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Verdadero

Viernes, 17 Julio 2020

Exguerrilleros de Farc son, en su mayoría, campesinos sin tierra para cultivar

Por Sania Salazar

Según el más reciente informe del Instituto Kroc sobre la implementación del Acuerdo Final, persisten las dificultades de los exguerrilleros para tener tierra en la cual cultivar.

El senador del Partido Farc, Carlos Antonio Lozada, aseguró en su cuenta de Twitter que “los firmantes del acuerdo de paz en su mayoría son campesinos, lo que saben hacer es cultivar la tierra, algo que justamente no tienen”. 

Colombiacheck califica la frase como verdadera, pues un censo socioeconómico de la Universidad Nacional, el más reciente informe del Instituto Kroc sobre el estado de la implementación del Acuerdo Final y la historia de las Farc como guerrilla le dan la razón a Lozada.

“Esa era la composición de las Farc y está comprobado en el censo que hizo la Universidad Nacional”, indicó Lozada a través de su oficina de prensa, además aseguró que la falta de tierra se podía verificar con la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación, CSIVI, la instancia para hacer seguimiento a la implementación del Acuerdo Final conformada por representantes del Gobierno y del ahora Partido Farc.

Según el censo socioeconómico realizado por la Universidad Nacional, el 66% de los exguerrilleros censados tienen origen rural y el 60% manifestó interés en proyectos productivos colectivos relacionados con actividades agropecuarias en granjas integrales.

En el equipo de prensa del CSIVI, componente Farc, nos dijeron que no tienen datos al respecto, que solo saben que no tienen tierra.

El cuarto informe sobre el estado de la implementación del Acuerdo Final del Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz, que comprende diciembre de 2018 a noviembre de 2019, afirma que la reincorporación económica fue una de las prioridades más importantes para el Gobierno durante el periodo de estudio, lo que permitió la creación de la ruta de este proceso y la aprobación de varios proyectos productivos. Pero que “persisten algunas dificultades relacionadas con el acceso a tierras, la sostenibilidad de estos proyectos y el apoyo a las formas asociativas de los y las excombatientes”.

El informe resalta que el acceso a la tierra es importante para la reincorporación económica dado que la mayoría de los proyectos productivos son de vocación agrícola. “Aunque el Decreto Ley 902 del 2017 habilita a la ANT para comprar tierras a ser adjudicadas a entidades para el desarrollo de programas de reincorporación, el esfuerzo normativo no ha sido suficiente. La mayoría de los y las excombatientes continúan viviendo y desarrollando sus proyectos productivos en predios arrendados, lo cual afecta su sostenibilidad”.

En el trabajo “En Caldas la fuerza de los proyectos productivos de Farc la ponen los exguerrilleros”, Colombiacheck contó que varios de los reincorporados con los que habló en ese departamento han conseguido tierras para sembrar sus proyectos productivos pagándola con parte de la asignación mensual que reciben para su manutención, que un resguardo indígena cedió en comodato un terreno a un grupo de exguerrilleros para que adecuaran un estanque donde producen tilapia y que otros esperan que les aprueben los proyectos productivos que propusieron.

Hay que recordar que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Farc, nacieron de un movimiento agrario fundado por 48 campesinos en Marquetalia, Tolima, y que su primera declaración política se conoce como “Programa agrario de los guerrilleros” en el que explican que toman las armas para luchar por una “política agraria que entregue la tierra del latifundio a los campesinos” y para darle al campo y a sus habitantes condiciones de vida dignas. También que en esa misma lógica de redistribución de la tierra en el país está basado el primer punto del Acuerdo Final firmado entre esa organización y el Gobierno.

La base social de las Farc estaba conformada también por campesinos pobres y colonos, cocaleros y en algunas ciudades sectores marginales radicales de izquierda como lo relata Ariel Ávila en su libro Detrás de la Guerra en Colombia.

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Jueves, 14 Marzo 2019

Rafael Nieto publica cifras cuestionables de homicidio y reclutamiento

Por Sania Salazar

Ninguna de las instituciones que hacen seguimiento de los homicidios tienen cifras completas de 2018, por lo tanto no se puede comparar todavía con 2017. Las cifras de reclutamiento oficiales no coinciden con las que él referencia.

Rafael Nieto Loaiza, integrante del partido Centro Democrático y exviceministro de Justicia del gobierno de Álvaro Uribe, afirmó en su cuenta de Twitter que, después de la firma de la paz con las Farc, han aumentado los homicidios y el reclutamiento de menores de edad en el país.

El miembro del partido Centro Democrático adjuntó en el trino el enlace de una nota de Blu Radio en la que se informa sobre el aumento del 100 por ciento en el reclutamiento de menores, según elaAlto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, pero en esa noticia no se hace alusión a los homicidios.

Nieto Loaiza le dijo a Colombiacheck que las cifras de homicidios en general las tomó de la Policía, del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses y de la Fundación Ideas para la Paz, FIP.  Además, envió notas periodísticas de El Espectador, Radio Nacional y RCN Radio.

Después de revisar diversas fuentes, Colombiacheck califica como cuestionable la información publicada por Nieto. Las entidades que le hacen seguimiento a las cifras de homicidios no tienen aún los datos consolidados de 2018, por tanto no es posible comparar con 2017. Las cifras de reclutamiento de la Unidad para las Víctimas señalan una reducción, contrario al aumento que indica Nieto.

Además, las cifras que presenta Nieto carecen de contexto, pues no necesariamente el comportamiento de estos delitos está relacionado únicamente con los efectos del proceso de negociación con la exguerrilla de las Farc.

Colombiacheck revisó el informe de la FIP titulado “Sin política pública contra los homicidios no es posible proteger la vida en Colombia” publicado en diciembre de 2018 y mencionado en las notas de El Espectador y Radio Nacional. El informe compara el comportamiento del homicidio en el periodo entre enero y agosto de 2017 y del mismo lapso de 2018 y basado en la cifras deduce que el 2018 terminaría con un alza, después de siete años de reducción continua.

“De acuerdo con la base de datos de la Policía Nacional publicada en el mes de agosto de 2018, durante los primeros ocho meses del año el número de homicidios presentaba un incremento del 8.6% con respecto al mismo periodo del año anterior”, indica el informe.

Es importante señalar que para saber la diferencia precisa en los asesinatos de 2017 y 2018 hay que comparar el número de casos totales para cada año.

Según el informe Forensis, del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en 2017 se registraron en Colombia 11.373 homicidios. La información preliminar (no ha salido el Forensis 2018) del Observatorio de Violencia de la misma entidad indica que en 2018 hubo 11.299 asesinatos, 74 casos menos que en 2018.

En Medicina Legal le explicaron a Colombiacheck que la diferencia de cifras entre esa institución y la la Fiscalía General de la Nación es que esta segunda entidad basa sus cuentas en las investigaciones por el delito de homicidio.

Las cifras de la Policía indican que en 2017 hubo 12.077 homicidios. Los datos de 2018 están hasta el 7 de noviembre de ese año, fecha en la que se contabilizaban 10.373 casos.

El informe de la FIP indica que parte del incremento en los homicidios está relacionado directamente con la ausencia de una política de Estado estructurada específicamente para prevenir las muertes violentas.

“El gobierno anterior fundamentó buena parte de su estrategia en el desarrollo de su política de paz, pero no tuvo en cuenta que las causas del homicidio son diversas, así como sus modalidades, ni se percató de los indicios que señalaban los registros policiales acerca de posibles incrementos en el mediano plazo”, señala el informe.

Además, el análisis de la FIP llama la atención sobre que en el país se han desarrollado acciones que no configuran una política para reducir los homicidios y su impacto social. “Esta ausencia no es una particularidad del gobierno actual; por el contrario, es una constante estructural del país”, precisa el informe.

Para la FIP es indudable que una parte importante del incremento de los homicidios proviene del conflicto entre los distintos actores armados que operan en los territorios cooptados después del desarme de las Farc. “Ello se deriva del aumento que se viene registrando desde hace dos años en las zonas rurales, espacios donde se desarrolla gran parte de las dinámicas de las economías ilegales y ocurren disputas entre estructuras criminales por el control territorial y comercial asociado a estas actividades. Estos lugares son el escenario del 33% de los casos registrados y explican el 68% del crecimiento nacional”.

En el informe titulado “Cómo va la paz: La reestructuración unilateral del Acuerdo de Paz” de la Fundación Paz y Reconciliación, Pares, publicado en enero de 2019 (que tiene los datos de homicidio hasta el 30 de  septiembre de 2018), se recuerda que desde 2012 se había registrado una disminución de los homicidios que se estancó en 2017 y también indicó que 2018 registraría “una leve, pero preocupante, tendencia al alza”.

“Este aumento del homicidio en 2018 se ha presentado en 146 municipios de los 242 donde operaban las FARC, particularmente hay tres subregiones del postconflicto donde se ha elevado sustancialmente este indicador de violencia: en Bajo Cauca, Norte y Nordeste Antioqueño, allí hay municipios como Caucasia o Tarazá que han elevado su tasa de homicidio por encima de un 200%; en el Catatumbo pasa algo similar; lo mismo en la Costa Pacífica Nariñense y Caucana. En estas tres regiones se vive una especie de guerra civil en donde múltiples actores armados se disputan el territorio”.

Reclutamiento

Nieto basa las cifras de reclutamiento de niños en una declaración del alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, quien aseguró que ese delito había aumentado un 100 por ciento al pasar de 24 casos a 50. Para ser más exactos, con esas cifras, el aumento sería del 108 por ciento.

Pero las cifras de la Unidad para las Víctimas indican que en 2017 hubo 88 casos de vinculación de niños, niñas y adolescentes, mientras que en 2018 se registraron 57 casos. Según esos datos, el reclutamiento, contrario a aumentar, ha disminuido en un 35,2 por ciento.

El informe de Pares citado anteriormente recuerda que las cifras de la Unidad para las Víctimas sobre reclutamiento están basadas en denuncias, por lo cual resalta que puede haber un subregistro.