Pasar al contenido principal
Miércoles, 01 Agosto 2018

La difícil pregunta sobre qué es la oposición

Por José Felipe Sarmiento Abella

Más que partidos tradicionales que “se hicieron los locos” desde 1991 para aprobar el Estatuto de Oposición (como tuiteó Piedad Córdoba), hubo más de una decena de iniciativas que fracasaron por falta de consenso.

Después de que el presidente Juan Manuel Santos sancionó el Estatuto de la Oposición el 9 de julio, la exsenadora Piedad Córdoba lo calificó como “democrático y saludable”. Aun así, no desperdició la oportunidad para señalar que este “nació con la Constitución del 1991, [pero] los partidos tradicionales se hicieron los locos durante 27 años porque no les convenía”.

 

 

En efecto, el artículo 112 de la Carta aprobada entonces decía que “los partidos y movimientos políticos que no participen en el Gobierno podrán ejercer libremente la función crítica frente a éste y plantear y desarrollar alternativas políticas”. Acto seguido, les reconocía a estos partidos una serie de derechos como el acceso a información oficial, el uso de medios de comunicación, la réplica ante ataques públicos y la participación en organismos electorales.

El texto también planteaba que las minorías políticas del Congreso, las asambleas y los concejos debían tener participación en las mesas directivas de esos cuerpos colegiados. Y en la última frase prometía una ley estatutaria que regularía en detalle todas esas garantías, una norma que salió apenas este año, como bien lo señaló Córdoba. No obstante, su afirmación resulta inflada porque sí hubo intentos previos de reglamentación, aunque hayan fracasado.

La reforma

El artículo constitucional en cuestión fue modificado con la reforma política de 2003. Esta especificó que, para que un partido fuera considerado de oposición, debía declararse como tal y no bastaba con estar excluido del Gobierno. Segundo, redujo las restricciones legales, que en principio aplicaban para todos los derechos mencionados, y quedaron solo para el acceso a información oficial reservada.

Otro cambio que introdujo esa reforma fue que el acceso a medios de comunicación quedó limitado a los del Estado, mientras que el texto original incluía también a los medios privados. En cambio, amplió el derecho de réplica al quitarle el complemento que lo hacía procedente solo “frente a tergiversaciones graves y evidentes o ataques públicos proferidos por altos funcionarios”. Además, fue eliminada la participación de la oposición en el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría.

Pero la promesa de expedir el estatuto se mantuvo al final del párrafo del artículo constitucional. Y, de nuevo, aunque el estatuto solo se materializó 27 años después de la Constitución y 15 después de esta reforma, sí se intentó hacerlo antes.

Los intentos fallidos

Desde 1993, según la exposición de motivos del proyecto de ley estatutaria que dio origen a la norma que acaba de firmar Santos, se intentó aprobar en 11 intentos diferentes. Los primeros vinieron de partidos opositores o alternativos.

El senador de la Unión Patriótica (UP) Manuel Cepeda presentó el primer proyecto en 1993. La representante de la Alianza Democrática M-19 por el Atlántico, Janeth Suárez, radicó otro en 1995. Ambos fracasaron.

Pero los partidos tradicionales también intentaron aprobar un estatuto de la oposición, con los mismos resultados. Tres de esas iniciativas surgieron del Partido Liberal, una de esas del gobierno de Ernesto Samper.

El ministro del interior de 1995, Horacio Serpa, trató sin éxito de pasar una. Otro intento liberal fue el de la representante vallecaucana Yolima Espinosa, quien radicó otra propuesta en 1993 y repitió en 1997. La senadora liberal Viviane Morales también fracasó con la propuesta que presentó en 1998. Ese año el partido incluso se unió con Cambio Radical, cuando esta colectividad estaba recién creada, para poner sobre la mesa otra alternativa de estatuto y tampoco funcionó.

Otros proyectos surgieron de acuerdos entre partidos alternativos y tradicionales. Fue el caso del que planteó el senador Jimmy Chamorro por el partido Compromiso Cívico Cristiano (C4) en 1996, que se unió con otra iniciativa similar de la representante Espinosa. Lo mismo fue el de una propuesta que 80 congresistas de diferentes bancadas prometieron apoyar en 2004. Pero ni así consiguieron la aprobación. Chamorro hizo su segundo intento, también fallido, en 1997.

La propuesta perdida más reciente fue la de la senadora Elsa Gladys Cifuentes, del Partido de La U, en 2008. En esa ocasión fue ella misma quien retiró la iniciativa cuando apenas empezaba su trámite en el Legislativo.

La pregunta difícil

Para el politólogo Yann Basset, profesor de la Universidad del Rosario, la causa de esta serie de fracasos es más compleja que el planteamiento de Córdoba. Para el académico, una de las principales razones es la “falta de claridad” sobre el concepto mismo de oposición. “Eso ha dificultado un consenso sobre el tema”, asegura.

La pregunta por la definición de la oposición fue incluso una de las principales discusiones en torno al proyecto recién aprobado. Por ejemplo, para algunos sectores, la oposición se limita a los partidos políticos que se declaran públicamente en contra del Gobierno de turno. Otros pretendían que las garantías aprobadas cobijaran también a movimientos y organizaciones sociales de base.

Pero además, Basset recuerda que Colombia tiene un patrón histórico de escasa o nula oposición, incluso desde antes del Frente Nacional (el acuerdo entre liberales y conservadores para repartirse el poder entre 1958 y 1974 para darle fin a la violencia interpartidista de mediados del siglo XX). Los presidentes han gobernado con grandes coaliciones en el Legislativo frente “pequeñas minorías, (...) que no son lo mismo que oposición”, explicó el docente.

Advirtió que, de hecho, en los países donde sí hay una oposición más desarrollada, no existen estatutos al respecto. Pero reconoció que lo que busca esta ley, entre otras cosas, es precisamente darles garantías a ciertos grupos políticos “para que no los maten”, debido al antecedente que existe con el exterminio de la Unión Patriótica (UP), partido político nacido de los acuerdos de paz entre el Gobierno de Belisario Betancur y las Farc en 1984 al que le asesinaron más de 3.000 integrantes y simpatizantes.

Basset explicó que fueron esos “debates interminables” sobre qué debería considerarse oposición los que demoraron casi tres décadas la creación del estatuto, “más que un gobierno totalmente cerrado” a aprobarlo.

Viernes, 17 Febrero 2017

¿Los miembros de las Farc que lleguen al Congreso no tendrán legitimidad electoral?

Por Sania Salazar

El Acuerdo Final entre Gobierno y Farc establece curules en el Congreso para las Farc por dos periodos, cupos que, inicialmente, deben ganarse con votos, pero algunos miembros del Centro Democrático aseguran que la elección será a dedo.

La elegibilidad política de las Farc es uno de los grandes reparos que el Centro Democrático (CD), principal partido opositor del Gobierno Santos y de su política de paz, le ha puesto al Acuerdo Final con las Farc. Ese ha sido uno de sus grandes argumentos para criticar el Acuerdo.

Santiago Valencia, Representante a la Cámara del CD, criticó esta parte del acuerdo en el periódico El Colombiano, pero no fue suficientemente claro, así que lo que dijo es engañoso.

“Los miembros que llegarían de las Farc al Congreso serían nombrados entre ellos mismos y no tendrían ninguna legitimidad electoral”, fue una de las frases del representante antioqueño.

Colombiacheck lo llamó para preguntarle en qué basaba su afirmación: “La fuente es el Acuerdo Final, lo que dice es que ellos van a tener tres senadores y tres representantes a la Cámara que ellos mismo van a elegir, nosotros hemos dicho que somos conscientes de la necesidad del tránsito de las Farc de grupo terrorista a partido político y que eso implicará participación en política, pero también hemos dicho que esa participación no se debería dar hasta que no paguen por los crímenes que han cometido y que quienes lleguen allí no sean criminales de guerra ni que hayan cometido delitos de lesa humanidad porque ese sería un precedente antidemocrático supremamente grave, pero que además lleguen allí a dedo y sin votos es todavía más grave.”

Al respecto, el Acuerdo Final dice, textualmente: “En el Senado se garantizará un mínimo de 5 curules, incluidas las obtenidas de conformidad con las reglas ordinarias. En la Cámara de Representantes se garantizará un mínimo de 5 curules, incluidas las obtenidas de conformidad con las reglas ordinarias. Para este efecto, en la Cámara de Representantes se asignará una curul a cada una de las 5 listas que obtengan las mayores votaciones y que no hubieren obtenido curul”.

En una nota de El Espectador titulada Así será la participación política de las Farc y su reincorporación a la vida civil lo explican claro: “No habrá asignación de curules a dedo. El nuevo partido que surja del tránsito de las Farc a la vida política legal deberá participar en los procesos electorales de 2018 y 2022 para asegurar una representación mínima en el Congreso de la República. El acuerdo garantiza una representación mínima de cinco senadores y cinco representantes a la Cámara durante los próximos dos períodos electorales. En todo caso, sólo se asignarán las que faltaren para completar cinco curules, de tal manera que cuando la lista obtenga cinco o más, no se asignará ninguna adicional”.

Valencia no solo se equivoca en el número de curules asignadas, sino que insiste en la afirmación falsa de que los integrantes del partido político que conforme las Farc que aspiren al Congreso no tendrán que ganarse esos cupos, inicialmente, en las urnas.

“Una cosa es que participen, como aparentemente lo van a hacer, y otra cosa es que obtengan la votación necesaria para llegar allí, mientras habrá senadores en cualquier partido que necesitan 50, 60 mil votos para llegar, ellos van a llegar con una representación al Senado de 3, 4 o 5 mil votos cada uno, no tienen la legitimidad electoral para estar allí”, respondió el representante cuando le recordamos que en el Acuerdo Final estaba pactado que debían medirse en las urnas como primer paso para acceder a las curules.

Valencia desconoce, además, la esencia del diálogo con las Farc, que el Presidente Santos ha reiterado en varias ocasiones. “Es muy importante que los colombianos entendamos que la razón de ser de todos los procesos de paz en el mundo es, precisamente, que los guerrilleros dejen las armas y puedan hacer política dentro de la legalidad, este proceso con las Farc no es una excepción ni puede serlo, las Farc tienen un origen político y su intención es poder hacer política sin armas”.

Partiendo de lo anterior, ¿qué hay de malo en que el partido político de las Farc, como lo hacen los demás partidos, elija a quienes se lanzarán al Congreso? Lo que critica el Representante.

Ahora, una cosa es medirse en las urnas y otra es la discusión sobre la legitimidad de los votos obtenidos, asunto que depende de la opinión de cada quien.

Como lo recuerda Miguel García Sánchez, Profesor asociado del departamento de Ciencia Política y codirector del Observatorio de la Democracia de la Universidad de los Andes, en una columna titulada La participación política de las Farc en el posacuerdo:

“Desde la perspectiva de las Farc, el principal reto tiene que ver con la superación de lo que esa organización representa ante la sociedad colombiana. A diferencia de otros grupos insurgentes, como el M-19, que gozaban de aceptación entre algunos sectores de la sociedad colombiana y consecuentemente lograron ser exitosos electoralmente en los 90, las Farc son probablemente la organización con la peor reputación ante la opinión pública colombiana. Aunque eso no es sorprendente a la luz de los crímenes cometidos por esta guerrilla en más de 50 años de actividad insurgente, es el principal escollo que debe resolver si quiere tener alguna relevancia política en el futuro”.

Precisamente por ese pasado violento se pensó en facilitar la presencia de las Farc en los principales órganos decisorios del país, mientras que esa guerrilla se convierte en partido político y se consolida como una opción política sin armas.

Sobre participación política de responsables de delitos graves

El Acuerdo Final establece que “La imposición de cualquier sanción en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición no inhabilitará para la participación política ni limitará el ejercicio de ningún derecho, activo o pasivo, de participación política, para lo cual las partes acordarán las reformas constitucionales pertinentes”.

Pero en el mismo artículo de El Colombiano en el que habla el Representante Valencia, el Ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, aclara que ante la Justicia Especial para la Paz, JEP, tendrán que comparecer aquellos guerrilleros que hayan cometido crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad, hechos que no son objeto de amnistía ni de indulto. “Allá reconocerán sus delitos y ese tribunal determinará la pena y las condiciones en que tienen que cumplir esa pena. Dependiendo de eso podrán o no participar en política”.

El ministro Cristo aseguró además que la JEP será la que definirá si los guerrilleros, que en ese entonces estén en la cárcel, podrán a la vez participar en las sesiones del Congreso como posibles legisladores.