y Colombia Mayor. Estos tres programas están dirigidos a familias pobres, indígenas, afrodescendientes o víctimas del conflicto armado. También se utilizan bases de datos para focalizar la ayuda, en especial el Sistema de Selección de Beneficiarios para Programas Sociales (Sisbén).

Los 1,7 billones de pesos restantes son de subsidios a la nómina, aunque el Gobierno asegura que otros 700.000 millones corresponden a giros de agosto, con lo que serían 2,4 billones. Estos recursos pertenecen al Programa de Apoyo al Empleo Formal, destinado a las empresas que hayan perdido por lo menos una quinta parte de su facturación debido a la crisis por la pandemia, para que el Estado cubra el 40 por ciento de un salario mínimo de sus empleados.

En resumen, el estado de Facebook es cuestionable porque el gobierno sí ha dicho que el Estado ha hecho “esfuerzos” por 117 billones de pesos para atender la crisis por el COVID-19, pero todavía no se ha gastado toda esa plata y la cifra tiene varias imprecisiones sobre lo que se puede considerar gasto del Gobierno.  Entre tanto, el pequeño porcentaje que sí se ha ido ya en subsidios nunca estuvo destinado a repartirse por igual entre todos los habitantes del país, sino entre poblaciones pobres, más vulnerables o con mayor afectación económica por la emergencia.