Durante la entrega del balance de los tres primeros años de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, su presidenta durante este periodo, la magistrada Patricia Linares, aseguró que “en Colombia Justicia y Paz en 15 años ha producido 70 sentencias condenatorias contra paramilitares, la primera cinco años después de iniciar sus tareas”. Esto en una clara alusión a las críticas que algunos sectores le han hecho a esa jurisdicción por no haber proferido sentencias todavía.

Linares se refiere a la Ley 975, o Ley de Justicia y Paz, que se aprobó en julio de 2005 para hacer posible la desmovilización de los integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC.

Colombiacheck califica la afirmación de Linares como “verdadera, pero”, pues se acercó mucho a la realidad. Según la Fiscalía General de la Nación, en los 15 años de Justicia y Paz se han proferido 65 condenas, cinco menos de las que aseguró la magistrada, y la primera sentencia en firme de este sistema se dictó en 2010, es decir, cinco años después de la promulgación de la Ley.

El equipo de prensa de la JEP le envió a Colombiacheck un artículo de El Tiempo titulado “Las deudas y aciertos de Justicia y Paz, a 15 años de su creación”, publicado el 28 de julio de 2020, como la fuente de la información citada por Linares. En el artículo, en efecto, dice que luego de 15 años de funcionamiento de esa justicia se han emitido 70 condenas, pero no habla expresamente del tiempo que se demoró la primera sentencia.

El artículo “Ley de justicia y paz, un balance de su primer lustro”, publicado en agosto de 2010 en la edición número 5 de Perfil de coyuntura económica de la Universidad de Antioquia, indica que la primera sentencia condenatoria de Justica y Paz la dictó el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en junio de 2010 contra dos de los excomandantes paramilitares, Edwar Cobos Téllez, alias “Diego Vecino”, y Uber Enrique Banquez Martínez, alias “Juancho Dique”. El portal periodístico Verdad Abierta reseña también esa como la primera condena. 

El artículo mencionado señala que según cifras de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía General de la Nación, a septiembre de 2010 solo tres postulados se encontraban en la fase del incidente de reparación integral, última etapa antes de la sentencia condenatoria, lo que quería decir que en ese momento apenas era ese el número posible de postulados condenados.

“Esto resulta problemático, máxime si se le compara con el número de postulados (4.346), muchos de los cuales llevan más de cuatro años con medida de aseguramiento privativa de la libertad, y más aún teniendo en cuenta que la condena máxima que puede dársele es de ocho años”, precisa el artículo.

Hay que mencionar que en marzo de 2009 el Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá condenó a Wilson Salazar Carrascal, alias ‘El Loro’, desmovilizado del Frente Héctor Julio Peinado Becerra del Bloque Norte de las AUC, pero ese mismo año la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia anuló la decisión. 

En diciembre de 2011 los medios registraron la condena a Freddy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán’, el primer comandante de bloque de las AUC en ser condenado, pues hasta ese momento, según lo explicó el portal Verdad Abierta, los demás sentenciados no habían tenido control total de un grupo numeroso de hombres de ese grupo armado ilegal.

Precisamente ese medio de comunicación cuenta en el artículo titulado "Justicia y Paz: lecciones aprendidas en 10 años" cómo al principio de la aplicación de esa ley se pretendía investigar todos los hechos y a todos los excombatientes, pero se dieron cuenta de que no era posible por la cantidad de hechos.

“Además de ser imposible, para algunos expertos conocer el caso a caso no permitía ver el panorama completo ni explicar por qué ocurrió lo que ocurrió. Por tal razón, se cambió la forma de investigar, después de la reforma de la Ley de Justicia y Paz en 2012, se priorizaron los crímenes más graves y a los máximos responsables. ‘Cuando llegué empezamos a sacar el plan de priorización, porque en ocho años solo había 14 sentencias y solo una contra un máximo responsable. Caímos en la minucia y ocho años después no había nada’, contó Juan Pablo Hinestrosa, quien en 2012 pasó a ser el director de Justicia Transicional y ahora está a cargo de la Dirección de Análisis y Contexto”, cuenta el artículo, publicado en 2015.

Fue en ese momento en el que empezaron a investigar patrones de macro criminalidad, las prácticas sistemáticas y reiteradas del grupo, lo que ha hecho la JEP desde un principio con la apertura de los macro casos.

El Análisis sobre los resultados y costos de la ley de justicia y paz, publicado por la Contraloría General de la República en 2017, indica que, según entrevistas realizadas a funcionarios de entidades relacionadas con la Ley de Justicia y Paz, los bajos resultados de la aplicación de la misma se explican principalmente por tres factores: “1. El gran número de víctimas y hechos delictivos que no se previó al momento de expedir la Ley terminó desbordando la capacidad institucional del aparato judicial. 2. Varios de los procedimientos establecidos inicialmente fueron similares a los del sistema penal ordinario, por ende, se requirieron reformas sobre la marcha y, 3. La introducción de la justicia transicional ha generado una transformación, ante la cual la estructura organizacional y los recursos humanos del sistema judicial se han adaptado parcialmente”. 

Según la publicación agosto-septiembre de 2020 de Huellas, revista institucional de la Fiscalía General de la Nación, Justicia y Paz ha dictado 65 sentencias en sus 15 años de existencia en las que ha condenado a 619 postulados. El sistema de información de Justicia y Paz indica que en la actualidad hay 1575 postulados activos.

El ritmo de la JEP

El cuarto informe del Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz sobre la implementación del Acuerdo Final que comprende el periodo diciembre de 2018-noviembre de 2019 concluyó que el punto cinco del Acuerdo Final (en el que está incluida la JEP) fue uno en los que más se avanzó en su implementación durante el periodo revisado. “Esto se debe en parte a que las entidades que componen el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición (SIVJRNR o ‘el Sistema’) tienen la voluntad, autonomía e independencia suficientes para cumplir con sus respectivos mandatos”, indica el informe.

En conversación con RCN Radio el magistrado Eduardo Cifuentes, nuevo presidente de la JEP, recordó que esa jurisdicción no actúa caso por caso y dijo que “en los macrocasos se acreditan 100.000, 50.000 víctimas, se trata efectivamente de tomar en consideración lo que hizo Colombia en los últimos 50 años a nivel judicial”.

En cualquier caso, calificamos la afirmación de Linares como “verdadera, pero”, ya que es cierto que la primera condena de Justicia y Paz ocurrió cinco años después de que comenzara a funcionar, pero el número de sentencias totales es de 65 y no de 70.