Chequeo Múltiple Chequeo Múltiple Chequeo Múltiple Chequeo Múltiple Chequeo Múltiple Chequeo Múltiple Chequeo Múltiple Chequeo Múltiple
Chequeo Múltiple
En Facebook ha circulado desde principios de febrero una publicación con el título “Petro es Pueblo” (1, 2, 3, 4, 5, 6) en la que se hace alusión a varios aparentes logros del presidente, Gustavo Petro, durante en lo que va de su mandato y critica que se convoque a un paro en su contra.
La imagen expone:
“Convocan a paro porque el gobierno Petro dio Tierras a Campesinos.
Rebajo el SOAT al 50%
Condono deudas del ICETEX
Congelo tarifas de PEAJES
Bajo tasa de desempleo a un digito 9.8 %n
Destapo nominas paralelas en ECOPETROL
Destapo nominas parales en gobierno duke por $ 4.5 Billones
Destapo saqueo a la SAE $ 7 Billones
Quito exenciones a empresas por $ 9 Billones Saco 60 generales de policia y ejercito afectando custodia de la cocaína
Limpieza en AEROCIVIL frenando salida de droga por aeropuertos.
Proyecto REFORMA A LA SALUD le quita la mala atención al usuario (Tiene que ser con Tutela)
Proyecto: MESADA de $ 500.000 Para no pensionados (ADULTO MAYOR)
Proyecto: PAZ TOTAL acabar con 60 años de guerra” (sic).
Este post ha sido compartido en Facebook en grupos petristas como “Petro Presidente” y “Colombia apoya a Gustavo Petro”, los cuales acumulan más de 50.000 miembros; así como por varias páginas de fans a favor del mandatario, entre ellos “Progresistas Villavicencio”, con 11.000 seguidores; “Colombia abre los ojos”, con 2.600 seguidores, y Nariño San Lorenzo Cafetero, con casi 5.000 amigos.
En Colombiacheck verificamos la publicación ante su masiva difusión y porque fue reportada por usuarios de Facebook como posible contenido falso y nos apareció en la plataforma del programa de terceros verificadores (3PFC) de Meta, a la que tenemos acceso como aliados para combatir la desinformación en sus redes sociales.
En nuestro chequeo verificamos ocho de las afirmaciones del post, que según nuestra metodología son chequeables, y encontramos que 1 son verdaderas pero y 7 cuestionables.
Si bien es cierto que el gobierno Petro, con el decreto 2497 de 2022, autorizó a mediados de diciembre pasado un descuento del 50% en el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), esta rebaja no aplica para todos los vehículos.
Tal como señalamos en chequeos anteriores (1, 2), la medida solo beneficia a cierto tipo de vehículos, entre ellos están ciclomotores, motos de hasta 200 centímetros cúbicos, autos de negocios (para el transporte de pasajeros), taxis y microbuses urbanos, servicio público urbano, buses y busetas y vehículos de servicio público intermunicipal.
Crédito: SuperFinanciera.
También se debe aclarar que esta disminución del precio en el SOAT no le resta cobertura, tal como pudimos comprobar en las verificaciones mencionadas, pero cambia la entidad que gira el pago de los servicios de asistencia médica.
Por lo tanto, esta aseveración es “cuestionable” ya que aunque existe una rebaja del 50% del SOAT, aplica solo para cierto tipo de vehículos y no para todos.
La actual administración de Petro efectivamente ordenó, mediante el decreto 050 de 2023, congelar los precios de los peajes a cargo del Instituto Nacional de Vías (Invías) y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) desde el 15 de enero, lo cual comprende 113 peajes que administra la agencia y 37 dirigidos por instituto, según el Ministerio de Transporte.
A pesar de esta norma, igualmente algunas concesionarias privadas subieron sus tarifas a principios de año con el aval de la ANI y se apoyaron en el hecho de que las ajustaron antes de que se expidiera el decreto que lo prohibía; así lo aclaramos en este chequeo y en este explicador.
Entre las que aumentaron los precios está la concesión de Autopistas del Caribe, que en un comunicado de prensa indicó: “(Esta empresa) no hace parte de ese listado y, de acuerdo con la entidad nacional, no está cobijada por dicho decreto. Vale recordar que el pasado 9 de enero, la ANI le aprobó al concesionario incrementar las tarifas a partir del día 10 de enero”.
En la propia página de la agencia gubernamental aparecen, además, cuáles son los peajes concesionados con tarifa congelada y aquellos con un incremento permitido, en su mayoría manejados por Autopistas del Caribe, Armenia, Pereira, Manizales, Bogotá (Fontibón) - Faca - Los Alpes, Desarrollo Vial del Oriente Medellín y Autopista Conexión Norte.
Por estas razones calificamos de “verdadera, pero” la afirmación sobre la paralización de tarifas en peajes del país.
El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex), según el Ministerio de Educación, es una entidad gubernamental dedicada a entregar créditos para cursar estudios superiores a la población con menores posibilidades económicas y que cuente con buen desempeño académico.
La institución ofrece condonaciones desde 2011 y, todavía en los últimos días de la administración de Iván Duque, anunció que 4.067 usuarios accederían al beneficio de condonación del 25% o 50% de su financiación por haber culminado sus estudios de educación superior y obtener su grado.
“El beneficio de condonación de la deuda hace parte de la destinación de los subsidios que acompañan el crédito educativo y que son otorgados para los jóvenes estudiantes priorizados por mayor grado de vulnerabilidad”, explicó la institución.
Luego, en una entrevista con La Silla Vacía en septiembre, el nuevo director del Icetex, Mauricio Toro, indicó que tenían 9.000 personas en espera por condonación “4.500 que tenía Duque pendiente y 4.500 que el presidente Gustavo Petro prometió en los primero 100 días de Gobierno”.
Aunque aclaró que las anulaciones de deuda solo se aplicaban cuando los estudiantes sacaban créditos con derecho a condonación. “¿Qué son las condonaciones? Las condonaciones son para un grupo de personas que cuando llegan al Icetex a pedir un crédito se les muestra unos fondos o unas líneas que traen una promesa de condonación. Es decir, que cuando se gradúan llevan el acta de grado y si la persona es juiciosa se le condona el 100, el 50 o el 25 por ciento, dependiendo del fondo o la línea”, precisó.
El mismo Gobierno de Petro después aseguró que gestionaba los recursos para lograr un total de 10.000 condonaciones antes de terminar el año para quienes hayan obtenido su grado y estén en situación de vulnerabilidad o pertenecen a una población de protección constitucional (indígena, víctimas del conflicto, en condición de discapacidad o reintegrados).
Hasta el 15 de noviembre, sin embargo, el Icetex informó que apenas iban 5.600 beneficiados con las eliminaciones de deuda de 25% y 50%. No obstante, el departamento de prensa de la institución en comunicación con este medio sostuvo que al finalizar el año habían completado las “11.000 condonaciones” parciales prometidas.
También la entidad permitió la anulación del 100% de la deuda, pero solo para aquellos cuyo crédito estuviese asociado a la cartera de la Central de Inversiones S.A. (Cisa), esto comprende a 3.957 jóvenes clasificados en grupos de pobreza extrema y pobreza moderada dentro de los grupos A y B del Sisbén IV.
Por lo tanto, es cuestionable que el gobierno Petro haya condonado deudas del Icetex porque ya había unas en espera desde el mandato de Duque. Además, se debe considerar que este beneficio solo es para determinado tipo de crédito y para quienes cumplan ciertas características como haberse graduado, presentar una condición de vulnerabilidad o pertenecer a una comunidad sujeta a protección constitucional.
El director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Mauricio Lizcano, denunció en septiembre de 2022 que el gobierno de Iván Duque había hecho un gasto billonario en “nóminas paralelas” entre 2021 y 2022, el cual ascendía a “4,6 billones de pesos”.
Esta revelación ocurrió un mes después de que el presidente Petro le exigiera a su gabinete desmantelar las nóminas paralelas.
He dado la orden en Consejo de ministros de desmantelar todas las nóminas paralelas que existan en las entidades públicas y de eliminar todo gasto suntuario o superfluo.
— Gustavo Petro (@petrogustavo) August 10, 2022
Según Lizcano, descubrieron que había personas con contratos de prestación de servicios que terminaban cumpliendo labores de otro funcionario público; es decir, había dos personas haciendo las funciones de un mismo puesto, una a la cual el Estado le asignaba el cargo y otra que terminaba haciendo el trabajo.
“No estamos satanizando el contrato por prestación de servicios, pero hay un gasto desbordado entre el año pasado y este, se han gastado 4,6 billones de pesos”, señaló Lizcano y aclaró que “no todos ellos son por nóminas paralelas”.
El medio de comunicación Vorágine, por su parte, a través de un derecho de petición recibió la información de tales hallazgos, pero, según sus cuentas, el gasto total en estas plantillas de personal sería casi el doble.
“Aunque la cifra de cuatro billones de pesos ya de por sí es alarmante, Vorágine hizo la suma de los valores entregados por el Dapre y el resultado no sería de 4 billones sino de 7,9 billones de pesos, sumando los contratos de prestación de servicios de 2021 y 2022, abajo relacionados”, indicó la revista en su investigación.
No obstante, el medio no obtuvo respuesta de Lizcano, director del Dapre, para ahondar en más detalles sobre sus revelaciones y el director anterior durante el gobierno Duque, Víctor Muñoz, se negó a responder.
Por estos hechos, la Fiscalía General de la Nación además recibió la denuncia; sin embargo, remitió la información suministrada a la Contraloría General de la República para auditar los contratos si lo consideraba necesario y que, de encontrarse algún hallazgo, se hiciera la compulsa de copias para adelantar una investigación penal.
Hasta el momento no se han presentado resultados de la investigación por parte de este órgano de control.
Consideramos cuestionable la afirmación de que el gobierno Petro destapó nóminas paralelas de la administración anterior por que, si bien hizo esta revelación y puso una denuncia ante la Fiscalía, esto aún se encuentra bajo investigación por la Contraloría para comprobar si es así y cuál sería el monto del gasto.
Aunque, en octubre de 2022, Petro alertó sobre “uno de los peores hechos de corrupción de la historia” por irregularidades con los bienes en manos de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), aún no se conocen cifras exactas sobre el impacto económico de este hecho.
Le agradezco al Fiscal General de la Nación que reconstruya el inventario de bienes en extinción de dominio que se le entregó a la Direccion Nacional de Estupefacientes, hoy SAE.
— Gustavo Petro (@petrogustavo) October 10, 2022
Podemos estar ante uno de los peores hechos de corrupción de la historia.
Según la Fiscalía, entre 2020 y 2022 se han impuesto medidas cautelares sobre 21.772 bienes por un valor de 25,7 billones de pesos. De estos, le han entregado 19.587 bienes a la SAE, mientras que otros 2.185 no se han podido incautar.
Por su parte, esta entidad, en un documento conocido por la revista Cambio, asegura que hasta agosto de 2022 tiene bajo su administración 24.441 bienes avaluados en 5,3 billones de pesos, de los cuales solo a 3.510 les han extinguido dominio, es decir, sobre ellos el Estado ha reclamado su propiedad ya que sus antiguos dueños los obtuvieron de forma ilícita.
Frente a estas cuentas que no cuadran, el fiscal general, Francisco Barbosa, junto con Petro, instaló una mesa técnica de alto nivel para investigar las posibles anomalías y delitos en el manejo de los bienes por parte de la SAE. Sin embargo, hasta la fecha no se conocen los resultados de esta investigación.
La Procuraduría, por su parte, reveló que no existe reporte físico de 16.283 bienes de la SAE y estableció que hay un “desfalco millonario” porque existen arrendamientos de algunos bienes por precios inferiores a los establecidos por la misma SAE.
Por lo tanto, aunque es verdad que el presidente ordenó revisar las irregularidades con la institución encargada de administrar los bienes incautados a la mafia, todavía no se tiene precisión exacta sobre su impacto económico y, por ello, calificamos de cuestionable la afirmación de que hubo un saqueo de 7 billones de pesos a la empresa estatal.
Este dato se puede verificar con los indicadores de mercado laboral que publica mes a mes el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). En el boletín más reciente, del 31 de enero de 2022, se encuentran los porcentajes de empleo y desempleo. En este caso, los reportes de la entidad muestran el comportamiento del mercado laboral durante el mes de diciembre.
Allí se observa que: “Para el mes de diciembre de 2022, la tasa de desempleo del total nacional fue 10,3%, mientras que en el mismo mes de 2021 fue 11,1%”. Aunque en diciembre de 2022 disminuyó 0,8 puntos porcentuales con respecto a diciembre de 2021, la tasa de desempleo se mantiene en doble dígito: 10,3%.
Ahora bien, la serie mensual de la tasa de desempleo, también disponible en el DANE, muestra que para octubre esta fue de 9,7% y para noviembre fue de 9,5%. Sin embargo, estas cifras se utilizan para ver una mejoría interanual, esto es, comparando los mismos meses del 2022 con el 2021, el año anterior.
Para poder hacer una comparación mes a mes es necesario revisar la tasa desestacionalizada de desempleo que también está en los indicadores económicos del DANE. Este es un indicador cuyo ajuste consiste en remover de la serie original los efectos que algunas fechas calendario como Semana Santa y días feriados pueden tener en la actividad productiva.
La tasa desestacionalizada muestra que el último mes en el que el desempleo en el país estuvo por debajo del doble dígito fue en agosto de 2018, cuando la tasa desestacionalizada fue de 9,5%. En ese momento Iván Duque se posesionó como presidente para el periodo 2018-2022. La TD desestacionalizada más baja durante el gobierno de Gustavo Petro fue 10,5% en octubre de 2022.
Por otro lado, como nos explicó la docente y economista María Camila Lozano en el chequeo ‘Trino de Gustavo Bolívar en el que le atribuye a Petro la reducción de la tasa de desempleo es cuestionable’, la mejoría en el indicador del desempleo va más allá de las razones políticas. Así, la académica señaló la reactivación económica y la presión de la población en edad de trabajar sobre el mercado laboral como razones que pueden explicar el alivio en el desempleo.
En conclusión calificamos como cuestionable que el presidente Gustavo Petro haya bajado la tasa de desempleo a un dígito. La tasa para el mes de diciembre, la cifra más reciente que se conoce del indicador, es 10,3%, por encima de un dígito. Asimismo, la tasa desestacionalizada, que permite hacer comparaciones mes a mes, muestra que desde que Petro llegó a la presidencia, en agosto de 2022, la tasa de desempleo se ha mantenido en doble dígito.
Por último, el cambio en este indicador del mercado laboral obedece a razones económicas más que políticas, como por ejemplo la reactivación económica después de la pandemia que ha causado una mejora en la tasa desde el año 2021.
Desde que el expresidente Iván Duque impulsó y logró que fuera ley la reforma tributaria del 2019, llamada Ley de Crecimiento Económico (Ley 2010 de 2019), algunos sectores políticos que en ese entonces hacían parte de la oposición y, además, analistas tributarios, manifestaron que esta les daba exenciones tributarias a las empresas por 9 billones de pesos.
En ese entonces, el Ministerio de Hacienda justificó que los ingresos que se dejarían de recibir por las exenciones tributarias iban a ser compensados gracias al crecimiento económico del país y al trabajo de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), al reducir la evasión de impuestos. En la exposición de motivos del proyecto, se observan las proyecciones de ingresos que hacía el Gobierno. En 2020, se dejarían de recibir 9,4 billones de pesos por disminuciones en la tarifa de renta y descuentos en el IVA y el ICA.
Luis Carlos Reyes, entonces director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana y hoy director de la DIAN, dijo en diciembre de 2019 que, aunque la tributaria le devolvía el IVA a una población pobre, las empresas iban a recibir un “recorte de impuestos de 9 billones”.
En un artículo publicado en la página del Observatorio en 2021, cuando Reyes era director, se advierte que la tributaria de 2018, que se presentó de nuevo en 2019 tras ser declarada inconstitucional por vicios de forma en la discusión, “les otorgó a las grandes empresas del país gabelas por más de 9 billones de pesos”.
El senador por el Polo Democrático Iván Cepeda también criticó entonces los beneficios de exenciones tributarias a empresas y repitió que eran de “9 billones”. En abril de 2021, el entonces senador liberal Luis Fernando Velasco, hoy consejero presidencial para las Regiones, insistió en la cifra: “Como va a ver caja si en pasada (sic) reforma tributaria generaron exoneraciones y exenciones por más de 9 billones de pesos”.
De acuerdo con el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) de 2022, el costo fiscal de los descuentos tributarios para las empresas no fue de 9 billones para el año 2020, como insistían políticos y analistas en redes sociales. Tampoco ocurrió así para el año 2021. Aunque el documento advierte que el costo fiscal de los descuentos tributarios para las empresas creció un 43,4% en el 2020, “pasando de $4,7 billones en el año gravable 2020 a $6,7 billones en el año gravable 202”, se puede leer en la publicación.
Entre los beneficios que enumera el MFMP están el descuento de impuesto de renta, el descuento de IVA de bienes de capital y descuento del 50% en el pago del impuesto de industria y comercio.
Ahora bien, el economista Gabriel Angarita recuerda que la reforma tributaria que pasó Duque en el año 2021, llamada ‘Ley de Inversión Social’ o Ley 2155 de 2021 limitó algunos de estos descuentos: “Subió la tarifa de renta para las empresas y se limitó el descuento del Impuesto de Industria y Comercio (ICA) al 50%”, aseguró.
La reforma tributaria del 2022, Ley 2277, sí limita algunos beneficios tributarios de las empresas, pero no equivalen a las exenciones que propuso la reforma del 2019. El último informe del Observatorio Fiscal de la Javeriana sobre la reforma proyecta que el recaudo estimado por quitar estos beneficios fiscales es de 1,4 billones de pesos.
Esto quiere decir que la ley de reforma tributaria propone que se le quiten unos beneficios fiscales a las empresas con el fin de que paguen más impuestos y así se recaude más plata. La reforma de Petro, que rige desde este año, establece, entre otras medidas: un aumento en el impuesto de renta para zonas francas que no exporten; aumento en las tasas de ganancias de capital y quitar las rentas exentas para ciertos sectores industriales.
Producto de medidas como el límite a los beneficios tributarios le representan al país 1,4 billones de pesos, no los 9 billones que menciona la publicación.
El Ministerio de Hacienda subrayó que el costo fiscal de los descuentos de tributos para las empresas fue de 4,7 billones en 2020 y de 6,7 billones en 2021. De igual forma, fue el gobierno de Iván Duque el que, a través de la tributaria del 2021, removió los beneficios que ya habían decretado dos años antes. La reforma de Petro sí quita otro tipo de exenciones, pero la proyección de los ingresos por esta medida es mucho menor.
En conclusión, calificamos como cuestionable que Petro le haya quitado exenciones o beneficios tributarios a las empresas por 9 billones de pesos. Esta cifra sale de una exposición de motivos de la reforma tributaria de 2019, no de los cálculos correspondientes a la de 2022.
El pasado 13 de septiembre de 2022, en la posesión de varios funcionarios del gobierno, Petro dijo que pretende lograr una reforma pensional que “irradie recursos hacia el programa del adulto mayor” y así tener una cobertura pensional del 100% a través de un bono de 500.000 pesos para los no pensionados.
Esto significa un cambio en el programa Colombia Mayor, financiado por el Fondo de Solidaridad Pensional, que entrega un subsidio económico mensual de 80.000 pesos a adultos mayores desamparados, sin pensión o en pobreza extrema.
De acuerdo con el programa de gobierno de Petro, que presenta sus promesas de campaña, una potencial reforma pensional busca unificar el Sistema General de Pensiones que combina los regímenes público y privado, para crear tres pilares: uno solidario básico, que busca darle un bono pensional de medio salario mínimo a adultos mayores sin pensión, uno contributivo, en el que los trabajadores cotizan a Colpensiones sobre la base de 1 a 4 salarios mínimos, y quienes ganan más de 4 deciden dónde cotizar el excedente y un último pilar de ahorro voluntario complementario, para complementar la pensión.
El presidente dijo que la reforma pensional “busca que los viejos de hoy todos tengan ingresos pensionales”.
Reforma pensional busca que usted al cumplir su edad de pensión y los requisitos de ley, tenga efectivamente una pensión cercana a sus últimos salarios en promedio y que si tiene conyuge sobreviviente tambien la tenga
— Gustavo Petro (@petrogustavo) February 1, 2023
Busca que los viejos de hoy todos tengan ingresos pensionales
Aún así, la reforma pensional aún está en construcción y no se ha presentado al Congreso. El 9 de febrero se conoció que una misión de la Organización internacional del Trabajo (OIT) llegó al país para presentar sus recomendaciones sobre la reforma a las partes involucradas en la construcción del proyecto.
Por todo lo anterior calificamos como cuestionable que Petro tenga un proyecto para dar una mesada de 500.000 pesos a adultos mayores no pensionados. Aunque el mandatario lo plasmó en su programa de gobierno, y lo ha reiterado varias veces, aún no se conoce el articulado con dicha propuesta.