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Miércoles, 13 Marzo 2019

JEP sí tiene competencia para impedir la extradición de ‘Jesús Santrich’

Por José Felipe Sarmiento

El abogado Abelardo de la Espriella negó que la justicia transicional pueda decidir, ante la petición de Estados Unidos, que el exjefe guerrillero permanezca en Colombia. La Constitución lo contradice.

En una columna reciente, el abogado Abelardo de la Espriella se despachó contra la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) tras la captura de uno de sus fiscales, acusado de recibir un soborno con el supuesto propósito de influir en el proceso de extradición que cursa allí contra el exjefe guerrillero Seuxis Hernández, conocido como ‘Jesús Santrich’.

Según el texto, publicado en el portal de la firma De la Espriella Lawyers y otros dos sitios de internet, el envío del integrante de la Farc a Estados Unidos “no se ha dado, por las trabas que le ha puesto la JEP, pese a que no tiene competencia legal para impedirlo”. 

Captura de pantalla de la columna de De la Espriella en la página de su firma con la frase resaltada

Santrich es solicitado en ese país para que responda por su presunta participación en una conspiración narcotraficante que habría sido posterior a la entrada en vigencia del Acuerdo de Paz. Por eso fue capturado en abril de 2018 y está a la espera de que la sección de revisión del Tribunal de Paz, máximo organismo de la justicia transicional, defina si la fecha de los hechos por los que lo acusan en efecto fue después de la firma.

Este proceso, en efecto, ha enfrentado obstáculos. Por ejemplo, la pérdida de una carta en la que Colombia le pedía a la justicia estadounidense el envío de pruebas al respecto, lo que obligó a ampliar el plazo para recibirlas.

Pero De la Espriella se equivoca en su última frase, que es falsa. El tribunal sí tiene poder constitucional para impedir que Santrich sea extraditado, en caso de que no se logre probar que la supuesta conducta delictiva ocurrió después de la firma. Eso es lo que se conoce, precisamente, como la garantía de no extradición que quedó establecida en el punto 5.1.2.42 del Acuerdo del Teatro Colón:

“No se podrá conceder extradición ni tomar medidas de aseguramiento con fines de extradición respecto de hechos o conductas objeto de este Sistema (Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición), ocasionados u ocurridos durante el conflicto armado interno o con ocasión de este hasta la finalización del mismo, trátese de delitos amnistiables o no amnistiables, y en especial por ningún delito político, de rebelión o conexo con los anteriores, ya hubieran sido cometidos dentro o fuera de Colombia.

Dicha garantía de no extradición alcanza a todos los integrantes de las FARC-EP y a personas acusadas de formar parte de dicha organización, por cualquier conducta realizada con anterioridad a la firma del acuerdo final, para aquellas personas que se sometan al SIVJRNR”.

En seguida se establece que, cuando algún exmiembro de la guerrilla sea pedido por la justicia de otro país, la sección de revisión del Tribunal de la JEP debe determinar la fecha de la conducta por la que se le acusa.

Si los hechos ocurrieron luego de la firma, el proceso pasa a la justicia ordinaria y el supuesto implicado queda expuesto a que la Corte Suprema de Justicia avale su extradición y el Presidente la firme. En cambio, si sucedieron antes de esa fecha, el caso va a la sala de reconocimiento y el presunto responsable mantiene la garantía pactada.

Este procedimiento forma parte de la Constitución por medio del artículo transitorio 19 del acto legislativo que le dio origen al Sistema. Además, pasó un examen previo de la Corte Constitucional para poder ir a sanción presidencial y entrar en vigencia. Este tribunal le dio su aval a la norma sin salvedades en esta materia.

Colombiacheck le escribió a De la Espriella al correo que pone al final de la columna y lo trató de contactar por teléfono en sus oficinas de Bogotá y Barranquilla para buscar una versión ampliada de su argumento. No obstante, al momento de la publicación de esta nota, no había contestado. Una abogada de la empresa devolvió la llamada y averiguó por el motivo de la entrevista, pero tampoco respondió a nombre de él.

Es posible que en la columna se estuviera refiriendo a la suspensión que hizo la JEP del proceso de extradición de Santrich a partir del momento en el que asumió el caso, en mayo del año pasado. La decisión de la sección de revisión se basó en el artículo 134 del reglamento interno que la jurisdicción se dio a sí misma y un protocolo que había expedido la misma sala para el trámite de este tipo de solicitudes, por medio de los cuales se atribuyó esa facultad.

Esa actuación de los magistrados fue duramente criticada por el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, que la calificó como un “desafío al orden constitucional”. Incluso el jurista Rodrigo Uprimny, que ha sido defensor del proceso de paz, admitió en una columna para el diario El Espectador que la JEP cometió “errores” al tomar esa determinación, a pesar de que consideró “exageradas” las afirmaciones de la Fiscalía.

“Es discutible que la JEP tenga competencia para ‘suspender’ una extradición, ya que ninguna norma constitucional ni legal le atribuye explícitamente esa facultad. Y mal podría la JEP invocar, como lo hizo, su propio reglamento para tomar esa decisión, pues la reforma constitucional que creó la JEP (AL Nº 1 de 2017) expresamente prohíbe que el reglamento contenga normas procesales”, escribió el investigador del tanque de pensamiento DeJusticia.

En efecto, la disputa entre la entidad que representa Martínez Neira y la JEP fue resuelta por la Corte Constitucional a favor de la primera. El alto tribunal determinó que la suspensión y las normas en que se basó desconocían la independencia de poderes y la colaboración armónica entre ellos, consagradas en la Carta de 1991. En consecuencia, dejó sin efecto la decisión y declaró inaplicables tanto el protocolo como el artículo 134 del reglamento de la jurisdicción.

Esto, sin embargo, es distinto a negar la competencia de la justicia transicional para impedir la extradición de Santrich. Se refiere solo a la suspensión del proceso mientras la JEP lo estudiaba. Por lo tanto, la afirmación que hizo De la Espriella sigue siendo falsa.

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Lunes, 30 Abril 2018

Duque y De la Calle, la pelea cazada por la tutela

Por José Felipe Sarmiento Abella

El candidato liberal y el del Centro Democrático se han acusado mutuamente de querer acabar con la tutela y de paso con la independencia de la justicia.

El caballito de batalla del aspirante liberal a la Presidencia, Humberto de la Calle, en los últimos debates presidenciales, ha sido el supuesto riesgo que corre la tutela con la reforma al sistema judicial propuesta por el candidato del Centro Democrático, Iván Duque, que consiste en eliminar las altas cortes para dejar una sola.

Duque ha devuelto el golpe y se ha proclamado defensor de la tutela. Ha cuestionado la forma en la que se estructuró la Justicia Especial para la Paz (JEP), que surgió de los diálogos con las Farc liderados por el primero, y ha dicho que la intervención del Centro Democrático evitó que se limitara esa acción judicial.

 

 

Uno de los momentos más tensos de esta discusión se dio en el debate entre los dos candidatos por la posible extradición del exjefe guerrillero ‘Jesús Santrich’.

Aunque los dos candidatos coincidieron en que lo entregarían a Estados Unidos, De la Calle cuestionó que el Centro Democrático “saboteara” el proyecto de la JEP. Duque aprovechó para enrostrarle a De la Calle que, con el proyecto presentado por el Gobierno, se pretendía “doblegar” la tutela frente a la la jurisdicción transitoria y la bancada del CD lo evitó.

Ahí fue troya. Duque además le atribuyó al trabajo legislativo del CD la eliminación de las disposiciones que debilitaban la herramienta constitucional. “¡Qué tal que no hubiéramos podido revisar artículo por artículo”, exclamó ante el reclamo de su contendor por las demoras que eso causó en la implementación de lo pactado.

 

 

De la Calle ha insistido además en que Duque, con su propuesta de crear una sola Corte, busca de paso acabar con la tutela. El candidato del CD ha respondido que su propuesta ha sido avalada por la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ). Colombiacheck.com ya contó que, según este centro de estudios, una fusión de las altas cortes no tendría por qué afectar la tutela necesariamente, aunque sí existen otros argumentos a favor y en contra que diferentes juristas han discutido.

Lo que no contó Duque fue que no fueron ellos los que evitaron que se limitara la tutela frente a las decisiones de la JEP, sino la Corte Constitucional en la revisión de constitucionalidad al proyecto aprobado en el Congreso.

A raíz de este rifirrafe, un lector le pidió Colombiacheck revisar lo dicho por el aspirante uribista. ¿La JEP limitaba la tutela y fue el Centro Democrático su salvador?

El Acuerdo del Teatro Colón sí estableció que dos magistrados del sistema especial y dos de la Corte Constitucional debían dar su aprobación unánime para que esta pudiera revisar los fallos de tutela sobre la justicia transicional, que debían ser resueltos por diferentes secciones del Tribunal de Paz en primera y segunda instancia.

Además, las decisiones del alto tribunal no serían de cumplimiento obligatorio para la JEP, como lo son para cualquier otra persona o entidad. Es decir, la paz sí le ponía límites al mecanismo.

Esas condiciones fueron calificadas incluso como un “veto” a la Corte y una “sustitución” de la Constitución por varias instituciones. A su paso por el Congreso se opusieron la directora de la CEJ, Gloria Robledo; la presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, Martha Olano, y el defensor del pueblo, Carlos Negret. El registro quedó en el informe de ponencia de la senadora Claudia López, hoy candidata a la Vicepresidencia de la Coalición Colombia.

En la plenaria del Senado, Duque recogió esas preocupaciones, como lo hizo su colectividad a lo largo del trámite legislativo. Advirtió que la tutela quedaría “totalmente debilitada ante los fallos, las decisiones y las acciones de esa jurisdicción especial para las Farc”, por lo que votó en contra del proyecto en cuarto debate y se abstuvo de hacerlo luego de la conciliación. Entonces, sí puede jactarse de haber defendido la tutela.

El engaño radica en que, no obstante su oposición y la del CD, el acto legislativo fue aprobado. Con él se creó todo el Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición surgido del proceso de paz y su artículo transitorio 8, sobre la acción de tutela frente a la JEP, quedó idéntico a lo pactado en el acuerdo con la guerrilla. Es decir que no tuvieron éxito en su cruzada contra la jurisdicción transicional, en la que los límites a esas reclamaciones eran solo uno de sus argumentos.

Si la norma no entró en vigencia tal cual como salió del Capitolio, fue porque la Corte Constitucional ‘tumbó’ buena parte del texto que le ponía reglas adicionales a las tutelas contra la justicia especial.

El alto tribunal admitió que estas fueran resueltas en sus propias instancias, pero negó las condiciones que le habían impuesto para poder revisarlas. Es decir que salvó su derecho de seleccionarlas sin autorización previa de los cuatro magistrados antes mencionados y de anular o cambiar los fallos del sistema especial si lo considera adecuado.

La sentencia no se ha publicado todavía. Pero en el comunicado con el que anunció su decisión, la Corte argumenta que el artículo aprobado por el Congreso hacía intocable a la JEP ante el control constitucional y, de esta manera, afectaba el equilibrio de poderes en el Estado.

Duque puede alegar, eso sí, que se presentó ante el alto tribunal y aprovechó la ocasión para criticar ese acto legislativo con argumentos parecidos. Pero su participación en ese momento fue para sustentar su demanda contra la vía rápida legislativa para la paz o ‘fast track’, que era un proceso aparte. Por eso no se puede concluir que la posición que expresó ese día haya influido en el fallo de la Corte sobre la jurisdicción especial.

En cambio, el tribunal sí pudo tener en cuenta las críticas reiteradas de otros juristas que sí intervinieron en la audiencia pública sobre la JEP y manifestaron su oposición a los requisitos adicionales que el proyecto pretendía ponerle a la revisión de tutelas. Entre ellos estuvieron Borrero, de la CEJ; el viceprocurador general, Juan Carlos Cortés González, y la delegada para asuntos constitucionales de la Defensoría del Pueblo, Paula Robledo Silva.

Ahora, Duque propone evitar que la tutela se utilice en casos para los que existen otros instrumentos judiciales más idóneos como una forma de fortalecerla. Su intento por defenderla en el Senado ante las condiciones del acuerdo es valedero. Pero es engañoso que se atribuya el logro de haber salvado el instrumento de esos límites, porque está ganando indulgencias con decisiones de la Corte Constitucional. Paradójicamente, uno de los tribunales que planea eliminar con su reforma a las altas cortes.