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Verdadero pero...

Viernes, 06 Noviembre 2020

Justicia y Paz sí dictó su primera sentencia cinco años después de empezar a funcionar

Por Sania Salazar

La expresidenta de la JEP, Patricia Linares, tiene razón en el tiempo que le tomó a la Ley de Justicia y Paz proferir las primeras condenas y se acercó al número de sentencias impuestas en sus 15 años de funcionamiento.

Durante la entrega del balance de los tres primeros años de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, su presidenta durante este periodo, la magistrada Patricia Linares, aseguró que “en Colombia Justicia y Paz en 15 años ha producido 70 sentencias condenatorias contra paramilitares, la primera cinco años después de iniciar sus tareas”. Esto en una clara alusión a las críticas que algunos sectores le han hecho a esa jurisdicción por no haber proferido sentencias todavía.

Linares se refiere a la Ley 975, o Ley de Justicia y Paz, que se aprobó en julio de 2005 para hacer posible la desmovilización de los integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC.

Colombiacheck califica la afirmación de Linares como “verdadera, pero”, pues se acercó mucho a la realidad. Según la Fiscalía General de la Nación, en los 15 años de Justicia y Paz se han proferido 65 condenas, cinco menos de las que aseguró la magistrada, y la primera sentencia en firme de este sistema se dictó en 2010, es decir, cinco años después de la promulgación de la Ley.

El equipo de prensa de la JEP le envió a Colombiacheck un artículo de El Tiempo titulado “Las deudas y aciertos de Justicia y Paz, a 15 años de su creación”, publicado el 28 de julio de 2020, como la fuente de la información citada por Linares. En el artículo, en efecto, dice que luego de 15 años de funcionamiento de esa justicia se han emitido 70 condenas, pero no habla expresamente del tiempo que se demoró la primera sentencia.

El artículo “Ley de justicia y paz, un balance de su primer lustro”, publicado en agosto de 2010 en la edición número 5 de Perfil de coyuntura económica de la Universidad de Antioquia, indica que la primera sentencia condenatoria de Justica y Paz la dictó el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en junio de 2010 contra dos de los excomandantes paramilitares, Edwar Cobos Téllez, alias “Diego Vecino”, y Uber Enrique Banquez Martínez, alias “Juancho Dique”. El portal periodístico Verdad Abierta reseña también esa como la primera condena. 

El artículo mencionado señala que según cifras de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía General de la Nación, a septiembre de 2010 solo tres postulados se encontraban en la fase del incidente de reparación integral, última etapa antes de la sentencia condenatoria, lo que quería decir que en ese momento apenas era ese el número posible de postulados condenados.

“Esto resulta problemático, máxime si se le compara con el número de postulados (4.346), muchos de los cuales llevan más de cuatro años con medida de aseguramiento privativa de la libertad, y más aún teniendo en cuenta que la condena máxima que puede dársele es de ocho años”, precisa el artículo.

Hay que mencionar que en marzo de 2009 el Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá condenó a Wilson Salazar Carrascal, alias ‘El Loro’, desmovilizado del Frente Héctor Julio Peinado Becerra del Bloque Norte de las AUC, pero ese mismo año la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia anuló la decisión. 

En diciembre de 2011 los medios registraron la condena a Freddy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán’, el primer comandante de bloque de las AUC en ser condenado, pues hasta ese momento, según lo explicó el portal Verdad Abierta, los demás sentenciados no habían tenido control total de un grupo numeroso de hombres de ese grupo armado ilegal.

Precisamente ese medio de comunicación cuenta en el artículo titulado "Justicia y Paz: lecciones aprendidas en 10 años" cómo al principio de la aplicación de esa ley se pretendía investigar todos los hechos y a todos los excombatientes, pero se dieron cuenta de que no era posible por la cantidad de hechos.

“Además de ser imposible, para algunos expertos conocer el caso a caso no permitía ver el panorama completo ni explicar por qué ocurrió lo que ocurrió. Por tal razón, se cambió la forma de investigar, después de la reforma de la Ley de Justicia y Paz en 2012, se priorizaron los crímenes más graves y a los máximos responsables. ‘Cuando llegué empezamos a sacar el plan de priorización, porque en ocho años solo había 14 sentencias y solo una contra un máximo responsable. Caímos en la minucia y ocho años después no había nada’, contó Juan Pablo Hinestrosa, quien en 2012 pasó a ser el director de Justicia Transicional y ahora está a cargo de la Dirección de Análisis y Contexto”, cuenta el artículo, publicado en 2015.

Fue en ese momento en el que empezaron a investigar patrones de macro criminalidad, las prácticas sistemáticas y reiteradas del grupo, lo que ha hecho la JEP desde un principio con la apertura de los macro casos.

El Análisis sobre los resultados y costos de la ley de justicia y paz, publicado por la Contraloría General de la República en 2017, indica que, según entrevistas realizadas a funcionarios de entidades relacionadas con la Ley de Justicia y Paz, los bajos resultados de la aplicación de la misma se explican principalmente por tres factores: “1. El gran número de víctimas y hechos delictivos que no se previó al momento de expedir la Ley terminó desbordando la capacidad institucional del aparato judicial. 2. Varios de los procedimientos establecidos inicialmente fueron similares a los del sistema penal ordinario, por ende, se requirieron reformas sobre la marcha y, 3. La introducción de la justicia transicional ha generado una transformación, ante la cual la estructura organizacional y los recursos humanos del sistema judicial se han adaptado parcialmente”. 

Según la publicación agosto-septiembre de 2020 de Huellas, revista institucional de la Fiscalía General de la Nación, Justicia y Paz ha dictado 65 sentencias en sus 15 años de existencia en las que ha condenado a 619 postulados. El sistema de información de Justicia y Paz indica que en la actualidad hay 1575 postulados activos.

El ritmo de la JEP

El cuarto informe del Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz sobre la implementación del Acuerdo Final que comprende el periodo diciembre de 2018-noviembre de 2019 concluyó que el punto cinco del Acuerdo Final (en el que está incluida la JEP) fue uno en los que más se avanzó en su implementación durante el periodo revisado. “Esto se debe en parte a que las entidades que componen el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición (SIVJRNR o ‘el Sistema’) tienen la voluntad, autonomía e independencia suficientes para cumplir con sus respectivos mandatos”, indica el informe.

En conversación con RCN Radio el magistrado Eduardo Cifuentes, nuevo presidente de la JEP, recordó que esa jurisdicción no actúa caso por caso y dijo que “en los macrocasos se acreditan 100.000, 50.000 víctimas, se trata efectivamente de tomar en consideración lo que hizo Colombia en los últimos 50 años a nivel judicial”.

En cualquier caso, calificamos la afirmación de Linares como “verdadera, pero”, ya que es cierto que la primera condena de Justicia y Paz ocurrió cinco años después de que comenzara a funcionar, pero el número de sentencias totales es de 65 y no de 70.

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Miércoles, 02 Agosto 2017

“El gobierno pretende reducir a la mitad condenas a quienes no colaboren ni reparen a las víctimas”

Por Óscar Felipe Agudelo B.

Dijo Claudia López al denunciar un ‘mico’ en el proyecto de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, radicado ante el Congreso. Y aunque el 'animal' existe, su afirmación sobre la reducción de las condenas es engañosa.

Tres ministros del gabinete de Juan Manuel Santos radicaron ayer, 1 de agosto, en el Congreso de la República el proyecto de ley estatutaria sobre la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP. Se trató de Luis Carlos Villegas, ministro de Defensa, Guillermo Rivera, ministro del Interior, y Enrique Gil Botero, ministro de Justicia.

No habían pasado 24 horas cuando Juanita Goebertus, exdelegataria del gobierno en la mesa de la Habana y directora de Proyectos Latam, señaló que en dicho proyecto había un ‘mico’. Lo hizo por medio de su cuenta de Twitter:

 

 

Pero Goebertus no fue la única que protestó por el ingreso del supuesto primate. Haciendo eco de su denuncia también trinó Claudia López, aspirante a la presidencia de Colombia y actual senadora de la República:

 

 

Colombiacheck indagó si en realidad y a través del proyecto radicado por el gobierno, se le estarían dando a las Farc beneficios adicionales a los estipulados en el Acuerdo Final. Específicamente verificamos la veracidad de la afirmación según la cual se les reduciría a la mitad las condenas “a quienes no colaboren ni reparen a las víctimas”, como lo aseguró Claudia López.

 

¿Qué dice el Acuerdo Final?

Como contamos en el chequeo Las Farc no pagarán cárcel, ¿verdad? es necesario revisar el Acuerdo Final para verificar que en esencia se establecieron dos caminos para que los exguerrilleros lleguen ante la justicia especial, la JEP.

En la página 160 del Acuerdo Final, en lo relativo al punto cinco sobre Víctimas y más específicamente sobre la JEP, quedó establecido que serán dos distintas secciones en el Tribunal para la Paz, “una sección de primera instancia en caso de reconocimiento de verdad y responsabilidad, que proferirá sentencias” y otra “sección de primera instancia para casos de ausencia de reconocimiento de verdad y responsabilidad, donde se celebrarán juicios contradictorios y se proferirán sentencias, bien absolutorias o bien condenatorias. En este caso, se impondrán las sanciones ordinarias o alternativas que correspondan”, explica el texto.

Lo que estableció el Acuerdo Final es que quienes digan la verdad irán a una sección que les permitirá tener penas alternativas que no pasaran de los ocho años. Y por penas alternativas se debe entender sanciones no intramurales (cárcel) y cuyo tiempo varía según el tipo de delito.

Por el lado de los renegados a decir la verdad, estos irán a otra sección y allí tendrán procesos contradictorios, además, esos casos perderán el derecho al beneficio de penas alternativas, es decir, en estos casos sí tendrán que pagar sus penas en cárceles detrás de las rejas. Lo que se conoce en el Acuerdo como sanciones ordinarias.

Así quedó en lo negociado en La Habana y así lo aclaró para Colombiacheck Juanita Goebertus, pieza fundamental en el diseño sobre el Punto de Víctimas y quien dijo que esto se pactó así para “incentivar el reconocimiento temprano”.

En síntesis, el que no acepta responsabilidades de manera inmediata pierde los beneficios de salvarse de pagar su sanción en una cárcel intramural como La Picota o el Buen Pastor, así se pactó en La Habana.

 

Así es el proyecto del Gobierno

Con este panorama claro Colombiacheck se dispuso a verificar el ‘mico’ del proyecto radicado por el gobierno bajo la batuta de tres ministros.

En primer lugar se revisó el artículo 137 del proyecto, que se refiere a los renegados de las Farc porque aborda procesos contradictorios que, como lo mencionamos anteriormente, solo fueron diseñados para quienes no digan la verdad en primera instancia. El subtítulo de ese apartado se denomina: “Sanciones alternativas aplicables a quienes reconozcan verdad y responsabilidad por primera vez en el proceso contradictorio ante la sección de primera instancia”.

Ese artículo 137 menciona que "en cualquier caso en el que el Tribunal para la Paz aprecie que el reconocimiento de verdad y responsabilidad efectuado no ha sido exhaustivo, completo y/o detallado, se aplicará por el Tribunal para la Paz sanciones alternativas según el siguiente procedimiento:”

De lo anterior queda claro que bajo la frase “en cualquier caso” (casos que no hayan dicho la verdad en primera instancia) el Tribunal para la Paz aplicará “sanciones alternativas”, algo contrario a lo acordado en La Habana porque las sanciones alternativas solo fueron diseñadas para quienes digan la verdad en primera instancia. Ese es precisamente el incentivo para que hablen de manera pronta.

Según Goebertus, quienes en principio no reconozcan la verdad pero luego en otra sección lo hagan, tendrán que pagar cárcel de cinco a ocho años, los que no reconozcan la verdad en ninguna instancia sí irán a la cárcel y tendrán que pagar condenas de hasta 20 años. Todo depende del tipo de delito.

Llama la atención este cambio pues nunca estuvo en duda que el beneficio de sanción alternativa solo fue diseñado para quienes digan la verdad de manera inmediata y no en otras instancias que es como lo propone el proyecto radicado por el gobierno.

El mismo artículo 137, en referencia a procesos contradictorios, expone además que: “la Sección competente del Tribunal para la Paz le impondrá una pena alternativa que consiste en privación de la libertad por un período mínimo de cinco (5) años y no superior a ocho (8) años, tasada de acuerdo con la gravedad de los delitos y el grado de su reconocimiento de verdad, de responsabilidades y de colaboración efectiva en el esclarecimiento de los mismos”.

En definitiva, el texto radicado por el proyecto ofrece penas alternativas incluso a quienes no digan la verdad en primera instancia, siempre y cuando lo hagan en la sección posterior, la que aborda casos de ausencia de reconocimiento de verdad y responsabilidad.

Este cambio en las condiciones del juzgamiento de los exguerrilleros y demás personas que se acojan a la JEP, con respecto a lo pactado en el Acuerdo Final, es lo que da vida al ‘mico’ que señalaron Goebertus y López.

 

El error de Claudia López

Además de mencionar el ‘mico’, la senadora López sostuvo que “el gobierno pretende reducir a la mitad condenas a quienes no colaboren ni reparen a las víctimas”, afirmación que resultó engañosa porque el proyecto del gobierno no pretende reducir las penas sino reducir el tiempo en la cárcel de quienes en otra instancia diferente a la inicial reconozcan la verdad.

Al menos así se lo explicó Goebertus al tuitero Gustavo Garcia:

 

 

 

 

Lo que dice el texto del gobierno es que “el Tribunal podrá ordenar que, una vez cumplido como mínimo el 50% del tiempo de sanción impuesta, el cumplimiento de esta concluya en condiciones equivalentes a las de las sanciones propias”.

Es decir, quienes no digan la verdad en primera instancia y por ese motivo sean condenados y se encuentren en la cárcel, pero decidan contar por fin la verdad, podrían pagar el 50% de la pena restante con sanciones alternativas, claro, primero tienen que pagar la mitad de la pena en una cárcel, eso fue lo que sentenció el texto radicado por el gobierno.

No reducción de penas. Lo cambiado fue el cómo pagar esa pena, esa sanción. Colombiacheck busco todo el día a la senadora López pero no recibimos respuesta ni por teléfono ni por medios electrónicos.

El tuitero Natalio Cosoy, corresponsal en Colombia de la BBC también formuló una inquietud frente a lo radicado por el gobierno en el artículo 137 cuando se menciona “sanciones propias”. ¿Qué son las sanciones propias? A lo que Goebertus respondió por medio de su Twitter.

 

 

 

¿El Congreso votará el ‘mico’?

Una pregunta similar hizo el tuitero y consultor empresarial Luis Carlos Jacobsen, a lo que Goebertus respondió que se necesita presión en el Congreso para que incluyan una proposición. Además, el ‘mico’ tendrá que lidiar en los debates conjuntos de Cámara y Senado, no siendo poco, además, cada cámara del Congreso debatirá por aparte el proyecto. En síntesis, este primate tendrá que saltar bastante para poder ser aprobado.

 

 

Tanto Goebertus como López tiene razón al señalar la presencia del ‘mico’ pero la aspirante a la presidencia se equivocó al publicar en su cuenta de Twitter (que tiene más de 700.000 seguidores) que se reducirán las penas a las Farc.

Una salida en falso que sirvió para darle insumos a los opositores del proceso de paz, por lo menos así lo publicaron usuarios que se hacen llamar en la red social Aureliano, coronel Buendía y Jorge Enrique Gelves.

 

 

 

 

Aunque bueno, todo hay que decirlo, no fuimos los únicos que nos dimos cuenta del error de la senadora del partido Verde, tuiteros como Darío T. también la corrigieron.